2011 secmigrantes

2. Informes alternos en materia de secuestro de migrantes
Informe Especial sobre secuestro
de migrantes en México
Febrero 2011
a. Secuestros a Personas Migrantes Centroamericanas en Tránsito por
México
El 22 de marzo de 2010, en el marco del 138 periodo de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias organizaciones
de la sociedad civil solicitaron una audiencia pública, a fin de presentar ante los
comisionados la situación del secuestro sistemático y generalizado en perjuicio
de personas migrantes en México, cometido por el crimen organizado.
Las organizaciones peticionarias fueron el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), Frontera Con Justicia, A.C., Humanidad
Sin Fronteras, A.C., Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de
Larios, Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca,
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Servicio Jesuita a Migrantes México,
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Servicio Jesuita de
Jóvenes Voluntarios, Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C. de
Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.
El informe Secuestros a Personas Migrantes Centroamericanas en Tránsito por
México vi fue preparado por estas organizaciones para la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la citada audiencia.
En ese documento se asegura que el fenómeno de la migración en México y en
la región de Centroamérica se ha vuelto cada vez más complejo en términos de
la composición, rutas y destinos de los flujos migratorios, así como en los retos
que las personas migrantes deben afrontar a lo largo de su tránsito y estancia
en una región de la cual no son originarios.
Se señala que no concebir a los migrantes indocumentados como sujetos de
derecho resulta en la falta de marcos normativos adecuados y mecanismos que
garanticen y protejan sus derechos humanos, independientemente de su
condición migratoria. Lo anterior, deriva en un incremento de violaciones a
derechos humanos cometidas por servidores públicos y agentes policiales
federales, estatales y municipales, que se traducen en la criminalización de la
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