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DERECHO PENAL DEL TRABAJO: LINEAMIENTOS BÁSICOS
PARA SU COMPRENSIÓN.
Por: Julián R. Lescano Cameriere, Diego J. Tula *
“Cuando el Derecho laboral es ineficaz para conservar inalterable el
orden jurídico de las relaciones de trabajo, viene en su auxilio el Derecho
penal con sus sistemática dominadora, rígida, inexorable”.
Trueba Urbina, A: “Derecho Penal del Trabajo”, México, 1948.
I. Introducción / II Antecedentes / III. Concepto / IV. Sujetos / V.
Autonomía vs. Dependencia / VI. Fundamento de la protección penal / VII.
Contenido y regulación jurídico – legal / VIII. Conclusiones.
I.- Introducción
Las múltiples y complejas relaciones entre las partes: Estado, empresa,
trabajadores, sociedad, hace que se establezca toda una trama de vinculaciones,
cuyas violaciones obligan la intervención del poder punitivo estatal.
De esta manera, la inmersión de las normas del Derecho Penal en otras
ramas de la ciencia jurídica dio lugar a lo que hoy día conocemos como
“Derecho Penal Tributario”, “Derecho Penal Económico”, etc.
Nos toca en esta oportunidad referirnos al Derecho Penal del Trabajo.
No pretendemos en éstas líneas construir una sistematización orgánica de la
disciplina en estudio, sino simplemente acercarle al lector los conceptos básicos
que engloban esta rama especial.
* Los autores se desempeñan como Juez y Secretario del Tribunal de Trabajo nº1 de San
Isidro.
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II.- Antecedentes
Es frecuente encontrar opiniones que ubican los antecedentes inmediatos
de esta nueva disciplina en la época moderna, con el advenimiento del
derecho de trabajo propiamente dicho, estableciéndose una serie de sanciones
penales de carácter laboral.
Sin embargo, desde los comienzos mismos de la historia del derecho
pueden hallarse vestigios de la incriminación de conductas laborales. El código
asirio-babilónico, anterior en casi veintidós siglos a la era cristiana, el código
hindú (trece siglos antes de Cristo) y el derecho hebraico traen datos al
respecto. 1
En Roma, atento la naturaleza que revestía el derecho del trabajo (debido
ello al carácter que ostentaban los asalariados-esclavos) no existen atisbos
de esta disciplina.
En la Edad Media, el auge de las comunas hacía que se multiplicaron
las penas laborales. Más precisamente en Italia los estatutos respectivos
legislaban sobre trabajo y sancionaban su incumplimiento, logrando en los
hechos un cuerpo normativo que regulaba acciones penales de carácter
laboral. 2
No fue sino hasta mediados del siglo XIX –con el surgimiento del movimiento
sindical- donde se hizo patente la figura del Derecho Penal del
Trabajo. En un interesante trabajo Arese señala que en Inglaterra se sancionó
penalmente el delito de conspiracy cometido al incurrirse en una coalición
obrera, hasta su abolición en 1894. El delito de piquetear (picketing) persistió
hasta 1875 para quedar reducido a los actos violentos. En Francia, por su
parte, se registra hasta su derogación el derecho de coalición y de huelga en
1864. 3
Indica el citado autor que en nuestro país la organización sindical fue
perseguido con políticas represivas que utilizaron la penalización como
recurso frecuente. En 1902 con la ley 4144 de Residencia, la actividad laboral
colectiva fue objeto directo de represión penal. El gobierno militar mediante
la sanción del Decreto 9/76 suspendió la actividad sindical y el derecho de
huelga (ley 21.261), interviniendo distintas agrupaciones de trabajadores. En
el año 1976 se sancionó la ley 21.400 que creaba numerosos tipos delictivos
laborales (instigación a la huelga y al lock out, incumplimiento de la conciliación
laboral , despido por detención ilegal, entre muchos otros).
Nuestro Código Penal posee un capítulo relacionado con el tema, al
cual denomina “Delitos contra la libertad de trabajo y asociación”, donde se
tipifican la compulsión ilícita a la huelga o al “boicot”, al “lock out”, la competencia
desleal y la compulsión a asociarse, o a abandonar a una sociedad
obrera o patronal.
En lo que hace al derecho comparado, en la actualidad el Derecho
Penal Laboral integra casi todas las legislaciones de los países desarrollados,
tendiendo a dar la más amplia protección al trabajador, al empresario y
a la sociedad. El Código Penal Español, entre muchos otros, dedica un título
específico a los “Delitos contra los derechos de los trabajadores”.
