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COALICIÓN POR LAS MIGRACIONES Y EL REFUGIO
h
d a p
de
programa andino
derechos humanos
ORGANIZACIONES DE LA COALICIÓN
CON EL APOYO DE
Misión Scalabriniana
ECUADOR
En el País de la
Ciudadanía Universal
Misión Scalabriniana
Save the Children
ECUADOR
INFORME SOBRE MOVILIDAD HUMANA
ECUADOR 2011

COALICIÓN POR LAS MIGRACIONES Y EL
REFUGIO
con el auspicio de
SAVE THE CHILDREN
En el País de la Ciudadanía Universal
INFORME SOBRE
MOVILIDAD HUMANA,
ECUADOR 2011
DATOS ESTADÍSTICOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
JUNIO, 2012

CRÉDITOS
Primera Edición: Junio, 2012
h
d pa
de
programa andino
derechos humanos
INTRODUCCIÓN
Este informe ha sido posible gracias al apoyo de las
siguientes instituciones y organizaciones:
Misión Scalabriniana Ecuador
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes Ecuador
Fundación Esperanza
Programa Andino de Derechos Humanos, UASB, sede
Ecuador,
Fundación Nuestros Jóvenes
Save The Children 1
Sistematización de la información y elaboración del
Informe de Movilidad Humana 2011:
Javier Arcentales
Susy Garbay
Asistencia recolección de información en Quito.
Andrea Ponce
Con la colaboración técnica de:
Misión Scalabriniana
ECUADOR
La Constitución Política del Ecuador de 2008 es un referente
en el reconocimiento de principios y derechos humanos. No obstante,
en el actual contexto se perfilan grandes tensiones referidas a la
garantía y el real ejercicio de estos derechos, en muchos casos
reduciéndose a un simple reconocimiento formal. La respuesta del
Estado no siempre se la mira coherente con el espíritu de la
Constitución de Montecristi; por el contrario, se observan acciones
estatales de restricción y deslegitimación de la defensa de los
derechos humanos.
En el caso de los derechos de movilidad humana, también se
evidencian estas tensiones, a pesar de la vigencia desde hace ya tres
años de la Constitución que consagró principios y derechos claves
referidos al tema. Estos nudos críticos se traducen en situaciones de
discriminación e inclusive de violencia, en contra de personas de otra
nacionalidad, contradiciendo la declaratoria del país que dice no
contemplar la categoría de “personas extranjeras”.
Programa Andino de Derechos Humanos, UASB, sede
Ecuador,
Gardenia Chávez
Gina Benavides
Impreso en Ecuador. Effecto Estudio Creativo 2012
Save the Children
INFORME DE LA COALICIÓN POR LAS MIGRACIONES Y EL REFUGIO
1 Está publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al convenio “Protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de los sistemas de protección nacional de la niñez, con
componentes de prevención, atención y rehabilitación para casos de abuso, violencia y negligencia,
en Ecuador y Perú” (Convenio AECID 10-CO1-061), ejecutado por Save the Children. El contenido
de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Coalición por las Migraciones y el Refugio y
no refleja necesariamente la opinión de la AECID o de Save the Children.
Este informe, que corresponde al año 2011, recoge algunas
de las principales problemáticas de derechos humanos referidas a
movilidad humana, al tiempo que busca ubicar sus causas y nudos
críticos, para lo cual se examinaron la normativa, las políticas y las
prácticas institucionales, a partir de las obligaciones del Estado en
materia de derechos humanos, particularmente de las personas en
movilidad.
Debido a la complejidad del tema y a la naturaleza del informe,
éste no agota −ni pretende agotar− el análisis de la problemática
concerniente a la movilidad humana, sino que se limita a poner en
evidencia los aspectos que requieren atención y respuestas oportunas
para evitar vulneraciones a estos derechos. Así, el enunciado de
algunas temáticas constituyen alertas, con el objeto de provocar y
generar mayor análisis y profundización sobre ellos.
1

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Por otra parte, el informe ofrece información general sobre los derechos de
las personas en movilidad humana, en particular los concernientes al derecho a
migrar, y detiene la mirada en el análisis de ciertos derechos que han tenido
relevancia en el período, tales como el derecho a la identidad y a la educación.
La información contenida en este informe tiene como fuente aquella
aportada por instituciones públicas y privadas, con base en 52 entrevistas, de las
cuales 29 fueron realizadas a funcionarios y funcionarias estatales y 23 a personas
de organizaciones, ONG y organismos internacionales. El levantamiento de esta
información se realizó en la ciudad de Quito y en las provincias de Esmeraldas,
Carchi, Imbabura, Sucumbíos, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Además, se
realizaron ocho peticiones de información a instituciones estatales relevantes en el
tema de movilidad humana, entre ellas, los ministerios del Interior; de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración; de Justicia, y de Educación, así como la
Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), la Policía de Migración, y el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Con esta base, este informe pretende generar una visión amplia de lo que ocurre
con los derechos de las personas en movilidad, y ofrecer elementos para fortalecer
las acciones de incidencia de las organizaciones e instituciones que trabajan en la
promoción y defensa de estos derechos. De la misma forma, se aspira que las
recomendaciones contenidas en el informe sean acogidas por las instituciones del
Estado ecuatoriano en la elaboración, evaluación y reformulación de políticas
públicas relacionadas con los derechos de la población en movilidad, que aporten
a la construcción de la tan esperada y necesaria normativa sobre movilidad
humana.
La presente publicación incluye el análisis sobre datos estadísticos de
relevancia, así como las conclusiones y recomendaciones del Informe de Movilidad
Humana 2011. El CD adjunto contiene el informe completo, con un análisis sobre
las diferentes dinámicas de movilidad humana.
Finalmente, este informe reconoce el trabajo de las y los profesionales que
forman parte de los equipos de atención a personas en movilidad, que
cotidianamente buscan que el Ecuador sea, en la declaratoria y en la práctica, un
país de ciudadanía universal.
DATOS RELEVANTES EN MOVILIDAD HUMANA
La población de oto origen nacional
El Ecuador se configura como país receptor de flujos de
personas de otro origen nacional, en su mayoría provenientes de los
países vecinos (Colombia y Perú); no obstante, la presencia de otras
nacionalidades ha puesto en evidencia la existencia de nuevos flujos
migratorios, los cuales no provienen únicamente de países de la región
sino aún de otros continentes, con dinámicas muy particulares, en
cada caso.
Al momento, no se puede determinar con exactitud el número
de personas de otro origen nacional que vive en el Ecuador, ni conocer
con claridad la condición migratoria en la que se encuentran, con
excepción de las personas registradas como refugiadas o solicitantes
de refugio. Esta situación es consecuencia de la dispersión
institucional en el ámbito de movilidad humana, lo que ocasiona que
los diferentes sistemas informáticos de registro y recolección de datos
no mantengan coordinación en la generación de estadísticas y, por el
contrario, enfrenten limitaciones en la cuantificación de población que
ingresa, permanece y sale del país.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), es la
institución encargada de la generación de datos oficiales, tiene a su
cargo el manejo de los datos de los censos de población y vivienda y,
específicamente en el tema de movilidad humana, la generación de los
Anuarios de Migración Internacional.
En los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 2 −
publicados en agosto de 2011−, se identifican algunas limitaciones
respecto de los datos sobre población de otra nacionalidad que
habitan en el Ecuador, entre otras razones, porque el Censo no incluyó
una pregunta específicamente referida a la nacionalidad 3 de las
2
INEC, “VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010”, en
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction
3 El término “nacionalidad” fue usado en el Censo para referir a los pueblos
indígenas
2 3

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
personas. Los datos oficiales sobre esta población fueron obtenidos con base a la
pregunta sobre la ciudad de nacimiento, lo cual no permite determinar la dimensión
de la población de otra nacionalidad, pues tanto los hijos e hijas de ecuatorianos y
ecuatorianas nacidos en el exterior, como aquellas personas que han adquirido la
nacionalidad ecuatoriana, erróneamente se registran como “extranjeros”.
Además, a la categoría de “personas de otra nacionalidad”, el INEC ha
sumado la cifra de más de 3.500 personas que no especificaban su ciudad de
nacimiento, las cuales no necesariamente son nacidas en el exterior o no tengan la
nacionalidad ecuatoriana. Por otro lado, es muy probable que las personas−que al
momento del Censo se encontraban en situación migratoria irregular− no se hayan
visibilizado, por temor a ser sometidas a procesos de deportación, por lo que
difícilmente pueden constar dentro de las cifras recogidas en el Censo.
De lo anterior, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, la
población de otro origen nacional que se encuentra en el país llegaría a las 194.398
personas, lo que representa un incremento del 87%, respecto de la población
censada en 2001 (104.130).
CUADRO 1 - Población de oto origen nacional - Censo 2010
Censo 2001
Censo 2010
Hombres
52.495
99.047
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Gina Benavides Llerena, 2011
Mujeres
51.635
95.351
Total
104.130
194.398
Es importante destacar que la diferencia por sexo es mínima, siendo la
masculina ligeramente superior a la femenina. No obstante, tal como se ha podido
constatar en el levantamiento de información, en los contextos sociales y
económicos de algunas localidades −en especial en los de frontera− las mujeres,
adolescentes y niñas se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad de sus
derechos, por ser víctimas de trata u otras formas de explotación, naturalizadas
dentro de las estructuras patriarcales imperantes. Esta situación puede ser más
crítica al tratarse de personas de una nacionalidad diferente a la ecuatoriana.
Según los datos de este Censo, la población de otra nacionalidad, con
mayor presencia en Ecuador, es la colombiana (93.237); con una marcada
diferencia, le sigue la nacida en Estados Unidos (16.869), lo cual llama la atención,
pues −por lo general− en la información de los Anuarios de Migración del INEC, el
segundo saldo migratorio suele ser el peruano. Sin embargo, según el Censo 2010,
esta población se sitúa en tercer lugar, con 16.737, algo más de 100 personas
menos que la estadounidense.
GRÁFICO 1. Población de ota nacionalidad - Censo 2010
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC.
Elaboración: Javier Arcentales, 2012.
Por otra parte, según esta misma fuente, en el Ecuador existen 59.345
niños, niñas y adolescentes nacidos fuera del país, representando el 30,5% del total
de la población de otra nacionalidad.
