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ANTECEDENTES DEL PENJ 2014-2021: RUMBO AL BICENTENARIO
En el 2006 mediante Decreto Supremo DS 061-2005-PCM se aprobó el Plan
Nacional de la Juventud 2006-2011, el cual formó una Comisión Multisectorial
para la elaboración de indicadores durante sesenta días. Dicho documento
tomó como marco los Lineamientos de Políticas de Juventudes y propuso once
resultados estratégicos.
Sin embargo, se identificaron limitaciones en su implementación por las
dificultades de articulación intersectorial, asignación de presupuesto para el
cumplimiento de las acciones y desconocimiento de las juventudes sobre las
políticas que las rigen.
Considerando la importancia de reconocer los mencionados esfuerzos y superar
los obstáculos; el Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2014 - 2021: Rumbo
al Bicentenario, revisa y analiza la situación de las y los jóvenes peruanas/os
y las políticas públicas que se han implementado, además de desarrollar un
proceso participativo de consulta con jóvenes organizados/as en todo el país,
en el marco de Congresos Nacionales, Encuentros Regionales y actividades
enfocadas en temas y problemas específicos de las juventudes.
A este proceso se sumó la consulta con las y los expertas/os en juventudes
nacionales e internacionales, Cooperación Internacional, especialistas de los
sectores del Estado, representantes de organizaciones no gubernamentales,
entre otros/as actores que contribuyeron a la elaboración del presente
documento.
Desde la propuesta de la SENAJU es prioritario que el Plan Estratégico
Nacional de la Juventud 2014 - 2021: Rumbo al Bicentenario “dote a todas
las políticas públicas de una perspectiva generacional”, que significará que
los distintos sectores y niveles de gobierno institucionalicen los programas y
las acciones en materia de juventudes, con presupuesto público suficiente y
que actúe de manera permanente y dinámica con organizaciones, colectivos y
movimientos juveniles.
Se incrementa la participación y el protagonismo de las juventudes en los
procesos de toma de decisiones sin la consolidación y articulación de espacios
concertados de instituciones del Estado y sociedad civil; lo que contribuye a
mejorar el acceso a los servicios, incluyendo a la Educación en un país que se
caracteriza por el respeto a la diversidad, la inclusión social de todas y todos.
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