Cabe preguntarse en orden a esta cuestión si el art. 158 del Código
Penal Argentino resulta en la actualidad suficiente para regular el amplio
escenario que abarca la disciplina que tratamos.
III. Concepto
Autores clásicos españoles e italianos han ensayado distintas definiciones
del Derecho Penal Laboral. Para Pérez Llenero es “el conjunto de normas
jurídico-laborales que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado
conectado con el delito laboral como presupuesto, la pena laboral como consecuencia
jurídica”. 4 Vanini encara el concepto desde dos aspectos: en sentido
lato y en sentido restricto. Desde este último punto de vista lo ha conceptuado
como “un conjunto de normas jurídico-penales dirigidas a tutelar la
economía pública a través de la discriminación de actividades que tiendan a
alterar arbitrariamente las relaciones entre el capital y el trabajo, así como el
1 Gatti, T, “Sviluppo storico del Diritto penale del lavoro”, en Giustizia Penale, 1936, 3ª parte, 2ª
de la 5ª serie, fasc. 9.
2 Gatti, T., “Il Diritto penale del lavoro negli statuti italiani dei secoli XII-XVI”, en rev. Dir. Del Lav.,
1937, I, págs. 231 y sgtes.
4 Pérez Llenero, “Derecho penal del trabajo español”, separata del Anuario de Derecho Penal y
3 Arese, Mauricio C., “Derecho penal del trabajo y de la seguridad social”, D.T. 2005-A, p. 431. Ciencias Penales, Madrid, 1949, p. 6
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orden y la disciplina de éste, con el consiguiente peligro o daño para la marcha
normal de la producción”; y en sentido lato se refiere a “la esfera del
Derecho Penal común del trabajo y a las normas relativas al Código Penal
(como la suspensión de los servicios o el abandono individual o colectivo del
trabajo en el ejercicio de un servicio público o de necesidad pública), así
como las reglas jurídicas esparcidas en leyes especiales que consideran la
obligación de disciplina”. 5
Más cerca, ya en la etapa contemporánea, Baylos Grau y Terradillos
Basoco señalan que se trata de delitos previstos por el Derecho Penal que
se refieren a hechos que afectan el ordenamiento jurídico de la libertad de
trabajo, y las garantías y la convivencia dentro del proceso económico industrial,
que puede producirse en virtud de disposiciones de la propia legislación
del trabajo, que prevén sanciones penales para el caso de incumplimiento de
las obligaciones de hacer o de no hacer, las cuales revisten carácter imperativo.
6 Arroyo Zapatero lo define como el conjunto de preceptos penales creados
para garantizar la efectividad de las normas declarativas y ordenadoras
destinadas a tutelar a los trabajadores. 6a
En nuestra doctrina nacional, Krotoschin entiende como Derecho Penal
a “todo el conjunto de normas jurídico-penales, de carácter represivo, destinadas
a defender, en primer término, el orden jurídico-laboral público contra
actividades individuales que alteren arbitrariamente ese orden”. Al igual que
Vannini, también lo considera en sentido amplio y en sentido estricto. En el
primero se involucran los delitos dirigidos contra la política económica y
social del Estado (huelga, lock-out, boicot, etc); en el segundo se comprenden
las violaciones contra normas del Derecho administrativo laboral, que si
son delitos no es por contrariar la política estatal, sino por no observar la disciplina
establecida en el propio interés de los afectados. 7
Derecho Penal del Trabajo responden a las distintas realidades que les tocó
vivir a cada autor, conforme los sistemas políticos y normativos imperantes.
Y ello así debido a las grandes tensiones y mutaciones que registraron (y aún
continúan haciéndolo) las dos disciplinas que engloban nuestra materia: el
Derecho Penal y el Derecho Laboral.
IV. Sujetos
Los sujetos en el Derecho Penal y, por consiguiente, en el Derecho
Penal Laboral, pueden ser activos o pasivos, según sean víctimas o victimarios
(abarcando en consecuencia tanto la actuación del empleado y del
empleador –en el aspecto individual- como así también de las empresas y
sindicatos –en el orden colectivo-).
La persona humana no tiene, en punto a responsabilidad, mayores problemas.
