I.-Introducción; II.- ¿Qué es el proceso de flag - Colegio de ...

EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE FLAGRANCIA 1Nicolás Grappasonno *Sumario: I.-Introducción; II.- ¿Qué es el proceso de flagrancia?; III.-¿Cuándo existe “flagrancia”?; IV.- La ley 13.811; V.- Trámite; VI.- Conclusión;Bibliografía.I - IntroducciónEl 2 de diciembre de 2004 se celebró el "Convenio para elReforzamiento del Sistema Acusatorio en la Provincia de Buenos Aires,República Argentina" entre la Suprema Corte de la Provincia, la Procuracióny el Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas(CEJA) -organismo que depende de la Organización de Estados Americanos(OEA)- y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales(INECIP), por el que se desarrolló un plan piloto en el Departamento Judicialde Mar del Plata, y el Convenio para la Extensión del Programa deFortalecimiento de la Justicia Penal al Conjunto de la Provincia de BuenosAires suscripto por las partes antes mencionadas -aprobado por Decreto Nro.2.100/06.En ese marco se implementó el proceso de flagrancia, luego pasó aregir en once departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, y seaspiraba a generalizarlo en todo el ámbito bonaerense. No se trató de unanueva reforma legislativa, sino de dar vida a aquello que ya estaba contenidoen la ley 11.922, a partir de sus más recientes modificaciones (nros.13.183 y 13.260) 2 , confiriéndole operatividad y vigor, consensuando algunosaspectos vinculados a su instrumentación 3 .* Secretario ante la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del DepartamentoJudicial La Matanza1 El presente fue elaborado en base al artículo “El procedimiento en caso de flagrancia y otrasdisquisiciones acerca del sistema judicial”, en coautoría con Graciela J. Angriman y Javier I.Baños, publicado en El Derecho, Legislación Argentina, el 28/3/2008, Boletín nº 4, pag. 7/15.Para una mayor profundidad de la temática se recomienda su lectura.2 Cabe recapitular que se trata de un procedimiento de trámite diferenciado introducido al código,se aleja del proceso que podemos llamar ordinario, para aquel se establecen plazos más cortospara la actuación judicial y el ejercicio de la defensa.90Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos AiresColegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires 91

Morosidad y burocratización judicial, baja tasa de aplicación del abanicode posibilidades que abren los criterios de oportunidad por parte delMinisterio Público Fiscal, uso cuasi automatizado y prolongado de la prisiónpreventiva que prevalecen en la Provincia de Buenos Aires, y una perversahipertrofia recursiva que termina cercenando el derecho al doble conforme,son a grandes rasgos los problemas prevalecientes del sistema de enjuiciamientopenal de nuestra provincia.No todos los delitos del código represivo y leyes especiales son pasibles de investigarse y tramitarsecon este procedimiento, se exige que se trate de delitos dolosos no castigados con penaprivativa de libertad y en caso de estar prevista esta clase de sanción, no exceda de quince añosde prisión o reclusión, de haber concurso de delitos ninguno supere este monto.Desde el principio, cabe advertir que existe una remisión al trámite ordinario, nos referimos a ladecisión del Fiscal de solicitar la detención o disponer su libertad (arts. 151 y 161), a la notificaciónal imputado de los derechos que le asisten, receptados en nuestro rito en el art. 60, seguidamenteproceder con la recepción de la declaración prevista por el art. 308 (párrafos 1º a 4º),recordemos que este acto debe realizarse a más tardar 24 horas después de producida la restricciónde libertad, siempre debe tenerse presente que se trata no sólo de una diligencia adondese imputa un hecho que se considera ilícito a una persona, sino que se trata del primer actode defensa por antonomasia.Luego del término de 48 horas de conocida la aprehensión, paralelamente a lo dicho, el Fiscaldeberá -salvo resolución fundada- solicitar al Juez de Garantías la declaración del asunto comode flagrancia, repárese sobre los siguiente, la resolución