Mujer y Familia - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

MUJER Y FAMILIA
NUMERO ESPECIAL DE TEMAS DE ACTUALIDAD
Octubre, 1997
SUMARIO
ABORTO – ALEMANIA
ABORTO - CHILE
ABORTO - DERECHO COMPARADO
ABORTO TERAPEUTICO
ACOSO SEXUAL - TRABAJO
ADOLESCENTES Y EMBARAZO - CHILE.
ALCOHOLISMO - MUJERES
BIENES MATRIMONIALES-PARTICIPACION
DERECHOS REPRODUCTIVOS - CHILE
EMBARAZO - ADOLESCENTES
EMBARAZO ADOLESCENTES Y TRABAJO SOCIAL
FAMILIA - CRISIS FAMILIARES
FAMILIA - CHILE
FAMILIA - REFORMA LEGAL - CHILE
FAMILIA - RELACIONES PADRES E HIJOS - CHILE
FEMINISMO - ESTADOS UNIDOS
MUJERES - CAMBIOS - AMERICA LATINA
MUJERES - CONTROL SOCIAL Y DELINCUENCIA
MUJERES - DISCRIMINACION LABORAL
MUJERES - EMPRESA - ESTADOS UNIDOS
MUJERES JEFAS DE HOGAR- CHILE
MUJERES TRABAJADORAS - CHILE
MUJERES TRABAJADORAS-DERECHOS
MUJERES - TRABAJO REMUNERADO
MUJERES - VIOLENCIA
PLANIFICACION FAMILIAR AMERICA-LATINA
PROSTITUCION - CHILE
TRABAJO A DOMICILIO - MEXICO
TRIBUNALES DE FAMILIA - ARGENTINA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
VIOLENCIA DOMESTICA - MUJERES
VIOLENCIA FAMILIAR - ARGENTINA
VIOLENCIA FAMILIAR - CHILE
ABORTO – ALEMANIA
Breslau, Karen. El aborto divide a Alemania. Revista red de salud de las mujeres
latinoamericanas y del caribe / ISIS. (Santiago, Chile.). p. 17.
El artículo - publicado anteriormente en Estados Unidos en el Newsweek, el 24 de Septiembre
de 1990 - analiza la problemática de diferenciación cultural en algunos valores que hoy deben
enfrentar en conjunto los alemanes, a partir de la unificación del 3 de Octubre de 1990,
específicamente, la problemática del aborto.
Ahora bien, como resultado de un compromiso de último momento entre Bonn y Berlín Oriental,
no hubo cambios en las respectivas leyes; el lugar de los hechos determinará la legalidad del
aborto para las mujeres alemanas.

Los grupos pro-vida argumentan que la ley de Alemania Oriental, que permite el aborto por
cualquier razón durante los tres primeros meses, ha sido mal aplicada. Pero los germanos
occidentales que apoyan el derecho a decidir, ven la política de aborto del Este como uno de
los pocos ámbitos en que el gobierno comunista ha sido acertado.
La ley Antiaborto del Oeste alemán, prohibe esta práctica, a menos que cuente con el permiso
de un equipo médico y de asistentes sociales, habida consideración de las circunstancias de
salud, emocionales y financieras de la mujer. Esta ley, a pesar de ser técnicamente, una de las
más estrictas de Europa, contiene un gran número de excepciones que ha permitido una
considerable cantidad de abortos legales durante 1989.
Así, las activistas de ambos lados vaticinan el surgimiento del turismo abortivo de mujeres del
oeste al este para beneficiarse de las discrepancias. La ambigüedad legal está dando lugar a
un debate público sobre el valor de la vida, el rol de la mujer y el derecho a la privacidad,
valores desarrollados en forma distinta en ambas Alemanias durante décadas.
El nuevo parlamento alemán tendrá dos años para reformular una nueva ley de aborto.
ABORTO – CHILE
Precht Pizarro, Jorge E. Consideraciones ético-jurídicas sobre el aborto terapéutico. Revista
Chilena de Derecho. (Santiago, Chile), vol. 19, Nº 3,1992. p. 509-525.
Hasta hace unos veinte años, el aborto terapéutico fue un procedimiento relativamente común
y aceptado por la mayoría de los médicos como el más apropiado para preservar la vida de la
madre o su salud en complicaciones especiales del embarazo. No obstante, muchas
indicaciones sobre el aborto terapéutico serían insostenibles a la luz de los progresos de la
ciencia médica.
Desde el punto de vista médico el aborto es la interrupción de un embarazo en un período
previo a la viabilidad fetal, es decir, cuando aún no puede vivir fuera del útero materno. La
moral católica acepta esta definición, como también acepta la distinción médica entre aborto
espontáneo y aborto provocado.
Se señala que el aborto terapéutico es el que se practica cuando el embarazo está poniendo
en grave peligro la vida o la salud de la madre gestante. El aborto eugénico en cambio es el
aborto provocado para eliminar al ser concebido que presenta una anomalía congénita, o
alguna malformación grave.
De acuerdo a lo manifestado por la Corte Suprema, el delito de aborto no está definido en el
Código Penal, el que se limita a castigarlo en los distintos casos de que tratan sus artículos 342
y 345; en el silencio del legislador, la Corte estima que dicho delito consiste en la interrupción
del embarazo, hecho maliciosamente con el propósito de evitar el nacimiento de la criatura o
interrumpir el curso progresivo del estado de gravidez.
Se afirma que el aborto terapéutico indirecto (como es el caso de un tumor, en que se puede
eliminar el útero, aunque esté en gestación) no reúne las características de maliciosidad que se
exige para la tipificación delictual del aborto; en cambio, en el aborto terapéutico estricto, sólo
la certeza moral en el caso concreto permitirá determinar si este elemento de la maliciosidad se
encuentra presente, por lo que también abortos terapéuticos estrictos en caso en que la vida
del feto no puede ser salvada no constituirán jurídicamente abortos y no podrán ser
penalizados conforme a la legislación actual.
Desde el punto de vista moral cristiano, todo aborto provocado directo, incluido el terapéutico,
es inmoral, pues constituye un homicidio. Al mismo resultado llega la moral natural, aun
prescindiendo de consideraciones religiosas. Sólo el aborto terapéutico indirecto es autorizado
moralmente.
La historia fidedigna del texto constitucional impide toda forma de aborto provocado directo,
pues no es compatible con el mandato al legislador efectuado por el Constituyente para
proteger la vida del que está por nacer. , el que
también está excluido.
Se plantea que el actual texto del artículo 119 del Código Sanitario que permite el aborto
terapéutico indirecto, no sería sino una conclusión derivada y necesaria del artículo 19 Nº 1,
inciso 2º de la Constitución. Por ende, su derogación contenida en una moción parlamentaria o
iniciativa del Ejecutivo debería ser declarada inadmisible por inconstitucional, conforme al
artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, inciso 2º. Igualmente

sería inadmisible por inconstitucional la autorización legal para abortos terapéuticos directos,
en todas sus formas.
ABORTO - DERECHO COMPARADO
Casas, Lidia. La Despenalización del Aborto. Revista de la Academia de Derecho Universidad
Diego Portales. (Santiago, Chile), Nº 2, 1993. p. 35-62.
Se plantea la despenalización del aborto para que la mujer tenga la posibilidad de terminar un
embarazo no deseado, haciendo uso de los derechos que le confiere la ley como persona.
Existen sólo 17 países en el mundo donde el aborto es absolutamente ilegal. Desde el 15 de
septiembre de 1989, Chile es uno de ellos. En los restantes 144 países, entre los que se
incluyen España, Italia y Portugal, de fuerte raíz católica, las disposiciones legales permiten la
interrupción del embarazo. En la prohibición del aborto, Chile está acompañado por Burkina
Fasso, Egipto, Filipinas, Haití, Indonesia, Irán, Mali, Malta, Mauritania, Mongolia, Níger,
Paquistán, República Centroafricana, República Dominicana, Somalia y Zaire.
La Ley 18.826 derogó en Chile toda posibilidad de aborto terapéutico. Esto se considera como
un gran retroceso en materia legislativa sobre el tema, ya que en la mayoría de países
avanzados, e incluso en América Latina se aboga por un sistema menos restrictivo de acceso
al aborto.
Se exponen las disposiciones legales de Chile y España, analizando la jurisprudencia y
doctrina de ambos países. También se expone brevemente la situación de Italia y Alemania,
como asimismo las experiencias de otros países latinoamericanos.
Se señala que Alemania ha sido uno de los precursores en Europa Occidental en advertir los
derechos constitucionales de la mujer a terminar con un embarazo.
En Italia, la despenalización del aborto -promulgada en la ley del 22 de mayo de 1978- se
adoptó siguiendo el sistema de las indicaciones. En este caso, las circunstancias deben ser
certificadas por un médico, y luego tanto el médico como la mujer deben firmar un documento.
La mujer tiene que esperar un semana antes de practicarse el aborto y obtener consejería
sobre alternativas al respecto. Este sistema de la posibilidad de que las mujeres piensen por
más tiempo la decisión que han tomado.
En Argentina, el aborto es un delito contra las personas consagrado en los artículos 85 a 88 del
Código Penal. Sin embargo, y a diferencia del Código chileno, la legislación argentina no sólo
contempla el aborto terapéutico que es lícito siempre que el peligro a la vida de la madre no
pueda ser evitado de ninguna otra forma, sino que además reconoce la licitud del aborto
eugenésico, que incluye situaciones como la violación a una mujer demente o idiota.
Se estima que el aborto no es una decisión que una mujer tome con ligereza. Las secuelas
psicológicas son graves y son agudizadas por el sentimiento de cometer un delito. Concebir un
hijo no deseado también acarrea frustraciones, y muchas mujeres optan por no terminar con un
embarazo por el temor a ser descubiertas, por el peligro de salud que ello implica y por
sentimientos de culpabilidad. Encuestas realizadas en Chile a 2.485 embarazadas mostraron
que en el grupo de mujeres menor de 20 años sólo el 28,6% deseaba el embarazo. Para el
grupo entre los 20 y 25 años de edad, un 35,3% respondió desear su hijo.
Distintos autores han señalado que el bien jurídico de la vida no se ve protegido por
disposiciones en contra del aborto terapéutico, al contrario, éstas causan un daño mayor en las
mujeres que se someten a abortos clandestinos. Se señala que nuestro ordenamiento jurídico
al coartar a la mujer su posibilidad de elegir libremente cuándo y cómo ser madre, crea un
clima de violencia en la cual la vida de la mujer peligra. Dado que las modificaciones que
transformaron el aborto terapéutico en delito en Chile, fueron introducidas arbitrariamente, sin
debate ni información, es hora de que las mujeres participen en el debate sobre el tema y
hagan saber su propia opinión
ABORTO TERAPEUTICO