GRÁFICO 2. Niños, niñas y adolescentes nacidos en oto país por edad
Censo 2010
4 5
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
25000
20000
15000
10000
5000
0
Colombia
Estados Unidos
Menor de 1 año
Per
España
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Javier Arcentales, 2012.
Cuba
De 1 a 4 años
Venezuela
Chile
Italia
De 5 a 9 años
China R. P.
Argentina
Alemania
De 10 a 14 años
Brasil
México
De 15 a 19 años
Francia
Reino Unido

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Más del 30% de la población de niños, niñas y preadolescentes de otra
nacionalidad, se encuentra entre las edades comprendidas entre los 5 y 9 años, en
tanto que la población de adolescentes entre los 15 y 19, representa el 22%.
Sin embargo, al intentar definir la nacionalidad de la población de niños,
niñas y adolescentes que habitan en el Ecuador, se constata con mayor claridad los
inconvenientes de determinar estos datos, teniendo como única referencia la
pregunta sobre la ciudad de nacimiento. Es así que se obtienen los siguientes
datos:
25000
20000
15000
10000
5000
0
Colombia
España
Estados Unidos
Gráfico 3 - Principales países de origen de niños, niñas y
adolescentes de ota nacionalidad
Censo 2010
Per
Italia
Venezuela
Sin especificar
Chile
Argentina
Alemania
Reino Unido
Canadá
Bélgica
Cuba
México
Migración Internacional, los cuales se elaboran con base en la información
proporcionada por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional, que
tiene a su cargo los registros de salida y entrada de las personas al territorio
ecuatoriano. Estos anuarios permiten observar el comportamiento de los flujos de
ingreso y salida, con los cuales se pueden calcular los respectivos saldos
migratorios. 4 Sin embargo, esta información carece de precisión, debido a que el
sistema informático de la Policía de Migración no elimina los registros que pueden
ser generados por una misma persona, que ingresa y sale del territorio. Además, las
autoridades de migración admiten la existencia de una gran cantidad de pasos “no
autorizados” en las fronteras con Colombia y Perú, por los que un número
indeterminado de personas ingresa y sale de territorio ecuatoriano sin ser
registrado. 5
Adicionalmente, las instituciones que tienen a su cargo el registro de la
permanencia temporal o definitiva de las personas de otro origen nacional, no
remiten sus datos estadísticos al INEC, por lo que no son incluidos en los Anuarios
de Migración; tal es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene a su
cargo la emisión de visados para no inmigrantes, el registro de personas refugiadas
y los procesos de naturalización, y de la Dirección de Extranjería del Ministerio del
Interior, que a pesar de emitir visas para inmigrantes permanentes, no genera
estadísticas.
Ahora bien, el análisis de los saldos migratorios permite realizar una
aproximación a la movilidad anual que experimenta la población de otra
nacionalidad. Según esta información, en el año 2011, el saldo migratorio fue de
55.661 personas, lo que significa un aumento del 33%, en relación al año 2010, en
el que se registró un saldo migratorio de 41.676. En consecuencia, el saldo
migratorio del año 2011 es el más alto en los últimos cinco años. 6
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Javier Arcentales, 2012.
Continuando con los datos del Censo 2010, los niños, niñas y adolescentes
españoles y estadounidenses serían, respectivamente, la segunda y tercera
población más numerosa en el país. Sin embargo, teniendo en mente la pregunta
planteada, estos datos corresponden, más bien, a hijos e hijas de migrantes
ecuatorianos nacidos en esos países y que, al momento del Censo, se encontraban
en el territorio ecuatoriano.
Por otra parte, y como se mencionó antes, el INEC también genera
información específica sobre movilidad humana, contenida en los Anuarios de
4 El saldo migratorio es el resultado de la resta entre el número de personas que han
ingresado y el de quienes han salido. Esto permite tener una aproximación de la cantidad de
personas que han decidido permanecer en el Ecuador en un tiempo determinado.
5 Entrevista a Xavier Navarro, Director Nacional Jurídico de la Policía de Migración, realizada
el 19 de diciembre de 2011.
6 INEC, “Anuario de Migración Internacional 2008-2009-2010”, en
6 7

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
60000
50000
40000
30000
39475
40650
Gráfico 4 - Saldos Migatorios 2007 – 2011
55661
39525
41676
25000
20000
15000
24615
Gráfico 6 - Saldos Migatorios por Nacionalidad 2011
20000
10000
0
2007 2008 2009 2010 2011
10000
5000
0
13093
3307
3135
1806
1561
1377
859
698
545
346
312
312
303
267
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
Si se compara con el año anterior, y se revisan las nacionalidades de las
poblaciones con mayores índices de permanencia, se verifica que en el 2011 hay
una variación significativa, atribuible a las restricciones impuestas en diferentes
ámbitos, principalmente relacionadas con la posibilidad de regularización y con el
ejercicio de otros derechos.
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
17337
Colombia
9871
Per
3553
España
2030
Cuba
Gráfico 5 - Saldos Migatorios por Nacionalidad 2010
1568
Estados Unidos
957
Fuente: Anuario de Migaciones INEC 2010 y Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional. 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
Chile
608
China (Pekin)
511
Haití
401
Eritea
461
Reino Unido
378
Canada
350
Venezuela
277
Argentina
276
Bangladesh
268
Italia
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional. 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011
8 9
Colombia
Per
Estados Unidos
España
Argentina
Venezuela
China (Pekin)
Al revisar los saldos migratorios por nacionalidad del año 2011, se observa
que los flujos correspondientes a los países limítrofes son los mayores. Se destaca
un incremento significativo de la población colombiana (24.615), mayor en más de
7.000 mil personas al saldo del año anterior (17.337).Se debe tener presente que el
flujo de población colombiana es mixto; es decir, ingresan personas inmigrantes y
aquellas otras que buscan protección, a consecuencia del conflicto armado. Este
incremento de la población colombiana contrasta fuertemente con el descenso del
número de personas reconocidas como refugiadas en el 2011, aspecto que se
profundiza más adelante.
El segundo saldo migratorio corresponde a la población peruana (13.093),
con una diferencia significativa respecto de la colombiana, y con un incremento del
32% respecto del saldo migratorio del año anterior, lo que podría explicarse por la
implementación del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-peruano.
Por su parte, el saldo migratorio cubano evidencia una disminución del
57% respecto del año 2010. Este descenso puede responder a las diferentes
acciones que ha tomado el Estado ecuatoriano para restringir esta migración, como
son: la imposición de nuevos requisitos para regularizar su permanencia, la
ejecución de procesos de exclusión en aeropuertos, las detenciones y privaciones
indefinidas de libertad de personas cubanas, a causa de su situación migratoria, y
la ausencia de medidas estatales para frenar la discriminación y xenofobia en
contra de personas de esta nacionalidad.
Cuba
Filipinas
Chile
Canada
Francia
India
México
Ucrania

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Lo propio ocurre con el flujo migratorio de Haití, el cual experimenta un
descenso del 95%, que también podría ser explicado como efecto de medidas
restrictivas que desestimulan su permanencia en el país, a diferencia de lo que
ocurría en años anteriores. A la dificultad para regularizarse, se podría añadir la falta
de protección efectiva para las personas haitianas que requieren protección
internacional. En el año 2011 ingresaron 2.545 personas haitianas y salieron 2.520,
lo que evidencia que esta población ya no permanece en territorio ecuatoriano, sino
que se lo considera como país de tránsito. Según un estudio de la Oficina Regional
del Servicio Jesuita a Refugiados:
La mayoría de los haitianos no se quedan en Ecuador, sino que viajan hacia
Chile, Venezuela y sobre todo a Brasil. Existen varias rutas que utilizan los
traficantes para llevar a sus víctimas de Haití hacia Brasil, pero la ruta más
común que recorren es la siguiente: pasan por República Dominicana para
llegar a Ecuador, luego a Perú (sea a través de Iquitos, la región Madre de
Dios o Puerto Maldonado) y finalmente a Brasil, por la triple frontera.
Algunos haitianos vuelan también directamente de Haití a Perú y de allí a
Brasil. De la misma manera, hay un número significativo de haitianos que
transitan de Ecuador a Chile o a Venezuela. 7
Entre los países sudamericanos con mayor saldo migratorio, llaman la
atención Argentina y Venezuela, con un incremento de más del 100%, respecto del
año anterior.
En cuanto a los flujos migratorios de África, en el año 2010 Eritrea tuvo un
repunte relevante (398), ubicándose dentro de las 15 nacionalidades con mayor
saldo migratorio. Sin embargo, luego de la imposición de visados a algunos países
de África y Asia 8 , el año 2011 no registra ningún ingreso. Igual ocurre con Nigeria,
que para el año 2010 registraba 133 personas, y en el 2011 existe un saldo negativo
de 23 personas, lo que significa que no sólo salieron quienes ingresaron sino
también quienes ya se encontraban radicados en el país. Similar situación se
observa con Somalia, que en el año 2010 registraba 55 ingresos y una salida, en
tanto que en el año 2011 apenas ingresaron 3 personas. Por el contrario, el saldo
migratorio de Camerún, que el año 2010 era de 7 personas, en el 2011 se
incrementó a 21, lo que se explica porque a las personas de esta nacionalidad no
se les impuso visado.
7 Servicio Jesuita a Refugiados LAC, “Los flujos haitianos hacia América Latina: Situación actual
y propuestas”, p. 5. http://www.sjrmecuador.org.ec/portal/files/Los%20flujos%20haitianos%20
hacia%20Am%C3%A9rica%20Latina_situaci%C3%B3n%20actual%20y%20propuestas.pdf.
8 En septiembre de 2010 se impuso visados para Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia,
Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia.
En relación a los flujos migratorios de Asia, en el año 2011 han disminuido
aquellos a los que se impuso el visado, observándose un crecimiento de la
población China, que en el 2010 registraba 608 personas y 1.377 en el año 2011, lo
que significa un aumento de 125%, que puede explicarse por el incremento de las
relaciones comerciales entre Ecuador y China.
