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4. APUESTA POR EL MUNDO RURAL
Las circunstancias históricas, geográficas, orográficas, económicas, políticas
y sociales de nuestro país han dado lugar a un complejo mapa municipal,
caracterizado por la abundancia de pequeños municipios y una variada realidad a
lo largo de nuestro territorio.
En general, se da la circunstancia de que la mayoría de los pequeños municipios
se encuentran en zonas eminentemente rurales y de montaña, con especiales
dificultades para la generación de dinámicas económicas y sociales.
Los hombres y mujeres socialistas apostamos por el medio rural y por los
pequeños municipios, con un compromiso claro y determinado no sólo por su
pervivencia sino por su desarrollo como núcleo esencial de nuestra organización
administrativa y como garantes de la preservación del patrimonio natural, cultural
y social de estas zonas.
La administración local se ha mostrado como la más cercana, resolutiva y cómplice
con la ciudadanía, y nuestros representantes municipales como el voluntariado
institucional, capital humano que ha dinamizado nuestros pequeños municipios.
Una apuesta clara por el medio rural y los pequeños municipios que la integran,
exige un marco normativo acorde a la realidad de los mismos.
Abordar el problema de la despoblación y del mundo rural, exige reconocer
el inmenso déficit de financiación que sufren los municipios en general, y los
municipios rurales en particular.
Los socialistas seguiremos reclamando una adecuada financiación local, una
dotación presupuestaria específica en los PGE por parte del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, así como la correspondiente cofinanciación
comunitaria a través de los diferentes fondos europeos.
Junto a ello, los municipios rurales, por sus especiales características, precisan
un tratamiento diferenciado que les permita compensar sus déficits y afrontar
con mayores garantías la superación de sus hándicaps.
Por ello, los y las socialistas del ámbito rural vamos a exigir la declaración de
“municipio rural con especiales dificultades” que conlleve una discriminación
positiva para su financiación, tanto en la participación en los recursos del Estado
y de las Comunidades Autónomas como en transferencias finalistas. Así mismo,
dicha declaración ha de suponer un distintivo que conlleve la adaptación de la
diferente legislación a las circunstancias de los municipios que la posean, en aras
a una efectiva igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos,
independientemente del lugar en donde vivan.
Debemos reconocer la brecha existente entre los derechos y oportunidades de
los habitantes del medio urbano con los del medio rural, promoviendo políticas
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