judicial sobre el particular es inimpugnable,concurren razones de celeridad o economía procesal. Tal extremo fue alterado por la ley13.811, pues ahora puede cuestionarse la legalidad de la aprehensión.Por otro lado, existe la posibilidad que la defensa no esté de acuerdo con tal declaración, emperocierto es que no sólo no se prevé la notificación a dicha parte, sino que además el procedimientono saltea ningún acto del trámite ordinario para el ejercicio de la defensa. De todosmodos, no puede obviarse que el sentido de esta modalidad guarda más relación con la efectividaddel sistema y celeridad de los actos previos al pronunciamiento definitivo. Hay una realidad,todo tiene sentido desde que la situación de flagrancia nos da mayor certeza sobre la comisiónde un hecho y sobre el causante, que el producto de una investigación previa dirigida a clarificardichos extremos, aunque no puede afectar el derecho de defensa en juicio.3 Al tratarse la sanción de dicha ley en la Cámara de Diputados de esta provincia, el diputadoBonicatto dijo que “en estos supuestos resulta dispendioso tramitar una investigación penal preparatoriay convocar a una audiencia oral cuando el fiscal ya tenga todos los elementos para surequerimiento. La defensa puede acordar un trámite análogo al juicio abreviado o, en caso detener puntos de disidencia que merecen debatirse, proponer prueba sólo a su respecto, paradilucidar la cuestión y llegar rápidamente a una sentencia sin elongamiento del trámite, incertidumbrepara el imputado ni desgaste inútil para el Estado”. Citado por Pedro J. Bertolino en“Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”, editorial Lexis Nexis, año 2005,Buenos Aires, pag. 395.Atendiendo este panorama, entre otras medidas se acordó la incorporaciónde la metodología de audiencias orales tempranas frente al juez degarantías, encaminada a realizar los principios que informan el debido proceso,en especial la inmediación y judicialidad de las que resultan tributarias lasmedidas de coerción personal, justamente cuando la controversia gira entorno a una cuestión de capital trascendencia, como lo es la imposición delencarcelamiento cautelar.Desde otro ángulo, el entonces concebido “Plan Piloto” aspiraba aproveer eficacia al funcionamiento del sistema a través del acortamiento sustancialde la duración de los procedimientos, a favor del derecho a tutela judicialefectiva; objetivo que a su vez, es respetuoso de la garantía de enjuiciamientoen un plazo razonable.Para ello se articuló una reingeniería organizacional orientada a esteesquema, y a concretar patrones de productividad expresados en resultados4 .II -¿Qué es el proceso de flagrancia?El proceso de flagrancia construido por el legislador bonaerense, básicamente,consiste en un trámite predeterminado, sencillo, reservado aaquellos casos de escasa complejidad probatoria, en donde se trata deacortar los plazos y resolver la mayor cantidad de cuestiones, en forma oraly pública, respetando la forma contradictoria y la inmediación.Este procedimiento especial estriba en las particularidades de los delitosalcanzados por la disposición antes citada, los cuales en tanto son de fácilcomprobación material, y no demandan mayores indagaciones, no justificanun trámite extenso.Es una modalidad de llevar adelante los diferentes actos y diligenciasjudiciales de un modo sumarísimo, desburocratizado, y con fuertes notas deoralización. De allí su mayor ligazón con el fortalecimiento del principio acusatoriodesde el prisma del aseguramiento de la tutela judicial efectiva, y ensustancia, el objetivo de recuperar el proyecto de una administración de jus-4 Hazan, Luciano A. en “Informe Evaluativo del Plan Piloto para la Profundización del SistemaAcusatorio en Mar del Plata” publicado en “Política Criminal Bonaerense – Revista del INECIPProvincia de Buenos Aires”, Nº 2, Lajouane, año 2.007, Buenos Aires, p. 505 y ss.92Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos AiresColegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires 93