Hay que destacar que los saldos migratorios de Estados Unidos y España
son elevados. En el primer caso se registra un incremento del 110% en relación al
año anterior y, en el segundo, si bien hay una ligera disminución en comparación
con el 2010, éste sigue siendo alto (3.135), lo que los ubica dentro de los cuatro
países con mayor saldo migratorio en el Ecuador. En el cuadro a continuación se
destaca el crecimiento de los saldos migratorios:
País
Colombia
Per
España
Cuba
Estados Unidos
Chile
China Popular (Pekín)
Haití
Eritea
Reino Unido
Canadá
Venezuela
Argentina
Bangladesh
Italia
Cuadro 2
Comparación Saldos Migatorios 2010 - 2011
Saldos migatorios 2010 Saldos migatorios 2011
17.337
24.615
9.871
13.093
3.553
3.135
2.030
859
1.568
3.307
957
545
608
1.377
511
25
401
0
461
117
378
346
350
1.561
277
1.806
276
57
268
224
Fuente: Anuario de Migaciones INEC 2010 y Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional. 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
10 11

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Frente a la preocupación de que el Ecuador ha sido “invadido” por
personas cubanas, haitianas, africanas y de otras nacionalidades, se observa
claramente que los saldos migratorios de países considerados como
industrializados, como Estados Unidos y España, son más elevados que los
anteriores. Esto demuestra que bajo esas opiniones subyacen criterios
discriminadores y xenofóbicos que fomentan estereotipos de “buena” o “peligrosa”
migración. En consecuencia, los flujos migratorios de los países no industrializados
tienen mayor dificultad para regularizar su situación. Así lo reportan los datos del
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en el año 2011:
El 81% de las personas atendidas, en el área jurídica, son de nacionalidad
colombiana. 6% cubanas, 5% haitianas, 3% peruanas, 2% ecuatorianas, y
las demás de otra nacionalidad. [Aquellas] de otra nacionalidad son
generalmente de países africanos, del Medio Oriente o de otros países de
Hispanoamérica. 9
Deporaciones a personas de otas nacionalidades
Los casos de deportación a personas de otra nacionalidad aumentaron.
Así, mientras en 2010 el total fue de 569, para 2011 esta cifra llega a las 750, lo que
significa un incremento del 31.8%.
800
700
600
500
400
300
200
569
100
0
Gráfico 7 - Deporaciones 2010 - 2011
TOTAL
DEPORTACIONES
2010
750
TOTAL
DEPORTACIONES
2011
La mayoría de personas deportadas en 2011 es de nacionalidad
colombiana, seguida de la población peruana. El caso de la población cubana
amerita un análisis particular, ya que continúa siendo detenida y, debido a que el
gobierno cubano se niega a recibirlas, no puede retornar a su país de origen y
permanece detenida de manera arbitraria y por tiempo indefinido. Situación similar
ocurre con las personas haitianas, africanas, asiáticas y de otras nacionalidades,
debido a la falta de recursos para financiar los procesos de deportación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Argentina 8, Brasil 6, Urgay 5
Chile 4, Venezuela 4, Bolivia 1
India 8, Bangladesh 4, Afganistán 3
China 1, Irán 1, Japón 1
Cuba 11, Haití 9, Rep. Dominicana 6
España 8, Porgal 2, Rumania 2,
Holanda 1, Litania 1, Austia 1
Senegal 2, Sudáfrica 2, Africa S Occ 1,
Egipto 1, Guinea 1, Namibia 1, Uganda 1
E.E.U.U
Per
Colombia
México 2, Guatemala 1
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional, 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2012.
La población refgiada en el Ecuador, en cifras
Gráfico 8 - Nacionalidad de personas deporadas 2011
TOTAL
28
18
26
15
9
3
160
409
3
8
6
1
2
3
4
5
9
7
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional, 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2012
9 Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, “Estadísticas Generales de las Atenciones Jurídicas
del 2011 de las Oficinas del SJRM – Ecuador”, Documento Institucional, 2011.
Hay que hacer hincapié en que la condición de refugiado es intrínseca a la
persona; es decir, basta con que se configuren los presupuestos determinados en
la legislación nacional e internacional, para que las personas sean consideradas
como tales. Esto quiere decir que por diversas circunstancias −falta de
información, imposibilidad de acceso físico a los puntos de registro, carencia de
12 13

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
recursos económicos para movilizarse- existe población que aún no ha solicitado
refugio de manera formal y, por tanto, no forma parte de las estadísticas oficiales.
Según cifras de la Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores,
el número total de personas reconocidas como refugiada, hasta diciembre de 2011,
es de 55.092. De ellas, la gran mayoría es de nacionalidad colombiana −54.243−,
equivalente al 98% del total de personas refugiadas.
Fuente: Dirección Nacional de Refgiados.2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
2
1 3
4
Gráfico 9 - Población Refgiada en el Ecuador, 2011
1 Afganistán
La causa fundamental para esta situación radica en el conflicto colombiano
y la cercanía de la frontera ecuatoriana a las zonas más conflictivas. Según el
estudio sobre refugiados urbanos, realizado por FLACSO, “[l]as causas por las que
esta población sale de Colombia se deben principalmente a la violencia en sus
diversas expresiones (por acciones de grupos armados en el escenario rural y
urbano, amenazas, atentados y temor generalizado)”. 10 El Ecuador es el país en la
región con mayor número de población colombiana refugiada a causa del conflicto
armado.
Como se ha visto, en el año 2011 existe un incremento en el ingreso de
población colombiana al Ecuador; de hecho, su saldo migratorio (24.615) es el más
alto en los últimos cinco años. No obstante, llama la atención que el número de
personas refugiadas reconocidas, se reduce significativamente en este año. Según
la Dirección de Refugiados, desde enero a diciembre, se registran 2.679personas
frente a las 7.997 del año 2010, siendo los meses de enero (396), abril (459) y
septiembre (536) los de mayor índice de reconocimiento.
10 FLACSO, Refugiados urbanos en Ecuador, FLACSO, Quito, febrero 2011.
2
3
4
Cuba
Otos
Colombia
114
239
501
54476
Tal como se advierte en la investigación mencionada, las razones por las
que la población colombiana se ve obligada a salir de su país y solicitar protección
internacional, se mantienen, por lo que resulta sorprendente que, a pesar de que el
número de personas colombianas en Ecuador se incrementa significativamente, las
reconocidas en 2011 sean mucho menos que las de 2010.
Además, si se comparan los datos de la Dirección de Refugiados con los
del Censo de Población y Vivienda 2010, aun considerando las limitaciones
mencionadas, se puede inferir que gran parte de la población colombiana se
encuentra en el Ecuador a consecuencia del conflicto armado. 11 Lo que debe ser
tomado en cuenta, ya que en el estudio de FLACSO se observa que el 84% de las
personas encuestadas señala no querer retornar a su país, toda vez que las
condiciones que las obligó a salir, no han cambiado.
Además, hay que advertir que entre la población refugiada, existe un 2%
que no proviene de Colombia sino de países de la región y de otros continentes.
Estos grupos, si bien no alcanzan las proporciones de la población colombiana,
también deben ser considerados al momento de generar políticas públicas, ya que
pueden requerir una mayor atención en el proceso de integración, en relación con
la población local, debido al idioma u otras diferencias culturales.
Del total de la población refugiada proveniente de países del continente
americano, se encuentran 239 personas cubanas (equivalente al 0,43% del total de
refugiados), siendo la nacionalidad que le sigue a la población colombiana. Sin
embargo, cabe aclarar que la gran mayoría de estas personas fue reconocida antes
de 2008, año en el cual se incrementó significativamente el flujo de población
cubana hacia el Ecuador. En el año 2009 fueron reconocidas 28 personas, en el
2010, 3, y en el año 2011, 2, solamente dos lograron el reconocimiento. De allí se
constata que a mayor presencia de población cubana se reduce el número de
personas reconocidas como refugiadas.
Dentro del mismo grupo de refugiados provenientes del continente
americano, se encuentran 25 personas provenientes de Haití, observándose
igualmente un índice bajo de reconocimiento, pese a las condiciones de su país de
origen; así, sólo se calificaron como refugiadas 25 de 981 solicitudes (lo que
representa el 2,5%).
11 Los datos oficiales del Censo 2010 advierten la existencia de alrededor de 93.237 personas de
origen colombiano que, frente al dato de más de 54.000 personas refugiadas, se podría sostener
que más del 50% de la población colombiana en el Ecuador requiere protección internacional. Sin
embargo, por las limitaciones de los datos del Censo de Población y los cuestionamientos
señalados anteriormente, este dato no es totalmente certero.
14 15

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Fuente: Dirección Nacional de Refgiados. 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Fuente: Dirección Nacional de Refgiados, 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
Gráfico 12 - Personas solicitantes y refgiadas colombianas
solicitantes
de refgio
refgiados
reconocidos
Gráfico 13 - Personas solicitantes y refgiadas de otas nacionalidades
7883
Per
97
148977
5776
239
981
Solicitantes de refgio
25
54243
348 29 315 23 173 114
Cuba Haití Pakistán Nigeria Afganistán
Refgiados reconocidos
Como se observa, los índices de reconocimiento de población refugiada
han decrecido en el año 2011. En los años anteriores se llevó a cabo el proceso de
registro ampliado, que reconoció a 27.740 personas colombianas; en el año 2009
se reconocieron a 25.803, y en el año 2010 a 8.049. Sin embargo, para diciembre
del año 2011, esa cifra desciende a 2.679.Son varios los factores que explican este
descenso; el más importante −identificado en el 2011− es la implementación del
procedimiento de admisibilidad.
Emigación ecuatoriana, en cifras
Según datos de la Dirección Nacional de la Policía de Migración 12 , los
flujos migratorios de ecuatorianos y ecuatorianas al exterior han sufrido
variaciones, en gran medida atribuibles a los efectos de la crisis económica
mundial. Así, si se revisan los saldos migratorios de los principales países de
destino de la emigración ecuatoriana, Estados Unidos se mantiene como el mayor
receptor; de hecho, se observa un aparente aumento en el año 2011.
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional, noviembre de 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
12 Datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración a noviembre de 2011.
Deben tenerse en cuenta las variaciones que pueden sufrir los movimientos migratorios en
el mes de diciembre.
18 19
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
334576
322904
11672
E.E.U.U.
