Revista Nº 9 - FCE - Primavera 2012 - facultad de ciencias ...

ISSN-1668-6365nº9Revista de la Facultad de Ciencias EconómicasREVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONóMICASnº9Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNEAvda. Las Heras 727 - C.P H3500COI – Resistencia – Chaco – ArgentinaTeléfonos: 54 362-4426678/4426691 / Fax 54 362-4426678eco.unne.edu.arunneuniversidad nacionaldel nordestePRIMAVERA2012fACULTAD DE cIENCIASeCONÓMICAS

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICASDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTELa Revista de la Facultad de Ciencias Económicas está signada por la interdisciplinariedadcon la inclusión de artículos que analizan problemáticas presentes o pasadas, que nos traena la memoria circunstancias y soluciones ya experimentadas y otros que nos proyectan alfuturo, desde la seriedad de un análisis meduloso con base científica, en un claro intento delograr brindar Actualidad y Prospectiva sobre las distintas temáticas abordadas.Convencidos que el hombre está constituido por una inescindible integración de mente,espíritu, alma y materia, saliendo de la estrictez propia de los contenidos de este tipo depublicaciones, nos permitimos compartir algunos relacionados con el arte.La pluralidad de disciplinas que abarca la línea editorial de la Revista incluye Economía,Administración, Matemática, Contabilidad, Derecho, Relaciones del Trabajo, ComercioExterior, Investigación Científica y Educación Superior, en un claro enfoque multidisciplinar,que estimamos imprescindible y enriquecedor.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas N° 9 – UNNEA los efectos de garantizar la calidad científica de los artículos que incluimos en esta publicación,hemos constituido un Comité de Referato, con destacados expertos en las distintasáreas, nacionales y extranjeros, quienes en una modalidad de doble ciego se expiden sobrela posibilidad de admisión.Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNEAvda. Las Heras 727 - C.P H3500COI – Resistencia – Chaco – ArgentinaTeléfonos: 54 362-4426678/4426691 / Fax 54 362-4426678eco.unne.edu.arSeptiembre 2012ISSN – 1668 - 6365 (formato digital)ISSN - 1668 - 6357 (formato impreso)Indizada/Resumida en:- Latindex - Directorio- Periódica (Indice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)Adoptamos como sistema de citación el del Manual de Estilo de publicaciones de la AmericanPsychological Association (APA), en su sexta edición (www.apastyle.org).Principalmente, la Revista está orientada a un público con inquietudes científicas y académicas,en las diversas ramas del saber que incluye.Es distribuida a todas las Facultades así como a los Consejos Profesionales y Centros deEstudiantes de Ciencias Económicas de Argentina y algunos de otros países, al igual que ano docentes y alumnos de dichas Casas de Altos Estudios e investigadores y docentes relacionadoscon las múltiples materias y temáticas incorporadas en cada número.Contacto:revista.fce.unne@gmail.commlestigarribia@eco.unne.edu.arsilvinacancer@gmail.comnicogandara@gmail.comRecibimos colaboraciones de acreditados autores del país y del extranjero, que nos aportandiferentes visiones sobre las problemáticas señaladas, estableciendo una sinergia enriquecedora,en el marco del respeto por la diversidad de ideas y enfoques.Gráfico de portada disponible en: http://i.mota.ru/3d/img/3d_1585.jpgLa Revista de la Facultad de Ciencias Económicas es una publicación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UniversidadNacional del Nordeste, Argentina. Su contenido puede ser reproducido, reconociendo debidamente la fuente.Las ideas, expresiones o afirmaciones realizadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.La Revista FCE-UNNE, se halla indizada y resumida en:• Latindex-Directorio• Periódica (Índice de RevistasLatinoamericanas en Ciencias)Registro en CAYCYT-CONICET(CENTRO NACIONAL ARGENTINO DE ISSN).ISSN 1668-6357 (formato impreso)ISSN 1668-6365 (formato digital)Datos útilesrevista.fce.unne@gmail.com (contacto)eco.unne.edu.ar/revista/Edic_Ant.htm(Sección Revista en FCE-UNNE)eco.unne.edu.ar(Facultad de Ciencias Económicas - UNNE)@RevistaFCEUNNE (Twitter)www.unne.edu.ar(Universidad Nacional del Nordeste)

AUTORIDADESUNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTEIng. Eduardo E. del ValleRectorProf. María Delfina VeiravéVicerrectoraDr. Cristian Ricardo PirisSecretario General AcadémicoCra. Susana Correu de DusekSecretaria General AdministrativaMgter. Carlos Báez DacundaSecretario General de Asuntos SocialesDra. Silvia MazzaSecretaria General de Ciencia y TécnicaCr. Ariel FreteSecretario General de Extensión UniversitariaDr. César Horacio DellameaSecretario General de PlaneamientoDr. Jorge Emilio MonzónSecretario General de Posgrado

AUTORIDADESFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICASCra. Beatriz Monfardini de FranchiniDecanaMgter. Guillermo OdriozolaVicedecanoLic. María de los Arcos MartínezSecretaria AcadémicaLic. Susana Gusinsky de GelmanSecretaria de Investigación, Innovación y DesarrolloCra. Rosa Teresa Cruz de InnocenteSecretaria de Asuntos EstudiantilesCra. Rosa Teresa Cruz de InnocenteSecretaria de Extensión y Ejercicio Profesional (a cargo)Cr. Ruben Abel MARCONSecretario de PosgradoCr. José OzichSecretario AdministrativoCra. Teresita MarínDirectora de la Carrera de Contador PúblicoDra. Elena AlfonsoDirectora de la Carrera de Licenciatura en EconomíaMgter. Guillermo OdriozolaDirector de la Carrera de Licenciatura en AdministraciónCdor. Juan Carlos BARBAGALLODirector interino de la Carrera de Licenciatura en Comercio ExteriorLic. Claudia Mariela GATTICoordinadora de la Carrera de Licenciatura en Relaciones Laborales

COMITÉ DE REFERATO(Por orden alfabético)Maria Teresa Alcalá (Universidad Nacional del Nordeste – Argentina)Aldo ALONSO (Universidad Nacional de La Plata – Argentina)Arturo ALVAREZ ALARCON (Universidad de Cádiz – España)Víctor Alberto BEKER (Universidad de Buenos Aires – Argentina)Claudio BELINI (Universidad de Buenos Aires – Argentina)Mario BIONDI (Universidad de Buenos Aires – Argentina)María Francisca BLANCO MARTIN (Universidad de Valladolid – España)María Paula BUONTEMPO (Universidad Nacional del Nordeste – Argentina)REVISTA de la facultad de ciencias ecónomicasDra. María Laura Estigarribia Bieber– Directora –Abog. Silvina Andrea Cáncer– Secretaria –Dg. Nicolás GÁNDARA– Diseño Editorial y Fotografía –Carlos Bravo Reyes (Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia)Carlos CARDENAS QUIROZ (Universidad de Lima – Perú)Alicia Ines CASTAGNA (Universidad Nacional de Rosario – Argentina)Henry CHERO VALDIVIESO (Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – Perú)Humberto Antonio Closas (Universidad Nacional del Nordeste – Argentina)Jose Luis CORICA (Fundación Latinoamericana para la Educación a Distancia – FLEAD – Argentina)Manuel CORNET (Universidad Nacional de Córdoba – Argentina)Newton DE LUCCA (Universidad de San Pablo – Brasil)Lella DI RUSSO (Universidad Nacional del Litoral – Argentina)COMITÉ EDITORIALCr. Oscar NEDEL (Facultad de Ciencias Económicas - unne)– Departamento de Contabilidad –Lic. Enrique Nolte (Facultad de Ciencias Económicas - unne)– Departamento de Matemática –Mgter. Lionel GONZALEZ GERVASONI (Facultad de Ciencias Económicas - unne)– Departamento de Administración –Lic. Esp. Daniela Torrente (Facultad de Ciencias Económicas - unne)– Departamento de Economía –Cr. Osvaldo González (Facultad de Ciencias Económicas - unne)– Departamento de Finanzas e Impuestos –Dr. Cristian Ricardo Piris (Facultad de Ciencias Económicas - unne)– Departamento de Derecho –Miguel FREAZA (Universidad Nacional de Misiones – Argentina)Lorenzo GARCIA ARETIO (Universidad Nacional de Educación a Distancia – España)Jorge Orlando GILBERT (Universidad de Buenos Aires – Argentina)Adrián Gutiérrez Cabello (Universidad Nacional de San Martín - Argentina)Sergio HAUQUE (Universidad del Litoral – Argentina)Carlos JARAMILLO JARAMILLO (Pontificia Universidad Javeriana – Colombia)Liliana Hilda KOEGEL (Universidad Nacional de Rosario – Argentina)Antonio LAVOLPE (Universidad Católica Argentina – Argentina)Nelson Daniel MARCIONNI (Universidad Nacional de Córdoba – Argentina)María MARCOS (Universidad de Alcalá de Henares – España)Pere Marqués Graells (Universidad Autónoma de Barcelona – España)Silvia MAZZA (Universidad Nacional del Nordeste – Argentina)Luis MOISSET DE ESPANÉS (Universidad Nacional de Córdoba – Argentina)Carlos Mario MOLINA (Universidad de Medellín – Colombia)Noemí NICOLAU (Universidad Nacional de Rosario – Argentina)Jorge Oviedo Albán (Universidad de la Sabana – Colombia)Jesús ROSEL (Universidad Jaume I, Castellón – España)Marcelo ROUGIER (Universidad de Buenos Aires – Argentina)Alejandro José SALDAÑA ROSAS (Universidad Veracruzana – México)Francisca SANCHEZ DE DUSSO (Universidad Nacional del Litoral – Argentina)Miguel SANTESMASE MESTRE (Universidad de Alcalá de Henares – España)Claudia SCHMIDT HOTT (Universidad de Chile – Chile)María Cristina Vidal (Universidad Nacional de Rosario – Argentina)