Sanhueza Moreno, Juana. Tratamiento del Aborto Terapéutico. (Modificación introducida al
artículo 119 del Código Sanitario.). Revista de Derecho / Universidad de Concepción.. Vol.
LVIII, Nº87, p. 27-33.
La mayoría de las legislaciones que sancionan el aborto, han excluido de punibilidad - con
mayor o menor amplitud - las conductas de eliminación del ser en gestación, cuando se prevé
en él taras físicas o psíquicas (aborto eugenésico); en casos de atentados sexuales (aborto
sentimental); existencia de causas económicas (aborto socio-económico) y cuando la finalidad
es salvar la vida de la madre o evitar un daño considerable a su salud (aborto terapéutico,
ginecológico o necesario).
En Chile, la disposición del artículo 119 del Código Sanitario, que reconocía sólo carácter lícito
al aborto terapéutico, ha sido modificado por la Ley 18.826 de 1989, que establece: no podrá
ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar aborto.
Frente a esta nueva redacción del artículo 119, surgen distintas posibilidades, a saber: el
aborto terapéutico importaría siempre una conducta típica y antijurídica, por cuanto el artículo
citado es una norma prohibitiva; además por encontrarse ubicada en el Libro V del Código
Sanitario, entre las normas que regulan el ejercicio de la medicina y profesiones afines,
excluiría de aplicación la causal de justificación genérica del artículo 10 Nº10 del Código Penal,
que declara exento de responsabilidad criminal al que obra en cumplimiento de un deber o en
ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo.
Por otra parte, es factible un razonamiento diverso, en efecto, todo tipo penal contiene una
prohibición, pero al mismo tiempo, existen normas permisivas e incluso imperativas que en
algunos casos facultan o exigen la ejecución de una determinada conducta que a pesar de
encuadrarse en un tipo, será lícita por estar conforme a derecho. Es decir ha operado una
causal de justificación.
Así, la acción que reunía los requisitos indicados en el antiguo artículo 119 del Código
Sanitario, gozaba de una verdadera presunción de legitimidad que destruía in acto el indicio de
antijuricidad del tipo aborto de los artículos 342 a 345 del Código Penal. Reemplazada la norma
permisiva por una prohibitiva, ésta tendría un doble alcance: deroga la presunción de
legitimidad en ella contenida y reafirma el indicio de antijuricidad del tipo de aborto, esto último
innecesario. De manera que en materia de aborto terapéutico la situación es la misma que
existía a la época de dictación del Código Penal, continúa siendo un acto lícito.
De ahí la necesidad de una revisión del tema en cuestión, acorde a la realidad imperante y en
el que se logre mayor congruencia entre la ciencia médica y jurídica.
ACOSO SEXUAL – TRABAJO
Pose, Carlos. Reflexiones sobre el acoso sexual. Derecho del Trabajo. Editorial La Ley.
(Buenos Aires), año LII, Abril, 1992. p. 659-662.
El fenómeno del acoso sexual en el entorno laboral ha pasado a primera plana en las noticias
periodísticas a raíz de una denuncia contra un juez de la Corte Suprema ante la Comisión del
Senado Norteamericano. El tema preocupa a los juslaboristas. Es por eso que se prevé en
Argentina la pronta sanción de un cuerpo legal que contemple la represión de la figura jurídica
mencionada.
Se señala que el término acoso traduce la idea de perseguir sin dar tregua, a una persona, y
que trasladado al plano sexual, conlleva la idea de hacerlo a fin de obtener un favor sexual. La
citada conducta puede ser ejercitada en el entorno laboral, debido a la situación de inferioridad
jurídica y económica en que se encuentran los independientes.
Pueden ser sujetos activos de la conducta ilícita, tanto el propio empleador, como un
subordinado con poder de mando o dirección concreta sobre la trabajadora o el trabajador
afectado. Corresponde destacar en tal sentido, que no sólo el hombre está en condiciones de
desempeñarse como sujeto activo, también la mujer, ya que no se descarta la posibilidad de
que sea sometido a acoso sexual un trabajador varón. Por otra parte, el accionar puede
también ejercerse entre homosexuales.

Ahora bien, el sujeto pasivo de la conducta a reprimir ha de ser siempre un trabajador
(comúnmente una trabajadora) quién en principio, debe rechazar el acoso sexual, ya que si
acepta la propuesta de su superior corresponde simplemente presumir, que en lugar de acoso
sexual hubo seducción. Ello no basta a que el sujeto pasivo pueda acreditar la existencia de
vicios de la voluntad que afecten la validez del consentimiento prestado.
Se estima que un empleador, un directivo, o un alto empleado puede utilizar su potestad de
mando para seducir sin que la consumación de sus deseos implique acoso sexual. Esto sucede
cuando no han existido amenazas (despido, sanción, postergación en el ascenso, etc) o se
haya creado un ambiente hostil para lograr el consentimiento de la trabajadora.
El empleador ante una denuncia de acoso sexual tiene la posibilidad de demostrar: a) Que no
medió acoso sexual (falsedad de la imputación); o b) Que la invitación sexual fue bienvenida y
que el sujeto presuntamente afectado, aprovechó voluntariamente la relación amorosa para
beneficiarse dentro de la empresa.
Se señala que en Argentina, la carga probatoria de las situaciones de acoso sexual recae en el
sujeto afectado. Debe acreditar, a tal fin, la existencia de avances amoroso no queridos bajo
amenaza de represalia o, en su caso, la sumisión involuntaria al acoso, y el conocimiento de
tales situaciones por el empresario (tolerancia a la creación de un clima de hostilidad). Es
válido cualquier medio probatorio, incluso el testimonial. No basta que demuestre la existencia
de relaciones sexuales con su empleador o con un superior, ya que ello sólo corrobora que ha
mediado seducción.
En definitiva, en el acoso sexual el superior exige favores como contraprestación por un
trabajo, una promoción u otros beneficios laborales y tal conducta -se afirma- constituye una
violación del contrato de trabajo que, a pesar de constituir en su esencia una relación jurídica
de cambio, no puede desatender su fin social al tener por objeto el desarrollo de la
potencialidad creadora del dependiente. El accionar del acoso sexual agravia, porque
infravalora al sujeto.
ADOLESCENTES Y EMBARAZO - CHILE.
De la Lastra, Manuel. Embarazo y adolescencia. Familia. (Santiago, Chile), Nº 23, 1992. p. 18-
21.
La frecuencia de embarazos en adolescentes muestra una alarmante tendencia a aumentar en
todo el mundo. Considerando sólo la situación en América Latina y el Caribe se observa una
tasa de fecundidad anual de alrededor de 100 partos por mil mujeres entre 15 y 19 años de
edad (1974-1983), cifra que duplica la observada en USA en ese período.
Se afirma que si se relaciona esta tendencia con el número de personas ubicadas en el rango
de edades de 15 a 19 años, que representa alrededor del 20% de la población mundial actual,
se logra una visión aproximada de la magnitud del problema, especialmente en los países en
desarrollo en que este grupo etario es mayor.
Las adolescentes menores de 15 años enfrentan una probabilidad de muerte debida a
complicaciones del embarazo y parto 4 a 8 veces mayor que la observada en el grupo de 15-19
años. Las principales complicaciones que amenazan a las madres muy jóvenes son la
hipertensión, eclampsia, anemia, distocia. A esto se suma el riesgo derivado de aborto al que
frecuentemente recurren las mujeres enfrentadas al embarazo no deseado.
Una consecuencia del embarazo precoz sobre el hijo, se refleja en el alto índice de mortalidad
infantil que ocurre entre los nacidos de madres adolescentes, índice que aumenta en la medida
en que la madre es de menor edad. En 1987 murieron 51,9 de cada mil hijos de madres
menores de 15 años frente a 26,2 de los nacidos de madres entre 15-19 años y a 19,5 de los
hijos de mujeres entre 20-24 años. La gran causa de esta mayor mortalidad radica en el bajo
peso del niño al nacer, explicable en gran medida por deficiencias nutricionales de las madres
adolescentes.
Se señala que actualmente en Chile, el 58,2% de los hijos de mujeres menores de 20 años son
ilegítimos, cifra que ha ido creciendo en forma alarmante en los últimos 20 años: en 1970 la
cifra era de 30,8%.
A las consecuencias inmediatas que la maternidad temprana ejerce sobre el hijo, se agregan
las consecuencias tardías que significan para la sociedad las alteraciones intelectuales,

emocionales y conductuales que frecuentemente desarrollan los hijos no deseados cuando
llegan a la vida adulta.
El análisis de la situación muestra un gravísimo problema social que exige la búsqueda de
medidas correctoras. Todas aquellas que se encaminen a modificar situaciones ya
incorporadas a la realidad social chilena, son de resultado previsiblemente escaso y tardío.
Se plantea que resulta más promisorio intentar planes de educación sexual con mayor énfasis
en la paternidad responsable y en los valores de la familia que en información puramente
biológica. Esta educación debe proporcionar conocimientos sobre control de la fertilidad que
permitan escoger la opción más acorde con los principios éticos, religiosos y culturales de los
usuarios.
En otras países se han implementado medidas que comprenden Centros de Servicios Múltiples
para la juventud, los que ofrecen atención en problemas de drogas, alcoholismo, problemas
médicos, planificación familiar, recreación. Sin embargo, pese a todas las medidas, queda
fuera de la educación sexual un grupo importante de jóvenes pertenecientes al área real o a las
clases más desposeídas de la población urbana. ¿Cómo llegar a ellas? La experiencia reciente
en Chile en relación al problema de prevención del cólera, entrega una buena pauta de ación
eficaz. Si hubiese un real interés por solucionar lo concerniente al embarazo prematuro
bastaría impulsar una campaña similar para atacar el problema, el cual no representa una
amenaza, sino una realidad pavorosa.
ALCOHOLISMO – MUJERES
El alcoholismo en las mujeres: un escape a las presiones. Revista red de salud de las mujeres
latinoamericanas y del caribe / ISIS. (Santiago, Chile.), p. 25.
Integrantes del Grupo de Educación sobre Alcoholismo y otras Adicciones (GESA) de
Paraguay - en entrevista publicada anteriormente en Informativo, Paraguay, Año 1, Nº10,
diciembre de 1989 - señalaron algunas de las causas por las cuales las mujeres se vuelven
alcohólicas.
Así, para las mujeres beber es una forma de escape ante situaciones extremas, tales como los
conflictos emocionales con sus parejas o con sus hijos, las presiones de tipo laboral, o
empujadas por un fuerte sentimiento de soledad. Las mujeres empiezan a beber entre los 25 y
los 30 años.
Ahora bien, el organismo de las mujeres es mucho más sensible a los efectos del alcohol que
el de los hombres y en menos de 5 años puede alcanzar las últimas fases del alcoholismo.
Por otra parte la alcohólica es muy reticente a reconocer su adicción y sus consecuencias. Esto
se debe, en gran parte, a la intolerancia de la sociedad frente a las mujeres alcohólicas; de
cada 10 mujeres adictas, 9 son abandonadas por sus maridos; en cambio de cada 10
alcohólicos, sólo 1 es abandonado por su mujer.
Por lo general son los hijos quienes aceptan que su madre inicie un tratamiento, el marido lo
puede rechazar para no aparecer ante sus amigos y conocidos con una esposa alcohólica.
El proceso de recuperación de la mujer alcohólica necesita una gran comprensión y
cooperación de la familia, la que debe descartar el control. De nada sirve esconder las botellas,
ya que en un gesto de rebeldía, reacciona bebiendo aún más y a escondidas.
Una vez que la paciente asume su adicción y se siente apoyada por su familia, comienza el
tratamiento como tal: internación, deshabituación y rehabilitación.
Los peligros de recaídas son frecuentes: el 50% de las pacientes sufren una durante el primer
mes posterior al tratamiento. La familia debe comprender que las recaídas se deben a la
dependencia física producida por el alcohol y que éstas se irán borrando poco a poco hasta
lograr la abstinencia total.
Esta abstinencia es posible, en definitiva, cuando la mujer asume su realidad y resiste la
presión del medio sin sentirse menoscabada por ello
BIENES MATRIMONIALES-PARTICIPACION

Barros, Enrique. Por un muevo régimen de bienes del matrimonio. Estudios Públicos.
(Santiago, Chile.), Nº 43. Invierno, 1991. p. 139-166.
Las sucesivas reformas del Código Civil chileno en materia de sociedad conyugal, han
provocado inconsistencias prácticas insalvables, al pretender por un lado ampliar la
participación y capacidad de la mujer, y por otro, conservar el principio de una sociedad de
bienes administrada por el marido. Se propone como régimen legal de matrimonio uno de
"participación de gananciales", con el importante correctivo de que se establezca un estatuto de
los bienes familiares El régimen propuesto se caracteriza, en su esencia, por la existencia de
dos patrimonios distintos; el del marido y el de la mujer, los que son administrados
autónomamente por cada cónyuge.
Al finalizar el régimen de bienes, se compensan los aumentos del patrimonio obtenidos por los
cónyuges (gananciales) generados durante su vigencia, de modo que el cónyuge que haya
obtenido menos gananciales tiene derecho a participar en los producidos por el otro. El
principio es que el total de los gananciales obtenidos durante el matrimonio se distribuye por
partes iguales entre los cónyuges.
Este régimen conoce dos alternativas. Según la primera, al finalizar el régimen de bienes se
forma entre los cónyuges, o entre el sobreviviente y los herederos del fallecido, una comunidad
de bienes que comprende los gananciales. Según la segunda, al finalizar el régimen los
patrimonios de los cónyuges permanecen separados, creándose un crédito a favor del cónyuge
cuyos gananciales sean menores.
La última ofrece las siguientes ventajas: a) es más simple; los patrimonios se mantienen
separados, b) cautela mejor las relaciones con terceros, cuyos créditos con respecto a uno de
los cónyuges prefieren a los créditos por gananciales, c) es coherente con la forma en que los
cónyuges han actuado durante la vigencia del régimen de bienes, d) es compatible con las
reglas del estatuto jurídico de los bienes familiares. Por su parte, las reglas de la institución de
los "bienes familiares" normarían los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso
ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de los cónyuges, y serían
aplicables aún en los casos en que se haya pactado separación de bienes.
La institución definiría el régimen de bienes básicos de las familias chilenas cuyos bienes
principales o exclusivos son la casa habitación y su mobiliario. Para estas familias, el estatuto
de los bienes familiares constituiría propiamente el régimen de bienes del matrimonio.
En tal evento, el régimen de participación de gananciales tendría aplicación para las familias
cuyo patrimonio supera el umbral de los bienes familiares.
DERECHOS REPRODUCTIVOS – CHILE
Derechos reproductivos : contracepción en la legislación chilena. Iriarte, Claudia. Derecho y
Humanidades. (Santiago, Chile), mayo, 1992. p. 169-179.
Desde hace algunos años los diversos organismos de Naciones Unidas, recogiendo los
criterios de legislaciones europeas, han introducido el concepto de derechos reproductivos.
Esto significa establecer un cuerpo sistemático que comprenda todas las materias relacionadas
con la reproducción humana. Es así como dentro de este concepto se encuentran la normativa
sobre políticas de planificación familiar o contracepción; la regulación referida a la maternidad,
la legislación sobre aborto; las normas que regulan la fertilización in vitro, etc.
Se señala que dentro de esta misma perspectiva, diversas convenciones internacionales le han
dado el carácter de derecho humano a la planificación familiar. Ello ha significado que varios
países han dictado leyes que sientan los principios básicos y regulan la contracepción,
independiente de los programas gubernamentales que tengan sobre el tema.
En Chile, la planificación familiar se encuentra regulada sólo a nivel de decretos ministeriales y
no ha existido ninguna ley que la regule a nivel global.
Al no existir iniciativa legislativa, el Congreso jamás ha discutido sobre las conveniencias y
características que debe tener una regulación en ese tema. Con lo cual, no se ha producido el
debate público que significa la discusión de un proyecto de ley, quedando ésta restringida a los
técnicos del gobierno y en particular, del Ministerio de Salud.

