Plaguicidas en Bolivia - Prenatal

ARTÍCULO PUBLICADO ENLA PRENSA - BOLIVIADESCRIBIENDO LA SITUACIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS EN BOLIVIALa Paz - Bolivia 14 de enero de 2007REGIONESPlaguicidas: La muerte ronda durante dos décadasEl circuito letal de los tóxicos empleados en el agro y el uso doméstico notiene rival estatal en frente. Los cosechadores están librados a su suerte porfalta de capacitación. Según los recientes reportes de Plagbol, 75 por cientode los agricultores de 4 comunidades de La Paz usan venenosextremadamente tóxicos, obsoletos y vedados por los conveniosinternacionales. El control y la prevención en la importación, venta ymanipuleo de estos productos también es deficiente. Hay 5 comunidades deLa Paz y Cochabamba, además de las poblaciones de los valles mesotérmicosde Santa Cruz, que viven una situación crítica por el empleo indiscriminado delos pesticidasUn flamante estudio del Instituto de Genéticadeterminó que 259 cultivadores de Caranavi,Guanay, Palca y Mecapaca tienen 1,49 vecesmás riesgos de sufrir daños genéticos e,incluso, cancerígenos.TEXTO • Miriam Telma Jemio F.FOTOS • Selwyn Paniagua, Miriam Jemio y PlagbolEn un plantío cercano a la localidad de Copacabana, en el departamento de La Paz, elagricultor Andrés Ramos juega con su salud y, por qué no, con su vida. Poco pareceimportarle o, tal vez, no sabe a lo que se arriesga. “Estoy rociando (plaguicida) paramatar a los gusanos (pequeños y negros) que se comen a las hojas de la papa”.Mientras charla con Domingo, aplica uno de los insecticidas altamente tóxicos en sussembradíos: el Karate.Ni siquiera está capacitado en la dosificación. El campesino emplea, al tanteo, trescucharas del producto en un balde de agua. Además, la única protección que utilizapara no inhalar el gas dejado por el agroquímico es su chalina, que le cubre parte de lacara, cuando en esta labor es imprescindible usar máscara y lentes; un chaleco deplástico, guantes y botas de caña alta de material de goma, entre otros implementos.(ver infografía de página 9)Cuando la periodista se acerca a preguntarle qué tóxico emplea, Andrés le sonríe, nodeja de sostener firmemente la delgada manguera que conecta al contenedor azul deKarate, “¿Quieres ver?” —le dice— mientras le echa el líquido sin ningún reparo. Luego,como si nada hubiera pasado, sigue con su trabajo: con su mano descubierta busca alos insectos entre las plantas de la cosecha de tubérculos, las cuales ya están rociadascon el veneno.

DOS DÉCADAS EN EL LIMBOEsta peligrosa operación es común en el área rural, donde los habitantes forman partede uno de los eslabones más desprotegidos del circuito letal de los plaguicidas,artículos que llegaron al país durante la colonización del oriente en los años 50 y 60 delsiglo pasado. Y hace casi 20 años que los funestos resultados por la falta de prevenciónen el rubro fueron alertados en un estudio del Instituto Nacional de Salud Ocupacional(INSO), 1987-1989, que determinó que los cultivadores de los valles, llanos y altiplanoque utilizaban estos productos sufrían de significativos daños en su salud, al igual quesus familias, y además contaminaban al medio ambiente.Hoy, esta recomendación ha calado mínimamente en el agro. Con más de cinco añosde investigación en el tema, el proyecto piloto Plaguicidas Bolivia (Plagbol) halló en unreciente trabajo de que más del 75 por ciento de los productores de los municipiospaceños Caranavi, Guanay, Mecapaca y Palca, usan venenos extremadamente tóxicos,obsoletos y prohibidos (incluso los tachados por los convenios y organismosinternacionales); más del 85 por ciento no respeta las dosis recomendadas para suempleo; y un porcentaje mayor al 80 por ciento no usa el equipo de protecciónpersonal adecuado y necesario, ni sigue la reglas de higiene personal básicas.Eso no es todo. Más del 78 por ciento de estos cosechadores elimina los envases deforma incorrecta y menos del 10 por ciento de los agrotóxicos está guardado “bajocandado”, es decir, en depósitos seguros. Además, pocos campesinos tuvieroncapacitación sobre la toxicidad y manejo de venenos, siendo que el 42,45 por ciento dela población total del país se encuentra en el área rural, donde 2 millones 568 mil 312habitantes se dedican a la agricultura y aplican 17 millones de toneladas de plaguicidasal año. Bolivia