En cambio la cuestión ha suscitado grandes polémicas en lo que
hace a la imputación de responsabilidad de las personas jurídicas y los criterios
para determinar si son responsables por los hechos cometidos. Excede
el objeto de este trabajo adentrarse en tal discusión, aunque cabe manifestar
que la mayoría de la doctrina se inclina por aceptar la responsabilidad
penal de aquellas. 8
8 En un fallo reciente, se discutió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicha cuestión
(F 572 XL, Fly Machine S.R.L. s/ rescurso extraordinario). La sala I de la Cámara Nacional de
Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la Dirección General de Aduanas al sostener
“...la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan ser sujetos pasibles de la aplicación de
sanciones en sede judicial por la comisión de un delito determinado, en el caso, tentativa de contrabando
documentado. Esta interpretación –indica- surge del criterio expuesto en los fallos
De la lectura de estas líneas puede advertirse que las definiciones del
305:246 y, asimismo, consideró que la irresponsabilidad penal de los entes ideales encuentra
sustento en el principio “societas delinquere non potest” en la medida que el delito es una manifestación
humana que sólo puede ser atribuida a una persona física. Sin embargo, como consecuencia
del principio de la “doble jurisdicción” en materia de contrabando que la Corte reconoció,
incluso, con posterioridad al precedente citado, la Cámara no descartó la posibilidad de san-
Vanini, O, “Diritto penale del lavoro”, en Trattato di Diritto del lavoro de Boris-Pergole, T. 4,
5
cionar a la sociedad una vez juzgado y eventualmente condenado Gerardo González, en orden
págs. 271 a 273.
al delito que se le imputa por su conducta como socio gerente de “Fly Machine S.R.L.”, con las
6 Baylos, Antonio y Terradillos, José, “Derecho Penal del Trabajo”, Trotta, Madrid, 1998, p. 31.
penas o medidas de seguridad contempladas en los artículos 876, apartado 1, inc. g) e i), 887 y
6a 888 del Código Aduanero, de carácter accesorio a la pena privativa de libertad previamente
Arroyo Zapatero, Luis, “Manual de derecho penal del trabajo”, Barcelona, 1988, p. 10
impuesta”. El Superior Tribunal, por mayoría, resuelve rechazar el recurso por cuestiones formales,
pero la cuestión ya se halla instalada en los estratos superiores de la Corte 7 Krotoschin, E., “Instituciones de Derecho del Trabajo”, Bs. As., 1937, T. II, págs. 305 y 306 Suprema.
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V. Autonomía vs. dependencia
Se discute si esta nueva disciplina debe ser considerada como derecho
autónomo o forma parte del Derecho Penal o Laboral.
En la doctrina mexicana, Trueba Urbina indica que “...igualmente puede
hablarse del Derecho Penal del Trabajo, con características de autonomía,
en cuanto tutela concretamente el orden jurídico y la disciplina en las relaciones
laborales”. Señala asimismo que “...es disciplina derivada del Derecho
penal y del Derecho laboral, cuyos postulados de carácter económico-social,
en correspondencia, se mezclan armónicamente; como consecuencia de
esta euritmia jurídica se forma el Derecho penal del trabajo, a manera de un
tertium genus entre uno y otro, pero sin que esto presuponga hasta ahora
autonomía científica”. 9 Para De Litala no constituye tampoco una ciencia
autónoma del Derecho, pues para ello le faltan los requisitos propios; pero
puede estimarse como una parte especial de la rama más vasta de la ciencia
del Derecho, tanto del Derecho penal como del laboral. 10
Por el contrario, Cabanellas considera que configura un Derecho autónomo.
11
Mariano Tissembaum supo advertir también respecto de un lazo cada
vez más cercano entre ambas instituciones, al incluir en el derecho laboral
normas criminales destinadas a asegurar su tutela. 12
Por nuestra parte nos permitimos afirmar que quizás resulte algo apresurado
hablar del Derecho Penal del Trabajo como una rama desligada (vale
decir, con plena autonomía científica) respecto de aquellas que la componen.
Sin embargo, la cuestión se encuentra ya instalada en el campo doctrinario,
cuyo debate seguramente enriquecerá las conclusiones que de él se desprendan.
VI. Fundamento de la protección penal.
El fundamento de la protección penal radica en el propio carácter de las
normas laborales como normas que requieren un sistema reforzado de sanciones
para prevenir su ineficacia.