ticia orientada a la gestión y solución de conflictos que ingresan al sistemapenal.III.- ¿Cuándo existe “flagrancia”?Como su nombre lo indica, el proceso se abre cuando nos encontramosante un caso de “flagrancia”. La ley procesal (art. 154) considera que existe“flagrancia” cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento decometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerzapública, el ofendido o el público, o mientras tiene objetos o presenta rastrosque hagan presumir que acaba de participar de un delito.Es decir, lo que define la existencia de flagrancia es el accionar tempranodel personal policial, del ofendido o el público.Sobre el tópico, vemos que se ha extendido el concepto unánime de ladoctrina y la jurisprudencia sobre “flagrancia” a otros supuestos, como sercuando es perseguido el sujeto activo o tiene objetos o presenta rastros deldelito. Se ha criticado la cuestión, sugiriendo que se introduce una concepciónmás difusa y reñida con la seguridad jurídica que exige la vigencia de lagarantía de la libertad, según el art. 16 de la Constitución provincial 5 . Se tratade la flagrancia ficta o presunta, producto de un ensanche del concepto aludido,limitado por la idea de inmediatividad y por el elemento objetivo que vinculaal afectado con el hecho de manera que permita considerarlo como partícipede éste 6 .Nos ilustra Manzini que “el concepto jurídico de flagrancia está constituidopor una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puedehaber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo: es necesariasiempre la presencia del delincuente fuera de los casos especialmenteexceptuados por la ley. Un cadáver todavía sangrante, una casa que se5 Granillo Fernández, Héctor M y Herbel, Gustavo A., “Código de Procedimiento penal de laProvincia de Buenos Aires”, Comentado y Anotado, editorial La Ley, Buenos Aires, 2005, pag.346. Cabe traer a colación que “una amplitud excesiva del supuesto permitiría burlar todo el sistemade garantías relativo a la libertad de las personas, al posibilitar la justificación de una aprehensión(que es, en definitiva, una privación de libertad) en atención a meros pareceres personalesde los policías intervinientes en la ocación” (pag. 347).6 Clariá Olmedo, Jorge A., “Tratado de Derecho Procesal Penal”, editorial Ediar, año 1966, tomoIV, pag. 288.incendia, no constituyen flagrancia si el reo no es sorprendido en el actomismo o no se lo consigue inmediatamente” 7 .La polémica doctrinaria escuetamente esbozada, ilustra que será dirimenteestandarizar aún más los confines del concepto de “flagrancia” para laaplicación de este programa de actuación.No es una novedad que los sistemas de justicia son más proclives areproducir prácticas vigentes, y tienen poca permeabilidad para la innovación.Con lo cual, asoma el riesgo de que, sobre la base de criterios ultra restrictivos,se excluya de este procedimiento un sin número de casos, comomanifestación pasiva de resistencia al proyecto. En otras palabras, sería loableincluir en el texto legal un concepto uniformador de flagrancia, de lo contrarioquedará librado al juez.Además, la multiplicidad de interpretaciones sobre el texto legal, abre laposibilidad de profundizar los márgenes de desigualdad en materia de juzgamientoentre las diversas jurisdicciones de nuestra provincia, en desmedroclaro está, de los justiciables.IV.- La Ley 13.811En los fundamentos de su sanción, se refirió que “...habiendo resultadoexitosa la experiencia inicial llevada a cabo en Mar del Plata a partir del 4 dejulio de 2005 (conforme Resolución Nro. 893/06 SCBA), se extendió en primerainstancia a los Departamentos Judiciales de Zárate Campana y SanMartín (conforme Resoluciones Nro. 2.108/96 y Nro. 2.480/06 SCBA, respectivamente),para ser implementada luego en la Matanza, Mercedes,Necochea y Pergamino (conforme Resolución Nro. 1.595/07 SCBA). A partirde noviembre del 2007, el programa se extendió a Junín y Trenque Lauquen(Resolución Nro. 3.120/07 SCBA). Como ventajas que brindaban otros procedimientos,se destacó que “la metodología de la oralidad en las etapas inicialesdel proceso que implementa este procedimiento, ha generado en losdepartamentos judiciales en que se desarrolló la experiencia, una notableagilización en la toma de decisiones, incentivando a los jueces y a las partesa tomar resoluciones en etapas tempranas del procedimiento, logrando respuestasconcretas sin demoras innecesarias. Esta resolución temprana de7 Vide “Tratado de Derecho Procesal Penal”, editorial Ejea, Tomo IV, Buenos Aires, años1951/1954 pag. 128).94Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos AiresColegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires 95

