Mercadotecnia en el "indigenismo" - Acceso al sistema - Cámara de ...

366 • SABELA PAZ PATIÑO
con un discurso envolvente se busca evitar que los pueblos puedan
establecer una soberanía de poder -no de Estado-, una especie
de usufructo real de administración. El único amparo legal
que se tiene es el Convenio 169 de la OIT, pero éste es un convenio
tramposo porque supone reconocimiento de derechos y, a su
vez, encubre una normatividad para hacer uso de los recursos de
un territorio a través de la figura de la consulta a los pueblos indígenas.
Por ello, los últimos años de la década de los noventa suponen un decaimiento
de las posiciones de fuerza del movimiento indígena; son los
años donde se pactaron acuerdos que estaban definidos por los ritmos
del Estado y por su apertura a la política de la diferencia.
En este sentido para Díaz-Polanco los acuerdos sobre derechos territoriales
y autonómicos de San Andrés están más cercanos al Convenio
169 de la OIT, que pone énfasis en el hábitat sin implicaciones jurídicas
y políticas, que al sentido territorial de autonomía como ejercicio
de la autodeterminación política; es decir, como un orden de
gobierno (1996: 182). De hecho, como parte de las evaluaciones que
hizo el movimiento indígena acerca de los logros y los alcances obtenidos
en el diálogo con el gobierno -febrero de 1996-, se observa
que hay una clara perspectiva de rechazo del tema agrario, un alejamiento
de los principios formulados por la Constitución de 1917
Y una negativa a abrir el artículo 27 constitucional a la posibilidad
de tenencia de territorios indígenas (Bellinghausen, citado por Díaz­
Palanca, 1996: 187).
Pero la política de la diferencia, además de ser una preocupación de
los estados modernos, es también un referente legal para las empresas
transnacionales, de hecho las condiciones de consulta que establece el
Convenio 169 permiten procedimientos legales para el aprovechamiento
de recursos naturales estratégicos. En este sentido, el director del Instituto
Indigenista Interamericano plantea que, en el marco de la política
internacional, las transnacionales han encontrado en la política de la
diferencia una legitimación social para operar productivamente, desde
el capital.
9 Entrevista realizada por David DumouJin, doctorante del IHEAL (Francia), a José del Val (director
del Instituto Indigenista Interamericano), México, mayo de 2000. Lo que plantea es que la normatividad del
Convenio 169 no sólo permite la figura de consulta, sino de indemnización, siendo ello una formajuridica
de introducir los territorios indígenas al conjunto de áreas explotadas por el capital.