Se afirma que como consecuencia de que no existe una ley que consagre y regule los
derechos reproductivos y , en particular la contracepción, la legislación chilena no da cuenta del
fenómeno de la reproducción como un derecho de las personas. Esto significa, entre otras
cosas, que no ha sido ni es posible, recurrir a los tribunales solicitando protección alguna en
esta área. Esta situación se ve agravada por la forma en que la Constitución consagra el
derecho a la salud, donde más bien se garantiza la libertad de elegir un sistema de salud.
Como no ha existido en Chile un marco jurídico desde el cual se elaboren las políticas de
planificación familiar, cada gobierno ha reglamentado los programas contraceptivos según los
criterios particulares que tenga frente al tema. Esto explicaría los grandes cambios que han
existido en cuanto a las políticas de planificación familiar, las que han dependido de los criterios
político-ideológicos de cada gobierno.
En 1989, Chile suscribió la que contiene varios artículos relacionados con los derechos
reproductivos. Busca garantizar la igualdad de hombres y mujeres en cuanto al acceso de la
información, asesoría, atención médica y en general, al ejercicio de los derechos sobre
planificación familiar y salud reproductiva. Como en Chile no están regulados estos derechos
en forma orgánica, la Convención permite exigir al Estado que se dicte una ley que reconozca y
regule el derecho a la salud reproductiva en los términos que establece dicho instrumento
internacional.
En cuanto al Programa que contempla y regula la planificación familiar, éste no fue elaborado
teniendo en cuenta los principios que consagra la citada Convención, por lo que no se ajusta a
los criterios que aquella señala.
Se concluye, finalmente, que debe dictarse una ley que incorpore y regule dentro del sistema
legislativo chileno, los principios fundamentales de la salud reproductiva y en particular, del
derecho a la Planificación Familiar.
EMBARAZO – ADOLESCENTES
Viel, Benjamín; Pereda Cristián. El embarazo no deseado. Cuadernos Médicos Sociales.
(Santiago, Chile), Vol. XXXII, Nº 4, Diciembre, 1991. p. 38.
Se afirma que el derecho que la mujer ha ganado a un nivel educacional similar al del hombre
le abrió el mercado del trabajo intelectual, ciertamente incompatible con una fecundidad
irrestricta. Para mantenerse y progresar en él, la mujer se vio obligada a limitar su natalidad y la
medicina vino en su ayuda al encontrar métodos que permitieran separar la actividad sexual del
embarazo.
En Chile, desde 1965 y por decreto del Ministerio de Salud los consultorios de atención integral
de salud de la mujer, disponen de anticonceptivos que se pueden solicitar sin limitaciones de
edad o de estado civil.
Se señala que la generalidad de las consultantes son mujeres adultas que intentan espaciar
embarazos, pero que la mayoría de las adolescentes jóvenes no concurren por temor a la
crítica de las que esperan atención y lo que ellas pudieran pensar de su precocidad en la vida
sexual.
Al efectuar el censo de 1952 no existía en Chile ningún programa estatal de regulación de
fecundidad y la tasa de natalidad era de 34,3 por mil. Al efectuarse el censo de 1982, después
de 17 años de iniciado el programa de regulación de fecundidad, la tasa de natalidad había
descendido a 22,0 por mil. Al comparar el número de adolescentes en estos dos censos puede
verse un esperado aumento en la población femenina.
Esta ha aumentado en 30 años en un 48,8 % su volumen original. La tasa específica de
fecundidad entre 15 y 19 años no ha sufrido alteración apreciable, lo cual demuestra que la
conducta reproductiva de la adolescente joven no ha cambiado en 30 años; su descenso es
ínfimo a pesar de ser el grupo de edad más adverso al embarazo. Ello se debe sin duda a la
falta de educación sexual y dificultades para obtener anticonceptivos. La fecundidad específica
de 20 a 24 años ha logrado un apreciable descenso de 18,3%. A esas edades la mujer se ha
beneficiado del programa de regulación de fecundidad y ha aprendido por experiencia y
consejos de las ventajas del uso de los métodos señalados.

Respecto al grado de deseo de embarazo, estadísticas recientes señalan que en las menores
de 20 años el deseo de haberse embarazado es sólo un 28,6%. Aumenta a 35,3% a la edad en
que el embarazo es recomendable, para descender sólo 23,9% en las de 35 años y más.
Entre las razones expresadas para no tener deseo o bien sentimientos mixtos -que son en total
un 71,2%- figura el ser soltera y conflictos con su familia además de tener situación económica
deficitaria. En las edades entre 20 y 34 años la razón principal invocada para estar descontenta
(64,7%) es la situación económica y en menor grado el ser soltera o desavenencia con su
pareja. En las mayores de 35 años la razón principal de descontento es tener ya una familia
completa y el agravamiento de un situación económica deficitaria que el nuevo embarazo
significa.
Se plantea que altos porcentajes de no deseo de embarazo justifican la educación sexual, y
ante el fracaso de la prédica de abstinencia sólo cabe intensificar las medidas preventivas del
embarazo no deseado promoviendo y facilitando el uso de métodos eficaces, especialmente en
las edades adversas, que son las de 20 y de 30 o más años de edad. Es necesario enseñar a
la mujer que existen métodos que pueden protegerla del embarazo no deseado, cómo usarlos
y dónde encontrarlos. El no hacerlo, es dejarla indefensa.
EMBARAZO ADOLESCENTES Y TRABAJO SOCIAL
Pérez Infante, Luz María. El trabajo con adolescentes embarazadas.
Revista de Trabajo Social. (Santiago, Chile), Nº 60, 1992. p. 25-36.
Los problemas sociales son el objeto de acción de muchas disciplinas y profesiones, pero la
perspectiva totalizadora desde la cual se abordan la diversidad de áreas problemáticas que
atiende y la variedad de niveles de formulación y tratamiento que demuestra en su práctica,
son los rasgos distintivos del Trabajo Social. Lo propio y único entonces, sería su diversidad, el
tener el rango más amplio entre todas las profesiones que se relacionan con los problemas
sociales.
Desde esta perspectiva "generalista" y considerando su visión integral de la salud, se afirma
que el Trabajo Social hace un aporte de gran valor a los equipos de salud en Atención
Primaria. Tradicionalmente, los Trabajadores Sociales han desempeñado un papel importante
en el desarrollo de la Salud Pública. En la actualidad, en la mayoría de los 451 consultorios de
Atención Primaria del país, hay asistentes sociales que forman parte de sus equipos. Esto es
de gran importancia, ya que a través de ellos se llega a un alto porcentaje de la población,
especialmente de aquella que pertenece a los sectores más pobres.
Como integrantes básicos de todo equipo de salud, los Trabajadores Sociales tienen un papel
fundamental en la intervención con adolescentes embarazadas, problema que día a día cobra
mayor relevancia y sobre el cual existe un gran vacío de conocimientos.
En el último tiempo se ha registrado un aumento relativo (con respecto al total) de los
embarazos en adolescentes. En promedio, el 16% de los recién nacidos cada año son hijos de
madres menores de 19 años. En cifras absolutas, corresponde a 40 mil niños. El aumento del
número de adolescentes embarazadas se agrava por el hecho de que actualmente el 55.4% de
las jóvenes embarazadas son solteras, situación que afecta negativamente la calidad de ese
embarazo. Una investigación realizada en Santiago, muestra que los padres reaccionaron
negativamente ante el embarazo de su hija en un 82% de los casos. El hecho que los
progenitores no apoyen a las adolescentes embarazadas genera uno de los factores de riesgo
psicosocial de más peso en esta problemática: la ilegitimidad (55.4%). Se analizan las
implicancias de la falta de ayuda de los progenitores, los motivos que impulsan a los
adolescentes a embarazarse y los problemas que deben afrontar.
Se estima que entre adolescentes embarazadas y pobreza existe un círculo que se potencia y
donde se hace necesario intervenir para mejorar la calidad de vida, tanto de las madres como
de sus hijos.
Se afirma que los problemas juveniles deben ser abordados desde una perspectiva ecológica.
Este enfoque ubica los problemas del adolescente en un contexto más amplio: los interpreta
más como deficiencias en el medio ambiente y como transacciones disfuncionales entre los
sistemas del entorno, que como fallas o carencias de los individuos o familias. De allí que el
foco de atención es el adolescente en su contexto, y el diagnóstico e intervención se focalizan

en la calidad de esa relación. Esta perspectiva perfila una intervención integral en el trabajo con
jóvenes, lo que ha sido un gran vacío en los programas hasta ahora implementados.
Luego de una ausencia total de políticas de salud orientadas a los jóvenes, el Gobierno del
Presidente Aylwin reconoció su importancia y abrió un gran campo para el trabajo con este
grupo de la población. Sin embargo, los Servicios de Salud no están preparados para asumir
esta tarea y, por supuesto, esa realidad se extiende a los trabajadores sociales que allí
trabajan.
Se afirma que no se han desarrollado programas a nivel nacional, diferenciados para los y las
adolescentes, y que la formación de pregrado de las distintas disciplinas que trabajan en salud
no consideran en sus currículos una educación que permita a estos profesionales desarrollar
destrezas para trabajar con jóvenes. En base al estudio de proyectos de trabajo con
embarazadas adolescentes y la revisión del tema en la bibliografía chilena y de la Universidad
de Columbia, se determinan las características a tomar en cuenta en la elaboración de un plan
de intervención.
FAMILIA - CRISIS FAMILIARES
Cárdenas, Eduardo José. Crisis familiares: un modelo experimentado de abordaje ecológico y
transdisciplinario en un juzgado de familia de la ciudad de Buenos Aires. Revista Jurídica
Argentina La Ley. 1991-E. p. 1367-1377.
Analiza la experiencia de un juez de familia en Buenos Aires, que decidió en 1985 emprender
una experiencia piloto en su juzgado, la que se señala como un modelo de abordaje ecológico
y transdisciplinario, hecho desde la ley a la familia en crisis.
Entre los fundamentos teóricos en que se basó la experiencia se mencionan los siguientes:
1. Cada proceso en juzgado de familia constituye la manifestación de una crisis.
Los proceso judiciales ponen de manifiesto, o bien una etapa que está recorriendo la familia en
el proceso de reorganización desencadenado por la crisis, o bien un intento de alguno de sus
miembros o un tercero por quebrar una reestructuración ya alcanzada pero injusta, poco eficaz
para hacer viable el crecimiento de todos.
2. La legislación civil tiene un profundo sentido ecológico.
Basada en el interés por la consecución del bien común de cualquier tipo de sociedad, la ley
reparte los derechos de cada miembro en forma adecuada al logro de dicho bien. De este
modo, no sólo no destruye a un miembro en beneficio de otro, sino que preserva y estimula el
crecimiento del todo.
3. Lo que la familia necesita del sistema judicial es una respuesta estructurante frente al
desafío de la crisis.
La familia tiene la posibilidad de recibir del sistema judicial orientación, límites, apoyo y
entrenamiento para resolver bien la crisis, o la posibilidad de recibir mensajes e imputs
iatrogénicos. Es por ésto que la labor de un juzgado de familia puede ser extraordinariamente
eficaz o nociva.
4. Esta respuesta del sistema judicial será eminentemente preventiva.
Jerarquizar la prevención implica poner en un primer plano toda la tarea que puede efectuarse
desde la ley con familias que están transitando una crisis pero sólo precisan de rectificaciones
todavía fáciles de sugerir y apoyar.
5. El proceso judicial en la segunda mitad de este siglo se está transformando profundamente.
Sólo es útil un juez que se instale con su imperio en medio de la familia en crisis y que la
apoye, le ponga límites, la acompañe y la entrene en el proceso de organización o
reorganización en que se encuentra. Sólo este proceso es el que garantiza la efectividad del
derecho de cada uno de los miembros dentro de ella.
6. Es necesaria la reorganización del sistema judicial.
Este nuevo modelo de justicia implica una reorganización del sistema judicial, que también
como la familia, está pasando por una severa interfase en su crecimiento.
Se plantea que este modelo tendría como base la figura de un juez que incorpora la ley a la
familia desde su persona, a través del moderno principio procesal de la inmediación; de un juez
que interviene como cabeza de un equipo interdisciplinario que interactúa con la familia; de un