una porción importante de casos posibilita una descongestión del sistema, yaque se disminuye el número de casos en trámite tanto ante las vías recursivascomo ante los órganos jurisdiccionales de juicio, ello a partir de una gestiónmás racional de la etapa inicial del proceso en casos que ofrecen escasadificultad investigativa, lo que libera además, recursos humanos y materialesen el ámbito del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa permitiendo,en definitiva, su reconfiguración y mejor orientación de capacidad operativahacia casos complejos”.Así, la ley “propone la normativización de aquellas prácticas que se handemostrado como más efectivas y que han gozado del mayor consenso delos operadores del sistema en los distintos lugares donde se lleva adelantela experiencia, de modo que su convalidación legislativa resultaría sumamenteútil para la extensión y consolidación del Sistema Acusatorio de laProvincia de Buenos Aires”.Este procedimiento especial, dispone la ley, será de aplicación obligatoriaen todos aquellos Departamentos Judiciales de la Provincia en los quese haya puesto en marcha el plan aludido y deja en manos de la SupremaCorte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General yel Ministerio de Justicia elaborar un cronograma para hacer extensivo el procedimientoal resto de los departamentos.fique en forma clara y sucinta los hechos. Finalizado ello se oirá los argumentosy peticiones de las demás partes; a su vez el texto de la ley especificaque “serán admisibles las réplicas y contrarréplicas, las que se limitarán a lacontestación de planteos o argumentos adversos que no hubiesen sido discutidoscon anterioridad. No podrán leerse escritos ni memoriales, ni peticionarque la cuestión sea resuelta por escrito”.No sólo rige los casos de flagrancia, sino respecto de las audiencias delartículo 168 bis del C.P.P. –incorporado por leyes 13.449 y 13.480- 8 , es decirantes de resolver la prisión preventiva, su morigeración, la imposición dealternativas a ésta, la internación provisional del imputado, o la caducidad ocese de cualquiera de ellas, a pedido de parte o por propia decisión del Juez.Hasta la celebración del debate se puede solicitar una audiencia similar cada8 meses.La gestión de audiencias no depende de los magistrados, sino de unaOGA (Oficina de Gestión de Audiencias), que administra la agenda y la realizaciónde las audiencias, así como las tareas relativas a su registración,publicidad, organización y asistencia de las partes, existente en cada departamentojudicial. En la primera intervención procesal, las partes deben acordarcon el responsable de la OGA el modo en que desean ser notificados,propiciándose la informatización y el uso de medios tecnológicos.V.- TrámiteEn principio, cabe apuntar que las decisiones jurisdiccionales debenadoptarse en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándoselos principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Lasresoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursosde reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo. Delo actuado se labrará acta, debiendo disponerse además su grabación íntegra.La ley también declara que todas las audiencias tienen carácter multipropósito,pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentesa las que pudieran haber motivado su designación. A su vez, el órgano jurisdiccionalformará su convicción sobre la base de las referencias y argumentosbrindados oralmente por las partes, y sólo en los casos en que subsistiesendudas, sus integrantes pueden formular preguntas aclaratorias.En primer lugar se concede la palabra al