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2. CIUDADES HABITABLES, DINÁMICAS Y SOSTENIBLES
Agua: un bien de todos que debe ser gestionado desde lo público
Sobre la base de la consideración del agua como bien público, los ayuntamientos
deben someter a una estricta regulación y control la gestión del agua, blindando
la titularidad pública del agua, para hacer efectivo el Derecho al agua de todos
los ciudadanos y ciudadanas, evitando nuevas “burbujas” especulativas, en este
caso hídricas y por tanto garantizando el acceso universal, excluyendo los cortes
de agua, una nueva modalidad de desahucio hídrico que incrementa aún más las
desigualdades y la exclusión social.
121. Los servicios de gestión del agua deberán ser preferentemente
municipales y solo en determinados casos podrían concesionarse a la
iniciativa privada en términos regulados. Los sistemas que actualmente
están privatizados requerirán una auditoría de gestión de cara a establecer
un diagnóstico de la situación y del estricto cumplimiento de la normativa
existente a la fecha y del propio contrato de concesión.
122. Por tanto, frente a leyes que sólo buscan la privatización de los
servicios esenciales, los y las socialistas impulsaremos modelos de gestión
100% públicos, transparentes y participativos.
123. Se aplicará un sistema tarifario justo, equitativo, transparente y suficiente
para garantizar el acceso a servicios de alta calidad independientemente
de los recursos de la ciudadanía. Se prohibirá el incremento de tarifas no
regulado por los contratos o convenios de gestión.
124. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de
equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los
costes de dichos servicios y no asumir la repercusión en el recibo del agua
de cánones concesionales que no han sido destinados a infraestructuras
hidráulicas sino a otras necesidades financieras del municipio. En este
sentido los y las socialistas reclamamos la prohibición expresa de la
aplicación de estos cánones.
125. Como una parte más de la gestión del agua se establecerán nuevos
compromisos de transparencia y control público de los sistemas y costes de
gestión. La gestión deberá basarse en el principio de eficiencia y siempre
bajo las bases de la Directiva Marco del Agua en los ámbitos ambientales,
económicos, infraestructurales y de participación pública.
126. Con independencia de quien fuera el operador (público o privado) y con
independencia de la duración máxima de las concesiones establecida en
la Ley de Contratos del Sector público se impondrá la realización periódica
de auditorías de gestión que garanticen la mayor calidad y el menor precio
posible del servicio público durante toda la duración del contrato.
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