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Valores Ciudadanos
Una lucha a la par de las tendencias mundiales
Reforma de la
Ley Contra la
Corrupción
A principios de 2011 la Comisión de Contraloría de la AN inició
una consulta pública para someter a consideración el proyecto
que modificaría el instrumento legal. La Contraloría General
de la República presentó sus propuestas para contribuir en la
construcción de una Ley más efectiva para combatir este delito
En el año 2003 se promulga la Ley
Contra la Corrupción que persigue
salvaguardar el patrimonio público
y garantizar el manejo adecuado y transparente
de los recursos del Estado, con
fundamento en los principios de honestidad,
transparencia, participación, eficiencia,
eficacia, legalidad, rendición de
cuentas y responsabilidad, consagrados en
la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. Esta Ley representa uno
de los instrumentos normativos más importantes
para la Contraloría General de
la República, considerando que dentro de
su misión el eje fundamental está en velar
por la buena gestión y el correcto uso del
patrimonio público.
En ese sentido, los cambios sociales, económicos
y políticos producidos en el país,
obligan a realizar una evaluación periódica
a la norma con el fin de brindar al Estado
y a la sociedad instrumentos jurídicos cada
vez más adecuados, para prevenir y combatir
eficazmente la corrupción; sobre todo
con vista al aumento de la participación
de organizaciones no gubernamentales, de
base comunitaria y otras formas de organización
social, en la formulación, ejecución,
evaluación y control de las políticas públicas,
las cuales asumen responsabilidades
en relación con el manejo de los recursos
públicos que les son asignados para la gestión
y ejecución de los proyectos, por ello
el máximo órgano de control del país, ha
participado activamente en este proceso de
modificación de la Ley.
La reforma
A principios del año 2011, la Comisión
de Contraloría de la Asamblea Nacional,
presidida en ese entonces por el diputado
Héctor Navarro, inició un ciclo de consultas
públicas sobre la reforma de esta Ley
que comenzó con una reunión del equipo
parlamentario con representantes de
los poderes públicos, a fin de escuchar los
aportes y sugerencias que servirán para la
elaboración de la referida normativa.
En esa oportunidad la Contralora General
de la República (E), Adelina González,
planteó diversas observaciones y sugerencias,
y presentó una propuesta acerca de lo
que la Institución consideraba que debía
incluirse en este proyecto.
La consulta pública se extendió a escala
nacional, y luego de obtener un diagnóstico
preliminar fue planteado ante el Parlamento
el proyecto de Reforma de la Ley, que incluye,
entre otros aspectos, la participación
de los consejos comunales y las comunas,
así como cualquier otra forma de organización
social, como sujetos activos y pasivos
de la Ley, asignándoles responsabilidades
en el marco de la lucha contra la corrupción,
y asimismo, establece la imprescriptibilidad
de las acciones penales derivadas de
los delitos contra el patrimonio público.
Actualmente, en la AN se mantiene en
discusión el proyecto de la Reforma de la
Ley. El diputado Pedro Carreño, presidente
de la Comisión de Contraloría designado
para el período 2012-2013, informó que se
tiene previsto para este año una profunda
revisión del instrumento, pues algunos artículos
contradicen disposiciones de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Tendencias mundiales
Para la República Bolivariana de Venezuela
como Estado Parte del Mecanismo
de Seguimiento de la Implementación de
la Convención Interamericana contra la
Corrupción (Mesicic), en cuya representación
asiste la Dra. Adelina González
como miembro del Comité de Expertos
del Mecanismo, es necesario que la legislación
interna se adapte a las exigencias y
tendencias mundiales en la lucha contra la
corrupción, siguiendo lo establecido por el
instrumento legal internacional.
De allí que delitos como el soborno trasnacional
y el blanqueo de capitales sean
algunos de los aspectos que la Contraloría
General propuso incluir en la reforma de
la Ley Contra la Corrupción, toda vez que
este tipo de infracciones deben ser tomadas
en consideración, no sólo por el trasfondo
que conlleva, sino para de esta manera
cumplir compromisos adquiridos por la
República en la Convención Interamericana
Contra la Corrupción, así como en la
Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, conforme a las cuales
cada Estado Parte prohibirá y sancionará
con sujeción a su Constitución y a los principios
fundamentales de su ordenamiento
jurídico, conductas tales como el soborno
a funcionarios públicos extranjeros y la legitimación
de bienes productos del delito.
Con ese mismo propósito se incorporan disposiciones
destinadas a regular los supuestos
que configuran el conflicto de intereses
y las sanciones aplicables a los funcionarios
y empleados públicos que incurran en dichos
supuestos, los cuales aún no han sido
incorporados en la legislación venezolana.
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