BOA nº 65 de 6 de junio de 2012 - Asamblea de Madrid

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 65 / 6 de junio de 2012
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Junto al régimen general y uniforme para todas las entidades locales de España, como modelo local
común, en cada Comunidad Autónoma existe la posibilidad de que convivan estas entidades territoriales
con sus peculiaridades autonómicas, bien a través de una expresa habilitación constitucional, bien a través
de un específico anclaje estatutario.
En la Comunidad de Madrid para definir y delimitar las materias objeto de competencia
autonómica y local, poder reducir la organización administrativa de estas entidades territoriales y evitar
duplicidades, debemos tener como referencia en primer lugar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL) que regula el marco normativo competencial de los
municipios, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales relativo a la financiación de las entidades locales, así como
lo establecido en el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la normativa
de desarrollo que se ha dictado.
El artículo 25 de la LBRL establece:
"1.- El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
2.- El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado
y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Seguridad en lugares públicos.
b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
c) Protección civil, prevención y extinción de incendios.
d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas;
parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías
rurales.
e) Patrimonio histórico-artístico.
f) Protección del medio ambiente.
g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.
h) Protección de la salubridad pública.
i) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.
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