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EspecialEn el marco de <strong>la</strong> lucha contra el crimen organizado,el número de presuntos delincuentesy presos sentenciados se ha incrementado aun grado tal que <strong>la</strong>s 337 cárceles que existenen México registran un promedio de saturacióndel 134 por ciento.La sobrepob<strong>la</strong>ción penitenciaria, propiciada engran parte por <strong>la</strong> lentitud en <strong>la</strong> administración de<strong>la</strong> justicia (40 por ciento de los 231 mil 510 reclusosestán en prisión preventiva), podría incrementarsecon <strong>la</strong> privatización de cárceles, toda vez que los empresariosprivados hal<strong>la</strong>rían un jugoso negocio en <strong>la</strong>concesión de centros penitenciarios a 22 o hasta a40 años.La justificación para privatizar <strong>la</strong>s cárceles consisteen que <strong>la</strong> manutención de los reclusos es demasiadocara (en junio se calculó <strong>la</strong> cifra en 34 millones de pesosdiarios) y en que los tres niveles de Gobierno hansido incapaces de contener <strong>la</strong> o<strong>la</strong> de fugas masivas.Tan sólo en 2010 y 2011 hubo ocho evasiones grupalespor año. La más grande de 2011 fue de 59 internos,quienes se fugaron del penal de Nuevo Laredoel 15 de julio, y antes, el 17 de diciembre de 2010, seevadieron de esa misma cárcel 141 reclusos.Federico Martínez Sa<strong>la</strong>s, exfuncionario de Pemex, yArendal (asociada a <strong>la</strong> estadounidense ARB en 1997),de José de Jesús García Vázquez. Otros centros penitenciariosse terminarían después, concesionados aCopachisa, subsidiaria de Cementos Chihuahua, S.A.de C.V., encabezada por Federico Terrazas, y CIMSA,de Alberto Schroeder.Los ocho nuevos centros tendrán capacidad parados mil 500 internos en promedio, y su costo unitarioronda los cuatro mil millones de pesos (mdp). Elde Chiapas lo edifica Arendal, con una in<strong>versión</strong> decuatro mil 426 mdp; en Guanajuato construye ICA,con tres mil 749 mdp, y el de Sonora, también ICA,con tres mil 796 mdp. Otras son Homex, en Morelos;Prodemex, en Durango y Michoacán; Tradeco, enCoahui<strong>la</strong>, y GIA, en Oaxaca.Además, habrá una cárcel de “supermáxima seguridad”ubicada en Papant<strong>la</strong>, Veracruz, para 256 internos.Este tipo de presidios recibirán a los internosprocesados por delitos federales que se encuentrandispersos en cárceles del fuero común de diversas entidades.José Luis Cisneros, especialista en el sistema penitenciarioy criminología por el Instituto Nacional deEspecial“El interés empresarial es mantener un número suficiente de reclusos ensus cárceles –apuntó el especialista José Luis Cisneros– para asociarsecon empresas, ofrecer <strong>la</strong> mano de obra disponible y aprovecharse de losprácticamente nulos derechos <strong>la</strong>borales de los internos”.Los inversionistasA partir del segundo semestre de 2012, se pondránen marcha <strong>la</strong>s primeras cárceles concesionadas a empresasparticu<strong>la</strong>res, y se sumarán a <strong>la</strong>s seis que actualmenteson operadas directamente por el Gobiernofederal. Con esto comenzará una transformacióndel sistema penitenciario nacional.Lo relevante es que <strong>la</strong>s concesionarias son <strong>la</strong>s empresasIngenieros Civiles Asociados (ICA), de BernardoQuintana Isaac, cuyo inversionista estrel<strong>la</strong> esCarlos Slim; Constructora y Edificadora GIA, S.A deC.V., propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado delexpresidente Carlos Salinas; Promotora y Desarrol<strong>la</strong>doraMexicana (Prodemex), de Antonio BoullosaMadrazo y Olegario Vázquez Raña; Homex, encabezadapor Eustaquio de Nicolás, uno