Los Clubes Sociales de Cannabis en España ... - Intercambios

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ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGALESEspaña firmó la Convención Única sobreEstupefacientes de la ONU en 1966, que alaño siguiente se tradujo en la aprobaciónde la Ley 17/1967 sobre Estupefacientes,donde se establece que la tenencia dedrogas ilícitas solo estará permitida previapara fines médicos o científicos. Sinembargo, dicha ley solo prevé la incautaciónde las sustancias no autorizadas, sinningún tipo de sanción.En 1973 el Código Penal incorpora el delitode tráfico de drogas en su forma actual y alaño siguiente el Tribunal Supremo dicta laprimera sentencia en la que se establece queel simple consumo de drogas y la tenenciadestinada al mismo no son delito. A partirde ahí arranca una jurisprudencia unánime,que se irá concretando en sentencias posterioresdonde se establece que tampoco esdelito el consumo compartido, la donacióncon fines compasivos, ni la compra mancomunadapor parte de un grupo de adictos,siempre que sea sin fines de lucro.Sin embargo, la despenalización no conduciríaa una regulación clara de la produccióny la tenencia destinadas al consumopersonal. En el caso del cannabis, existendirectrices de la fiscalía del estado encuanto a las cantidades de cannabis cuyaposesión, aunque siga siendo ilícita, noconstituye delito por sí sola. En el caso delas plantas que se pueden cultivar para elpropio consumo, no existe ni esa mínimaregulación, lo que provoca actuacionesabsolutamente dispares dependiendo de lazona, e incluso del talante personal e ideológicode los policías o jueces implicados.Ello provoca una gran inseguridad jurídica,que se traduce en numerosas intervencionespoliciales contra pequeños cultivos queacaban casi siempre en archivo o absoluciónde la causa.En la actualidad, el tráfico de cannabis secastiga con penas de uno a tres años decárcel. La primera condena no suele acabarcon el ingreso en prisión, ya que la legislaciónespañola establece que las penas dehasta dos años de cárcel se suspendancuando no existan antecedentes. Sin embargo,en caso de una segunda condena, sesuman las penas, lo que produce que hayamiles de personas encarceladas en Españapor tráfico de cannabis. El tipo agravado(tráfico organizado, grandes cantidades,venta a menores, etc.) es de tres a nueveaños. En ambos casos hay también multasimportantes, calculadas en base al precio demercado de lo incautado.En cuanto a la tenencia y consumo, sesiguen castigando con la incautación en elcaso de lugares privados, lo cual suelesuponer en la práctica la impunidad, ya queel domicilio particular es inviolable, exceptocon orden judicial o en caso de delitoflagrante. En los lugares, vías y establecimientospúblicos, además de la incautaciónde la sustancia, existen sanciones de entre300 y 30.000 euros, desde que se aprobaraen 1992 la Ley Orgánica de SeguridadCiudadana. Las sanciones pueden suspendersesometiéndose a un tratamiento dedeshabituación, lo que infla artificialmentelas cifras de asistencia por problemasrelacionados con el cannabis, ya que secalcula que el 75% de las peticiones detratamiento se deben a esta causa 2 .NACIMIENTO DEL ASOCIACIONISMO DEPERSONAS USUARIAS DE CANNABIS YPRIMEROS CULTIVOS COLECTIVOSHacer frente a la prohibición de consumiren lugares públicos fue uno de los primerosobjetivos del llamado movimiento cannábico,que hizo su aparición en 1993 a travésde la asociación ARSEC de Barcelona. Otroobjetivo era acabar con la inseguridadjurídica del cultivo, encontrando la manerade autoabastecerse de manera legal. ARSECenvió una carta a la fiscalía anti-drogapreguntando si sería delito cultivar cannabiscon destino al consumo personal de ungrupo de usuarios adultos. La respuesta fueque, en principio, aquella no era unaconducta delictiva y ello dio lugar a una2 | Reforma legislativa en materia de drogas