juez que en conjunto con el defensor de menores, el curador, el secretario, los profesionales de
otras disciplinas y los empleados, prepara un sistema coherente, comunicado, flexible y apto
para incorporar a la familia que reclama para ella justamente un modelo de coherencia,
comunicación y flexibilidad.
FAMILIA – CHILE
Muñoz M., Mónica; Reyes V., Carmen.. ¿Cómo son las familias chilenas? Realidad actual de
las familias chilenas. Asociación Nacional de Asistentes Sociales del Poder Judicial de Chile.
(Santiago, Chile),Año 5, Nº 7, p. 9-14.
Se examina la familia chilena como núcleo social, sus diversos tipos, la importancia del
matrimonio, la calidad de la relación conyugal y separación, y la configuración del ciclo de la
vida familiar actual.
Se señala que en Chile no está en duda la vigencia y la importancia de la familia. Es un país
donde niños y jóvenes, adultos y viejos, hombres y mujeres declaran que la
familia constituye para ellos una necesidad básica, siendo en muchos casos el elemento
central que le da sentido a sus vidas.
Se distingue entre familias urbanas (83,8%), nucleares (53,1%) -constituidas por uno o ambos
padres y sus hijos solteros- , neolocales -que al casarse residen independientemente de los
padres-, monogámicas y estables. La nuclearización es un fenómeno reciente, ya que en 1970
este tipo de familia alcanzaba sólo a un 30,3% del total de hogares. Sin embargo, existe hoy
una alta frecuencia de familias extendidas (39,8) -que allegan a parientes ascendentes,
descendentes o colaterales de la familia nuclear-. Si se considera el número de personas, es
mayor la cantidad que hoy vive en este tipo de familia, que en la nuclear. Las familias
extendidas allegan principalmente a los padres o suegros de los esposos (16,5%) y también a
los hijos casados y nietos (11,7%).
En Chile un 10% de las familias puede clasificarse como familias de clase alta, un 40% de
estratos medios y un 50% como familias pobres. Ello constituye una realidad dramática ya que
se estima que la mitad de ellas no alcanzaría a cubrir sus necesidades mínimas de alimento.
Parte del hecho de ser se refleja en el matrimonio. La convivencia en Chile es
una de las más bajas de América Latina y se ha mantenido a través de los años (3,4% de los
mayores de 15 años se declaran convivientes y 6% del total de la población con pareja en
1982). En 1988 un 7% de los matrimonios legitimó hijos al casarse, proporción que muestra
una disminución importante en relación al comienzo de la década.
Respecto a la calidad de la relación conyugal, las mujeres tienden a estar más insatisfechas
que los hombres, especialmente en los sectores bajos. Hay mayor insatisfacción en situaciones
de cesantía del marido, entre los convivientes y los que no profesan alguna religión.
Se indica que como consecuencia de la insatisfacción y de la incapacidad para manejar el
conflicto muchas parejas actualmente recurren a la separación matrimonial. Los datos oficiales
no revelan la magnitud del problema, aunque muestran que entre 1952 y 1982 se duplicó la
cifra de separados y anulados. Sin embargo, son muy pocos los que llegan a anularse
civilmente lo que es más propio de los sectores altos. En 1982 se anula 0,16% del total de
casados y 30% de los separados.
En cuanto al ciclo de la vida familiar se afirma que éste se prolonga por casi 52 años, 28 años
con hijos en el hogar y 24 sin ellos. Esta realidad significa un cambio profundo en el acontecer
familiar, ya que hoy los hijos ocupan sólo la mitad de la vida, restando un largo periodo en que
se vive como pareja y luego en soledad. Es una realidad que presenta desafíos que significan
una oportunidad de dolor o de enriquecimiento personal.
FAMILIA - REFORMA LEGAL – CHILE
Belmar, Berta. La necesidad de un reforma. Familia. (Santiago, Chile), Nº 23, 1992. p. 60-62.

Se examina la situación conyugal actual de la pareja chilena. Se afirma que enfrentada a la
situación de crisis irreversible, la pareja opta generalmente, por separarse de hecho, de común
acuerdo, sin situaciones traumáticas o de violencia, con un avenimiento judicial o extrajudicial
acerca de la pensión alimenticia, tuición de los hijos menores y régimen de visitas. En otras
oportunidades, cualquiera de los cónyuges hace abandono del hogar sin siquiera conocer su
paradero.
En todos los casos, la sigue siendo considerada ante la Ley como si
continuara su vida en común, en circunstancias que es una situación que ya no existe. Por tal
motivo, resulta urgente legislar sobre la materia.
Se señala que el 95% de las bigamias detectadas en el Servicio de Registro Civil e
Identificación, se producen por dos causas principales : el desconocimiento de las normas que
establecen que el matrimonio es indisoluble y para toda la vida, y la necesidad de regularizar
situaciones de convivencias mantenidas por largo tiempo y que afectan ya sea a los hijos o a la
mujer que no tiene una previsión que le permita enfrentar su futuro. Resulta alarmante la
cantidad de bigamias detectadas, si se toma en consideración que sólo se encuentran
ingresados al computador central del Servicio los datos de los matrimonios celebrados sólo
desde 1982 a la fecha.
La Ley de Matrimonio Civil vigente desde el 10 de enero de 19884, con su 39 artículos
permanentes y dos transitorios contempla el divorcio temporal y el divorcio perpetuo El
legislador contempló la posibilidad del divorcio perpetuo sin disolución de vínculo, hace más de
un siglo para las crisis irreversibles del matrimonio. Esta alternativa no es usada en la práctica,
ya que sólo dos divorcios se inscribieron en el último año.
Se afirma que no existe un diagnóstico claro respecto a cuántas parejas efectivamente casadas
existen, cuántas son convivientes, si el alto número de hijos naturales reconocidos por ambos
padres son o no producto de esas convivencias, o si existe un número importante de parejas
que deciden no casarse, o cuántas parejas son bígamas y aún no han sido descubiertas.
Se plantea que es conveniente revisar la Ley de Matrimonio Civil, que es una buena Ley, pero
que es necesario renovar para hacer frente a los actuales problemas que ponen en peligro la
estabilidad de la familia; indudablemente debe legislarse sobre la separación de hecho donde
se establezca en forma clara la situación legal de esos cónyuges que dejan de vivir juntos pero
que sin embargo ante la Ley siguen casados, lo que es el punto más conflictivo. ¿Cómo hacen
valer sus derechos? ¿Cómo operan en la vida civil y comercial? Son los que finalmente
encuentran la solución a su situación en la convivencia, la muerte presunta, la nulidad o la
bigamia.
FAMILIA - RELACIONES PADRES E HIJOS – CHILE
Edwards, Marta. Percepción de la familia y de la formación de los hijos. Estudios Públicos.
(Santiago, Chile), Nº 52, primavera, 1993. p. 191-214.
Se describe y analiza los resultados de la encuesta de opinión pública realizada por CEP-
Adimark entre el 27 de noviembre y el 20 de diciembre de 1992, respecto del tema especial de
la familia.
El cuestionario, que considera una definición operacional de familia como el conjunto de
personas que viven juntas y comparten los gastos, fue aplicado a una muestra de 1.800
personas, las que fueron entrevistadas en sus hogares. Mediante el empleo de un método
aleatorio y probabilístico, la muestra es representativa del universo de toda la población mayor
de 18 años residente en Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Talca,
Concepción, Talcahuano, Temuco, Valdivia, Osorno, Rancagua y Gran Santiago, que cubre el
59% de la población total del país.
Los resultados de la encuesta se analizan en relación a la población total, y separando por
sexo, edad, nivel socioeconómico, área geográfica y tendencia política. Primero se describen
los resultados referentes a la estructura familiar, luego las opiniones de los encuestados
respecto del clima familiar imperante en el hogar y, en forma más detallada, se examinan las
relaciones entre padres e hijos, foco principal del estudio de opinión realizado.
Se señala que la estructura familiar más frecuente es la de una pareja con hijos (75%), y en 7%
de estos casos la familia incluye hijos de uniones anteriores de los cónyuges. Respecto de la

situación de pareja de los encuestados, el 57% vive con su cónyuge legal, en tanto que el 34%
vive sin pareja y el 9% vive con una pareja sin vínculo legal (conviviente).
En cuanto a la percepción que tienen los encuestados sobre la avenencia conyugal, el
ambiente afectivo imperante en el hogar, los principales problemas que afectan a las familias y
los beneficios que proporciona, ellos responden a la definición de familia como el núcleo de
acogida y de amor, que provee un ambiente de aceptación afectiva para todos sus miembros.
La mayoría de las personas entrevistadas manifiestan que al interior de sus hogares hay un
ambiente armónico, declaran que la pareja principal se lleva bien y que los principales
beneficios que les otorga su familia son cariño, afecto y comunicación.
Sin embargo, entre los problemas que afectan a la familia, los que se señalan con más
frecuencia son aquellos de carácter no afectivo, como la insuficiencia de recursos económicos,
falta de espacio físico en los hogares y escasez de tiempo para compartir. Por cierto, el
principal escollo no afectivo que se menciona atañe a la posibilidad de generar ingresos más
elevados.
Se afirma que esta encuesta entrega un diagnóstico valioso sobre algunos aspectos de la vida
familiar chilena. Sin pretensión alguna de exhaustividad ni de resultados definitivos, el estudio
pone de relieve ciertas áreas temáticas que ameritan un examen más profundo y entrega
pautas para la ejecución de programas y políticas de apoyo a la familia. Aporta una visión
optimista que es necesario integrar con otros trabajos que reflejan los problemas existentes,
para así contribuir desde los ámbitos privado y público, a fortalecerla.
FEMINISMO - ESTADOS UNIDOS
Kersten, Katherine. ¿Qué quieren las mujeres? Estudios Públicos. (Santiago, Chile), Nº 48. p.
199-226.
Se definen los elementos centrales de un manifiesto feminista conservador, inspirado en los
valores fundamentales de la cultura occidental y en los del feminismo clásico, en respuesta a
planteamientos y actitudes que tienden hoy a prevalecer en una parte importante de las
organizaciones feministas en los Estados Unidos.
Este feminismo alternativo, capaz de abordar las preocupaciones de las mujeres, tanto en la
esfera pública como en la privada, se basa en tres premisas: primera, que debe haber normas
uniformes de igualdad y justicia, válidas por igual para ambos sexos; segunda, que las mujeres
han sufrido históricamente injusticias y siguen padeciéndolas hoy; y tercera, que los problemas
que afectan a las mujeres se pueden abordar mejor a partir de los ideales e instituciones de la
cultura occidental, y no repudiándolos.
Se señala que actualmente, las intelectuales feministas contemporáneas repudian el concepto
de una naturaleza humana universal y ven en ella un mito inventado por los hombres para
oprimir a las mujeres. Su visión tiende a descansar en dos conceptos: que la opresión de las
mujeres por los hombres constituye el principio rector de la vida social humana; y que las
instituciones sociales patriarcales son todo lo que separa a las mujeres de un mundo
auténticamente justo e igualitario.
Estas feministas han procurado reemplazar la noción tradicional de la naturaleza humana, por
uno u otro de dos conceptos mutuamente discordantes. Las mujeres chauvinistas, insisten en
que hombres y mujeres tienen naturalezas radicalmente diferentes, derivadas de su sexo, y
que la naturaleza femenina es superior a la masculina. En cambio, las feministas de la escuela
unisex afirman que hombres y mujeres son en esencia idénticos. Esto no quiere decir que
comparten una naturaleza común; por el contrario, significa que no tienen naturaleza alguna
discernible, pues son seres infinitamente plásticos y maleables. Sostienen que si bien los
hombres son opresores hoy, a través de la reeducación se podrá conseguir finalmente que
ambos sexos lleguen a querer las mismas cosas y a comportarse de la misma manera.
Se indica que la palabra clave de la feminista conservadora es equilibrio. En su vida privada
trata de lograr un equilibrio entre sus obligaciones para con los demás y la búsqueda de la
realización personal.
En su vida pública, intenta promover la justicia y la igualdad, pero también salvaguardar la
libertad individual. Su resuelta posición a favor de la reforma es temperada por su respeto a los
valores e instituciones fundamentales de la sociedad, los cuales representan la sabiduría