destina más de 2 millones de hectáreas a la faena agropecuaria, lo querepresenta el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.Por estas cifras —dicen los especialistas consultados por Domingo—, el empleo deestos productos, sobre todo los organofosforados (grupo de ejemplares artificiales paraluchar contra los insectos y que son peligrosos para el ser humano), es constante. Losinformes internacionales determinan que el 85 por ciento de la producción mundial deestos venenos se destina al agro con la finalidad de controlar químicamente las plagasque asolan a los cultivos y disminuyen su productividad y rentabilidad; un 10 porciento se aplica en el área de salud para el control de la malaria por ejemplo, y elrestante 5 por ciento es de uso doméstico, principalmente contra roedores (raticidas).Cifras escalofriantesPor el déficit de precaución en la fumigación de sus sembradíos de papa, Andréspodría, fácilmente, engrosar los reportes rojos de la Organización Internacional delTrabajo (OIT), que delimitan que entre los 3 y 5 millones de agricultores que cada añoson afectados por estos artículos químicos (la intoxicación puede ser oral por ingestade los venenos o alimentos contaminados con ellos, por inhalación del preparado; ydérmica, por penetración a través de la piel), 40 mil fallecen por envenenamientosagudos.La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que “casi todos los casos deintoxicación se presentan en las zonas rurales de las naciones en desarrollo. Aunqueéstas utilizan el 25 por ciento de la producción mundial de pesticidas, en ellas se da el99 por ciento de las muertes por envenaniemiento con estas sustancias”. Incluso a laOrganización de las Naciones Unidas (ONU) le preocupa que el agro ocupe el 70 porciento del trabajo infantil en el mundo. La OMS, en consonancia, asegura que 3millones de niños mueren anualmente por haber estado expuestos a los plaguicidas.

En Bolivia, no hay estadísticas sobre este tipo de decesos, aunque los expertos nodudan de que sean igual o más inquietantes que los ya explicados arriba. Es que loscasos de intoxicación por agroquímicos casi nunca son informados en el país (Chile esel único Estado de la región que cuenta con un reglamento que obliga a realizar estosreportes). Uno de los pocos conocidos se presentó el año pasado en una comunidad deAchacachi, en el altiplano paceño: 6 personas murieron por ingerir una sopa de arrozinfestada con Asuntol (garrapaticida que no se halla en el registro de los 912plaguicidas legales del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e InocuidadAlimentaria, Senasag).Varias de las limitaciones estatales en el rubro —coinciden los estudiosos—, se deben ala incipiente coordinación de las instituciones públicas de salud, agricultura y medioambiente; la carencia de recursos humanos en éstas; la insuficiente aplicación de lasnormas del ramo y la ausencia de políticas para la reducción del uso de los productostóxicos. Todavía los esfuerzos son aislados y privados, como los que iniciarán loscomunarios de Palca, al sur de La Paz, con la utilización de artículos alternativos en lasiembra, tras ser instruidos por Plagbol; aunque varios lugareños aún se resisten aincluirse en el plan.A esto se añade que, hasta ahora, el Gobierno no ha priorizado la elaboración de unmapa de las zonas de mayor riesgo por el uso arbitrario de agrotóxicos, para asíorientar acciones inmediatas en éstas. Sin embargo, Plagbol ya ubicó algunaspoblaciones que bordean una situación crítica: en La Paz se encuentran Caranavi,Sahapaqui, Luribay y Río Abajo; en Cochabamba, Omereque; y en Santa Cruz, losvalles mesotérmicos. “Es lo que se conoce grosso modo”, puntualiza el coordinador delproyecto piloto, Guido Condarco (ver infografía de la página 12).Peligro inminenteEl insuficiente conocimiento de los campesinos en el empleo de estos venenos esalarmante. Varios profesionales se toparon con situaciones extremas. Por ejemplo, eldoctor Condarco atendió a una familia de cosechadores que afirmaba haberse bañadodurante la siembra con el temido Folidol (insecticida prohibido en su comercializaciónen varios países), que por su grado de toxicidad debió matarlos en media hora. Lo quesalvó a estas personas fue que el producto era una adulteración barata.El jefe de Normalización del Comercio Externo del Instituto Boliviano de Normalizacióny Calidad (Ibnorca), Reynaldo Flores, corroboró en sus visitas a los centros deproducción de los Yungas de La Paz, Chapare de Cochabamba, y otros en Santa Cruz,Tarija y Sucre, entre 2003 y 2004, que no hay fiscalización en el empleo de plaguicidasen la producción primaria ni apoyo a los agricultores en la mejora de su labor. Paraeste funcionario “es imperdonable” que aún haya productores que utilicen Malation, unconcentrado altamente tóxico para los mamíferos, incluido el ser humano, y cuya ventaestá vedada.