RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA ... - IES Alquibla

administración municipal no ha podido dar una respuesta adecuada y
satisfactoria a una demanda que creemos legítima y que tiene sobrado
sustento legal en la normativa básica de régimen local.
En efecto, el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. Pero además, esta misma ley básica
establece en su artículo 25.2 que el municipio ejercerá en todo caso
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en materia de (a) seguridad en lugares públicos,
(b) ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y (d)
pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y
vías rurales.
Son vías urbanas, así las define el Reglamento General de
Circulación en su Disposición Final Primera tres, todas las vías públicas
situadas dentro de poblado, excepto travesías. En muy parecido sentido se
expresa el anexo del Reglamento General de Carreteras, al entender por vía
urbana “cualquiera de las que componen la red interior de comunicaciones
de una población, siempre que no se traten de travesías ni formen parte de
una red arterial".
Por su parte, el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que
“corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de
la misma en las mejores condiciones posibles de seguridad para la
circulación…”.
Cabe afirmar por otro lado que además de esa obligación “ex lege”
que se impone a todos los ayuntamientos por los antes citados artículos de
la Ley 7/1985, esta misma norma establece en su artículo 18.1. g) el
derecho de todo vecino a exigir la prestación, y, en su caso el
establecimiento del correspondiente servicio público, en todos aquellos
supuestos que constituyen competencia municipal propia de carácter
obligatorio.
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