Gráfico 14 - Ingesos, salidas y saldos migatorios de personas ecuatorianas
segn principales destinos, año 2011
26325
19772
6553
Italia
28909
22658
6251
Argentina
20627
14631
5996
México
9924
6188
3736
Brasil
3437
734
2703
Honduras
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional, noviembre de 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
4872
2659
2213
Canadá
22732
20612
2120
Chile
4826
2941
1885
Alemania
3543
1794
1749
Francia
Salida Ingeso Saldo
Gráfico 15 - Principales países de destino de personas ecuatorianas - Años 2010 – 2011
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
7618
11672
E.E.U.U.
6499
6553
Italia
5172
6251
5911
5996
Argentina México
4050
3736
4774
2703
1809
2213
Brasil Honduras Canadá
175
2120
Chile
2014
1885
1560
1749
Alemania Francia
Solicitantes de refgio por Año 2010 Refgiados reconocidos por Año 2012

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Entre los diez países de mayor flujo migratorio ecuatoriano, Italia aparece
en segundo lugar, en tanto que los flujos hacia Alemania y Francia, son
significativamente menores. Es importante destacar que España ni siquiera figura
entre estos países, seguramente a causa del retorno al país de la población
ecuatoriana. Entre otros países receptores de migración ecuatoriana se encuentran
algunos sudamericanos, como Argentina, Brasil y Chile, y de Centroamérica, como
México y Honduras. Respecto de estos últimos, se debe tener en mente que están
situados en la ruta hacia los Estados Unidos, lo que podría explicar lo elevado de
este flujo.
En cuanto a los países limítrofes, Colombia no es un destino en el que la
población ecuatoriana decida radicarse. Según las estadísticas, las entradas y
salidas arrojan un saldo negativo, al contrario de lo que ocurre con el flujo
colombiano hacia el Ecuador. Los datos confirman que los y las ecuatorianas
visitan esporádicamente al país vecino, como resultado del turismo y de los
vínculos comerciales y familiares que históricamente han unido a los dos países.
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
-20000
Gráfico 17 - Flujo de población ecuatoriana a Per Años 2010 – 2011
151534
154937
153728
152213
-2194
1724
INGRESOS SALIDAS Saldos Migatorios
Per 2010 Per 2011
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
-20000
Gráfico 16 - Flujo de población ecuatoriana a Colombia Años 2010 – 2011
106407
93826
115403
INGRESOS SALIDAS Saldos Migatorios
Colombia 2010 Colombia 2011
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional, noviembre de 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
En el caso peruano, el flujo de entradas y salidas es más elevado que el
colombiano, observándose ligeros cambios en 2011. Si bien en 2010 el flujo
observaba un comportamiento similar al de Colombia, arrojando saldos migratorios
negativos, en 2011el saldo devino en positivo, confirmando la existencia de un
grupo de personas ecuatorianas que optan por radicarse en dicho país.
106548
-8996
-12722
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional, noviembre de 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
El Censo de Población y Vivienda de 2010, incorporó preguntas específicas
sobre emigración con el objeto de determinar la existencia de miembros de familias
ecuatorianas en el exterior. Según estos datos, 280.437 personas habrían salido del
país entre 2001 y 2010, lo que reflejaría la existencia de un subregistro,
considerando la magnitud de la población ecuatoriana que está en el exterior y
aquella que sale de manera irregular. De este grupo, el 54% es de sexo masculino
y el 46% de femenino; además la mayoría habría salido entre 2001 y 2003. Estos
datos indican que más del 60% emigró por motivos de trabajo, y que los mayores
países de residencia son España, Estados Unidos e Italia.
Procesos de retoro
Sin duda, uno de los aspectos más relevantes que reflejan los saldos
migratorios, es el proceso de retorno. El más evidente es desde España. En el año
2010, 14.437 personas ecuatorianas retornaron desde ese país, en tanto que a
noviembre de 2011, esta cifra llega a las 14.300 personas. Con base en estas cifras,
España es el segundo país con mayor presencia de población ecuatoriana en
procesos de retorno sostenido, producto de la crisis económica que atraviesa ese
país. A esto se suma un alarmante número de deportaciones de la población
ecuatoriana desde los principales países de destino; de enero a noviembre del año
2011, se deportaron 2.387 personas, siendo Estados Unidos y España los países
con el mayor número de deportaciones.
20 21

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Las deportaciones también se registran desde los países centroamericanos
de tránsito hacia Estados Unidos, principalmente Guatemala, Honduras, México y
Panamá, lo que corrobora que el tráfico de migrantes se mantiene en magnitudes
considerables.
Trata de personas
Entre enero y septiembre de 2011 se registran 89 noticias de delito a nivel
nacional, siendo las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y
Guayas, las que registran las mayores estadísticas.
30
25
20
15
10
5
0
Gráfico 18 - Países de procedencia de migantes ecuatorianos deporados
2
4 5 6 7 8
3
13 14 15
9 10 11 12
Fuente: Dirección Nacional de la Policía de Migación, 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
26
Pichincha
Gráfico 19 - Noticia del delito de tata de personas por provincias
Enero a septiembre de 2011
24
Sto. Domingo
11
Guayas
Imbabura
Fuente: Dirección Nacional de Migación de la Policía Nacional, noviembre de 2011.
Elaboración: Javier Arcentales, 2011.
1
5 5 4
Manabí
Azuay
1
2
3
4
Estados Unidos
España
México
Curazao
Reino Unido
Chile
Guatemala
Canada
Honduras
5
6
7
8
9
10 Italia
El Oro
1540
451
147
55
21
20
19
17
11
17
11 Francia
12 Israel
13 Panamá
14 El Salvador
15 Otos
10
10
10
6
35
3 3 3 2 1 1 1
Morona S.
Sucumbíos
Santa Elena
Cañar
Galápagos
Tungrahua
Del total de noticias de delitos, se abrió instrucción fiscal en 13 casos y se
emitieron dictámenes acusatorios en solamente 4. No se registra ningún caso con
sentencia. También se evidencia que la mayoría de los casos se quedan en
desestimaciones y archivos provisionales. Cabe indicar que, según el Código de
Procedimiento Penal, el archivo procede “cuando sea manifiesto que el acto no
constituye delito o cuando exista algún obstáculo legal insubsanable para el
desarrollo del proceso.” 13
Fuente: Fiscalía General del Estado. Dirección de Actación y Gestión Procesal, 2011.
Elaboración: Susy Garbay Mancheno, 2012.
Gráfico 20 - Delito de tata de personas por provincias
Enero a septiembre de 2011
22 23
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
89
Noticia del delito
83
Indgación previa
45
Desestimaciones
28
Archivos de las causas
13 9 8 8
Instcciones fiscales
Estos datos dan cuenta de la prevalencia de los niveles de impunidad de la trata de
personas en el país.
13 “Código de Procedimiento Penal”, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 360 de
13 de enero de 2000; última reforma, 29 de marzo del 2010.
Archivos definifivos
Dictamen absolutorio
Sobreseimientos
4
Dictámenes acusatorios
1
Prescripciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La Constitución del Ecuador caracteriza al Estado como constitucional de
derechos, lo cual tiene varias implicaciones, como la limitación del poder
de instancias públicas y privadas. De esta forma, el ejercicio de poder y la
toma de decisiones de las autoridades públicas y de quienes actúan en
su representación, deben orientarse por los derechos constitucionales −
que incluyen los reconocidos en instrumentos internacionales− y que
tienen un valor especial, puesto que, si estos reconocen derechos
superiores a los consagrados en la Constitución, prevalecen incluso por
sobre ésta; en tanto que los tratados internacionales, que no contienen
derechos superiores a los de la Constitución, adquieren mayor rango que
las leyes orgánicas y ordinarias, y sobre otras normas de inferior
jerarquía. 14
A pesar de que la Constitución ha incorporado principios y derechos
específicos para las personas en movilidad, en el año 2011 se
profundizaron las prácticas y decisiones gubernamentales tendientes a
impedir el ejercicio y la vigencia de estos derechos.
Se constata que uno de los principales factores que genera la restricción
de derechos de las personas de otra nacionalidad, es la noción de
seguridad, que ha cobrado vigencia por el incremento de la delincuencia
y el estereotipo que vincula a personas de otras nacionalidades con estos
hechos delictivos. De la mano de lo anterior, se constata la prevalencia del
concepto de soberanía nacional, que justificaría la limitación de los
derechos de las personas no ecuatorianas. La aplicación de los criterios
de seguridad pública y soberanía nacional, tal como se los comprende y
aplica, son contrarios a los principios y derechos constitucionales.
Los criterios de seguridad y soberanía permean las políticas migratorias y
de refugio, observando claramente en el año 2011 aspectos regresivos,
que desvirtúan los principios y derechos consagrados en la Constitución
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Todos los
aspectos relacionados con el otorgamiento de visados son vistos como
ejercicio de potestad soberana y no como la garantía del ejercicio del
14 Constitución Política de la República”, Art. 425, en Registro Oficial, No. 449, 20 de octubre de 2008.
derecho a migrar, razón por la que, al momento de su emisión, no se
toma en cuenta el derecho al debido proceso.
En el año 2011 se han impuesto restricciones a la posibilidad de
regularizar la permanencia en el Ecuador, desde una perspectiva de
selectividad migratoria, sustentada en factores económicos y de
nacionalidad, que dejan en situación irregular a un gran número de
personas, provocando que se recurra a medios ilegales, en los que
estarían implicados funcionarios públicos y agentes de policía.
Lastimosamente, a pesar de los principios constitucionales vigentes, la
condición migratoria regular es un aspecto absolutamente necesario
para el ejercicio de derechos.
Existe un imaginario público que estereotipa una migración buena y otra
peligrosa. De esa forma, personas de origen colombiano, peruano,
haitiano, cubano o africano, tienen mayor dificultad para regularizar su
situación, mientras que personas que provienen de los países
industrializados, o llamados del primer mundo, pueden hacerlo con
menores tropiezos. Este imaginario está presente en autoridades y
funcionarios públicos, que justifican medidas restrictivas en unos casos,
y más flexibles en otros.
Según los datos oficiales, y pese a las medidas restrictivas adoptadas en
el año 2011−que han afectado el ejercicio de derechos de las personas
de otra nacionalidad−, el Ecuador se mantiene como un país con una alta
movilidad, en el que se registran flujos de emigrantes, inmigrantes,
refugiados y población en tránsito. No obstante las variaciones que se
registran dentro de estos flujos, 2011 mantiene el saldo migratorio más
elevado de los últimos cinco años.