“Los pesticidas están en bolsas sin identificación y el agricultor, para saber cuál debeemplear, mete el dedo al producto y lo prueba. Así sabe cuál aplicar a su cultivo”. Elasunto no queda allí. “No tienen balanzas. Utilizan la mano para medir al tanteo”. Estoafecta la economía del agricultor y, sobre todo, su salud, incrementa los costos deproducción por el uso inadecuado del agrotóxico, contamina el medio ambiente,provoca resistencia de las plagas hacia el artículo químico y la aparición de nuevaspestes. “El agro es un sector totalmente desprotegido que requiere de capacitacióncontinua. Los centros de producción se quejan de la falta de orientación de parte delEstado”.El costo también fomenta el uso de venenos poco convenientes. Las marcas másbaratas son los más antiguas y, por ende, las más peligrosas. Pero, las menos dañinas

cuestan un “ojo de la cara” apenas son lanzadas al mercado, y el productor debeesperar hasta 20 años para que el artículo rebaje por la vigencia de la patente. Comoejemplo, el jefe nacional de Sanidad Vegetal del Senasag, Daniel Durán, recuerda quecuando apareció el herbicida glifosato, para su empleo en los sembradíos de soya deloriente costaba 50 dólares. Hoy, éste no cuesta más de dos dólares.Daños genéticos en La PazMillones de personas en el mundo, dicen los informes de los organismosinternacionales, se envenenan por exposición directa (como los cosechadores) oindirecta a plaguicidas, más de 200 mil perecen anualmente. La OMS indica, además,que el 3 por ciento de la población expuesta sufre al menos una intoxicación por año.En Bolivia, de acuerdo con Plagbol, la cifra se estima cercana a los 30 mil casosanuales, pero sólo se registran oficialmente un promedio de 2 mil, poniendo demanifiesto que existe un importante subregistro de los casos en el Sistema Nacional deInformación en Salud. Una falencia del Ministerio del ramo.Aparte, siempre según los reportes de Plagbol, los “accidentes” de trabajo agrícola(envenenamiento por plaguicidas) tendrían un número significativo: casi el 50 porciento de los agricultores, de varias regiones estudiadas por este proyecto, sufresíntomas de intoxicación después de haber fumigado su cosecha (salpullido de la piel,dolores de cabeza, irritación ocular, nauseas, taquicardia...). Es el caso de ReynaldoChambi, agricultor de Palca. “Me da mareos”, afirma, tras aplicar 80 litros deagrotóxicos a sus plantíos de papa y haba.Un flamante estudio del Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés a259 habitantes de Palca, Mecapaca, y otras localidades del norte paceño comoCaranavi y Guanay, reportó que los agricultores expuestos a los pesticidas tienen 1,49veces (casi 150 por ciento) más probabilidad de sufrir daños genotóxicos (a nivelgenético) que pueden derivar en problemas cancerígenos, con relación a quienes no loestán: como los profesores y personal de salud de estas comunidades estudiadas.La docente investigadora de este ente académico, Noemí Tirado, señala que este datorevela un “peligro significativo”, aunque éste varía de acuerdo al organismo de cadaindividuo. Los resultados son una clara muestra de la necesidad de realizar unaevaluación contínua (biomonitorización). Por ello, ese instituto impulsará otro estudiosimilar para determinar la capacidad personal de los 259 cultivadores para eliminar eltóxico de sus cuerpos.EL comercio IMPUNEPero, ¿cuáles son los eslabones iniciales de este circuito para que los venenos lleguen alos contenedores de los sembradores bolivianos? El escenario se oscurece más alrevisar las deficiencias de control en la importación, comercialización y manipuleourbanos de los plaguicidas. Áreas donde las autoridades ni siquiera cuentan conrecursos materiales y humanos ideales. Campos donde los expertos entrevistadosubican, nuevamente, serías