2011 secmigrantes

Informe Especial sobre secuestro
de migrantes en México
Febrero 2011
de migrantes, así como para que esta población en situación de
vulnerabilidad tenga acceso a los sistemas social y de justicia.
2. Llamar al Ejecutivo, a través de las instituciones migratorias, de seguridad
pública y de procuración de justicia, a fin de que prevengan, investiguen y
combatan los delitos contra migrantes, privilegiando el respeto a sus
derechos constitucionales y humanos.
3. Refrendar el compromiso y la responsabilidad jurídica, ética y moral de
todos los actores –servidores públicos, legisladores, organismos públicos
autónomos, gobiernos estatales y municipales y sociedad en general-
para proteger los derechos de los migrantes en su tránsito por nuestro
país en busca de mejores condiciones de vida.
Destaca que a raíz de este foro se firmó, el 14 de septiembre de 2010, un
acuerdo viii en el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través
de la Policía Federal, con la participación del Instituto Nacional de Migración, en
el ámbito de su competencia, así como a los Sres. Gobernadores de los Estados
de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Sonora, Chiapas,
Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León,
Tlaxcala, Chihuahua y el Distrito Federal, por conducto de los Secretarios de
Seguridad Pública, se sirvan establecer mayores acciones de vigilancia, de
manera coordinada, en las zonas que constituyen rutas para los migrantes,
particularmente en las carreteras federales, vías férreas, aeropuertos, puertos
marítimos y en los puntos de revisión y control migratorio, a fin de abatir el
secuestro en perjuicio de migrantes.
Asimismo, se solicitó que, en el marco de las facultades y atribuciones del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizara la revisión y actualización
de las políticas integrales y de programas y estrategias en el combate a las
bandas de secuestradores de migrantes; y, de manera particular, se
fortalecieran las acciones de coordinación e intercambio de información entre las
autoridades federales, locales y municipales, con el fin de abatir este delito.
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