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68na de la Sierra, que años más tarde sería la base para la creación de la CONAIE(1986).Mientras <strong>el</strong> fin de la "administración étnica" abría la ocasión para la articulaciónorganizativa d<strong>el</strong> mundo indígena, la descomposición de la matriz desarrollistaimpactaba negativamente en sus estructuras económicas.> Ambos factoresincidieron para que, a lo largo de los años 1990, se consolidara una tupida red deorganizaciones indígenas que serían las principales agentes de la contestación alavance de la agenda liberal. Su capacidad de movilización contribuyó a cohesionarlas organizaciones indígenas y realinear las formaciones de izquierda en tomod<strong>el</strong> MIE.Levantamientos indígenas y agenda políticaLa década de 1990 se inauguró con <strong>el</strong> gobierno d<strong>el</strong> social-demócrata RodrigoBorja de Izquierda Democrática (ID). Su antecesor, León Febres Cordero -Iíder d<strong>el</strong>más grande partido de la derecha ecuatoriana, <strong>el</strong> Partido Social Cristiano (PSC)­gobernó bajo un estilo de gestión personalista, anti-institucional y autoritario, ycreó fuerzas especiales de seguridad como medida de contención; de una minúsculaguerrilla urbana que amenazaba con <strong>el</strong> quiebre de las instituciones democráticas(Montúfar, 2000)Aunque Borja continuó, bajo un esquema gradualista, con las PAE, impulsóun nuevo estilo de gestión. La negociación con la izquierda insurgente, la aperturapolítica frente a las organizaciones sindicales, <strong>el</strong> Plan Nacional de Alfabetización,y una política internacional multilateral aparecían, en efecto, como los signos deun viraje político y de un intento por recuperar la institucionalidad democrática(Ramírez/Rivera, 2005). El régimen tuvo, sin embargo, pocos logros en términosde estabilidad económica. La reprogramación de la deuda hecha por FebresCordero y <strong>el</strong> efecto especulativo d<strong>el</strong> esquema gradualista limitaron la capacidadd<strong>el</strong> Estado para responder a las demandas ciudadanas y redujeron su capacidadadquisitiva. La inflación promedio fue d<strong>el</strong> 50% en todos los años d<strong>el</strong> mandato deBorja y superó <strong>el</strong> 60% hacia <strong>el</strong> 1992 (Báez, 1995). El incremento de la pobreza sehizo evidente: <strong>el</strong> porcentaje de la población que en 1990 vivía bajo la línea depobreza era de 61% mientras que en 1970 abarcaba al 40% (Barreiros, 1988: 281).Crecía además la concentración d<strong>el</strong> ingreso."5. Son especialmente r<strong>el</strong>evantes: <strong>el</strong> deterioro de las condiciones de intercambio entre productosindustriales y agrícolas; la agudización de la minifundización de los predios rurales de propiedadindígena; las limitaciones de acceso al mercado laboral urbano; <strong>el</strong> deterioro de los salarios reales:y. <strong>el</strong> decrecimiento d<strong>el</strong> gasto público en áreas indígenas (Guerrero y Ospina, 2003; Barrera. 2001).6. En las ciudades <strong>el</strong> 20% de la población que percibía mayores ingresos concentraba <strong>el</strong>47 .7% d<strong>el</strong>ingreso total de los hogares en 1975; 20 años más tarde. era dueño ya d<strong>el</strong> 63,4% d<strong>el</strong> total deingresos.

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