deficiencias de trabajo en equipo de las instancias públicas.Primero, no se cumple a cabalidad la Decisión 436, norma supranacional del rubro querige a nivel de la Comunidad Andina de Naciones —organismo al cual pertenecenBolivia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela—. La normativa boliviana vigente nocontempla varios de sus lineamientos técnicos y administrativos. Esto repercute —explican los analistas—, sobre todo, en el ingreso de pesticidas altamente tóxicos,aquellos que no tienen cabida en otros mercados pero que forman parte del registrolegal del Senasag como el Paraquat, producto letal involucrado en la “docena sucia”que desde 1985 se encuentra vetada por la OMS para el comercio.La importación ilegal también sobrepasa la capacidad del Control Operativo Aduanero

(COA) dependiente de la Aduana Nacional. Esta entidad informa que se incautó, entre2004 y 2006, “cantidades menores de plaguicidas en Santa Cruz y Tarija”. El caso másllamativo se dio en el recinto aduanero Albo S.A., el 3 de marzo de 2006, donde seretuvieron 25 cajas con insecticida líquido. Para Daniel Durán, del Senasag, lafiscalización aduanera es preocupante puesto que, por ejemplo, en la frontera cruceñobrasileñade Guayará, “ingresan sin control, todos los días, cajas de Novapoma, cuyabase química es el DDT (otro artículo de la famosa “docena sucia”).Guido Condarco asegura que este tránsito ilícito se produce en todas las fronteras. ParaLa Paz, el punto de referencia es Perú. Sus insecticidas y raticidas abarrotan las callesde la sede de Gobierno. Nombres como “El mata rápido”, “Killer Campeón” o “El zorroveneno” no figuran en la lista de 912 venenos avalados por el Senasag. Lasvendedoras de estos productos son, generalmente, de origen humilde. Doña Marinavende variedad de artículos (peines, espejos, pomadas, raticidas...) en la calle SantaCruz. “Mi proveedora no tiene tienda. A todas las de esta fila (otras comerciantessemilleras) nos vende por raleo (tres sobres de un mismo producto). Dice que trae delPerú”.No obstante, la Ordenanza Municipal 109, de 1997, prohíbe el expendio de raticidas,herbicidas, insecticidas y organofosforados en las vías públicas. El mayor RodrigoRodríguez, intendente de la Alcaldía paceña, informa que diariamente los efectivosediles decomisan estos materiales: las estadísticas establecen que, entre 2002 y 2006,el municipio retuvo 4.260 productos nocivos para la salud, de los cuales 1.159 eranplaguicidas (909 sobres de raticidas). Rodríguez alega que la persistencia de estecomercio ilegal callejero se debe a que su dependencia cuenta con poco personal y norecibe cooperación de la Policía y el Ministerio de Salud, ni siquiera en las redadas.En El Alto la situación es similar. El teniente coronel Mario Gutiérrez, encargado de laOficina de Defensa del Consumidor de la Alcaldía, resalta que “hay menos decomisos,porque (las vendedoras de plaguicidas) se cuidan por el problema de los suicidios(provocados por los raticidas)”. Sin embargo, aclara que esta fiscalización no incluye laventa de los tóxicos destinados al agro, sólo los dirigidos a uso doméstico. Por ello —sostienen los expertos—, es fácil comprar Aldrín (otro veneno de la “docena sucia”) enlas calles alteñas. Si esto acontece en el área urbana, ni qué decir lo que impera en losmercados semanales, mensuales o anuales que se realizan en el área rural, donde losagrotóxicos son expuestos libremente y sin prevención. Por ejemplo, en la feria de losmiércoles del pueblo de Pacaures, en la provincia Camacho de La Paz, los vendedoresofrecen los plaguicidas en frascos de plástico que no portan la marca y, por lo tanto,las franjas de colores que alertan del grado de toxicidad del producto: rojo, amarillo,azul y verde (ver infografía de la página 12), ni la respectiva imagen de una calavera.CONVIVIENDO CON EL RIESGOEn el ámbito laboral de la venta y uso de los plaguicidas la inoperancia estatalcontinúa. El Ministerio de Trabajo, cartera que tiene a su cargo la vigilancia de laseguridad industrial, no entregó a Domingo —a pesar de las reiteradas peticiones deeste suplemento— los reportes de inspecciones realizadas a las 207 comercializadoras(principalmente semillerías) y las 12 empresas paceñas de fumigaciones domésticascatalogadas como “aplicadoras terrestres”, firmas que ofrecen al público controlar yeliminar las “termitas, ratones, chulupis y palomas” de sus viviendas.En territorio paceño, las firmas que ofertan los agroquímicos están concentradas en laszonas de Villa Fátima, Rodríguez y el Cementerio. En suelo alteño, en el área de VillaDolores. En estos centros de expendio también reina la informalidad: los trabajadoresno se protegen para manipular los plaguicidas. Incluso, ingieren sus alimentos en elmismo lugar donde se encuentran estos productos (algo prohibido por las reglassanitarias internacionales y bolivianas). “El dueño nos da leche —responde unvendedor en Villa Fátima—. Con eso nos cuidamos”.

