Descargar - Consejo civil mexicano para la silvicultura sostenible

Introducción
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creación de “derechos plenos de propiedad”. (Demezets 1967, 1983,
Panayoutou 1989) sin definir con claridad en qué consisten estos derechos.
Estas propuestas suponen que la mera división de recursos comunes en
unidades más pequeñas es suficiente para inspirar racionalidad ecológica a
las acciones de los usuarios. Por otra parte frecuentemente se pasa por alto
el hecho de que los incentivos de uso racional de los recursos no son necesariamente
compatibles con su uso sustentable, especialmente en los casos de
especies de lento crecimiento, cuando en términos económicos resulta más
racional utilizar los recursos de manera intensiva que aprovecharlos en
una perspectiva de largo plazo. La apología de la privatización como condición
básica de sustentabilidad también desconoce las situaciones en las
que implementar la división de los bienes colectivos resulta imposible, como
sucede con los recursos móviles tales como el agua, las pesquerías o la fauna
silvestre (Ostrom, E. 1990: 40).
Frente a los dilemas que plantea el uso de los recursos comunes existen
diversos patrones de interacción posibles: uno es el uso individualista u
oportunista de los recursos, otro es el de la acción coordinada —la elección
de estrategias de cooperación— que desarrolla relaciones de reciprocidad.
Las estrategias coordinadas o de acción colectiva pueden ser resultado de los
procesos de aprendizaje que acompañan la evolución de los patrones de
uso de los recursos, o bien surgir como resultado del cambio de las reglas
generales que afectan las condiciones de apropiación de un sistema de recursos.
En ambos casos, los usuarios formulan y/o aceptan reglas de uso,
además de que diseñan o adoptan sistemas de monitoreo y sanciones. La
mayoría de las políticas públicas actúan con base en el supuesto de que las
estrategias de acción colectiva resultan obsoletas y que las comunidades de
usuarios son incapaces de desarrollar instituciones para regular el uso de
los recursos comunes acordes a las condiciones actuales. Es por esto que se
considera indispensable que en todos los casos exista una fuerte intervención
de las autoridades gubernamentales para modificar las reglas de uso
de los recursos y para vigilar y sancionar su cumplimiento.
Las políticas de nacionalización y/o privatización de los recursos comunes
dan por sentado que inevitablemente, los colectivos de usuarios son
incapaces de resolver los dilemas que plantea el uso de esos recursos. En
cambio suponen que la intervención de autoridades ajenas y la imposición
de soluciones externas a los grupos son siempre situaciones idóneas. Ignoran
que a menudo estas medidas crean las condiciones de acceso abierto a