Las personas de origen colombiano siguen siendo las que buscan mayor
refugio en el Ecuador, lo que da cuenta de que persisten las condiciones
que obligan a estas personas a salir de su país. Durante 2011 se
constata el incremento de la población colombiana que ingresó al
Ecuador; más aún, como fruto de las nuevas medidas adoptadas por el
Estado ecuatoriano, ha decrecido el índice de personas reconocidas.
Existen otros grupos de nacionalidades, diferentes a la colombiana, que
también buscan en el Ecuador protección internacional; es el caso de la
población proveniente de Haití, Cuba y países de África y Medio Oriente.
Por ser un porcentaje considerablemente menor al de la colombiana,
existe menos información sobre las dificultades que enfrentan en el
proceso de solicitud de la condición de refugiados, y sobre los procesos
de integración en la sociedad ecuatoriana.
24 25

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Se constata que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes dentro de la
población refugiada, es de alrededor del 25%, siendo en su mayoría de
origen colombiano. Este aspecto debe ser tomado en cuenta en la
generación de políticas públicas, particularmente por parte de las
autoridades del Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia.
Se ha implementado el procedimiento de admisibilidad como un “filtro”
para prevenir la “mala” utilización del refugio; sin embargo, en la práctica
constituye una formalidad que desnaturaliza su carácter proteccionista e
integral, al reducirse a una entrevista sumaria que enfatiza las
necesidades de subsistencia por sobre los riesgos o las condiciones de la
región de la que provienen los entrevistados. Este procedimiento
descaracteriza la naturaleza de la figura de protección internacional y
abre un amplio margen de error en la admisión de las personas,
agudizando sus condiciones de desprotección.
Se constata la existencia de población que requiere de protección
internacional, sobre todo de localidades rurales, que no puede acceder a
la solicitud de asilo, debido a la distancia, los costos y el riesgo de ser
sometida a procesos de deportación. A pesar de ello, en el año 2011 no
se observan brigadas de registro o renovación de documentos, por parte
de la Dirección de Refugiados.
En 2011 se han detectado procesos de cesación de la condición de
refugiados, sin que queden claros los criterios y procedimientos
aplicados. Estas medidas desconocen los principios de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, y otras disposiciones del derecho
internacional, privilegiando −en materia de refugio− la aplicación de
normas administrativas por sobre los instrumentos internacionales.
El sometimiento a revisión del estatuto de refugiado a quienes lo
obtuvieron a través del Registro Ampliado, pero que no renovaron sus
visas, deviene en una aplicación retroactiva de disposiciones y
procedimientos que no constan en ley alguna, y que ignora la situación en
la que viven las personas en las zonas de frontera, con economías de
subsistencia que no les permite cubrir los gastos de movilización,
alimentación y hospedaje que se desprenden de la realización de estos
trámites. La Dirección de Refugiados no ha implementado medidas para
enfrentar este tipo de situaciones.
La reforma al Decreto 3301, que regula el procedimiento para determinar
la condición de refugiado, y que estaría próxima a entrar en vigencia, no
responde a un proceso participativo. La presencia de los Ministerios
Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, y de Defensa, en la
elaboración de estas reformas, podría acarrear la incorporación de un
enfoque securitista.
Los procesos de deportación han aumentado y conservan el carácter
penal y criminalizante, lo cual fue motivo de preocupación del Comité de
Protección de los Derechos de los Trabajadores y sus Familiares. El
Ministerio del Interior ha reemplazado el Centro de Detención de la
Policía de Migración−donde permanecían las personas sometidas a
procesos de deportación− por un cuestionable albergue temporal de
deportaciones. Este cambio de condiciones no obsta la privación de
libertad por tiempos que exceden los previstos en la Constitución,
dando lugar a detenciones ilegales y arbitrarias.
Los procedimientos de deportación no son tramitados de manera
uniforme. Así, en la ciudad de Quito se acata lo dispuesto por el Código
Orgánico de la Función Judicial, y las autoridades que conocen estos
procesos son los Juzgados Penales de Contravención, con lo cual se
mantiene el carácter penal de este procedimiento, mientras que en el
resto de provincias, las autoridades que conocen las deportaciones son
las Intendencias Generales de Policía. En las dos modalidades, las
resoluciones y sentencias no toman en consideración los derechos de
las personas en movilidad humana, ordenando, en la mayoría de casos,
la privación de libertad e, inclusive, la deportación de personas
refugiadas o solicitantes, con lo cual se violenta el principio de no
devolución, reconocido por la Constitución ecuatoriana.
La aplicación de las normas de deportación y exclusión, ha generado
múltiples violaciones de derechos, tales como la privación arbitraria de la
libertad −tanto en los centros de detención como en las instalaciones
aeroportuarias−, o el maltrato e, incluso, extorsión, por parte de las
autoridades de control migratorio. Frente a esta situación, llama la
atención la inercia de las autoridades, quienes aducen no tener
competencia sobre estos hechos, supuestamente porque la zona donde
se encuentran estas personas está fuera del territorio ecuatoriano.
Durante el año 2011, la acción de la Dirección General del Registro Civil,
al entorpecer la inscripción y reconocimiento de los hijos e hijas de
personas de otra nacionalidad, ha provocado la vulneración de los
derechos de identidad, nacionalidad y personalidad jurídica de un
número indeterminado de niños y niñas, dejándolas expuestas a la
condición de apátrida. Esta conducta de las autoridades pone en
evidencia el ejercicio de potestades de soberanía por sobre el principio
de interés superior de la niñez, lo cual conlleva la responsabilidad del
Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos de la infancia.
26 27

INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
En este mismo sentido, el trato diferenciado a personas de diversa
nacionalidad, en la inscripción y reconocimiento de los menores de edad
observado por funcionarios del Registro Civil, imponiendo −incluso−
requisitos no previstos en la ley, a más de ser discriminatorio, vulnera los
derechos a la identidad, la nacionalidad y la personalidad jurídica.
La trata de personas persiste en el Ecuador, constituyendo una clara
violación de los derechos de las personas. Sin embargo, las medidas
tomadas por el Estado para prevenir el delito, sancionar a los
responsables y proteger a las víctimas, son mínimas y poco efectivas. Es
sabido que en las zonas de frontera, la trata con fines de explotación
laboral y sexual, es la más común; no obstante, las autoridades no dan
respuesta efectiva a esta problemática.
La inercia que envuelve a las autoridades nacionales y locales frente a la
trata de personas, es clara y notoria. La naturalización de la explotación
de las personas no permite dimensionar la gravedad de esta violación de
derechos; por otro, llama la atención el desconocimiento y/o falta de
acatamiento de las directrices internacionales en materia de violencia de
género −entre las que se incluye la trata de personas− por parte de la
Dirección de Refugiados, esto sto se traduce en la desprotección e
indefensión de niñas y adolescentes de otro origen nacional.
La no existencia de un abordaje intercultural en la trata de personas, no
permite que se evidencie el factor étnico como causa de vulnerabilidad.
Esto coadyuva a que no se profundice en el análisis de la trata interna,
especialmente en provincias donde existe un alto porcentaje de
población indígena, deviniendo su explotación en aceptada y
naturalizada.
Es notoria una aplicación discrecional del contenido del Acuerdo
Ministerial 337, por parte de las autoridades de los establecimientos
educativos, así como una resistencia de las autoridades provinciales de
educación a cumplir con lo dispuesto en ese instrumento. Por su parte, el
Ministerio de Educación no ha capacitado a funcionarios y docentes, de
manera permanente y sostenida, sobre el contenido y alcance del
acuerdo, ni cuenta con mecanismos de vigilancia y evaluación de su
cumplimiento.
Persisten prácticas discriminatorias contra jóvenes de otra nacionalidad,
reproducidas por estudiantes, docentes y autoridades, sin que el Ministerio
de Educación implemente medidas preventivas o sancionadoras esta
situación.
A pesar de los problemas en la aplicación del Acuerdo 337, éste es un
instrumento de promoción del derecho a la educación de los estudiantes
no nacionales, en la medida que les exime de requisitos que obstaculizarían
su acceso y permanencia en el ámbito educativo. Sin embargo, la
Ley Orgánica de Educación Intercultural no incluye las regulaciones
contenidas en dicho acuerdo, como tampoco lo hace el proyecto de
Reglamento a la Ley, presentado por el Ministerio de Educación, contrariando
el principio que supone un desarrollo progresivo de estos derechos,
a través de la jurisprudencia, normas y políticas públicas.
El Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia no responde a las
demandas de derechos de niños, niñas y adolescentes de otra
nacionalidad. Se desconoce el contexto migratorio del país y los
derechos de las personas en movilidad humana, por lo que no se han
implementado medidas de protección o restitución de derechos, en
casos de vulneración del derecho a la identidad, la educación y la no
discriminación. Tampoco a nivel nacional se han establecido medidas de
protección para casos de trata o cruce de frontera sin acompañamiento,
de niños, niñas y adolescentes.
Se constata el ingreso al país de niños, niñas y adolescentes de otra
nacionalidad, sin el acompañamiento de personas adultas. En unos
casos requieren de protección internacional (refugio) y, en otros,
deberían ser objeto de las medidas de protección, previstas en la
legislación nacional; sin embargo, la ausencia de regulación nacional, y
la falta de orientación política por parte de las autoridades del Sistema de
Protección de la Niñez y Adolescencia, fomentan su desprotección y
vulnerabilidad a diversas formas de explotación.
Existe debilidad institucional en las zonas de frontera, para proteger y
garantizar los derechos de todas las personas, en particular aquellas en
situación de movilidad. En estas zonas son las acciones de otros actores
privados que, de alguna manera, suplen esta ausencia estatal.
A pesar de que la presencia y ejecución de mega proyectos está
provocando el desplazamiento de familias y pueblos, hay carencia de
información documentada, lo que convierte en urgente la necesidad de
investigar, documentar y reflexionar sobre sus consecuencias en la
vulneración de derechos, reconocidos en el Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
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INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Recomendaciones
Marco norativo y políticas públicas en materia de movilidad humana
Derogar las normas que vulneran los derechos de las personas en
movilidad, contemplados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, tanto las de rango legal, vigentes desde hace más de tres
décadas y que no están acordes a la realidad migratoria actual, como
aquellas disposiciones administrativas emitidas por diversas entidades
gubernamentales, sustentadas en criterios cuestionables de seguridad y
soberanía, que restringen los derechos de las personas en movilidad.
