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y defensa de sus derechos, artículo 2 de la Constitución de la República, lo
cual se concreta en la creación de mecanismos jurisdiccionales, así como
órganos con características similares.
El órgano judicial y el proceso son en su orden un mecanismo
establecido a nivel constitucional para realizar esa labor de tutela; y la
acción por su parte es concreción de ese derecho a la protección, para este
caso jurisdiccional de los derechos.
Y es que la acción no es más que la manifestación de unas posibles
vertientes de ese derecho a la tutela, ya que específicamente hace referencia
a accionar poner en funcionamiento a uno de los órganos encargados de
realizar dicha función y acceder al mecanismo diseñado para tal efecto; sin
hacer referencia a un acto y desplazamiento concreto de dicho órgano; es
decir sin eliminar el ámbito subjetivo y la actividad especifica que se requiere
para realizar la protección.
Con todo lo anteriormente expuesto no se puede calificar al amparo
como una simple acción ya que ello no singulariza o cualifica los elementos
que la configuran concurren en todo supuesto en que se requiera la actividad
jurisdiccional, independientemente del tipo de proceso que se pretenda
iniciar; es decir que no se encuentran vinculados y por lo tanto concurren
invariablemente con el mecanismo escogido para lograr que el ente
jurisdiccional actué, ni con el ámbito concreto de tutela que se requiere.
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