Comunidades Campesinas: en defensa de sus recursos ... - Cepes

En las definiciones del Decreto Legislativo 994 resulta destacable que se precise que noconstituyen tierras eriazas las tierras forestales y las tierras con capacidad de uso mayorforestal. Con ello se estaría eliminando las amenazas a las tierras de la ceja de selva, alconsiderárselas como eriazas, que es una de las críticas al llamado proyecto de Ley de laSelva. Sin embargo, esto puede cambiar si el Congreso llegara a aprobar dicho proyecto deley modificando así el Decreto Legislativo comentado.A pesar de la claridad conceptual, no deja de preocupar la aplicación de la norma. El propioPresidente García, desconociendo las características de las tierras comunales afirmó en «ElSíndrome del Perro del Hortelano» que las comunidades tienen grandes extensiones de tierrasociosas, lo cual no es correcto, ignorando la condición de tierras en descanso. Más grueso fueel «error» de considerar como eriazas tierras adjudicadas en la ceja de selva, de clara vocaciónforestal. La discrecionalidad de los funcionarios del sector plantea entonces más dudas queseguridades en la aplicación de la norma.¿Por qué las comunidades serían las más afectadas?La última exigencia contenida en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 994resulta lesiva al interés de las comunidades. Dicha norma fue muy criticada al momento deaprobarse el Reglamento de la Ley de Tierras pues plantea una condición muy difícil de cumplirpara un importante número de comunidades campesinas y nativas. Ahora, la mencionadaexigencia hace parte de una norma de rango de ley.Debe tomarse en cuenta que el Ministerio de Agricultura reconoció a fines de 2007 que, sobreun total de 6 mil comunidades campesinas reconocidas, más de mil comunidades campesinascarecían de título de propiedad (Resolución Ministerial Nº 378-2007-AG). Esta anómala situaciónse produce a pesar que desde 1987, durante el primer gobierno del Presidente García, sedeclaró «de necesidad nacional e interés social, el deslinde y la titulación del territorio de lasComunidades Campesinas» (Art. 1 de la Ley 24657).De este modo, apartándose de la obligación contenida en los artículos 70, 88 y 89 de laConstitución Política (garantía al derecho de propiedad, propiedad agraria y propiedad de lascomunidades campesinas, respectivamente), así como en los contenidos de la Ley Generalde Comunidades Campesinas (Ley 24656) y la Ley de Deslinde y Titulación del TerritorioComunal (Ley 24657), así como de la Ley Comunidades y de Desarrollo de la Selva y Ceja deSelva (Decreto Ley 22175), y por último del Convenio 169 OIT, se está desconociendo elderecho de propiedad de las comunidades sobre sus tierras.Dicho desconocimiento resulta más grave aún cuando se sabe que en el Perú la inscripcióndel derecho de propiedad en los registros públicos es facultativa, es decir que no es obligatoria.Pero además se desconoce la tradición legislativa que desde inicios del siglo XX reconocíacomo única excepción de la propiedad estatal sobre las tierras eriazas a las tierras de lascomunidades de indígenas, luego conocidas como comunidades campesinas. El artículo 2 dela Ley 24657 establece una clara excepción.Resulta pertinente recordar que el Censo Nacional Agropecuario de 1994 arrojaba que lascomunidades campesinas controlaban casi el 40% de la superficie agropecuaria, la mayorparte de cuyas tierras son eriazas y de pastos naturales. Sin embargo, sobre todo en la costanorte del país existe una cantidad muy importante de tierras eriazas que se encuentran dentrode los títulos de las comunidades. Algunas comunidades incluso pagaron a la Corona Española,a la República peruana o a ambas, por esas tierras, aunque aún no tengan su título inscrito enlos registros públicos. Desconocer ese derecho por medio de una ley equivale a una21