“Es un problema bien serio —manifiesta Lila Sabala, laboratorista de la Unidad Técnicade Higiene y Seguridad Industrial y Medio Ambiente del INSO—. A los que manejanestos plaguicidas (en las comercializadoras), mínimamente deberíamos hacerles unexamen pre-ocupacional y un análisis de Colinesterasa (para saber, mediante losanálisis de sangre, si los agrotóxicos están provocando algún daño). Con un controlperiódico de este tipo, se estaría precautelando la salud de estas personas”.De igual forma, las vendedoras ambulantes de plaguicidas domésticos por raleo norespetan las medidas sanitarias: mantienen los sobres de raticida o los spray deinsecticidas junto a alimentos que también comercializan y que, incluso, comen. Anteesto, Sabala recomienda, con urgencia, realizar campañas educativas para mostrar altrabajador, al manipulador, al expendedor y al que fracciona (raleo) los peligros a losque están expuestos. “Con el manejo diario de estos productos está germinando unaenfermedad ocupacional. Lamentablemente, cuando ella se manifieste en estaspersonas ya será tarde, porque es irreversible”.Son dos los sectores más asediados por estos males ocupacionales: los agricultores ylos trabajadores de semillerías y fumigadoras, quienes tampoco emplean la ropa deprotección mientras entablan contacto con los venenos. Todas estas falenciasprecautorias son criticadas por el coordinador de Acción Internacional por la Salud(AIS), Oscar Lanza. “Las autoridades no están cumpliendo con su función. Basta ver laventa callejera de plaguicidas y cómo se los manipula. Pero, también, la poblacióndebe tomar conciencia y ayudar con el control social de este punto que daña a lasalud”.Residuos en los alimentosEste circuito dañino se amplía a los destinatarios del trabajo agrícola: losconsumidores. Cada vegetal rociado con estos tóxicos puede esconder un enemigomortal, silencioso y paciente. Por ello, los científicos se ocupan, cada vez más, deestudiar los residuos de plaguicidas presentes en lácteos, granos, frutas y verduras. Esque al problema de los envenenamientos agudos se agrega la intoxicación crónica porcontacto con los agroquímicos e ingerir los alimentos infestados, lo que provocaenfermedades como cáncer, malformaciones congénitas y alteraciones en los sistemasinmunológico, neurológico y reproductivo.Estudios sobre estos puntos han sido levantados en otros países de la región, inclusocon procesos judiciales de por medio; empero, en Bolivia no ha ocurrido lo mismo; ylos pocos existentes datan de, por lo menos, hace una década. Por ejemplo, en La Paz,el INSO, entre 1987 y 1989, halló residuos de pesticidas en las hortalizas. En 1996,también en suelo paceño, el Seladis (Servicios de Laboratorio de Diagnóstico eInvestigaciones en Salud) tomó 60 muestras de leche materna de los hospitales delNiño y de la Mujer, hallando exceso de residuos de agrotóxicos, y de los más letales, osea, de los que engrosan la “docena sucia” como el DDT, Aldrin y Dieldrin.Surge la pregunta, no sólo en Bolivia sino en el planeta: ¿Qué hacer para que losalimentos rociados por pesticidas no dañen la salud? En este tema, desde 1963, la FAO(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y la OMSimplementaron el Codex Alimentarius (Código Alimentario), donde se evalúanpermanentemente los Límites Máximos para Residuos (LMR) en los vegetalesmundiales. Pero, en criterio de Daniel Durán, del Senasag, la clasificación de esteCódigo, que contempla alrededor de 500 plaguicidas y sus respectivos LMR enhortalizas, no está “acorde a la realidad del país” y, por ello, debería ser readecuada alas exigencias bolivianas; no obstante, es la única referencia a la que se remite esteente dependiente del Ministerio de Agricultura.