Agente Fiscal para que identi-Investigación Penal PreparatoriaAnte el Juez de Garantías la ley prevé dos procedimientos, uno para elcaso en que el imputado se encuentre detenido y otro cuando goce de libertad.8 “Artículo 168º bis: Audiencia Preliminar. Antes de resolver el dictado de la prisión preventiva,su morigeración, la imposición de alternativas a ésta, la internación provisional del imputado, ola caducidad o cese de cualquiera de ellas, a pedido de parte interesada o por propia decisión,el Juez de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse la misma con cuarenta y ocho horasde anticipación. La audiencia será oral y pública y en la misma serán oídos el fiscal, el particulardamnificado si lo hubiere, la defensa, y el imputado si se hallare presente, en ese orden,durante un tiempo máximo de quince minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentarla procedencia o improcedencia de la medida a dictarse.Transcurridos ocho (8) meses de la realización de la audiencia sin que se hubiere celebrado eldebate, el imputado o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentre,la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior. Cuando este órganofuere Colegiado, la audiencia podrá ser atendida y la resolución dictada, por uno de sus integrantes.Podrá reiterarse la solicitud, a los mismos fines y efectos, cada ocho (8) meses.”96Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos AiresColegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires 97

También, el procedimiento para los casos de flagrancia, trae como innovaciónque una vez concluido el debate el Tribunal pasará a deliberar enforma continua e ininterrumpida hasta alcanzar un veredicto; de tratarse deun órgano unipersonal el mismo debe también tomarse una pausa hastaalcanzar convicción sobre los puntos a decidir, pues debe anticiparse elcarácter absolutorio o condenatorio del veredicto a las partes en la sala, locual ya no es facultativo.Recordemos que la entendible preocupación por la tensión que habríaentre las abultadas agendas de los órganos de enjuiciamiento oral, y lademanda de fijar debates en menos de sesenta días, ha sido sorteada exhibiendola elevada tasa de acuerdos celebrados en la faz preparatoria, que alfuncionar como filtro ha disminuido notablemente el número de asuntos giradosa los órganos orales 9 .Además es previsible que, tanto la aplicación del proceso de flagrancia,como la reciente receptación de la llamada tesis amplia en materia de suspensióndel juicio a prueba por parte de la Procuración General tendrán unfuerte impacto sobre la carga de trabajo de los juzgados correccionales, llevándoloscasi a su extinción, y generará una capacidad instalada que puedeser reutilizada para reforzar la labor de los tribunales orales criminales y hade ser tenida en cuenta en futuras reformas procesales, ya en curso.VI.- ConclusiónEs reivindicable que, en este caso, la decisión de mejorar el servicio dejusticia, no fue el emergente de satisfacer el clamor social. Aunque, obligadoes reconocer que los bajos índices de confiabilidad de la ciudadanía en lajusticia institucionalizada, tienen base cierta en muchos casos.Expresándose, a veces, en una percepción justificada de impunidad estructural,en función de la selectividad criminalizante del sistema penal, el cual -dejando librado el ingreso de casos al arbitrio policial- omite ejercer el controlde la carga de trabajo. Así se acentúa la proclividad a criminalizar a aquellosque son más vulnerables al sistema, y debido a su limitada capacitadoperativa favorece a aquellos individuos u organizaciones delictivas provistosde recursos más sofisticados, que pueden sortear con éxito al poder punitivoestatal.9 Hasan, L. op. cit., p. 517 y ss.No es una novedad que “…el ciudadano quiere que los casos se resuelvanrápido, que lo atiendan con eficiencia y que se abarate el costo de estaren juicio” 10 , y “la peor justicia, la más lenta y torpe es preferible a un veredictopopulista, donde la agitación demagógica del crimen, implica una ausenciatotal de garantías”. 