A partir de las diferentes iniciativas que han tenido lugar en años
anteriores, respecto de proyectos de ley sobre movilidad humana,
generar un proyecto con enfoque garantista y con una perspectiva
integral, adecuado a la realidad migratoria del país y acorde a la
Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales de
derechos humanos, en especial del Comité de Naciones Unidas para la
Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, y de otros −
como del Comité de Derechos del Niño y del Comité contra la Violencia
contra la Mujer (CEDAW)− que contienen observaciones y
recomendaciones específicas sobre personas en movilidad, respecto del
diseño de normativas, políticas públicas y funcionamiento institucional.
Cumplir con las recomendaciones y disposiciones para la protección de
los derechos de las personas en movilidad, emitidas por la Defensoría del
Pueblo.
Derecho a migar de las personas de ota nacionalidad
El Consejo Consultivo de Política Migratoria, a través de los Ministerios
del Interior y de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, debe
generar un proceso de regularización migratorio para todas las
nacionalidades, amplio y accesible en cuanto requisitos y costos, que
permita erradicar el número de personas que se encuentran en situación
irregular, posibilitar el ejercicio de sus derechos y aportar al Estado
ecuatoriano datos certeros sobre la dimensión y las actividades de la
población de otras nacionalidades en el país, para la generación de
políticas públicas.
Para la implementación de un proceso amplio de regularización, se
recomienda aplicar los tipos de visado que están vigentes y que no han
sido reglamentados, tal como ha ocurrido con las poblaciones peruana y
haitiana, para quienes se ha utilizado las visas XII-11 de no inmigrantes y
9-7 para inmigrantes, previstas en la Ley de Extranjería. De esta manera,
se puede llevar a cabo este proceso, sin esperar una reforma legal.
El Consejo Consultivo de Política Migratoria, y las entidades que lo
conforman, deben establecer requisitos accesibles y adecuados a la
realidad migratoria del Ecuador y de los países de origen de las personas
inmigrantes, considerando los costos en los que deben incurrir para
ejercer el derecho a migrar. De igual manera, para acceder a visados en
diferentes idiomas, las instituciones responsables deben garantizar a
aquellas personas asentadas en localidades rurales apartadas de los
centros urbanos donde se realizan los trámites de visado, una difusión
adecuada de la información, sobre normativa, requisitos, costos y
procedimientos, así como la accesibilidad a la regularización migratoria.
Inforación y estadística sobre movilidad humana
Las instituciones relacionadas con el ingreso, salida y permanencia de las
personas ecuatorianas y de otra nacionalidad, en especial los funcionarios
y funcionarias de los Ministerios de Relaciones Exteriores y del
Interior, así como las y los agentes de Policía de Migración, deben observar
los principios constitucionales para el ejercicio y aplicación de los
derechos, cuando exista una aparente contradicción normativa respecto
de la situación migratoria de las y los ecuatorianos, o de otras nacionalidades,
a fin de evitar violaciones de derechos que acarreen responsabilidad
estatal.
Se recomienda al Consejo Consultivo de Política Migratoria eliminar el
requisito de regularidad para acceder al visado. Esto permitirá que
personas que cumplan con los requisitos que se establezcan de manera
adecuada, puedan regularizar su situación. De igual manera, se
recomienda adoptar mecanismos para que las personas que tienen visas
de tipo “no inmigrante”, puedan acceder a visas de inmigrantes.
La Dirección de Extranjería del Ministerio del Interior, previo al
otorgamiento de visas de amparo, debe abstenerse de realizar entrevistas
para constatar la credibilidad de los matrimonios, toda vez que está
atribución está fuera de sus competencias.
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INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
De igual manera, se recomienda a los Ministerios del Interior y de
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, capacitar al personal
responsable, en temas relacionados con derechos y movilidad humana, y
en el manejo de otro idioma adicional al castellano, a fin de garantizar
niveles adecuados de comunicación con las personas de otros países.
Al constituir las notarias un servicio de carácter público, y ser parte de la
Función Judicial, no pueden restringir la prestación de sus servicios, por
motivos de nacionalidad o condición migratoria. En tal virtud, el Consejo
Nacional de la Judicatura y los organismos de control, principalmente la
Defensoría del Pueblo, deben estar atentos a situaciones de discrimen y
xenofobia, adoptando medidas para evitar estas situaciones y sancionar
a posibles responsables.
casos de solicitudes “infundadas” o “abusivas”, en gran medida estos
puedan responder a las restricciones para acceder a formas de
regularización. Por este motivo, se insiste en la generación de
procesos de regularización y flexibilización de visado para que
quienes no requieran de protección internacional, tengan la
posibilidad de obtener un visado en el Ecuador.
De considerarse pertinente, se recomienda la creación de
mecanismos frente a solicitudes “infundadas” o “abusivas”,
estableciéndose un procedimiento adecuado y regulado mediante ley,
que deberá ajustarse a los principios y derechos constitucionales y a
los instrumentos internacionales en materia de refugio, incorporando
garantías del debido proceso.
Derecho a solicitar refgio
Las regulaciones para solicitar asilo deben constar en una normativa con
rango de ley y guardar coherencia con el enfoque de integralidad de la
movilidad humana, que garantiza la Constitución. No obstante, las
reformas al Decreto 3301 deben responder a procesos participativos, que
se nutran de la experiencia de las organizaciones de personas refugiadas,
ONG, academia y organismos internacionales que trabajan en el tema.
La Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe
difundir información adecuada y certera respecto de los derechos de las
personas refugiadas y de los procedimientos a seguir para el
reconocimiento de esta condición. Esta información deber ser accesible
a la población y las entidades públicas y privadas que prestan servicios,
a fin de evitar vulneración de derechos, a causa del desconocimiento o
falta de información.
Se recomienda a la Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones
Exteriores mantener canales fluidos de comunicación y adoptar
mecanismos de coordinación con ONG, ACNUR e instituciones públicas
y privadas que brindan servicios de atención a las personas refugiadas, a
fin de garantizar la difusión de la información adecuada sobre el derecho
a solicitar refugio y brindar una protección más efectiva a las personas
que así lo requieran.
Se recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores, derogar el
procedimiento de admisibilidad, por cuanto restringe el derecho a
solicitar refugio, y vulnera las normas de la Constitución y los principios
del derecho internacional sobre refugiados. Si bien pueden presentarse
Los plazos que se establecen dentro del procedimiento de
admisibilidad, deben tomar en cuenta la real capacidad operativa de
la Dirección de Refugiados, la ubicación de sus oficinas −en
ocasiones, poco accesibles para quienes se ubican en lugares
apartados−y la ausencia de brigadas para el registro de nuevos casos
de refugio durante el año 2011.
El tratamiento de solicitudes manifiestamente infundadas, debe
garantizar el debido proceso, en los términos planteados por la
Constitución y los instrumentos internacionales en materia de refugio,
debiendo hacerse hincapié en las siguientes garantías:
La decisión de declarar una solicitud como no admitida a
trámite, debe ser tomada por el órgano competente, esto es, la
Comisión para la Determinación de la condición de refugiado.
De acuerdo con la Constitución, establecer un mecanismo de
impugnación específico para este procedimiento, conocido por
un órgano diferente a la Dirección de Refugiados, y en
concordancia con los principios del derecho internacional de
refugiados.
Previa a la resolución de admisibilidad, realizar entrevistas que
tomen en cuenta los requerimientos específicos por sexo,
idioma y edad.
Considerando que esta condición es declarativa y no
constitutiva, las personas bajo este proceso deben ser
consideradas como solicitantes de refugio y, por ende, debe
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INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
garantizarse el principio de no devolución y proporcionar la
documentación adecuada.
Por las dinámicas que se constatan, de manera particular en la
zona de frontera norte, el procedimiento de admisibilidad no
debería aplicarse en estas provincias ni en grupos humanos
específicos (niños, niñas y adolescentes no acompañados,
posibles víctimas de trata, personas con discapacidad, adultos
mayores, entre otros).
A fin de reducir las limitaciones de carácter físico, que conllevan costos y
riesgos de detención y deportación, se ve necesario que la Dirección de
Refugiados implemente brigadas de registro y de renovación de
documentos, en las zonas donde se determina la presencia de personas
con necesidad de protección internacional, principalmente en la frontera
norte.
La Dirección de Refugiados emite documentos de diferente calidad, en
ocasiones en hojas simples que no son reconocidas por las instituciones
públicas y privadas, particularmente por la Policía de Migración. Frente a
esta situación, los documentos que se emitan deben ser de igual calidad
para todas las personas solicitantes.
En los procesos adoptados por la Dirección de Refugiados para cesar la
condición de refugiado, se debe tomar en cuenta que estos sólo pueden
ocurrir si se cumplen las condiciones establecidas por la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Para su aplicación se debe
considerar las diferencias entre las figuras jurídicas existentes en el
derecho internacional de refugiados, dado que sus efectos son
diferentes.
Reconsiderar los casos sometidos a “revisión”, con base en normas y
disposiciones de carácter administrativo, que no se ajustan a lo previsto
por el derecho internacional ni a la Constitución ecuatoriana, ni han
seguido los procedimientos administrativos establecidos en el ERJAFE.
Para la aplicación de las diferentes figuras que ponen fin a la condición de
refugiado, la Dirección de Refugiados debería tomar en cuenta lo
siguiente:
zar los principios del derecho administrativo con los
determinados por el derecho internacional de refugiados.
Determinar que estos procesos siempre cuenten con una
entrevista previa a profundidad y la posibilidad de impugnar
esta decisión.
En el caso de personas refugiadas condenadas en el territorio
ecuatoriano por la comisión de delitos, se deben observar los
criterios establecidos por el derecho internacional para
determinar la gravedad del delito y la afectación del orden
público, toda vez que no toda infracción constituye una
afectación severa al orden público y, menos aún, a la seguridad
estatal. De hecho, la Convención señala que esta cláusula sólo
rige para los delitos cometidos fuera del país de refugio antes de
haber sido admitidos como refugiados.
Aplicar la figura de cesación únicamente cuando se demuestre que la
persona refugiada ha regresado a su país de origen, estableciendo
excepciones para quienes deben ingresar a su país por motivos de
calamidad familiar y de manera temporal, lo que no debe considerarse
como retorno voluntario ni definitivo.