Además de este vacío, el Senasag arrastra la debilidad de no evaluar integralmente losriesgos de salud, medio ambiente y agricultura con las instancias públicas del ramo.“Se está trabajando en varios frentes —reconoce Durán—, pero no es suficiente porquenos faltan recursos humanos y económicos”. El Centro de Información Toxicológica delHospital Japonés de Santa Cruz es la única entidad que ofrece información, orientacióny asesoramiento sobre los agentes tóxicos en el territorio, pero no realiza estudiossobre los residuos dañinos de agrotóxicos en los productos agrícolas.Esas investigaciones deberían llevarse a cabo en el Ministerio de Salud, pero éste nocuenta aún con políticas y programas al respecto, tal como lo reconoce la encargada deesta cartera, Nila Heredia. En este punto influye la falta de formación de recursoshumanos en cuanto a detección, manejo y prevención de daños a la salud porplaguicidas. Aunque esta autoridad confía en que Plagbol y el INSO propongan salidasal tema. Sin embargo, este último sólo se encarga del control de los venenos de usodoméstico: raticidas e insecticidas, lo que se realiza a petición del importador y sinanálisis de laboratorio de por medio —tal como dicen el director Justo Delgado y lalaboratorista Lili Sabala—.En el caso de los venenos empleados en el agro, el estudio debería ser realizado por elSenasag, pero éste tampoco cuenta con laboratorios propios, sino que trabaja con losdel Instituto Boliviano de Tecnología (IBTEN). El ex jefe nacional de esta institución delMinisterio de Agricultura, José López, recomienda que la clave no está en que cadainstancia tenga su centro de análisis, por el costo que implica, sino que “se deberíafortalecer la capacidad de otros laboratorios e instruir a los profesionales en elexterior”.Mientras tanto, la cadena de los plaguicidas continúa su ciclo letal. Las dependenciaspúblicas encargadas de la lucha contra este problema nadan contracorriente,bloqueadas por sus limitaciones. Bolivia, así vista —concluyen los especialistasconsultados—, forma parte de los países rojos donde es urgente aplicar un plan estatalintegral para prevenir los daños silenciosos que los agrotóxicos ocasionan a los que serelacionan con éstos. Por el momento, Bolivia todavía no tiene un norte al respecto.¿Hasta cuándo durará esto?Un negocio que reporta millones de dólares en suelo bolivianoEl negocio de los plaguicidas en el mundo mueve miles de millones de dólares anuales.Para que este nivel de ingresos no decaiga, incluso se camufla —acusan los activistas—, la identidad real de los integrantes de la “docena sucia” en los nombres de los nuevosproductos, para que las transnacionales sigan con sus ganancias.En Bolivia, los réditos de las empresas relacionadas con los tóxicos no son nadadespreciables. Tan sólo revisando los datos del mercado legal, se puede notar lapreferencia de los agricultores por estos productos dañinos, lo que también tiene suexplicación, puesto que sin el empleo de agrotóxicos —según estudios realizados en lascosechas—, ellos rebajarían en 45 por ciento su productividad.El país no fabrica estos venenos, sino que los importa a través de 129 compañíasafiliadas a la Asociación de Productores de Insumos Agropecuarios (APIA), registradasen el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Más de 100de éstas tienen sus oficinas centrales en la ciudad de Santa Cruz. El coordinador dePlagbol-Bolivia, Guido Condarco, calcula que, en casi dos décadas, la importación en elrubro subió de 15 millones de dólares a 115 millones. En cambio, según estimacionesdel Senasag, las importadoras mueven cada año más de 2 millones de dólares.La Aduana también registró un incremento en este punto: de 18,1 millones de kilos deplaguicidas (567,4 millones de bolivianos) que ingresaron a Bolivia en 2005, el añopasado se internaron 19,5 millones de kilos. Además, el número de consignatarios