La desigualdad negocial inicial y el estado de hiposuficiencia económica
en que se encuentra la parte más débil de la relación subordinada, trae
consigo aparejada la sanción de normas de carácter indisponible e irrenunciables.
Sin embargo, la desigualdad subsiste y con ella el riesgo de la ineficacia
de la tutela legal y colectiva. Señala Treviño Ghioldi 13 que frente a este
riesgo resultan en principio insuficientes las sanciones civiles de carácter restitutorio
o resarcitorio, entre otras razones porque cuando más débil es la
posición contractual del trabajador, más grave suele ser el incumplimiento y
más probable la reacción individual frente al mismo. Y es justamente la sanción
aflictiva la que permite hacer inviolable la imposición de restablecer
moralmente la situación anterior a la violación o, desde una perspectiva
menos retributiva, prevenir el incumplimiento a través de una intimidación eficaz.
VII. Contenido y regulación jurídico-legal.
Señala Ferreirós que antiguamente se solía abordar el tema con el nombre
de Derecho Penal Social, definiéndolo como un conjunto de normas jurídico-penales,
de carácter represivo, destinadas a defender el orden jurídico
laboral público contra actividades colectivas que alteren arbitrariamente ese
orden. Así, se hacía referencia a la huelga, al “lock out”, al obstruccionismo,
a la ocupación de fábricas, al trabajo a desgano, al sabotaje, etc. 14
Sin embargo, indica la autora citada, que el campo que limitaba en
aquel entonces a esta rama se vio expandido tanto al aspecto “individual” de
la disciplina laboral (comprometiendo en estos casos al trabajador en su
9 Trueba Urbina, A., “Derecho penal del trabajo”, p. 29, México, 1948.
10 De Litala, L, “Diritto penale del lavoro e della pubblica economía”, p. 36, Turín, 1939.
11 Cabanellas, G., “Tratado de Derecho laboral, T, II, p. 441, Bs. As., 1949.
12 “Derecho Penal del Trabajo”, Ec. Botas, México, 1946, citado por Chacón, Nelson, “Los
aspectos penales de la legislación del trabajo”, XI Congreso Internacional del Derecho
Comparado, Caracas, Venezuela, 1987.
13 Treviño Ghioldi, Susana: “El acoso sexual en el marco del Derecho Penal del Trabajo”,
ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, Córdoba 1 y 2 de junio de 2006.
14 Ferreirós, Estela M., “El Derecho Penal del Trabajo”, Errepar, DEL – Nº 216, Agosto/03, T.
XVII, p. 721. Destacamos que la jurista dirigió en el año 2004 un curso de postgrado sobre la
materia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
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actuación personal), como así también hechos derivados de la conducta antijurídica
cometidos por el empleador.
Citando a Terradillos Basoco, Ferreirós expresa que “...resulta pacíficamente
admitido que, en lo atinente a los aspectos penales, la existencia de
comportamientos ilegales en el seno de la empresa se debe no a la eventual
predisposición personal de cada individuo, sino a factores estructurales,
como la división del trabajo, las relaciones jerárquicas o el sistema normativo
interno. No olvidemos que la distribución fragmentaria de tareas y objetivos,
reforzada en el contexto general de la organización a través de mecanismos
de premios y castigos, del estímulo económico, de la promoción o de
la remoción, puede crear condiciones objetivas que favorecen el desprecio
por la norma. A ello se suma, en la actualidad, la descentralización del proceso
de toma de decisiones, que provoca aminoración de la responsabilidad
individual sobre los efectos finales. A la vez, siendo el Derecho del trabajo un
ámbito normativo protectorio, no faltan ocasiones en las que los empleadores
intentan huir del mismo, y no siempre los caminos elegidos son acordes
con los comportamientos legales exigidos por el ordenamiento jurídico en su
totalidad”. 15
Se advierte, pues, el gran espectro que comprende la materia en estudio,
no viéndose ya limitada (como lo era en el siglo pasado) a cuestiones de
orden colectivo que comprometían necesariamente el obrar ilícito de las
agrupaciones sindicales.
En esta línea de pensamiento pueden ordenarse las reglas de un
Derecho Penal del Trabajo, continuando la división tradicional del Derecho
del Trabajo, hablándose entonces de un derecho penal laboral del trabajo en
el plano individual, un derecho penal laboral en las relaciones colectivas del
trabajo y un derecho penal de la Seguridad Social.
• Derecho (Individual) Penal del Trabajo.