INDICEPalabrasPreliminaresMaría Laura Estigarribia BieberMilo LockettReseñaAlgunas observaciones al ProyectoCódigo Civil y Comercial de la Nación 2012Manuel CornetOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOSDE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIAVeronica Maria Laura Glibota LandrielDE LA INDUSTRIA TANINERA AL DESPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TEXTIL EN LAPROVINCIA DEL CHACO COMO CONSECUENCIA DE LA PRODUCCIÓN SOJERAAlicia Carlino - Moira CarrióPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUDEN LA ACTUALIDAD ARGENTINAMónica Alejandra CanterosCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS Y REFLEXIONES EN TORNO A SU UTILIZACIÓNEloisa Haraví RuizHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISISECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORALCristian Ricardo A. PirisGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFESY JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOSLucas M. Gómez TonsichLa responsabilidad social universitaria y el desarrollo local:El rol de la Universidad Nacional del NordesteGabriel GelmanRESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.Su trascendencia en el contexto regionalHéctor Ojeda15171933558199117141163175Normas de publicación y formulario deautorización de publicación.187

Revista de la Facultad de Ciencias EconómicasPalabras Preliminaresuevamente constituye una satisfacción para quienes constituimos el equipoeditorial de la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UniversidadNacional del Nordeste, establecer el contacto para poner a su consideración sunúmero 9, correspondiente a la Primavera 2012.Los temas que presentamos en esta ocasión responden a la impronta multidisciplinariaimpuesta a la Revista y abordan temas de actualidad, algunas de alcance general y otras consuma pertinencia al ámbito de influencia de la Universidad Nacional del Nordeste, con unaclara finalidad de permitir la transferencia de los conocimientos generados en su seno a la comunidaden la que presta sus servicios. Estamos convencidos que entre las principales tareasde la Universidad se encuentra la de generar conocimientos que resulten útiles para la soluciónde distintas problemáticas.En nuestro convencimiento de la inescindible unidad del ser humano, incluimos en estaocasión imágenes de obras pictóricas correspondientes a Milo Lockett, joven y talentoso artistachaqueño, de proyección internacional, que pretendemos constituyan un solaz para elespíritu en medio de tanta materialidad.Hacemos propicia esta oportunidad para convocar a la remisión de artículos para próximosnúmeros de la Revista a los docentes e investigadores que pretendan someter su producción alescrutinio de sus pares, a la vez que realizan un valioso aporte para el progreso de la ciencia.Agradecemos muy especialmente a los autores que publican en esta edición, así como alos miembros del Comité de Referato que, con disciplina y responsabilidad, han cumplimentadola difícil tarea de evaluación en los tiempos y forma previstos.Quedamos a la espera de comentarios y sugerencias que nos permitan seguir evolucionandohacia la excelencia.Con el convencimiento de la trascendencia institucional de este tipo de acciones, nosdespedimos hasta el próximo Otoño de 2013.CordialmenteDra. María Laura Estigarribia BieberDirectora