colectiva de generaciones que persiguieron la buena vida con tanto ahinco como ella. Prudente
en sus expectativas, infatigable en su búsqueda del conocimiento, procura explorar y promover
las condiciones necesarias para la felicidad humana.
MUJERES - CAMBIOS - AMERICA LATINA
Krawczyk, Miriam. Mujeres en la región : Los grandes cambios. Revista de la CEPAL.
(Santiago, Chile), Nº 49, abril, 1993. p. 7-19.
Se analiza la situación de la mujer en América Latina respecto al empleo, educación y salud,
ámbitos fundamentales para los propósitos de equidad, en los cuales -pese a su protagonismo
obvio- aparecen subordinadas.
Los cambios ocurridos en la región en unas pocas décadas han transformado totalmente el
perfil de América Latina, tanto en el ámbito económico y sociopolítico como en el de la cultura y
las relaciones políticas y personales. En este contexto, la propuesta de la CEPAL sobre
transformación productiva con equidad ha aportado un marco con flexibilidad suficiente para
acoger con propiedad el tema de la mujer, incluida la preocupación por la equidad de género, y
para posibilitar acciones más sólidas y más integradas a las políticas públicas, globales y
sectoriales.
Se señala que el empleo, junto con la educación y la salud, han sido los temas prioritarios en
relación con las mujeres a partir del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Ellos,
además de situar a las mujeres en un contexto más global, influyen en su comportamiento,
condición y posición en la sociedad y tienen gran impacto en los factores demográficos,
especialmente en su fecundidad.
Los análisis de los últimos años muestran que la participación cada vez mayor de las mujeres
en el trabajo remunerado ya es una tendencia estructural que seguirá en ascenso. En los años
80 su participación en el mercado de trabajo experimentó un importante incremento al pasar de
18,83% a 20.03%; la contribución al crecimiento de la población económicamente activa en ese
decenio fue de 37%. Sin embargo, el trabajo de las mujeres -remunerado y no remuneradosigue
subrepresentado en las estadísticas oficiales, debido tanto a los lugares que ocupan las
mujeres en la fuerza de trabajo, como a la definición de las actividades económicas y las
características de los procedimientos censales, que en su totalidad se vinculan con supuestos
culturales sobre la división del trabajo desde el punto de vista del sexo.
En el ámbito educacional, la matrícula sigue aumentando y tiende a la paridad entre
estudiantes de ambos sexos, mientras que la distribución de las mujeres por campos de
estudio ha variado muy poco. Persiste, además, la discriminación salarial; y pese a los
cambios, los textos escolares siguen transmitiendo imágenes que desestimulan su
participación igualitaria.
Respecto a la reproducción, la separación consciente entre la sexualidad y la reproducción,
que para las mujeres antes no existía, se vincula con la libre opción y la búsqueda de métodos
más efectivos para controlar la fecundidad.
Se señala que existe un instrumento legal internacional, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1979) que expresa un
consenso respecto a asegurar la libre opción a todos los individuos, en el contexto de la
revalorización consensual de la democracia como modelo político.
Se concluye finalmente que para ejercer con propiedad sus derechos, las mujeres necesitan : i)
acceso efectivo a los servicios de salud, a la información sobre la reproducción y a los medios
para poder planificarla de acuerdo a sus creencias; ii) consideración hacia sus ciclos de vida;
iii) educación que las capacite para una participación equitativa en la sociedad con un ejercicio
efectivo de la ciudadanía; iv) cambios en los contenidos de la educación formal y acceso a la
educación informal, sobre todo a la capacitación; y v) empleo sin discriminaciones salariales ni
restricción a determinadas áreas productivas.
MUJERES - CONTROL SOCIAL Y DELINCUENCIA

Antony, Carmen. Observaciones sobre los mecanismos de control social y su influencia en los
procesos de victimización y en la delincuencia femenina. Criminología y Derecho Penal.
(Caracas), Nº 1, Enero-Junio, 1991. p. 109-122.
Sabido es que el Derecho Penal no es el único mecanismo de control de los individuos de la
sociedad, si bien es el más visible y aterrorizador.
Según la teoría crítica del Control Social, éste a través de sus diversas expresiones atribuiría a
la mujer un rol discriminatorio, ésto explicaría los papeles diferentes del hombre y la mujer en la
delincuencia y en los procesos de victimización.
Se afirma que la familia es una de las instancias de socialización más importantes, ya que
proporciona los fundamentos y significados de la sociedad en la cual el individuo ocupará su
espacio. Es aquí donde comienza el control social de la mujer a través de la figura del padre,
hermanos varones, marido, hasta culminar con los hijos. Está implícita la imposición sexista a
través de diversos modelos que después se reforzarán en la educación, en la religión, y
especialmente en los medios de comunicación social, puesto que la autoridad es manejada por
el hombre.
Esta coerción jugaría un papel fundamental en la perpetuación del orden social existente
perfilando las características de la desviación de la mujer, de su delincuencia, de su
comportamiento anormal y de su proceso de victimización.
Se plantea, asimismo, que la educación, en los términos que se mantiene en los países
caribeños, contribuye a aceptar situaciones de violencia y agresividad por parte del hombre,
por lo cual violaciones, raptos, incestos, abusos dehonestos, violencia familiar, agresiones
sexuales en el empleo etc., se miran como victimizaciones que deben ocultarse por acontecer
en el ámbito privado de la familia, donde nadie debe inmiscuirse.
Los medios de comunicación social, como mecanismos de control manipulativo, también
reafirman la ideología de la dominación. En ellas se representa a la mujer como objeto de
placer, reproductora y objeto material.
La religión suministra el marco de ética social e influye en forma evidente en la normativa
penal. Su profundo contenido ético-moral se refleja en un Derecho Penal moralizador que
recoge la moral sexual impuesta por ella protegiendo la honestidad femenina partiendo de la
valoración de la virginidad. Esto ha conducido a que un gran porcentaje de delitos de violación,
incestos y otros no se denuncien o queden impunes.
En cuanto al control social formal, se sostiene que la escasa participación de la mujer en la
delincuencia se puede explicar por su menor oportunidad de cometer delitos, lo que se debe a
la función asignada al sexo femenino y al mayor control social que se ejerce en los procesos de
socialización.
Se analiza el doble criterio de justicia basado en el concepto de Estado como padre, que han
adoptado históricamente los tribunales de menores, en orden a percibir de una manera
diferente la mala conducta masculina y femenina. En lo que concierne a la delincuencia
femenina adulta también habría situaciones discriminatorias e incluso formas despiadadas de
victimización.
Se concluye que el control social en su accionar, vulnera gravemente a la mujer en su
condición de género, y a través de sus mecanismos, ejerce contra ella discriminación, violencia
y opresión.
MUJERES - DISCRIMINACION LABORAL
González, Pablo. El diferencial de ingresos entre hombre y mujeres : teoría, evidencia e
implicaciones de política. Colección Estudios CIEPLAN. (Santiago, Chile), Nº 34, Junio, 1992.
p. 101-152.
Se proporciona una síntesis del debate sobre el diferencial de ingresos por sexo de las
diferentes perspectivas teóricas para explicar el porqué de la diferencia entre los ingresos
salariales de hombres y mujeres.
Se analizan también los pros y los contras de las políticas respecto a los ingresos relativos de
hombres y mujeres y mejoría de la inserción de la mujer en el mercado laboral.

Durante las últimas décadas, los ingresos relativos de las mujeres se han venido
incrementando en la mayoría de los países. En el área de la OCDE la transformación más
importante en el ingreso relativo de las mujeres se concentra en los comienzos de los años 70 -
un período de inflación creciente y de disminución del diferencial de ingresos entre
ocupaciones-. Los cambios más intensos tuvieron lugar en Dinamarca, Australia y Gran
Bretaña. Sin embargo, el período de cambio se prolongó por más de una década. Anker y Hein
señalan un patrón similar, hacia un incremento de la igualdad, entre los países en desarrollo.
La discriminación ha declinado en los países para los que se dispone de estimaciones
intertemporales como Canadá, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido. Las causas de los
cambios se atribuyen según algunos a las fuerzas del mercado, la fuerza de los sindicatos y al
papel de la legislación de Igual Pago, aunque ella no habría tenido gran impacto en Canadá y
Estados Unidos, pero sí en Australia y Gran Bretaña donde permitió la eliminación de prácticas
discriminadoras contra la mujer.
Se señala que a pesar de las controversias que suscitan las estimaciones de regresión y sus
efectos sobre los ingresos de las mujeres, la segregación ocupacional sectorial y vertical, y la
concentración de las mujeres en pequeñas empresas que pagan mal, es un fenómeno bien
documentado. Aunque se ha reunido escasa evidencia sobre este tema clave, la exclusión que
ejercen los empleadores y la limitada disponibilidad de empleos que ofrezcan condiciones
compatibles con los roles domésticos que desempeña la mujer, parecen ser las principales
causas que explican la segregación.
La exclusión que ejercen los empleadores está relacionada con la percepción que ellos tienen
acerca de las características del compromiso de la mujer con el mercado laboral. Se afirma que
este es el más importante argumento en favor de iniciativas de política para incrementar la
vinculación de las mujeres con la fuerza de trabajo. Servicios para el cuidado de los niños,
permisos para los padres y acuerdos de trabajo más flexibles podrían contribuir a reducir la
segregación sexual y a incrementar los ingresos relativos de las mujeres, posibilitando al
mismo tiempo una mayor inversión en capital humano.
Las diferencias de productividad y de características de los trabajos pueden explicar algo, pero
no todo el diferencial de ingresos. Esto significa que los menores salarios y la segregación de
las mujeres constituyen, al menos en parte, un problema económico y social
Un ataque directo a la discriminación requeriría dos grandes orientaciones de política: igualdad
de salarios para trabajos equivalentes, e igualdad de oportunidades de empleo.
Si se implementan efectivamente, la primera tenderá a incrementar los salarios de las mujeres
más o menos en forma simultánea; la segunda no sólo evitará un efecto sustitución que
mantendría la discriminación, sino que activará un proceso dinámico de disminución de la
segregación vertical y horizontal en los empleos, con el resultado de un incremento en el
ingreso promedio de las mujeres trabajadoras.
MUJERES - EMPRESA - ESTADOS UNIDOS
¿En verdad la mujer es bien recibida por la empresa?. Fisher, Anne B. Facetas. (Washington),
Nº 100, 1993. p. 52-59.
Se afirma que hoy se abre paso, a través de la jerarquía corporativa de los Estados Unidos, la
primera generación de mujeres dotadas de la misma educación, experiencias y expectativas
que los hombres. Sin embargo, una encuesta realizada por la revista de negocios
entre 201 jefes ejecutivos de las más grandes compañías del país, revela que sólo el 16% de
ellos cree o que en los próximos diez años los vaya a
sustituir un jefe ejecutivo del sexo femenino. Además, sólo el 18% estima que
aun al cabo de veinte años sea elegida una mujer para dirigir su compañía.
Ante la interrogante de por qué los jefes ejecutivos opinan de esa manera, se concluye que la
mayor barrera es de tipo irracional : discriminación simple y llana.
Los seminarios realizados por las escuelas de administración de Estados Unidos para la
capacitación de ejecutivos -un requisito indispensable para los futuros jefes ejecutivos de
muchas compañías- son un ámbito casi exclusivo de los varones. Sólo el 5% de los
participantes en esos programas en todo el país son mujeres. Se afirma que en tiempos
difíciles, la alta gerencia prefiere confiar los riesgos que implica la toma de decisiones en los