El Estado ecuatoriano debe generar mecanismos para garantizar la
protección de la población indígena Awa, ubicada en la zona de frontera
con Colombia. Con apego a los principios constitucionales, se
recomienda reconocer la nacionalidad ecuatoriana a las personas de esta
población, a fin de garantizar una protección más efectiva.
Para el caso de las personas originarias de Haití, debe tomarse en cuenta
la situación de su país de origen, a fin de que −acogiendo la petición del
ACNUR− no sean devueltas ni criminalizadas. Si bien el Estado
ecuatoriano fue pionero en implementar un proceso de regularización
para esta nacionalidad, sus condiciones no han mejorado, por lo que se
deben aplicar criterios de protección, como los contenidos en la
Declaración de Cartagena o, en su defecto, generar estatutos
humanitarios específicos para esta población.
Establecer procedimientos específicos, regulados por ley, que
garanticen el debido proceso e incluyan las causales y criterios
en cada una de estas figuras. Este procedimiento debe armoni-
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INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Detenciones arbitarias y deporaciones de personas de ota nacionalidad
El Ministerio del Interior y la Policía de Migración, en aplicación de los
principios constitucionales, deben suspender las detenciones y
deportaciones a causa de la situación irregular de las personas, y generar
procedimientos sustitutivos, respetuosos de los derechos de las
personas de otra nacionalidad.
La nueva normativa sobre movilidad humana debe abandonar la
concepción tradicional de los procedimientos de deportación,
considerando a ésta como la última alternativa del Estado frente a
personas de otra nacionalidad. Además, estos deben ser procesos de
carácter administrativo, aplicables de manera excepcional y con las
garantías del debido proceso.
Con base en los principios constitucionales y las recomendaciones del
Comité de Trabajadores Migratorios y sus Familiares, estos
procedimientos no deben ser punitivos ni criminalizadores de la
migración, ni deben contemplar la privación de libertad, ya sea en los
llamados “albergues para personas en situación irregular”, ni menos en
centros de detención para personas que han cometido delitos comunes.
El Ministerio del Interior debe disponer que las y los agentes de la Policía
de Migración brinden las facilidades necesarias, para que personas de
otra nacionalidad−en especial, tratándose de refugiados, solicitantes,
mujeres cabeza de familia, adultos y adultas mayores, entre otros−, antes
de ser detenidas, puedan presentar documentos que prueben su
regularidad o la existencia de vínculos familiares en el país.
Mientras subsista la deportación, con las características punitivas y
criminalizadoras vigentes en la Ley de Migración, las intendencias de
Policía y los Jueces de Contravenciones, deben abstenerse de emitir
órdenes de deportación en contra de personas en situación migratoria
irregular que tengan en el país vínculos familiares cercanos, relaciones
laborales vigentes, derechos laborales pendientes, formen parte de un
grupo de atención prioritaria, o demuestren que su proyecto de vida se
desarrolla en el Ecuador.
Los y las Jueces de Contravenciones, y los y las intendentes de Policía,
previa la emisión de una orden de deportación, deben cerciorarse de que
las personas no requieren de protección internacional. Considerando que
el refugio es declarativo y no constitutivo, puede ocurrir que las personas
no porten documentación que las identifique como tales, pero reúnan
elementos que las ubique en tal situación. De igual manera debe
procederse con personas posibles víctimas de trata, que se encuentren
en situación irregular. En estos casos, las autoridades judiciales y
administrativas deben abstenerse de proceder a la deportación, y deben
remitir los casos a conocimiento de la Dirección de Refugiados u otras
instituciones encargadas de protección de víctimas de trata.
De igual manera, mientras subsista el actual procedimiento de
deportación, con las características punitivas y criminalizadoras vigentes
en la Ley de Migración, la Defensoría del Pueblo debe fortalecer el trabajo
de vigilancia frente a la vulneración de derechos que se cometen como
fruto de su aplicación, con la activación de las garantías constitucionales
necesarias para detener dichas violaciones, sobre todo en ciudades
ubicadas en zona de frontera.
El Consejo Nacional de la Judicatura y el Ministerio del Interior, deben
implementar procesos de capacitación y sensibilización sobre derecho
constitucional y de movilidad humana, a los y las Jueces de
Contravenciones y a los y las intendentes de Policía, a fin de garantizar
que su actuación no vulnere derechos, ni acarree al Estado ecuatoriano
responsabilidad internacional.
El Estado debe iniciar procesos de reparación a todas las personas de
otra nacionalidad que hayan permanecido detenidas de manera arbitraria,
a causa de su condición migratoria, y que hayan recuperado su libertad
mediante habeas corpus. Por el contexto del país de origen, estos
procesos deben ser dirigidos de manera prioritaria a personas de
nacionalidad cubana, haitiana y aquellas provenientes de algunos países
africanos y asiáticos. Entre las medidas reparadoras debe incluirse el
levantamiento de oficio de las órdenes de deportación y la regularización
de su condición migratoria.
Con base en el gran número de hábeas corpus con dictamen favorable
que han tenido lugar en los años 2010 y 2011, la Corte Constitucional
debe emitir jurisprudencia, con carácter de obligatorio, para evitar la
detención arbitraria de personas de otra nacionalidad, en situación
irregular.
Los ministerio del Interior y de Justicia, y la Policía Nacional, deben
aclarar los hechos ocurridos en torno a la detención y deportación de
personas de Pakistán, Sri Lanka y otras nacionalidades, que fueron
privadas de la libertad arbitrariamente en una cárcel de máxima seguridad
de Quito, tal como se registra en este informe. Estas instituciones deben
emitir informe aclaratorio, indicar la situación actual de las personas,
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INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
e iniciar procesos de reparación de los derechos vulnerados.
En razón de la seria vulneración de derechos que significa la privación
indeterminada de libertad de personas de otra nacionalidad en el
aeropuerto, y por su no apego al mandato constitucional y a otros
instrumentos internacionales de derechos humanos, la Policía de
Migración debe abstenerse de aplicar la figura de exclusión. En su lugar,
para procesar casos relacionados a documentación u otras formalidades
migratorias, deben implementarse mecanismos que no vulneren
derechos, toda vez que las personas en el aeropuerto, aun cuando no
hayan registrado aun su ingreso al país, están sujetas al ordenamiento
jurídico ecuatoriano.
Adoptar medidas de conformidad con la Constitución y los instrumentos
internacionales de derechos humanos, para subsanar el estatus
migratorio de las personas de nacionalidad cubana que se encuentran en
situación irregular en el Ecuador y que han permanecido 11 meses fuera
del territorio cubano. Se sugiere implementar las disposiciones de la
convención de apatridia para aquellos casos en que su país de origen se
niegue a permitirles el ingreso.
Derecho al tabajo
El Ministerio de Relaciones Laborales, en cumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad entre personas ecuatorianas y de otra
nacionalidad, y de no discriminación por origen y condición migratoria,
debe abstenerse de aplicar el Art. 560 del Código del Trabajo y derogar la
normativa por la que se exige la autorización laboral para ejercer este
derecho. Debe considerarse que, en ciertos casos, la obtención de este
documento es más difícil y complejo que la propia obtención de las visas.
El Ministerio de Relaciones Laborales debe garantizar, de manera
prioritaria, el derecho al trabajo de la población refugiada y solicitante de
refugio, eliminando el requisito del permiso de trabajo, en consideración a
las disposiciones de la Convención de 1951 y la Constitución
ecuatoriana, y ratificando la titularidad del derecho al trabajo de las
personas que están en proceso de reconocimiento.
El Ministerio de Relaciones Laborales, en coordinación con otras
instituciones del Estado, debe adoptar medidas adecuadas para
erradicar la explotación laboral, especialmente en zonas de frontera,
particularmente en empresas palmicultoras, mineras, camaroneras, entre
otras. Así mismo, deben establecerse responsabilidades y sanciones y
evitarse la revictimización, mediante el sometimiento a procesos de
deportación de personas de otra nacionalidad.
Acceso al sistema financiero
Las instituciones bancarias deben cumplir con las disposiciones emitidas
por la Superintendencia de Bancos y la Defensoría del Pueblo, a fin de
facilitar el acceso de las personas de otra nacionalidad, particularmente
refugiados a los servicios que brindan, y no incurrir en actos
discriminatorios en razón de nacionalidad o condición migratoria.
La Superintendencia de Bancos y la Defensoría del Pueblo deben
determinar responsabilidades, y sancionar los casos de discriminación
contra personas en movilidad, que se detecten.
Integación de personas de ota nacionalidad
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y los ministerios que lo
integran, así como los gobiernos locales, deben adoptar medidas
adecuadas para la integración de la población en movilidad. Para ello, sus
programas deben incluir a personas en esta situación, en particular
aquellas que requieran protección internacional, sean víctimas de trata de
personas o ecuatorianos y ecuatorianas que hayan retornado. Así mismo,
se deben adoptar medidas destinadas a combatir la discriminación y la
xenofobia, e implementar acciones, a nivel nacional y local, en pos de una
mejor integración de esta población.
Los medios de comunicación deben realizar investigaciones con mayor
profundidad sobre la compleja situación de la población inmigrante y
refugiada, y abstenerse de relacionar a las personas de otro origen
nacional con el incremento de la delincuencia, fomentando un discurso
xenofóbico. Por el contrario, deben aportar a una convivencia armoniosa
entre todos los habitantes del Ecuador, sin importar su origen nacional ni
su condición migratoria, denunciando a quienes promuevan la
discriminación y la desigualdad entre las personas.
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INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Protección de emigantes ecuatorianos
Fortalecer la coordinación de la institucionalidad pública del Ecuador en
el exterior, a fin de garantizar una adecuada protección de las y los
ecuatorianos que se encuentran fuera del país. Determinar con precisión
sus competencias, y desarrollar protocolos de atención que deben ser
difundidos entre las personas emigrantes y sus familiares en el Ecuador.
Los consulados ecuatorianos, en especial los de los principales países de
destino de la emigración ecuatoriana, deben realizar visitas permanentes
a los centros de privación de libertad de personas en situación irregular, a
fin de constatar la situación de las y los connacionales detenidos y
adoptar las acciones correspondientes frente a la posible vulneración de
sus derechos.
