BOA nº 65 de 6 de junio de 2012 - Asamblea de Madrid

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 65 / 6 de junio de 2012
Seguramente, el debate sobre las duplicidades tendría que haberse producido tiempo atrás, pues
no cabe duda de que, como establece el artículo 103.1 de la Constitución, una gestión eficiente y austera
de los recursos públicos debiera ser consustancial a cualquier Administración pública. Sin embargo, es en
este preciso momento, ahora que nos encontramos en mitad de una crisis económica de consecuencias y
duración aún impredecibles para España, cuando este debate es ineludible, máxime cuando las
Administraciones se están viendo obligadas a adoptar medidas drásticas de ahorro y control del gasto
público.
Las crisis son siempre una buena oportunidad para cambiar aquello que se ha hecho mal o
simplemente es insostenible. Y esta es la ocasión de conseguir que en la Comunidad de Madrid
consolidemos entre todos unas Administraciones austeras, bien dimensionadas, eficientes, transparentes
y sin duplicidades.
Para abordar este problema complejo que aqueja a las Entidades locales y a la propia Comunidad
de Madrid, sería conveniente conseguir el consenso de todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara.
Un consenso político del que pueda derivar un mandato claro al Gobierno de la Comunidad de Madrid
y a los 179 municipios en los que se organiza territorialmente nuestra Región para delimitar de forma clara
sus competencias, y dotar de una mayor eficiencia y austeridad a las distintas Administraciones públicas.
La eliminación de las duplicidades, además, debería contribuir a garantizar la prestación de los
servicios públicos básicos que demandan los ciudadanos, desde el equilibrio territorial y la cohesión social.
El mantenimiento de estos servicios públicos resulta esencial para garantizar el efectivo ejercicio
de los derechos que, desde el ordenamiento jurídico de nuestro Estado social y democrático de Derecho,
se reconocen a los ciudadanos. Es obligación de todas las Administraciones asegurar la viabilidad de los
servicios públicos básicos, con un especial compromiso social con los más débiles.
Delimitar las competencias entre los Municipios y la Comunidad de Madrid contribuirá también
a proveer de servicios públicos a un menor coste para el contribuyente, reducir la burocracia, mejorar la
eficiencia y paliar la confusión que tienen muchos madrileños con respecto a qué Administración es la
competente en esa materia y por ello la responsable de gestionar cada uno de los servicios públicos.
Cuando hablamos de eliminar duplicidades, como vía para hacer más eficiente una organización,
también nos estamos refiriendo a las denominadas "duplicidades internas", es decir, aquellas que se
podrían dar en el seno de una misma organización administrativa (Comunidad Autónoma o
Ayuntamiento) donde dos o más entidades, consejerías, concejalías, empresas públicas, organismos
públicos, sociedades o fundaciones podrían desarrollar las mismas o parecidas funciones.
El apremiante problema de las duplicidades es evidente que trasciende el ámbito de la Comunidad
de Madrid. España tiene la necesidad urgente de acometer reformas de calado en la línea de la austeridad
y la mejora de la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. El Gobierno de la Nación tiene también
el inmenso desafío de delimitar con mayor precisión el marco competencial de cada una de las
Administraciones públicas, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras
burocráticas y el aumento excesivo del personal al servicio de las mismas.
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