niveles más altos a un elemento de tipo conocido, a alguien semejante a ellos mismos, es
decir, a un hombre.
Las mujeres gerentes tampoco han logrado que se les pague lo mismo que a los hombres. No
obstante, la brecha entre los salarios de uno y otro sexo se ha ido acortando. Pero todavía, en
el mismo nivel de la gerencia, la paga típica de una mujer es inferior a las de sus colegas
varones, aun cuando ella tenga exactamente las mismas calificaciones, haya trabajado el
mismo número de años, cambie de empleo con igual frecuencia, sea la principal fuente de
ingresos de su familia, use la misma cantidad de tiempo libre para atender asuntos personales
y logre el mismo número de promociones a puestos similares.
Se estima que es la gerencia la que tiene la responsabilidad de preparar a las mujeres para
asumir funciones más vastas. Con ese fin, docenas de colosos de la empresa han contratado
, de tiempo completo, a quienes se les asigna la tarea de hacer que
el centro de trabajo sea más acogedor para el talento, sin reparar ni en el sexo, ni en el color.
Además de dar a las mujeres calificadas la oportunidad de ocupar los mismos puestos que los
hombres, las firmas orientadas a la diversidad tratan de remodelar su cultura, a fin de que las
viejas actitudes atávicas no obstruyan a las mujeres que podrían sobresalir en otras
condiciones.
Se afirma que el problema más persistente, y talvez el más difícil, es que una vida de
acondicionamiento social ha enseñado a muchos hombres a pensar en la mujer como novia,
esposa, hija o secretaria, pero no como un colega igual a ellos. Para terminar con esta
situación hay firmas que ofrecen talleres dirigidos por consultores, a fin de denunciar y destruir
los prejuicios de su personal. La reacción inicial de ellos es defensiva, pues creen que les van a
hacer acusaciones, pero cuando entienden que la idea es mejorar la comunicación para todos,
se produce un entusiasmo general.
Sin embargo, se ha empezado a superar la categoría de la mujer como ciudadana de segunda,
en la Norteamérica empresarial y la discriminación sexista ya es un obstáculo menor en
industrias como las compañías de servicios y de alta tecnología.
Existen ya muchas firmas decididas a conservar a sus mejores empleadas y gerentes del sexo
femenino. Estas cuentan con programas que combinan el trabajo y la familia (ésto abarca
desde guarderías diurnas hasta asesorías a las empleadas sobre la forma de tratar los
problemas de los padres ancianos). Todos esos planes tienen el fin de elevar la productividad
del empleado, al suprimir distracciones que la vida familiar impone a los padres solteros y a las
parejas en que ambos trabajan. La cantidad de grandes empleadores que ofrecen algún tipo de
asistencia de guardería diurna ha aumentado de 11 a casi 4.000, desde 1971. Otras
compañías como Kraft-General Foods ofrece a sus 2.000 empleados todo un muestrario de
prestaciones trabajo-familia, como guarderías diversas subsidiadas, permisos de ausencia
prolongada para atender a los hijos y vacaciones por medios días.
La Oficina de Estadística Laboral informa que hay 6.1 millones de mujeres gerentes en Estados
Unidos y que sólo había 3,5 millones en 1983. La prueba ha sido dura y extenuante para la
mujer, pero ya se ve la luz al final del túnel.
MUJERES JEFAS DE HOGAR- CHILE
Díaz A., Estrella. Mujeres Jefas de Familia: Algo más que una realidad oculta. Movimiento:
Revista Laboral. (Santiago, Chile), Año 1, Nº 4, Marzo-Abril, 1990. p. 28-30.
La realidad de la "mujer sola jefa de hogar" recorre el conjunto de nuestra sociedad, pasando
por todos los sectores, por el campo y la ciudad. Sin embargo, son los segmentos más
empobrecidos y marginados los que viven esta situación con mayor frecuencia y con menores
posibilidades de enfrentarla.
Ahora bien, tres son las situaciones que se perfilan como causantes de esta problemática:
separación ligada al abandono; viudez; migración de los hombres en busca de trabajo a otras
tierras, lo que de hecho produce un abandono de hogar.
La consecuencia más dramática es que la mujer debe cargar con las responsabilidades totales
del hogar. La sociedad no le brinda los espacios ni oportunidades para hacerlo, pues es una
realidad que no reconoce. Esto tiene su base en una imagen pública única de familia, que no

se ajusta a la realidad: padre proveedor, madre dueña de casa o con un pequeño empleo
aportador de ingresos complementarios.
Los hogares chilenos que tienen por cabeza a una mujer con responsabilidades familiares
directas suman 450.000; representan el 24% del total de los hogares a nivel nacional. En los
sectores populares este porcentaje se eleva al 30%. Estos hogares sufren situaciones de
mayor desigualdad y desventajas que los encabezados por hombres, tanto en ingresos, acceso
a servicios públicos, oportunidades de empleo, ligazón al sector formal, programas de crédito
para adquisición o mejoramiento de viviendas, etc.
Una política económica-social específica, debe abordar como aspectos prioritarios los
siguientes: a) Proveer o garantizar a las mujeres y a los hijos mayores fuentes de trabajo
estables y dignos. b) Bienestar social (salud, previsión). c) Crear formas institucionalizadas de
sustitución de tareas domésticas (atención a los niños, lavado, cocina, etc.). d) Programas
específicos de diverso orden: recreativos, de capacitación, orientados a mujeres jefas de
familia.
De esta manera, se podrá sacar de su invisibilidad esta realidad, y es de esperar que
comprometa solidariamente a todos los estamentos de nuestra sociedad, para dejar de ser
todos por desconocimiento, cómplices de esta evidencia oculta.
MUJERES TRABAJADORAS – CHILE
Henríquez, Helia. El empleo femenino ¿en la puerta de un mejoramiento? Economía y Trabajo
en Chile 1992-1993. Informe Anual,. (Santiago, Chile), p. 49-70.
El empleo femenino, tal como lo entiende la economía oficial, es decir el trabajo realizado fuera
del hogar para el mercado, altera el orden tradicional que ubica típicamente a las mujeres en el
espacio doméstico y a los hombres en el ámbito laboral externo. La mayor participación de las
mujeres en la fuerza de trabajo es una tendencia que en medio de serias resistencias sociales,
viene consolidándose desde hace tiempo.
Se señala que la participación de las mujeres en el trabajo crece año a año, a tasas mayores
que las de los hombres.
Entre 1976 y 1990, la población económicamente activa femenina creció en 67,9%, la
masculina lo hizo en 42,9%. En 1976 trabajaban el 25,2% de las mujeres de quince años y
más; en 1990 lo hacía el 31,8%. Sin embargo, la diferencia entre los sexos sigue siendo
amplia; un tercio de las mujeres de quince años y más trabaja, mientras los hombres lo hacen
en un 75%.
Las mujeres no pueden integrarse a todos los empleos, ya que la mayoría de las ocupaciones
va asociada a un sexo. Es posible que en algunas situaciones haya capacidades que no sean
intercambiables, pero en la mayor parte de los casos las destrezas se habrían desarrollado
según definiciones culturales para uno y otro sexo. Por ejemplo, los servicios de educación y
salud concentran un alto número de mujeres. La cantidad de profesoras en 1990 era de 90.951
esto equivale a un 30,7% de todas las empleadas en servicios comunales, sociales y
personales. En el trabajo de casa particular hay 272.800 mujeres, incluso en los grupos
principales de ocupación como el de , el de rango más
alto está conformado en el 80,5% por hombres.
Otro aspecto preocupante es la mala detección del empleo femenino. Las mujeres tienen, en
realidad, una participación laboral más alta que la indicada por las estadísticas habituales,
sobre todo en las actividades para el mercado realizadas en casa. Esta subestimación es el
resultado de una concepción que separa drásticamente la familia, del trabajo realizado en el
mundo externo; y que dificulta medir adecuadamente aquel trabajo que no siendo doméstico se
realiza confundido con éste, en el propio hogar.
Se estima que una transformación significativa en la calidad del empleo femenino es un
objetivo de largo plazo. Exige que varios y diversos factores vayan modificándose en un mismo
sentido. En términos generales, que vaya desarrollándose una actitud en los actores
involucrados -especialmente en empleadores y trabajadoras- que persiga disminuir la
subordinación social de las mujeres, que valore mejor su desempleo laboral y enfrente las
discriminaciones que se producen en el trabajo. Para que una orientación así se desarrolle y
llegue a influir las distintas relaciones sociales, se requiere una cierta dirección que desde
instancias estatales, es decir desde el poder político, apunte en este sentido. No es un tema

que se resolverá sólo en la sociedad civil; una articulación con el plano político parece
imprescindible para este cambio.
Por eso es que la acción estatal que intencionalmente se proponga influir en el empleo en favor
de las trabajadoras, cobra una importancia de primer orden. Es necesario tener en cuenta que
se trata de influir en el mercado, en momentos en que éste es la institución rectora de gran
parte de las relaciones sociales, y cuya potencialidad, como factor de desarrollo económico y
orden social, está fuertemente legitimada.
MUJERES TRABAJADORAS-DERECHOS
Vidal, Elizabeth. Costos psicosociales del doble papel de la mujer, como asalariada y como
ama de casa. Revista latinoamericana de psicología. (Bogotá), Nº 1, 1990, p. 161-167.
Desde los albores del capitalismo, la creciente participación femenina en la economía ha sido
mirada de soslayo por quienes efectúan los cálculos estadísticos, planifican la economía y
trazan las políticas de Seguridad Social del Estado.
La ausencia de una legislación que proteja realmente la maternidad, que garantice condiciones
adecuadas de salud en el trabajo, y que, fundamentalmente tenga en cuenta el costo social
que el doble papel de la mujer (como asalariada y como dueña de casa) tiene para la niñez,
son el reflejo de tal estado de cosas.
Así, la necesidad de cumplir con la doble jornada, de trabajadora y ama de casa, también
incide en que la mujer tenga menores posibilidades de elevar su nivel educativo y que se ocupe
por tanto, en trabajos que no requieren de mayor calificación y de más bajo status y
remuneración que los que ocupa su homólogo varón.
Todo esto, enfocando el problema macrosocial, el cual trasciende lo meramente jurídico, para
manifestarse en lo ideológico y cultural.
Desde el angulo psicológico y/o médico psiquiátrico, la alteración del comportamiento de la
mujer trabajadora nada tiene que ver con los "rasgos constitucionales propios del psiquismo
femenino", ni con el "complejo de castración" o el "complejo de masculinidad" (Freud), o la
"protesta viril" (Adler). Se deben a un hecho socioeconómico concreto que la comunidad
científica, los juristas, los políticos, deben atender, pues si no desaparece la causa, no
desaparecerá el efecto. Si no desaparece la sobrecarga crónica de trabajo (doble papel), el
"síndrome de sobrecarga" será a nivel individual, una constante que acompañará a la mujer
trabajadora, y a nivel social, colectivo, la niñez será la más afectada.
En el área de la salud ocupacional, se hace necesario educar a empresarios y trabajadores
sobre los deberes y derechos respectivos, e implementar investigaciones que conduzcan a
tomar medidas preventivas y no sólo curativas en este campo.
Así, no en vano se ha afirmado "que el papel que desempeñe la mujer en una sociedad
determinada es la medida de desarrollo de esa misma sociedad".
MUJERES - TRABAJO REMUNERADO
Salamé, Teresa. Avance tecnológico y ocupación laboral de la mujer. Crítica Social. (Santiago,
Chile), Año II, Nº 3, Julio, 1991. p. 19-22.
Se analiza la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, que en la mayor parte de los
países de América Latina, ha ido en aumento. No obstante, existirían factores socioeconómicos
e ideológico-culturales que restringen esta incorporación, tanto en sus aspectos
cualitativos como cuantitativos.
Uno de los factores que podría poner obstáculos adicionales a la inserción laboral de la mujer
en igualdad de condiciones respecto de la fuerza de trabajo masculina, es la introducción de
innovaciones tecnológicas en los procesos productivos y en las actividades económicas en
general.

