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con la amenaza de que les quitaría la dotación
de agua y otros beneficios a que tienen derecho.
“Ello provoca que, en algunos casos, nuestros
vecinos nos den el respaldo y en otros no, ante
el temor de que pueden sufrir represalias de
quienes se dicen ley en la zona”. En mayo de
este año, con la misma artimaña y gracias al
apoyo del ex alcalde Francisco Javier Montes de
Oca, les mandó a decir que les iba a quitar sus
tierras bajo el argumento que son “comunales”.
Sólo que los últimos años los denunciantes se
han dado a la tarea de defender su patrimonio
ya que cuentan con los contratos de compra
venta, signados por los comisariados de Bienes
Comunales en turno en el momento de hacerse
las operaciones correspondientes, además de
los títulos de propiedad en donde se declara
que son “pequeñas propiedades” y luego de la
promoción de cuatro juicios se han entregado
dictámenes que amparan el hecho.
Tienen, también, afirma Morales Esquivel, dos
procesos por el delito de despojo en contra
del comisariado, pero ninguno ha prosperado
porque las “autoridades se hacen de la vista
gorda”.
En meses pasados, llegaron autoridades del
INEGI y, en contubernio con Martínez López,
afirma Morales Esquivel, fijaron límites y
determinaron que una parte de los terrenos
en ese momento pasaría a la denominación
de “comunal”. A la fecha, ninguna autoridad ha
podido aclarar por qué una instancia como el
INEGI tuvo a su cargo un fallo de esta naturaleza,
y el comisario no ha podido presentar documento
alguno que ampare la posesión de los predios
ahora comunales.
Además, sostiene Morales Esquivel, los caciques
del pueblo se hacen de recursos que no les
pertenecen. El pasado 30 de agosto, Luciano
Porcayo Urbina, quien se dijo funcionario del
gobierno del estado, les dijo a los quejosos que
“tenían que venderle forzosamente la mina al
comisariado, porque el paso y los caminos son
propiedad de él”.
Los terrenos propiedad de la familia abarcan 28
mil 630 metros. Inicialmente fueron robados 100
metros, ahora es una hectárea y dentro de poco,
según cálculos de Morales Esquivel, habrán
acabado con su patrimonio. “Los nuevos dueños”
no han dejado pasar un solo día a explotar con
maquinaria pesada los terrenos: más 150 viajes
de camiones de 12 y 24 toneladas dan cuenta
de la riqueza extraída de los terrenos propiedad
de la familia y que se han convertido en la mina
más productiva de la localidad.
Juan Maldonado López, abogado agrario, explicó
que el INEGI no está facultado para determinar
que una propiedad privada puede ser, de un
momento a otro, comunal. El proceso, apunta
Maldonado López, no es tan simple como se
lo hicieron saber a quienes son objeto de un
despojo, que en materia agra es un delito grave.
El cambio de uso de suelo a propiedad comunal
tiene dos caminos: uno, por medio de un decreto
presidencial (el Presidente de la República
explica que por ser un bien de utilidad comunal
así se utilizará a partir de ese momento); dos, a
través de un Juicio Agrario.