Existen en este plano una gran cantidad de temas que pueden ser abordados.
Así, por ejemplo, cabe mencionar los delitos contra las personas con
motivo del contrato individual del trabajo (en lo que hace a su integridad física);
los atentados contra la integridad sexual y/o moral en los que actúa la
relación de dependencia como ámbito comisivo de delitos, la protección del
derecho a la intimidad de los trabajadores y las facultades del empleador de
fiscalizar el correo electrónico de sus empleados (en tanto delito vinculado a
la libertad personal del trabajador); la violación del secreto en bancos personales;
la renuncia como consecuencia de la invocación de un delito que el
empleador promete no denunciar; las protecciones penales del patrimonio
del trabajador (retenciones o apropiaciones ilegales, admisión fraudulenta de
aportes, abuso de firma en blanco, vaciamiento de la empresa, etc.); la protección
penal de los derechos de los trabajadores en materia de riesgos laborales;
la imputación de responsabilidad penal para directivos de empresas
por la comisión de delitos culposos de sus subordinados, la penalización y/o
la aplicación de sanciones por trabajo no registrado, indebidamente registrado
u otras infracciones derivadas de la relación de empleo, entre muchos
otros.
A) En nuestro país contamos con normas de orden nacional e internacional
que hacen a la protección de la correspondencia 16 (y su consecuente
inviolabilidad). Así, el artículo 18 de la C.N. reza: “...El domicilio es inviolable,
como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y
una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse
a su allanamiento y ocupación”. Por su parte la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece en el art. 11 que “toda persona tiene derecho
al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia...”. La Constitución de la
Provincia de Buenos Aires en su art. 19 inc. 12 indica: “Todas las personas
en la Provincia gozan de los siguiente derechos conforme a las leyes que
reglamentan su ejercicio...inc. 12: al secreto de los papeles privados, la
correspondencia, las comunicaciones telegráficas y telefónicas y las que se
practiquen por cualquier otro medio”. Por último el art. 153 del Código Penal
16 Debemos señalar que la jurisprudencia viene estableciendo que el término “correspondencia”
previsto en el art. 18 de la C.N. resulta abarcativo del correo electrónico (CNCrim. y Correc., sala
IV, s. 15/11/2004; CNTrab., sala X, s. 14/11/2003, “Villaruel Roxana, c/ Vestiditos S.A. s/
Despido”, CNTrab., sala VII, s. 27/3/03 “Pereyra, Leandro R. c/ Servicios de Almacén Fiscal Zona
15 Ferreirós, Estela M, ob. cit. nota 12, p. 722. Franca y Mandatos S.A.”
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dispone: “Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que
abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico,
telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, o se apoderare
indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel
privado, aunque no esté cerrado, o suprimiere o desviare de su destino una
correspondencia que no le esté dirigida. Se le aplicará prisión de un mes a
un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta,
escrito o despacho”.
Se advierte, pues, que el uso del correo electrónico por parte del trabajador
se encuentra estrechamente vinculado con un derecho inherente a cualquier
ser humano, cual es la privacidad de todo tipo de comunicación personal.
En consecuencia, el ejercicio abusivo de los poderes de dirección del
empleador así como la fiscalización de los correos electrónicos de sus trabajadores
efectuada en forma selectiva o sistemática pueden dar lugar a la comisión
de ilícitos penales, reprimidos por el ordenamiento jurídico positivo.
Encuentra en estos casos el Derecho Penal del Trabajo acabadamente
justificado su estudio.
B) Indica Ferreirós 17 que cuando el empleador canjea su –entendido
por él- derecho de denuncia por la renuncia del trabajador (ante la eventual
posibilidad de la invocación de un delito), se está gestando un ilícito del
Derecho Penal, que si bien no está contemplado como ilícito laboral, encaja
en la conducta tipificada del art. 168 del Código Penal, en el cual se señala
que “será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años, el que con intimidación
o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a
otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero,
cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos....incurrirá
en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a
otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito”.
Señala la citada autora que esta forma de violencia moral amenaza, en
el caso, el derecho patrimonial del trabajador a la continuidad en el puesto de
trabajo, o al cobro de las indemnizaciones correspondientes, ya que aún
cuando el empleador hubiera observado una conducta con matices de tipicidad
penal, no es él quien puede determinar que hubo allí un delito, y por lo
tanto, tampoco su amenaza de denuncia se tornaría legítima.