La pérdida de empleos productivos afecta tanto a la fuerza de trabajo masculino como a la
femenina, encontrándose la última bajo mayores condiciones de riesgo, por cuanto la
automatización tiende a introducirse más rápidamente en actividades que demandan bajos
niveles de calificación, es decir, en los trabajos que tradicionalmente ha ejercido la mujer.
Si bien la automatización no impone inevitablemente una organización del trabajo específica,
puede ser utilizada para fragmentar las funciones y operaciones asociadas a los distintos
puestos, para disminuir el mínimo de conocimientos, aptitudes y experiencias requeridos para
alcanzar un desempeño promedio y, junto con ello, para quitarle a los trabajadores el control
sobre el proceso de trabajo.
En el caso de la mujer trabajadora, los nuevos métodos y procedimientos de producción
pueden constituirse en un factor acentuador de su posición ya subordinada, profundizando las
condiciones de segregación que tradicionalmente la han afectado.
El dilema no está en saber si es la tecnología o la ideología la que refuerza la condición
subordinada de la mujer que desempeña un trabajo remunerado; la disyuntiva está en
averiguar si la tecnología tendrá o no la ocasión de sumarse al sistema de valores imperantes
para acentuar la situación de discriminación contra la mujer.
Se señala que el proceso de modernización tecnológica podría encerrar para el conjunto de la
fuerza de trabajo femenina una triple amenaza; a) una elevación de las tasas de desempleo y
sub-empleo, junto con la precarización de su relación laboral con el empleador; b) una
desvalorización de las funciones que realiza por no requerirse ya la aplicación de
conocimientos y habilidades complejas, lo cual implicaría menores oportunidades de promoción
ocupacional y de perfeccionamiento; y c) en igualdad de condiciones al ingreso, probablemente
al trabajo femenino se le asignarán funciones de menor prestigio, de menos responsabilidad y
de inferior remuneración que las asignadas a los trabajadores del sexo opuesto.
Es por eso que las organizaciones que luchan por las reivindicaciones de los derechos de la
mujer, deben estar alertas respecto a los efectos que el proceso de modernización tecnológica
tiene y tendrá sobre la vida laboral femenina.
MUJERES - VIOLENCIA
Heise, Lori. Crímenes de Género. Revista red de salud de las mujeres latinoamericanas y del
caribe / ISIS. (Santiago, Chile.), p. 4-14.
Diariamente miles de mujeres son golpeadas por sus maridos y miles más son violadas,
maltratadas y acosadas sexualmente.
En estos casos la mujer es víctima de transgresiones en razón de su sexo. Mejor dicho, esto no
es casual, el factor de riesgo es ser mujer. Y peor aún, ocurre sin que haya protesta social o
remordimiento alguno.
La sociedad tácitamente perdona con su silencio esta violencia y la legitimiza por medio de
leyes, costumbres y opiniones de las cortes de justicia que discriminan abiertamente contra la
mujer.
Pocas veces se ha tratado el problema a niveles internacionales y mucho menos se han
tomado acciones al respecto. Sólo en 1980 se reconoció el abuso de la esposa por la
comunidad internacional femenina en la conferencia de las Naciones Unidas en la Década de
la Mujer.
Es cierto que, aun cuando el abuso a la mujer viola la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, raramente se ha tratado como un asunto de derechos
humanos. Si una persona es asesinada por sus creencias políticas, el mundo entero
justificadamente responde con indignación. Pero si se golpea o deja morir a una persona
simplemente porque es mujer, el mundo entero lo llama una tradición cultural.
La violencia enfocada hacia la mujer socava las metas universales de desarrollo socioeconómico
del Tercer Mundo. La comunidad desarrollada se ha dado cuenta que los
problemas de alta fertilidad, deforestación y hambre no se pueden solucionar sin la plena
participación de la mujer.
Sin embargo, ellas no pueden participar plenamente con su trabajo o sus ideas creativas
mientras tengan cicatrices físicas y psicológicas que les deja la violencia.

Aún más, el abuso a la esposa, mutilación de los genitales y abandono son expresiones, en su
forma más cruda, de la condición inferior de la mujer. Ellas nunca encontrarán el valor que
necesitan para comenzar el cambio en un mundo que tolera la violencia en su contra.
Todas las formas de transgresiones contra la mujer deben ser condenadas y no sólo las más
obvias, como la violación. El concepto mundial de una sociedad justa sólo se realizará cuando
la conciencia social evolucione hasta reconocer que toda violencia contra la mujer está en
contra de los derechos humanos.
PLANIFICACION FAMILIAR - AMERICA LATINA
Barzelatto, José. Demografía. Desafíos del siglo XXI. Revista red de salud de las mujeres
latinoamericanas y del caribe /ISIS. p. 15-16.
Existe un reconocimiento creciente acerca de la íntima interrelación entre tendencias
demográficas, calidad de vida y status de la mujer. De ahí que la planificación familiar debe
estar inserta en los planes de desarrollo de los países, pero no pueden sustituirlos.
Así, el gran desafío en esta última década del siglo XX, es acelerar la evolución desde una
preocupación de planificación familiar con miras demográficas y enfoques predominantemente
médicos, a una meta más ambiciosa que es mejorar la salud reproductiva de América Latina.
En este contexto, salud reproductiva significa que la gente tiene la capacidad de reproducir y
regular su fertilidad; que la mujer es capaz de gozar su maternidad con el mínimo de riesgo
posible; que los hijos no sólo sobrevivirán, sino que también se desarrollarán en plenitud; y que
las parejas pueden disfrutar de su sexualidad sin temor a enfermarse.
Este enfoque no puede olvidar problemas críticos de la realidad del continente, como son el
aborto y la salud reproductiva de las adolescentes, lo que no puede plantearse basándose
exclusivamente en acciones médicas.
Es necesario desarrollar un nuevo marco conceptual, que sólo será posible si se produce un
avance significativo en tres frentes no médicos: a) aumentar la capacidad y la participación de
las ciencias sociales, para actuar con efectividad sobre el contexto socio-cultural en que operan
los factores biomédicos. b) posibilidad de que la mujer acceda al poder que le permita
comprender mejor sus necesidades en salud reproductiva y actuar en consecuencia, en
igualdad y en conjunto con el hombre, la familia, la comunidad y el poder político. c) promover
sociedades democráticas que respeten el pluralismo de valores y que desarrollen marcos
éticos y legales que sean apropiados a sus circunstancias.
Los programas de salud reproductiva deben y pueden seguir estas orientaciones. Sólo así
podrán responder a las demandas de mejorar la calidad de sus servicios que la sociedad les
impone.
PROSTITUCION – CHILE
Quintero Harvey, Ana María. La prostitución en Chile : Aproximación teórica y realidad.
Academia de Derecho. Universidad Diego Portales. (Santiago, Chile), Nº 2, octubre, 1993. p.
165-194.
Se plantea la necesidad de que exista una mayor preocupación respecto de la prostitución de
los adultos, y voluntad para actualizar su tratamiento penal, sanitario y policial, de acuerdo a
tendencias legislativas modernas.
En la antigüedad, la prostitución aparece como una actividad normal que no era sancionada ni
reprimida por parte del Estado. Sin embargo, esta situación cambia a medida que legislaciones
anteriores al siglo XIX empiezan a tener como categoría de delito el donde se
sancionaba todo acto sexual extramatrimonial debido a las ideas religiosas de la época. La
labor codificadora del siglo XX modifica el concepto, influenciado por el pensamiento de que el
derecho es distinto a la moral y este debe encargarse de reprimir los hechos que lesionen
gravemente los bienes jurídicos individuales o colectivos o que ponen en peligro un orden

social. Las tendencias modernas de la legislación penal indican que ésta debe permanecer
ajena a toda actividad libremente consentida por ambas partes. Por inmoral u obsceno que sea
el acto sexual realizado, si ha habido la concurrencia de voluntades al ejecutarlo, este debe
permanecer ajeno al ámbito del derecho penal. En la actualidad, el consentimiento de los
sujetos tiene prevalencia y excluye la posibilidad de sanción.
Doctrinariamente existen diversos regímenes con que el Estado puede enfrentar el problema
de la prostitución :
1) libertad de prostitución;
2) régimen prohibitivo
3) régimen abolicionista; y
4) régimen reglamentarista
Este último es uno de los sistemas más usados. Es la prostitución aceptada, pero con
reglamentación.
Se señala que el Código Penal chileno aborda el tema de la prostitución en los artículos 367,
373, y 595 Nº 5, pero sólo se refiere en forma directa a la prostitución de menores, sin
mencionar la prostitución de adultos. El Código Sanitario, en cambio, se refiere a ella, aunque
no reglamentándola como tal, sino a raíz de las normas que contempla acerca del tratamiento
de las enfermedades venéreas.
En España, a pesar de todos los intentos abolicionistas, existen medidas a través de las cuales
se ha introducido la práctica de la tesis prohibicionista. Estas funcionan como auténticas penas.
Se relaciona con la Ley de Peligrosidad Social de 1970 por la cual se pueden adoptar medidas
de seguridad de hasta 3 años de privación de libertad. Esto implica un alto grado de
arbitrariedad e inseguridad para las personas prostituidas, lo que implica el retroceso en todo el
planteamiento relacionado con la prostitución.
Para los tratadistas argentinos ,
posición que se ajusta con las tendencias modernas del tema.
Se estima que en Chile debería establecerse cual es la política criminal con la que se quiere
abordar el tratamiento de la prostitución. Si lo que se quiere es que ella no exista, se debe
armonizar todo el resto del sistema a este objetivo, para que de esta manera sea claro y los
distintos agentes involucrados sepan que hacer. No hay que establecer políticas sanitarias
paralelas, pero sí, preocuparse de que todo indique que la prostitución es considerada un
delito. Y en ningún caso, ocupar la represión a la prostitución como un medio de controlar
delitos asociados a ella, que lamentablemente es lo que ahora acontece en el país.
TRABAJO A DOMICILIO – MEXICO
Reynoso Castillo, Carlos.. Trabajo a domicilio en México. Boletín Mexicano de Derecho
Comparado. Nº 73, enero-abril, 1992. p. 111-133.
En el mundo de las relaciones laborales se puede constatar una vertiginosa evolución no sólo
en la importancia cuantitativa de éstas desde un punto de vista económico y su aporte en el
producto nacional, sino también en la cada vez mayor cantidad de modalidades que asumen
tales relaciones laborales.
Se afirma que parte de la problemática que enfrenta el derecho laboral contemporáneo la
constituye el intento por parte del legislador, de ampliar de manera constante el campo de
aplicación de las normas laborales -en el caso de México, de la Ley Federal del Trabajo-. El
reflejo de esta actitud legislativa ha sido la incorporación de capítulos especiales a la ley, con el
que se busca regular situaciones en las que si bien existe una relación laboral, ésto no
presenta nítidamente las características propias de una relación típica ; tal es el caso del
'trabajo a domicilio' (TAD), cuya importancia creciente se está dando también en otras latitudes.
La legislación no da una definición clara de lo que debe entenderse por contrato de TAD. Sin
embargo, el artículo 312 hace referencia a una modalidad en que este contrato puede
presentarse, señalando que El convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u
objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y
posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante,
constituye trabajo a domicilio . Por su parte, el artículo 311 dispone que trabajo a domicilio es el

que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local
libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo
Se señala que la doctrina se ha centrado en precisar las dificultades que TAD presenta para
identificar la subordinación característica de las relaciones de trabajo, lo cual ha permitido a
algunos autores señalar que se trata de un tipo de trabajo autónomo y sólo parcialmente
comprendido en el derecho del trabajo.
A su vez, el TAD enfrenta ciertas dificultades al presentar rasgos propios de un asalariado o de
un contratista independiente. De ahí la necesidad de precisar la actitud de la ley frente a otras
figuras jurídicas semejantes y a veces coexistentes como la subcontratación, el artesanado
tradicional y los intermediarios.
Aparte de la conveniencia de celebrar el contrato de TAD por escrito y la ausencia de
restricciones de los empleadores y señalando las tareas de las autoridades -concretamente de
la Inspección del Trabajo-. Entre estas se incluirían el hacer respetar las normas relativas a la
seguridad e higiene y establecer sanciones en caso de incumplimiento. Si el empleador no
proporcionara los materiales y útiles de trabajo en las fechas convenidas, o no pagara los
salarios, la legislación mexicana establece el derecho del trabajador a una indemnización
especial denominada por tiempo perdido.
Se plantea que el análisis del TAD enfrenta una serie de obstáculos que tienen origen en las
dificultades de su identificación. Se trata de un fenómeno cuyas dimensiones cuantitativas son
difíciles de precisar, aunque su impacto sobre el empleo y la economía resulta innegable.
TRIBUNALES DE FAMILIA – ARGENTINA
Velazco, José Raúl. Tribunales de Familia: un nuevo aporte. Revista Jurídica Argentina La Ley.
1991-E. p. 1494-1499.
Señala que hace años en Argentina se propugna la conveniencia de proveer al Poder Judicial
de tribunales especializados en materia de familia.
Desde distintos ámbitos, se ha enfatizado acerca de la necesidad de dotar a este poder del
Estado de organismos especializados, que permitan decisiones ágiles, eficientes y específicas
de los asuntos de familia.
En fecha reciente, el Congreso Nacional argentino ha recibido tres proyectos sobre la materia,
que constituyen un notorio avance respecto de la legislación actual.
La intención de mejorar los organismos encargados de administrar justicia en el campo del
derecho de familia, data de la primera mitad del presente siglo. A partir de la década de 1930,
diversos países crean organismos especializados destinados a resolver la complicada
problemática familiar, o consagran en sus cartas fundamentales normas tutelares de la familia.
De acuerdo a la experiencia sobre la materia, se estima que los tribunales de familia deben
reunir determinadas características, para arribar a soluciones justas y equitativas en los
conflictos familiares. Ellas son:
a) Especialidad de sus miembros: es menester que quién deba dar solución a un problema de
índole familiar sea un experto en la disciplina o rama del derecho correspondiente.
b) Colegialidad del órgano judicial: un tribunal colegiado permite que sus miembros deliberen
acerca de la conveniencia de adoptar una u otra solución con notorio beneficio para los
afectados.
c) Unica instancia: la doble instancia atenta contra la seguridad del fallo dictado por el juez que
razonó con las partes y adoptó la solución más conveniente para el grupo familiar.
d) Cuerpo auxiliar de asesores: por tratarse de procesos en que se analizan conductas
humanas, es menester que estos tribunales posean un cuerpo asesor integrado por
especialistas en las disciplinas necesarias.
e) Instancia conciliatoria: el magistrado debe intentar en todo asunto sometido a su decisión,
conciliar a las partes.
f) Principio de inmediación procesal: El juez debe estar en directo contacto con el proceso, en
especial con las partes, para llegar a una correcta solución del conflicto.
g) Impulso procesal de oficio: para una acabada comprensión del asunto, es menester que el
juez esté facultado para ordenar el procedimiento, adecuándolo si es necesario.