Los miembros de los consulados ecuatorianos, y los representantes de la
SENAMI y de la Defensoría del Pueblo, deben poner atención especial a
los procesos de deportación de personas ecuatorianas, con la finalidad
de prevenir vulneración de derechos y, en caso de identificarse alguna,
adoptar las acciones correspondientes.
La SENAMI, en coordinación con otros ministerios y gobiernos locales,
debe implementar programas dirigidos a personas retornadas y a sus
familiares. Estos programas no deberán centrarse exclusivamente en lo
productivo, sino que deberán tomar en cuenta aspectos concernientes a
los procesos de reencuentro con la familia, la localidad, el país, etc.
Frente a procesos de cobro de hipotecas a emigrantes retornados, el
Estado ecuatoriano debe adoptar medidas tendientes a garantizar su
protección, tomando en cuenta la situación de desigualdad de
oportunidades entre las personas migrantes retornadas y las instituciones
bancarias.
Requerir a las autoridades competentes que, dentro del Sistema de
Protección de la Niñez y Adolescencia, se impulsen procesos de
formación e información sobre los derechos de las personas en movilidad
humana, especialmente relacionados a procedimientos específicos sobre
refugio, trata y tráfico de personas.
Tráfico ilícito de migantes
Promover la formulación participativa de una política contra el tráfico de
migrantes, no enmarcada en un enfoque de seguridad pública, sino que
contemple las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos
de las personas.
Intensificar los esfuerzos por combatir este delito y elevar el número de
casos judicializados y con sentencia, considerando medidas adecuadas
para la reparación de sus víctimas.
Derecho a la educación
El Ministerio de Educación debe implementar un proceso participativo
para la elaboración del Reglamento a la Ley de Educación Intercultural.
Este reglamento debe incluir las regulaciones contempladas en el
Acuerdo Ministerial 337; de no hacerlo se estaría violentando el principio
de no regresividad, en materia de derechos humanos.
El Ministerio de Educación debe adoptar medidas efectivas para erradicar
todo tipo de discriminación dentro de las instituciones educativas, en
particular de aquellas dirigidas en contra de niños, niñas y adolescentes
en situación de movilidad.
Derecho a la identidad
Trata de personas
Promover la formulación participativa de una política contra la trata de
personas, que no se enmarque en un enfoque de seguridad pública, sino
que contemple las obligaciones del Estado en materia de derechos, de tal
forma que incremente y articule acciones para prevenir la trata de
personas, tanto a nivel interno como internacional, así como la protección
de las víctimas de este delito.
El Registro Civil debe adoptar medidas de reparación para los hijos e hijas
de personas de otra nacionalidad, que no pudieron ser inscritas o
reconocidas durante la vigencia de las Resoluciones No.
DIGERCIC-DAJ-2010-000213, No. DIGERCIC-DAJ-2010- 000214 y No.
DIGERCIC-DAJ-2011-00014. Estas medidas no necesariamente deben
tener carácter económico, pero sí garantizar un trato preferencial en el
ámbito administrativo.
El Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia debe adoptar
medidas efectivas frente a la situación de niños, niñas y adolescente no
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INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
acompañados que llegan al Ecuador, que no incluyan como primera
opción el ser internados en instituciones de acogimiento. Además se
debe impulsar un proceso de reformulación legal para incorporar normas
de carácter obligatorio, orientadas a la protección de esta población
dentro del territorio ecuatoriano.
Desplazamiento intero
Como medida preventiva al desplazamiento interno, el Estado debe
abstenerse de implementar proyectos de desarrollo que generen
desalojos y posibles situaciones de desplazamiento forzado, ya sea a
consecuencia de su ejecución o por su afectación a la naturaleza.
Se debe profundizar en el seguimiento a las situaciones de desalojos
provocados por la implementación de proyectos de desarrollo en
diferentes partes del país, para contar con información que a su vez
permita determinar la existencia de desplazamiento forzado en el país, y
sus consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de personas
y pueblos.
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Acuerdo Ministerial 00003, de 11 de enero de 2011. datos
Codificación de la Ley de Migración, en Registro Oficial, 563, de 12 de
abril de 2005.
Codificación de la Ley de Extranjería, en Registro Oficial, 454, de 4 de
noviembre de 2004.
Codificación del Código del Trabajo, en Suplemento del Registro Oficial,
167, de 16 de diciembre de 2005.
Código de la Niñez y Adolescencia, en Registro Oficial, 737, de 3 de
enero de 2003.
Código Orgánico de la Función Judicial, en suplemento al Registro Oficial,
395, de 4 de agosto de 2008.
Código de Procedimiento Penal, publicado, en suplemento al Registro
Oficial, 360, de 13 de enero de 2000, última reforma 29 de marzo de 2010.
Constitución Política de la República, en Registro Oficial, 449, 20 de
octubre de 2008.
Decreto Ejecutivo 3301 de 1992, en Registro Oficial, 933, 12 de mayo de
1992.
Decreto Ejecutivo No. 1823, en Registro Oficial, 375, 12 de octubre de
2006
Decreto Ejecutivo 1471, en Registro Oficial, 490 de 17 de diciembre de
2008.
Decreto Ejecutivo No. 1635, en Registro Oficial, 565, de 7 de Abril del
2009.
Decreto Ejecutivo 1522, en Registro Oficial, 509, de 19 de enero de 2009.
Decreto Ejecutivo 667, en Registro Oficial, de 17 de febrero de 2011
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Ejecutivo 2428, en Registro Oficial, 536, de 18 de marzo del 2002.
Expediente No. 0371-2011-JMPDNA-ZD, 23 de mayo del 2011.
Instructivo de estandarización de procedimientos para la Dirección de
Registro Civil, Art. 13, en Registro Oficial, 214, suplemento, de 19
noviembre de 2007.
Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha, sentencia en el juicio
1477-2011, 1 de diciembre de 2011.
Ley General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en Registro
Oficial, 70, de 21 de abril de 1976, última reforma 4 de abril de 2011.
Ley Orgánica de Educación Intercultural, en Registro Oficial 417,
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Ley Orgánica de Transparencia, en Registro Oficial Suplemento 337 del 18
de Mayo del 2004.
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INFORME MOVILIDAD HUMANA, ECUADOR 2011
Oficio No. 15115 dirigido a Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Relaciones
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Procurador General del Estado, 7 de julio de 2010.
Oficio No. C-314, suscrito por Jhon Henry Orduz, Cónsul de Colombia en
Nueva Loja, 5 de julio de 2011.
Oficio No. PJ-2011, 342, de la Superintendencia de Bancos emitida el
DM. 29JUN.2011, dirigido al sistema financiero, Quito, 2011.
Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, el tráfico ilegal de
migrantes, explotación sexual, laboral y otros modos de explotación y
prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil
y corrupción de menores, en Registro Oficial, 375, de 12 de octubre de
2006.
Pronunciamiento Defensorial No. 019-DNPrt-2011, expediente 53749 -
DNPrt - 2011.
Pronunciamiento Defensorial No.-005-DNPrf-20 71, expediente - 50256 -
DNPrt~2011 - JLGM, 31 de mayo de 2011.
Equipo Pastoral Social de Zamora, 1 de marzo de 2012.
Equipo Pastoral Social Loja, 2 de marzo de 2012.
Equipo SJRM Quito, 25 de noviembre de 2011.
Equipo SJRM San Lorenzo, 2 y 3 de diciembre de 2011.
Equipo SJRM Sucumbíos, 7 de diciembre de 2011.
Equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la Pastoral Social de
Huaquillas, 28 de febrero de 2012.
Presidente de CIPESEM, Machala, 29 de febrero de 2012.
Representante de la Coordinadora de Ecuatorianos en España, 28 de
febrero de 2012.
Representante Organización Manos Amigas, San Lorenzo, 11 de
enero 2012.
Equipos de organismos internacionales.
Equipo ACNUR Carchi, 5 de diciembre de 2011.
Equipo ACNUR Ibarra, 5 de diciembre de 2011.
Equipo ACNUR, Esmeraldas, 14 de diciembre de 2011.
Equipo ACNUR, Lago Agrio, 6 de diciembre de 2011.
Funcionarias y funcionarios públicos.
Entevistas
Resolución Defensorial No. 037- DDP-2010, expediente No. 49689-2010.
Resolución DIGERCIC-DAJ-2010-000213.
Resolución DIGERCIC-DAJ-2010-000214.
SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013.
Equipos y representantes de organizaciones de sociedad civil.
Equipo Fundación Esperanza, Quito, 2 de diciembre de 2011.
Equipo Fundación Nuestros Jóvenes, 25 de noviembre de 2011.
Equipo Jurídico Casa de la Movilidad Humana, 20 de noviembre de 2011.
Equipo Misión Claretiana, Limones (Esmeraldas), 13 de diciembre de 2011.
Equipo Misión Scalabriniana, Quito, 22 de noviembre de 2011.
Equipo Misión Scalabriniana, San Lorenzo, 11 de enero de 2012.
Equipo Misión Scalabriniana, Lago Agrio, 6 de diciembre de 2011.
Equipo de HIAS, Lago Agrio, 6 de diciembre de 2011.
Equipo Técnico del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de
Sucumbíos, Lago Agrio, 7 de diciembre de 2011.
Coordinador de Protección a Grupos de Atención Prioritaria de la
Defensoría del Pueblo, Quito, 12 de noviembre de 2011.
Coordinadora de INFA-MIES en Huaquillas, 28 de febrero de 2012.
Delegada Provincial de Imbabura de la Defensoría del Pueblo, Ibarra,
5 de diciembre de 2011.
Delegado Provincial (e) de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, 14
de diciembre de 2011.
Delegado Provincial de Sucumbíos de la Defensoría del Pueblo, Lago
Agrio, 7 de diciembre de 2011.
Director de Migración y Extranjería del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Quito, 6 de enero de 2012.
Director de Extranjería del Ministerio del Interior, Quito, 24 de enero de
2012
Director de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores, 28 de
diciembre de 2011.
Directora de Protección del Ministerio del Interior, Quito, 16 de enero
de 2012.
Asesor Jurídico de la Policía de Migración, Quito, 19 de diciembre de
2012.
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Páginas web
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Intendente de Policía (e) Imbabura, 5 de diciembre de 2011.
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enero de 2012.
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Huaquillas, 28 de febrero de 2012.
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