Lo tradicional versus lo alternativoPlagbol trabajó en un proyecto piloto con cuatro municipios de La Paz: Palca,Mecapaca, Caranavi y Sahapaqui. En el primero, capacitó a 18 promotores agrícolas,quienes en febrero de 2007 iniciarán la producción ecológica de cebolla. Una de losparticipantes, Esmeralda Choquehuanca, está optimista con este emprendimiento. “Notenemos miedo de que esto nos falle porque conocemos el manejo de las plagas.Podemos controlarlas. Nos va a ir bien con esta producción”.No obstante, ella asegura que es imposible cambiar totalmente al uso de controladoresbiológicos u orgánicos de plagas. “No podemos arriesgarnos a perder nuestros cultivos,como ha pasado con el haba”. En Palca, el pulgón ataca a los cultivos de este producto,junto con los de papa. Esmeralda, por ello, tuvo que emplear agroquímicos en la mitadde sus cultivos, y en la otra parte, el producto alternativo preparado con azufre y ajo.Al final, el resultado de la primera parte fue más óptima en cuanto al tamaño delvegetal.Modesto Usmayo, otro de los promotores palqueños, cambiará lentamente el uso deplaguicidas. “No se puede hacer de golpe, porque perderíamos mucho”. Enconsonancia, otro lugareño, Reynaldo Chambi, sostiene que ahora en Palca se usaadecuadamente los venenos y que no los dejará porque ello restaría su cosecha. Élpone 5 cucharillas de Cipetran a 20 litros de agua, mezcla con la que rocía sus plantíosde papa y haba. “Tenemos más cuidado. Los envases enterramos. Antes los tirábamosjunto con la basura”.Con una posición crítica, el director de la carrera de Ingeniería Agronómica de laUniversidad Mayor de San Andrés (UMSA), René Chipana, postula que no se puedecontrolar adecuadamente las plagas de manera biológica o alternativa, porque así elrendimiento de los cultivos es muy bajo, lo cual puede incidir en un problema dedesnutrición en el área rural. En el ámbito académico, esta autoridad afirma que estacarrera hace énfasis en la producción de sembradíos competitivos, tomando en cuentasu rendimiento, calidad, cantidad y continuidad, con miras a la exportación.Asimismo, Chipana reclama al Gobierno por reducir a cero la extensión agrícola. “Nohay un centro de investigación y la capacitación sobre la prevención de plagas es aúnpequeña”. Los alumnos de Ingeniería Agronómica trabajan en algunos proyectos decapacitación con Plagbol y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e InocuidadAlimentaria (Senasag), y también realizan investigaciones para su tesis.La coordinadora del Diplomado sobre Plaguicidas de la UMSA, Celia Fernández, sostieneque no es recomendable mentirle al agricultor, afirmándole que con los productosalternativos conseguirá los mismos resultados que con los plaguicidas. “Lo que sí esmás importante es capacitarlos, dándoles a conocer el uso adecuado de los agrotóxicosy las consecuencias de su empleo en la salud y el medio ambiente, pero principalmenteintroducirlos al Manejo Integrado de Plagas (MIP)”.Por su parte, Gladys Aguilera, directora de la Carrera de Ingeniería Agronómica de laUniversidad Autónoma Gabriel René Moreno, considera que existen diversos sistemas yformas de hacer agricultura por diferentes grupos socioeconómicos, y, por tanto, no sepuede generalizar sobre la buena o mala utilización de los agroquímicos en general.Según esta académica, en su carrera, se instruye en una “agricultura sostenible” conpuntos clave como la conservación de los plantíos, el medio ambiente, los recursosnaturales y la salud de la población en general.