plantación divulgada a través de los mediosde comunicación y destinada a unas 100personas. La plantación fue incautada perola audiencia provincial absolvió a losresponsables, aunque el caso fue recurridoante el Supremo.Mientras surgieron otra serie de grupos queiban a seguir el camino de ARSEC. La primeraen hacerlo fue la asociación Kalamudia,de Bilbao, que llevó a cabo en 1997 unaplantación de unas 600 plantas destinadas aalrededor de 200 personas, entre las quehabía parlamentarios regionales y concejalesde varios partidos políticos, además deartistas, sindicalistas, médicos, etc. El casose archivó al poco de abrirse y el cultivo serecogió sin obstáculos legales.El caso ARSEC, que llevaba más de dosaños pendiente de resolución, fue zanjado alos pocos días con una condena mínima deprisión (que quedó suspendida) y sancioneseconómicas contra los directivos de laasociación. El Tribunal Supremo entendióque, aunque estaba claro que en este casono se pretendía traficar, el cultivo decannabis era peligroso per sé y debía sercastigado. De esta forma, en principio, secerraba la puerta a los cultivos asociativos.No obstante, en 1999, la asociación Kalamudiadecidió tomar el camino de ladesobediencia y repetir su plantaciónpública y colectiva de marihuana. Lafiscalía no intervino. La cosecha se volvió arecoger con normalidad, en presencia de lascámaras, y en 2000 se llevó a cabo la terceraedición, que tampoco provocó accioneslegales. Ante la falta de oposición, lasasociaciones decidieron entonces dar uncarácter estable a los cultivos.NACE EL MODELO DE CLUB SOCIAL DECANNABIS (CSC)Mientras tanto, el gobierno regional deAndalucía encargó un informe jurídicosobre la posibilidad de poner en marchaestablecimientos en los que se podríaobtener cannabis respetando el marco legal.Los autores, Juan Muñoz y Susana Soto,tras analizar exhaustivamente la jurisprudenciasobre el cannabis y otras sustanciasilícitas, llegaron a la conclusión de quedebería tratarse de “centros no abiertos a unpúblico indiscriminado, sino de accesorestringido a fumadores de hachís o marijuana,en los que se exigiría como medida decontrol del acceso el tener la condición deconsumidor habitual. Se trataría, por tanto,de lugares de consumo privado entreconsumidores habituales en los que sepodría adquirir y consumir cantidades queno sobrepasen el límite de un consumonormal”.El informe nunca se publicó oficialmente,aunque sí apareció en una prestigiosarevista jurídica 3 . Y aunque era un simpledictamen técnico no vinculante, diversasinstituciones parecen haber tomado encuenta sus conclusiones. Poco a poco, lasasociaciones empezaron a regularizar susituación: De ser estar inscritas comoasociaciones “de estudio del cannabis”pasaron a ser “de personas usuarias decannabis” y a mencionar en sus estatutos laposibilidad de crear espacios privados parael consumo y el cultivo social. El pionerofue el Club de Catadores de Cannabis deBarcelona (CCCB), en 2001.Mientras, el Tribunal Supremo, en sentenciasde 1 de octubre de 2001 y 9 de julio de2003, contradijo la sentencia sobre ARSEC,estableciendo que la posesión de cannabis,incluso en grandes cantidades, no es delitosi no existe intención clara de traficar. Enlos años posteriores, el informe de Muñoz ySoto y las sentencias citadas servirían debase para diversas resoluciones judicialesque consideraban legales los cultivos devarios clubes cannábicos.Entre estos casos, el que tuvo más trascendenciafue el que se produjo en 2005 contrala asociación Pannagh. Cuatro miembrosdel grupo fuimos detenidos y el cultivo dela asociación incautado. Este hecho diolugar en enero de 2006 a una preguntaparlamentaria a la Comisión Europea delReforma legislativa en materia de drogas | 3
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