C) En lo que hace a las retenciones o apropiaciones ilegales, a la
administración fraudulenta o al abuso de firma en blanco que se glosan ahora
con el nuevo vaciamiento y desnaturalización de la empresa, se ven penalizadas
actualmente por el inc. 6 del art. 173 del Código Penal, incorporado
por la ley 25.662 de 2003.
D) La superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) en el año
2004 informó que se produjeron 494.847 accidentes de trabajo, un 19,4%
más que en el 2003. En el mismo lapso fallecieron 804 trabajadores, un 12%
más que en el año anterior. Se discute en la doctrina laboralista si la batería
de normas laborales y administrativas en materia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales tiene la suficiente completividad para el adecuado
encuadre jurídico. Sin embargo, no quedan dudas respecto de la deficiencia
por parte de muchos empleadores del acabado cumplimiento de las normas
relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y la consiguiente tutela
de la integridad psicofísica del trabajador y la consecuente responsabilidad
generada por su actuar imprudente y negligente.
Con el fin de evitar que invada una sensación de impunidad, deberían
jugar aquí las distintas normas penales que punen de manera efectiva y concreta
los delitos por imprudencia cometidos por quienes deben velar por la
salud de sus dependientes. Así, el art. 84 del Código Penal prevé el caso
de imprudencia con resultado de muerte; el art. 94 tipifica la imprudencia con
resultado de lesiones en el cuerpo o en la salud de otra persona; los arts. 90
y 91 del mismo cuerpo normativo contienen agravantes para el delito imprudente
de lesiones; etc. Se advierte de esta manera que la imprudencia, negligencia,
impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes que a su
cargo, con resultado de muerte o lesiones en el cuerpo o en la salud de los
trabajadores, trae consecuencias penales, con tipo penal específico.
Compartimos la opinión de Coma Ojeda 18 en cuanto señala que si bien
17 Ferreirós, Estela: ob. cit. nota 12, p. 725
18 Coma Ojeda, María A. “La protección penal de los derechos de los trabajadores en materia
de riesgos laborales”, ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social de la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 1 y 2 de
junio, Córdoba, 2006.
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las normas jurídicas penales, en sí, no traen la solución al problema de los
accidentes de trabajo, pueden resultar motivadoras de conductas que inhiban
la transgresión a las normas de higiene y seguridad industrial.
La citada autora menciona la experiencia española, donde existe una
adecuada política criminal en la materia, que tiene por objeto acometer la
defensa de la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores mediante
instrumentos jurídico-penales efectivos. En dicho país, al igual que en
muchos países avanzados, el desdén, el descuido de las medidas de seguridad
e higiene en el trabajo y la imprudencia o negligencia en los deberes
que imponen las normas, deben tener la consecuencia aflictiva más grave, la
pena de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la actividad empresarial
o profesional, a fin de impedir la reiteración de estas conductas de tan extrema
gravedad.
E) Otro ámbito de aplicación práctica de la disciplina en estudio
puede campear en el análisis de los distintos criterios de imputación de responsabilidad
penal para directivos de empresas por la comisión de delitos
culposos de sus subordinados. En un interesante trabajo, Rodríguez
Estevez 19 se cuestiona si la imputación de responsabilidad penal al directorio
de una empresa a raíz de la comisión de un delito culposo por parte de
uno de sus dependientes, configura un supuesto de prohibición de regreso
inaceptable en razón de la imputación objetiva del comportamiento o, por el
contrario, si puede general dicha conducta un supuesto de aquello que denomina
“responsabilidad penal hacia arriba”. El núcleo del problema pasa por
determinar si la violación de un deber objetivo de cuidado por parte de los
organizadores de la empresa que designan a un dependiente no suficientemente
apto, al frente del manejo de una fuente de peligro para bienes jurídicos
de terceros –a quien tampoco controlan de modo razonable- puede legitimar
un juicio de responsabilidad penal en cabeza de los primeros a título de
autoría de un delito culposo y, en caso afirmativo, bajo que presupuestos y
con qué limitaciones. Graficando lo expuesto cita el autor el caso “Lapa”
donde la investigación judicial arrojó la falta de control respecto de la tripulación
que protagonizó el accidente, así como la existencia de ciertas falencias
existentes en la empresa que atentaban contra la seguridad del vuelo, principio
básico de la seguridad aeronáutica. En dicha oportunidad el Tribunal
señaló que “uno de los motivos que concurrieron en el accidente fue la falta
de efectivo control y consecuente toma de medidas por parte de aquellas personas
responsables de la firma con nivel de decisorio en lo que hace a los
aspectos vinculados con la seguridad de los vuelos”. Para afirmar la responsabilidad
penal del presidente y director general de la empresa, el Tribunal
ponderó su participación directa sobre las políticas a seguir por la empresa,
reconociendo éstos, incluso, que se reunían una vez por semana, con los
respectivos gerentes de operaciones y recursos humanos, donde se trataba
el desenvolvimiento de la firma y proponían soluciones, tomando en cuenta
las opiniones conjuntas. Utilizó como fundamento jurídico de la condena el
art. 196 del Código Penal que prevé la responsabilidad de aquel que por
imprudencia o negligencia o impericia en su arte o profesión o por inobservancia
de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio
u otro accidente previsto en este capítulo. Además estipula un agravante
por el resultado (lesiones o muertes).