h) Oralidad de las actuaciones: la inmediación sólo es posible a través de la oralidad. Ella
permitirá al juez cumplir con su obligación de arbitrar la conciliación de las partes.
Concluye que todas estas importantes características guardan estrecha interdependencia
siendo por ende necesario, que se reúnan todas ellas en un tribunal de familia para conseguir
un idóneo sistema de solución de conflictos familiares.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Weinstein, Soledad. Apuntes sobre la violencia cotidiana. En: La mujer ausente. Derechos
Humanos en el mundo. Isis Internacional. Ediciones de las Mujeres. (Santiago, Chile), Nº 15,
1991. p. 190-116.
Dada la importancia que ha asumido la mujer como actor social, el tema de los derechos de la
mujer ha cobrado gran importancia y ha sido ligado fundamentalmente a los conceptos de
ciudadanía, participación política, acceso a la educación, acceso y equidad en el empleo, entre
otros.
En este ámbito, se ha constatado que la discriminación en contra de la mujer es uno de los
grandes obstáculos para la promoción de sus derechos y que, frecuentemente, la situación de
discriminación da origen a relaciones de subordinación y dominación donde la violencia es
asumida como una forma de ejercer el poder.
Esta violencia puede ser analizada como un patrón de relaciones opresivas cuyo referente se
sitúa en la estructura social, pero se extiende y reproduce al interior de la familia y a otros subsistemas
sociales.
Existe una estrecha relación entre el grado de violencia institucionalizada en un sociedad y la
presencia de un modelo patriarcal que impone determinadas relaciones de jerarquía y
dominación, donde la mujer es ubicada en una posición inferior.
Esta jerarquización podría situarse históricamente en el momento en que las familias dejas de
ser autosuficientes, comienzan a producir excedentes, se insertan en una organización social
mayor y se establece la división sexual del trabajo.
Al separar la producción de bienes, de la reproducción y cuidado de los seres humanos, se
genera un mundo público y uno privado, con una connotación valórica y jerárquica específica
asignada a cada uno de los sexos. Se confina a la mujer al mundo privado y al hombre se lo
sitúa en la posición superior ligada al mundo público.
La violencia es uno de los mecanismos de control social que tienden a mantener el esquema
de autoridad patriarcal, sustentado por la distribución de tareas y, en el cual prima el criterio de
la desigualdad entre los sexos.
La legitimidad de este esquema descansa en la construcción de parámetros dicotómicos de la
masculinidad y la femineidad, y a los cuales se asocia la fuerza a la superioridad e identidad
masculina y la necesidad de protección y debilidad a la identidad femenina.
A medida que se empezar a entender la violencia como una forma de control, se incorporarán
al análisis los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos que posibilitan explicar la
violencia estructural, y reflexionar en torno a las actividades y conductas de los actores
involucrados en una relación violenta.
Así, se ha comenzado a cambiar la visión dicotómica de lo público y lo privado. Los problemas
de la mujer -como la violencia- ya no son considerados como meros asuntos privados, sino
como problemas que competen a la sociedad y a las instituciones que la componen, entre
ellos, la familia donde se reproducen las relaciones jerárquicas entre los sexos.
Gracias al esfuerzo de las propias mujeres y a través de algunas Resoluciones de las Naciones
Unidas se ha logrado involucrar los derechos de éstas con los derechos de la humanidad.
VIOLENCIA DOMESTICA – MUJERES

Montecinos A. Sonia. (Antropóloga, Escritora). Símbolo Mariano y la Constitución de la
Identidad Femenina en Chile. Estudios Públicos. (Santiago, Chile), Nº 39, Irregular, p. 283-290.
Desde que el protagonismo de la mujer hizo su entrada en el escenario nacional clamado por
reivindicaciones propias, la pregunta sobre la identidad de la mujer chilena surgió como un
enigma a resolver.
Ahora bien, el símbolo mariano constituye en Latinoamérica una fuente de identidad popular,
genera una identidad de origen. El núcleo primario del mestizo latinoamericano fue el de una
célula madre con un padre ausente incluso desconocido. Si en el espacio de la cosmovisión y
en el de la vida social una figura femenina domina el ethos latinoamericano, no es extraña la
instalación de la Virgen-Madre como símbolo de identidad.
El ethos mestizo hiperboliza lo materno lo que dificulta el pensarse y asumirse como mujer u
hombre. La imagen del varón queda escindida: como padre representa un papel ritual; como
hijo, una relación personal que tiene como único punto de referencia a la madre. La mujer
adscrita a la identidad de Madre, asumirá la protección, la subsistencia, el afecto de los hijos.
Hoy día, ser esa Madre es una ardua y tensionante labor sobre todo para la mujer que trabaja
fuera del hogar entre su realización externa y esa fuerza atávica que la ancla a lo maternal de
su ser femenino. El punto de partida de nuestra cultura ha dejado su impronta en el cuerpo y en
la psíquis de la mujer.
Saber lo que somos realmente y no los mitos que creamos para poder proyectarnos y poseer
por fin una identidad de destino es una tarea urgente. Así podríamos iluminar lo vago que
aparece el sí mismo nacional, y alumbrar los proyectos de cambio en nuestra actual coyuntura.
VIOLENCIA FAMILIAR – ARGENTINA
Amado, Ana María. Argentina: Expulsión del Hogar a Golpeadores. Mujer-Fempress. (Santiago,
Chile), Nº 117, Julio, 1991. p.3.
Por unanimidad el Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto "Ley
de la Mujer Golpeada". La norma establece que el juez, inmediatamente producida una
denuncia y luego de indagar al acusado, tiene la posibilidad de excluir del hogar al golpeador.
El proyecto, que espera ahora una sanción de Diputados que se anticipa inmediata, protege a
la esposa, la concubina, la madre o la abuela del golpeador; también a los hijos y a los
parientes que viven bajo el mismo techo. Al establecer una exclusión cautelar, evita una espera
cuyos riesgos recaían sobre la golpeada; hasta ahora para sacar al golpeador del hogar, había
que esperar la terminación del juicio civil.
Entre los fundamentos se especifica que el propósito es brindar a los jueces penales
herramientas procesales necesarias para disponer la exclusión o la prohibición del ingreso al
hogar del agresor, en tanto medidas cautelares, es decir, para implementar "cuando las
circunstancias del caso y las personas lo justifiquen". Se explica también que, una vez que
desaparezcan las razones que obligaron al juez a adoptar la medida de expulsión, si él mismo
lo considera conveniente, podrá disponer su levantamiento. Así, estas normas se centran en
aspectos preventivos y de reeducación, porque una vez que el agresor esté resocializado,
podrá volver al hogar.
Las vías legales que actualmente tiene la mujer golpeada cuentan con dos instancias: la mujer
recurre a la comisería con jurisdicción donde fue golpeada, o hace la denuncia en la Cámara
Penal que sorteará al juez que intervendrá en el caso Inmediatamente es revisada por los
médicos forenses, quienes determinan la magnitud de las lesiones. Luego, se toma
declaración, como imputado o procesado, al agresor. Es en este momento en que actuarán las
nuevas medidas.
La continuidad de este procedimiento es menos fluida, a causa de los inconvenientes
probatorios de los "delitos privados". Y ésta es una cuestión cuyas contradicciones no terminan
de resolverse, a pesar de las leyes. Si no hay testigos, la causa es sobreseída
provisionalmente o archivada; sólo se puede actuar si hubo antecedentes de otras agresiones,
denuncias hechas en comisarías, testigos. Uniendo todo esto se pueden tener resultados.
Desde esta perspectiva se estaría en el famoso punto ciego de la legislación: el de la prueba,
con lo cual hasta cabría lamentar el hecho de que los golpeadores -al igual que los violadoresnunca
cometen sus actos de agresión en público.

VIOLENCIA FAMILIAR – CHILE
Larraín, Soledad en : El malestar silenciado, la otra salud mental. Violencia Familiar: Caminos
de Prevención. Isis Internacional, Ediciones de las Mujeres. (Santiago, Chile). Nº 14, 1990. p.
117-125.
La violencia familiar es tan antigua como los orígenes de la familia. No obstante sólo en las
últimas dos décadas se denuncia como algo negativo y se buscan formas de sanción social.
Ahora es necesario encontrar caminos de prevención, posibles de implementar mediante
políticas institucionales que se coordinen y potencien con las iniciativas de la sociedad civil, en
especial, con las de organizaciones de mujeres.
Se dice que existe violencia familiar cuando en un grupo social doméstico que debiera
mantener una situación de amor y protección, una persona más débil que otra es víctima de un
abuso psíquico o físico ejercido por esa otra; y que al no haber recursos de control social que
regulen e impidan esa práctica, ésta tiende a repetirse.
Chile no está liberado de dicha violencia. Algunos estudios parciales permiten señalar la
masividad del hecho y obtener datos cualitativos para avanzar en la formulación de políticas.
Las investigaciones existentes concuerdan en que existe una estrecha relación entre ingesta
de alcohol y violencia, y que es frecuente que esté asociada a problemas del agresor
provocados por precarias condiciones de vida. Sin embargo, la violencia cruza todas las clases
sociales y afecta indistintamente a cualquier miembro de la familia.
Los primeros estudios sobre la violencia intentaban observarla desde una perspectiva
individual, adjudicándole a las mujeres golpeadas una serie de características que parecían
justificar la acción del agresor. Más tarde, con el surgimiento del movimiento feminista,
comienza a ser planteada como un reflejo de la estructura de poder de la sociedad.
Actualmente, la violencia familiar es entendida como una conducta con un propósito
determinado y que está sustentada por una trama de estructuras sociales que refuerza una
cierta forma de organizar la familia.
Entre las características estructurales de las familias con una interacción violenta, se observa
una organización jerárquica fija e inamovible basada en creencias de desigualdades naturales,
falta de autonomía y diferenciación entre sus miembros, y una comunicación de los significados
de las acciones tan distorsionadas, que el abuso se visualiza como positivo y legítimo.
La Organización Panamericana de la Salud señal que la violencia doméstica y maltrato contra
la mujer es una de las áreas prioritarias programáticas para los años 91-94.
Se afirma que una política de prevención de la violencia familiar debe dirigirse al conjunto de la
población a través de sus organizaciones, para lo cual se necesita una política activa de
fortalecimiento de las redes sociales.
Se señala que un programa de prevención debe estar inserto en esa política comunicacional, la
que tendrá que generar una conciencia colectiva sobre los problemas de discriminación y de
desigualdad femenina, incluyendo la capacitación de los agentes sociales que tienen contacto
con la mujer golpeada y la implementación de políticas de capacitación y empleo.
Debe contemplarse, además, un conjunto de reformas legales y de políticas sociales que
comprometan a la sociedad y a un grupo de ministerios y servicios, que deberían ser
coordinados para estos efectos, por el Servicio Nacional de la Mujer.
Se afirma que ha llegado el momento de hacer visible aquello que una supuesta naturalidad ha
mantenido invisible como la validación de la perpetuación de los estereotipos sexuales, base
del sustento de la violencia familiar, y se inicien políticas de prevención efectivas para eliminar
las relaciones de violencia dentro del grupo familiar.