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Para algunos, el principio de precaución podría convertirse en una
patente de corso para que los funcionarios se nieguen a autorizar ciertas
actividades industriales o a paralizar otras en ejecución, en virtud del
principio que permite tomar medidas, aun sin la certeza absoluta de
información. Pero esto sería así si la aplicación del principio de precaución
no estuviera sujeta al cumplimiento estricto de otros principios como son: el
de fundamentar la decisión denegatoria, el acceso a la información evaluada,
la participación en el proceso, el apego al debido proceso de ley y de
revisión, entre otros.
Aunque apelar a la precaución es hoy día es una necesidad, puede
resultar arbitrario siempre que los funcionarios públicos o las autoridades
apelen al mismo para rechazar o postergar decisiones, como, por ejemplo, la
expedición de una autorización administrativa para el inicio de actividades
industriales sobre la base de la falta o ausencia de información acerca de la
introducción al territorio nacional de la sustancia, elemento o factor, sin la
debida realización de un estudio de impacto ambiental, o una evaluación de
riesgos que permita justificar dicha negación. Es por ello que solamente el
debido apego a los procedimientos, principios y mandatos legales, junto a
una ponderada evaluación ambiental previa, aseguran un uso adecuado del
principio.
Este principio, que se aplica amplia y constantemente, sólo cede al
ponderarse los resultados del proceso de investigación científica. Es
perfectamente conocido que la industrialización, o mejor dicho la introducción
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