Si bien los directivos no “causaron” (en términos individuales) el resultado
previsto en el tipo penal, se les imputó igualmente responsabilidad por
los hechos de sus dependientes. Vale cuestionarse en este ámbito ¿hasta
que punto puede integrar el disvalor de la acción la omisión de control debido
sobre el dependiente en un delito de éstas características, sin que ello
importe una prohibición de regreso en la atribución de responsabilidad
penal?.
En la ponencia citada, se revela una primera gran división. Por una
parte están quienes afirman que la facultad y el deber de organización no se
refieren desde luego a la esfera privada de los empleados. Frente a los delitos
cometidos en dicho ámbito no existe nunca un deber de garantía del propietario
de la empresa, incluso aunque el mismo haya tenido la posibilidad de
impedir dichos actos. 20
19 Rodríguez Estévez, Juan María, “Criterios de atribución de responsabilidad penal en la
empresa y su impacto en los vínculos laborales”, ponencia presentada en el XVI Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Asociación de Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social, 1 y 2 de junio, Córdoba, 2006.
20 Wolfgang Frisch, “Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de
dirección de la empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la responsabilidad de la
empresa y de la división del trabajo”, en Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos
y responsabilidad por el producto, coord.. S. Mir Puig y D.M. Luzón Peña, Bosch,
Barcelona, 1996, p. 117.
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En un sentido más amplio suele afirmarse aquel que como garante responde
por la no evitación de los peligros creados por terceros, debe responder
prima facie por la creación de las condiciones que favorecen la comisión
del delito. Así la posición de garante simboliza la expectativa normativa de
que el primer sujeto está obligado por razón de esa especial situación a
impedir determinados acontecimientos lesivos. El incumplimiento de tales
deberes puede conducir a la imputación del resultado por las conductas de
sujetos que posteriormente deriven las consecuencia hacia lo delictivo, en la
medida en que tal incumplimiento adquiera objetivamente el sentido de cooperación
delictiva. 21
Sin perjuicio de que se comparta una y otra postura, es justamente su
análisis y discusión lo que seguramente enriquecerá el continente y contenido
del derecho penal del trabajo.
F) Existen conductas que, con características más o menos similares,
se han presentado desde tiempos inmemoriales, resultando denominadas
con distintos términos o voces, y que recién toman estado jurídico y nombre
propio en un determinado momento social, por circunstancias que operaron
entonces. Hace ya algún tiempo que en el ámbito del derecho del trabajo
se analizan y estudian los factores operativos y desencadenantes de lo
que damos en llamar “acoso sexual” y “acoso moral o mobbing”. Mientras
que el primero canaliza las presiones ejercidas sobre personas del sexo
opuesto, y aún del mismo sexo, en muestra de autoridad, poder o superioridad
para que, basándose en ello, se obtenga sus favores sexuales o sometimiento
22 , el segundo refiere la situación en la que una persona ejerce violencia
psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente sobre otra persona
o personas, en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes
de comunicación de la víctima y lograr que el sujeto acabe por abandonar el
lugar de trabajo. 23
21 Ricardo Robles Planas, “La participación en el delito: fundamento y límites”, Marcial Pons,
Madrid, 2006, pág. 293
22 Martinez Vivot, Julio: “Acoso sexual en las relaciones laborales”, Ed. Astrea, Bs. As., 1966.
23 Fanjul, Aurelio: “El acoso moral (mobbing): un nuevo riesgo en la medicina del trabajo”, D.T.
2002-A, p. 1155.