de los líderes delmercado de <strong>la</strong> construcción de vivienda; Tradeco, deCiencias Penales (Inacipe), dijo a buzos que el objetivoes consolidar una industria penitenciaria en <strong>la</strong> quelos empresarios se hagan cargo de edificar y operar<strong>la</strong>s cárceles de acuerdo con patrones de manejo confidencialde Estado pero con una lógica de rendimientocomercial de fondo.En ade<strong>la</strong>nte podría aplicarse el modelo de AsociacionesPúblico-Privadas (APP) –creado por el BancoInteramericano de Desarrollo (BID)–, que fue aprobadopor el Congreso de <strong>la</strong> Unión en diciembre de2011 para que <strong>la</strong>s empresas puedan obtener una concesiónhasta por 40 años y generar negocios alternosa <strong>la</strong> obra principal con el visto bueno del Gobiernoque concesiona.De acuerdo con José Luis Cisneros, <strong>la</strong>s empresasestarán facultadas para cobrar al Estado por los serviciosque ofrezcan en los centros de reclusión, inclu-so por medio de empresas terciarias: mantenimientode estructuras, tecnología de vigi<strong>la</strong>ncia, <strong>la</strong>vandería,alimentación. El p<strong>la</strong>to principal, sin embargo, es eluso de <strong>la</strong> mano de obra de los internos.“Lo más preocupante –dijo– es que se consolidauna especie de privatización de <strong>la</strong> justicia”. La aplicaciónde <strong>la</strong> justicia y <strong>la</strong> adjudicación de penas carce<strong>la</strong>riasse regirán de acuerdo con <strong>la</strong>s leyes del mercadoy del lucro.Cárceles privadas. Regirá <strong>la</strong> ley del mercado, del lucro.Mano de obra entre rejas“El interés empresarial es mantener un número suficientede reclusos en sus cárceles –apuntó Cisneros–para asociarse con empresas, ofrecer <strong>la</strong> mano deobra disponible y aprovecharse de los prácticamentenulos derechos <strong>la</strong>borales de los internos”. De ahí quese intensifique el negocio de <strong>la</strong> manufactura de piezas,de tal forma que <strong>la</strong>s corporaciones nacionales ytrasnacionales coloquen p<strong>la</strong>ntas en el interior de lospenales privados a fin de que los concesionarios delos centros penitenciarios obtengan ganancias.Se trata de una con<strong>versión</strong> de fondo, que traspasa<strong>la</strong> responsabilidad de <strong>la</strong>s cárceles a empresas particu<strong>la</strong>res,como sucede en Estados Unidos desde <strong>la</strong> décadade los años 80. El <strong>la</strong>do negro en aquel país es<strong>la</strong> promoción del encarce<strong>la</strong>miento preventivo de indocumentados<strong>la</strong>tinos para convertirlos en mano deobra de <strong>la</strong>s corporaciones que operan en los centroscarce<strong>la</strong>rios privatizados.Está a punto de hacerse realidad lo que hace tresaños parecía sólo ficción en <strong>la</strong> serie televisiva Capadoccia,de HBO Latino: el negro trasfondo de unacárcel construida y operada por una empresa queesc<strong>la</strong>viza a los internos y los somete a los interesescomerciales.Preocupante industriaJosé Luis Cisneros expuso que “en países como EstadosUnidos, Ing<strong>la</strong>terra y Francia, este sistema decárceles con in<strong>versión</strong> privada ha originado gravesdistorsiones en <strong>la</strong> aplicación de <strong>la</strong>s sanciones penalespor el entramado de intereses comerciales y políticosque crean.“Me parece de lo más preocupante que esto ocurraen México porque, como hemos visto en otros países,el principal interés de los empresarios que constru-20 de febrero de 2012 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx20 de febrero de 2012

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