11Además, la morosidad es en muchos casos propiciatoria del regreso dela violencia privada, como lo muestra la curva creciente de delitos contra lavida y salud de las personas debidas al aumento del uso de armas de fuegopor parte de la población.El desprecio por el control de los tiempos en el proceso, no es una singularidadde nuestros sistemas judiciales: “… una fuerte introducción de lavariable temporal en el desarrollo del proceso produce un efecto importanteen la disciplina del litigio, evitando el litigio indirecto, el litigio sobre las formas,el abuso de los planteos de nulidad, y empujando al sistema a la discusiónde fondo. Recordemos que dadas las bases expiacionistas de los sistemasinquisitoriales históricos, esas funciones de expiación se expresan mejoren el trámite, que en la discusión de fondo. Para la inquisición que buscabael arrepentimiento, la sentencia siempre fue un fracaso. Esta concepción hoysobrevive oculta en nuevas y complejas prácticas de postergación permanentede las decisiones de fondo, y en la idea general que el verdadero ejerciciode poder está en el trámite, y no en la sentencia. Para que ello ocurrase requiere un tiempo elástico al servicio de esas finalidades. Al volver estrictoy más rígido el control temporal, se afectan prácticas centrales de tradicióninquisitorial” 12Aún así, se pretende avanzar sobre esas expectativas y este problemaestructural del sistema, ya que la ley tiene como norte profundizar la implementacióndel sistema acusatorio, en pos de la seguridad de los derechosciudadanos, confiriendo así mayor legitimación al sistema de justicia, recogiendoel guante de la necesidad imperiosa de medir y controlar el tiempo.10 Shihata, Ibrahim, F.G. “Justicia y Desarrollo en América Latina y El Caribe”, BID,Washington D.C., 1.993, p. 420.11 Sarlo, Beatriz, “Tiempo Presente – Notas sobre el Cambio de una cultura”, Siglo XXI Ed.Argentina, año 2.000 p. 64.12 BINDER, Alberto M. “La Fuerza de la Inquisición y la Debilidad de la República”, artículopublicado en “Política Criminal Bonaerense” Revista del INECIP P.B.A. Nº 1, año 2.006, Ed.Lajouane, p. 228 y ss.100Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos AiresColegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires 101

No menos cierto es, como se subrayara en la “Segunda ConferenciaNacional de Jueces” (Salta 2.007) que, en los últimos quince años el aumentode la litigiosidad ha sido inusitado. Un incremento en pedidos de actuacióndel sistema judicial que viene creciendo con gula y, que está conectado conel rasgo omisivo de la gestión de la conflictividad de las agencias ejecutivasen los años 90, y que refleja a su vez, una sociedad que ha perdido su capacidadde solucionar armoniosamente sus conflictos. Aspecto que debe serobjeto de previsiones al profundizar el proceso de reforma en nuestra provinciay ser neutralizado mediante el uso eficiente de criterios de selección depersecución penal, ampliando el menú de opciones que deriva de las diversasmanifestaciones del principio de oportunidad, fortaleciendo el uso de salidasde baja punición (arts. 56, 56 bis del C.P.P.).La planificación y posterior calificación de un programa de reforma –poracotado que sea- demanda exaltar la necesidad de contar con herramientasque permitan la identificación y anticipación de los problemas que su instrumentaciónpuede conllevar frente a los cambios experimentados y, en especialteniendo en cuenta -como ya lo apuntamos- la heterogeneidad propia delos diversos departamentos judiciales de esta vasta provincia y la plural ydiversa conflictividad que los mismos exhiben. También es altamente enriquecedorabrir canales institucionales que faciliten la socialización de la informacióny recabar experiencias personales, críticas y propuestas.En ese sentido, es notable que la puesta en marcha del procedimientode flagrancia en cada departamento judicial estuvo precedida de un curso decapacitación a cargo de la Procuración General de la Provincia de BuenosAires, que además de tender puentes entre los distintos distritos y ser poleade transmisión de la experiencia recabada, habilitó espacios de debate dentrodel servicio de justicia, evitando la