Más allá de las diferencias entre uno y otro supuesto, en ambos se produce
la invasión de la “esfera jurídica” del prestador de trabajo, con violación
del “neminem laedere” (art. 19 C.N.), lesionando la integridad psicofísica, la
libertad sexual y la dignidad del trabajador, configurando muchas veces un
acto de discriminación y un grave incumpimiento contractual por parte del
dador de trabajo. Se advierte así que ambas conductas tienen como escenario
la relación de trabajo. Amén de las consecuencias propias que despiertan
tales hechos en el seno del derecho del trabajo, y sin perjuicio de que fenómenos
negativos como los que nos ocupan deban ser pulverizados mediante
una reinvindicación de los valores y principios éticos que ayudan la presencia
de una comunidad civilizada, deberían ser también merecedoras de
sanciones penales. Indica Ferreirós 24 que en este andarivel la audiencia
reconoce el parentesco que existe entre el delito de acoso sexual y las amenazas,
pero a partir de la interpretación, tal vez algo extensiva en algunas
ocasiones, de los diferentes elementos típicos que configura el artículo 184
del Código Penal, donde está previsto.
No existe en la legislación argentina una norma expresa al respecto. Su
futura sanción (la cual creemos necesaria) evidenciará el campo de actuación
del Derecho Penal del Trabajo.
• Derecho (Colectivo) Penal del Trabajo
Battaglini 25 divide los delitos provenientes exclusivamente de la conducta
laboral en cuatro grupos. El primero comprende los delitos en los cuales
se tutela el interés público para un libre y ordenado desenvolvimiento de
la actividad laborativa y productiva. El segundo abarca los delitos en los cuales
se encuentra tutelado el interés público en la observación de la reglamentación
colectiva del trabajo. En el tercer grupo se involucran los delitos contra
la tutela del interés público a la higiene y seguridad del trabajo. Por último,
el cuarto grupo comprende los delitos en los cuales está tutelado en interés
público en la colocación de la mano de obra.
Dentro de lo que damos en denominar “Derecho penal (colectivo) del
24 Ferreirós, Estela: ob. cit. nota 12, p. 726
25 Battaglini, “Diritto penale del lavoro”, en Trattato di Diritto del lavoro, de Boris-Persoglesi, 2º
ed., t. V, págs. 218 y 219, Padue, 1954.
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trabajo” (abarcativo de los grupos primero y segundo) encontramos los casos
de delitos cometidos durante la huelga como la ocupación de establecimientos,
la huelga en servicios esenciales, los atentados contra la libertad de sindicalización,
el lock-out, el obstruccionismo, la inobservancia de la regulación
colectiva de la relación de trabajo como fenómeno social, etc.
• Derecho (de la Seguridad Social) Penal del Trabajo
Señala Arese 26 que el análisis del derecho penal de la seguridad social
debe comenzar necesariamente por establecer los objetos jurídicos de protección
penal. Ejemplifica diciendo que el régimen penal Tributario se detiene
especialmente en la represión de conductas referidas a la evasión de fondos
de la seguridad social con una diversidad de conductas solamente empalidecidas
por la profusión de figurar aludidas en el sistema integrado de jubilaciones
y pensiones. Coincidimos con el citado autor en cuanto que el tratamiento
administrativo de la persecución de la evasión de la seguridad social,
los regímenes sancionatorios y los procedimientos respectivos integran un
orden de reglas ligadas a la represión contravencional que pueden integrar
el objeto de este segmento de la disciplina.
VIII. Conclusiones
Hemos señalado en la introducción que no pretendíamos construir una
sistematización orgánica del Derecho Penal del Trabajo, sino simplemente
realizar un esbozo de los lineamiento que engloban esta rama de la ciencia
jurídica, con el objeto de facilitar su comprensión.
Sin embargo, de la lectura de estas líneas podrá advertir el lector que el
tema se halla instalado en la sociedad, y que tanto los laboralistas como los
penalistas nos debemos un serio debate y un fuerte análisis académico que
arroje luz sobre la problemática planteada, con la necesaria revisión de los
valores sociales susceptibles de protección sancionatoria, a fin de evitar una
disociación del derecho vigente (penal y laboral) con su actuación práctica.
26 Ob. cit. nota 3, p. 432.
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