implementación automatizada del proyecto,y considerando las peculiaridades del ámbito local, en cada caso.Fuera de las objeciones que despertó en algunos sectores el “PlanPiloto…” en su versión preliminar 13 , es innegable que expresó una iniciativaconcreta por mejorar la prestación del servicio de justicia a corto plazo, parámetrosque mantuvo incólume la sanción de la ley 13.811. No puede desatenderseque los logros obtenidos han sido traídos de la mano del consenso13 CEJA “Informe sobre el Sistema de Justicia Penal de la Provincia de Buenos Aires” publicadoen la Revista Política Criminal Bonaerense” Nº 1 , del INECIP, Ed. Lajouane año 2.006 p.448 y ss.entre la magistratura, la fiscalía y la defensoría pública, y que esa atmósferafecunda de acuerdos, ha sido deliberadamente estimulada por los mentoresdel programa. Sería abrumador extendernos sobre las bondades de esta instanciade oralidad temprana, aplicada a discusiones tan costosas para losderechos de las personas. Si –parafraseando a Bentham- “… la publicidad esel alma de la Justicia”, la discusión de la libertad en el proceso penal,comienza a renacer, a partir de este protocolo de actuación.Es altamente encomiable, la discusión pronta respecto de la implementaciónde una solución no judicial, que razonablemente lleve satisfacción aquien aparece damnificado, en un lapso atendible, resolviendo así el conflictoy, de esta forma, desempolvando la figura de la víctima, siempre utilizadacomo excusa legitimante por el falso punitivismo, pero profundamente olvidaday desamparada por esa “corriente”.La existencia de dos audiencias, donde se reúne el Juez de Garantíascon las partes para intentar llegar a alguna solución alternativa al conflictopenal de manera que no sea necesaria la realización del juicio, obedece aesos fines. Genéricamente la realización de estos encuentros entre los protagonistasde la contienda a breve de acaecido el hecho que constituiría undelito, es el medio adecuado para la búsqueda de una solución inmediata almismo. Confiere un marco razonable para abordar el conflicto antes que elmismo se manifieste como enfrentamiento irresoluble, conformando a losinvolucrados, en toda la dimensión que el suceso abarca.A su vez permite reconstruir la relación entre el sistema de justicia y loshabitantes, mejorando la calidad institucional.Desde otro enfoque, la realización de audiencias orales y públicas paradebatir una cuestión capital por excelencia, cual es la suerte de la libertad delimputado, no da pábulo a la delegación. Porque lo resuelto así gana cualitativamentepor la percepción directa del juez de los planteos de las partes,muchas veces diluidos en la frialdad del expediente.En ese curso de pensamiento, en la Segunda Conferencia Nacional deJueces celebrada el pasado año, el Ministro Lorenzetti propuso la implementaciónde “casas de justicia”, algo semejante a la figura del juez de paz, quepermita un acercamiento, sin intermediarios entre los protagonistas del conflictoy el juez, como una estructura que predetermina padrones de comportamientoque importan real inmediación, y llevan indefectiblemente a eludir ladelegación de decisiones jurisdiccionales de central trascendencia.102Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos AiresColegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires 103

Razones ligadas a la conformación estructural de nuestros sistemasjudiciales, concebidos históricamente al servicio del poder concentrado (sistemainquisitivo - monarquía absoluta), reproduciendo un modelo de administraciónde justicia instaurado para asegurar la obediencia a un determinado“orden” –con mayor o menor contenido normativo según la época-, implicó elalejamiento de modelos de administración de justicia donde la impronta deresolución del conflicto, era lo central.Lejos de un cumplimiento ritualista, rutinario y mecanizado de la ley, laidea de anticipar la resolución del caso, mediante mecanismos que favorecenel encuentro entre los protagonistas del conflicto, y la discusión, ayudaa reorientar la actividad del sistema judicial coadyuvando así, a la preservaciónde la paz comunitaria. 14En otras palabras, es una herramienta para revertir la tendencia de respondera los conflictos traídos por los habitantes con un “trámite”, y propiciala búsqueda de una solución que lleve a dar resolución pronta y definitiva almismo, y denota un mayor compromiso estatal con el cumplimiento de afianzarel Estado Constitucional de Derecho 15 .Está fuera de toda duda que el proceso de flagrancia, de la manera enque se lo ha implementado a través de los planes pilotos en los distintosdepartamentos judiciales, y especialmente en Mar del Plata, ha arrojadoresultados más que alentadores, que indican un esfuerzo digno de aplauso yla posibilidad de mejorar el sistema penal sin mayores gastos y reformas procesales.Con las estadísticas en la mano no puede objetarse el optimismo oficialy generalizado con que ha sido recibida la flamante ley por los operadoresmás progresistas. Los datos estadísticos nos hablan de un verdadero cambiode paradigma en materia de celeridad. Los tiempos alcanzados para lasresoluciones definitivas superan por abismo a los del sistema actual. Por14 Binder, Alberto M. y Obando, Jorge “De las Repúblicas Aéreas al Estado de Derecho”, AdHoc, Buenos Aires, año 2.004, p. 656.15 Luigi Ferrajoli ha destacado que el proceso acusatorio es un proceso garantista que puedeimplicar deformaciones ligadas a malentendidos teóricos, así ha dicho: “no creo que estos tratos”(en rigor se refiere a los acuerdos de juicio abreviado) “sean la salida de la acumulación deexpedientes.” Si lo que se pretende es para los delitos menores, una composición con la víctimaal estilo del derecho privado, por qué no “ repensar nuestros sistemas penales para despenalizaral máximo los delitos más leves” (entrevista con el diario Clarín, 31/12/05, pag. 46).ejemplo, en Mar del Plata, el “plan piloto de flagrancia” arrojó un promedio de18,74 días para el dictado de una Suspensión del Juicio a Prueba contra546,08 días de promedio que tardaban los T.O.C. 16 .Bibliografía- Baños, Javier Ignacio y Grappasonno, Nicolás, “Recientes reformas alprocedimiento penal de la provincia de Buenos Aires”, publicado enLegislación Argentina, “El Derecho”, boletín nº 9, el 9/6/2006; La Ley BuenosAires, año 13, nº 8, septiembre de 2006, y en La Ley Suplemento Penal yProcesal Penal, el 31/8/2006.- Bertolino, Pedro J., “Código Procesal Penal de la Provincia de BuenosAires”, editorial Lexis Nexis, año 2005, Buenos Aires.- Cafferata Nores, José I.. “Cuestiones actuales sobre el proceso penal”.Editores del Puerto, 3ra. Edición, Buenos Aires, 2005.- Carrara, Franceso, “Programa de Derecho Criminal. Parte General”,volumen II, editorial Temis, Bogotá, 1957.- Clariá Olmedo, Jorge A., “Tratado de Derecho Procesal Penal”, editorialEdiar, año 1966, tomo IV.- Granillo Fernández, Héctor M y Herbel, Gustavo A., “Código deProcedimiento penal de la Provincia de Buenos Aires”, Comentado yAnotado, editorial La Ley, Buenos Aires, 2005.- Informe Evaluativo del Plan Piloto para la Profundización del SistemaAcusatorio en Mar del Plata.-- Informe de la O.G.A., del Departamento Judicial de Mar del Plata, enel marco del Plan Piloto para la Profundización del Sistema Acusatorio.- Manzini, Vicenzo, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, editorial Ejea,Tomo IV, Buenos Aires, años 1951/1954.16 García, Pedro en su artículo sobre el “Plan de Fortalecimiento del Sistema Acusatorio deProvincia de Buenos Aires”, publicado en Revista Pensamiento Penal Nº 62, del 5 de febrerode 2.008.104Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos AiresColegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires 105

- Riquert, Marcelo, “El Proceso de Flagrancia”, editorial Ediar, 2006; delmismo: “Justicia de Garantías, de Ejecución y Ministerio Público”, editorialEdiar, 2002.- Roxin Claus, “Derecho Procesal Penal”, traducción Gabriela Córdobay Daniel Pastor, editores del Puerto, Buenos Aires, 2002.- Velez Mariconde, Alfredo, “Derecho Procesal Penal”. Tomo I, LernerEdiciones.106Colegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos AiresColegio de Magistrados y Funcionariosde la Provincia de Buenos Aires 107