Milo LockettUna vida dedicada al arteMilo Lockett es un artista plástico chaqueño,autodidacta, que comenzó su carrera luego de trabajarvarios años en la industria textil.En 2002 cerró su fábrica y estampadora textil,y abandonó completamente sus actividades empresarialespara dedicarse por entero a la pintura.De nacionalidad argentina, nacido el 1 de Diciembrede 1967, vive y trabaja en Resistencia, suciudad natal. Desde su taller, situado en Irigoyen456 “B”, Milo logró crear en poco tiempo, una identidadpictórica que lo convirtió en un éxito de ventassin precedentes.Sus referentes se encuentran en la obra deJorge de la Vega, Nigro, Macció y Deira.El público de Milo Lockett abarca desde grandescoleccionistas a jóvenes empleados y profesionalesque están buscando su primera obra de arte.Milo Lockett dona anualmente un promediode 40 obras para subastas a beneficio del HospitalPediátrico de Resistencia, trabajo realizado conadolescentes dentro de un proyecto de prevenciónde HIV - Cruz Roja Argentina. Además, ha colaboradopara UNICEF en el proyecto “Un Minutopor mis Derechos” en el 7º Encuentro de Niños yJóvenes escultores bajo el tema “Los Monstruosde Berni y Juanito Laguna”.Ha realizado talleres masivos de pintura alaire libre en el Festival de la Triple Frontera, Paraguay,Brasil y Argentina, Chaco, Jujuy, Corrientes,Misiones, Santa Fe y Buenos Aires.Premios y reconocimientos> Premio Puente General Belgrano.> Premio INADI.> Premio Estilo. Canal 5 de Noticias.> Premio Salón Nacional Museo Rosa Galisteo, Sta. Fe.> Ciudadano ilustre de la ciudad de Resistencia.> Visitante ilustre de la ciudad de Mar del Plata.> Premio Nacional Solange Guez.> Premio Internacional: logo del forointernacional de la mujer.> 2º premio Salón Regional de Artes Visuales 2008.> Cow Parade Bs. As. 2006 con la vaca“subí que te llevo”.> Revelación ArteBA 2006.> Premio Regional OSDE 2005 “El araguazúquiere unos mimos”.Milo en el mundoHamburgo, Alemania.Berna, Suiza.San Pablo Arte, Brasil.Consulado argentino en New York, Estados Unidos.Pintadas urbanas en subtes, Miami.www.milolockett.com.ar

Algunas observacionesal Proyecto CódigoCivil y Comercialde la Nación 2012Manuel CORNETUniversidad Católica de CórdobaRevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“El futuro no está en nuestras manos. No ejercemos poder sobre él.Sólo nos queda actuar, aquí y ahora”Madre Teresa de Calcuta

20< Manuel CORNETAlgunas observaciones al Proyecto Código Civil y Comercial de la Nación 2012>21Recibido: 21/02/2013Aceptado: 04/04/20131. Ni urgente ni necesariouien escribe estas líneas recibió con fecha 14 de marzo de 2011 por correo electrónicode parte de una conocida editorial una invitación a la presentación de propuestasy sugerencias para el Proyecto de ley de reforma, actualización y unificaciónde los Códigos Civil y Comercial de la Nación.En dicha invitación se nos informaba que un decreto presidencial 191 del 23 de febrerode 2011 creó la “Comisión para la elaboración del Proyecto de ley de reforma, actualización yunificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación”.La comisión nos invitaba a realizar sugerencias, concretas y sintéticamente fundadas yfijaba como límite máximo de plazo para la recepción de sugerencias el día 10 de mayo de 2011,es decir menos de dos meses.Nos pareció un plazo muy breve para analizar con seriedad y profundidad una convocatoriatan importante.Seguimos pensando igual que hace dos años ya que no advertimos ni la urgencia ni lanecesidad de realizar una reforma de tal envergadura.Coincidiendo con el jurista peruano Mario Castillo Freyre 1 hemos constatado que el ámbitoacadémico era el único sector de Abogados al que realmente interesaba una reforma integralde los Códigos Civil y Comercial vigentes, poco o nada interesaba el asunto a quienesse dedican exclusivamente al ejercicio de la profesión de abogado, es más causó angustia a lagran mayoría y no hubo un solo Colegio de Abogados en las distintas provincias y ciudades queavalara y reclamara una reforma total.2. Falta de notasEn marzo de 2012 se tuvo conocimiento por la prensa, primero del Anteproyecto y luegodel Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.La primera observación que realizamos es la ausencia de notas, a diferencia del CódigoCivil vigente.Los que ejercemos la profesión de abogado y la docencia de Derecho Civil a lo largo demuchos años hemos valorado las notas del Código de Vélez, que tanto ayudan al estudio yaplicación de sus normas.Para avalar la falta de notas la Comisión expresa que se siguió el proyecto de Código Unificadode 1998, en donde se decía que “No hemos puesto notas a su articulado, por razones quehemos considerado decisivas. En el seno de la comisión hubo amplio debate sobre la inclusiónde notas, y hemos concluido, por mayoría, que era prudente que el proyecto fuera precedidode fundamentos, pero no de notas, por las razones que expondremos”.Las razones que se dieron, en media página, fue que no las trae ninguno de los CódigosCiviles del mundo y que Vélez Sarsfield las introdujo por el estado de avance en que se hallabala cultura jurídica y que el propio codificador expresó en la Nota de Elevación que cuando elcódigo haya de publicarse serían suprimidas.Lo sucedido a posteriori todos lo conocemos, no se suprimieron las notas y las mismashan cumplido una fecunda función interpretativa, orientadora e indica los antecedentes ofuentes concretas de cada artículo, han sido y son de gran utilidad para la doctrina, jurisprudencia,la docencia y el ejercicio profesional.Además, si somos el único código, ello en vez de ser algo disvalioso, por el contrario, estimamosque lo hace original.El Proyecto de Unificación del Poder ejecutivo de 1993 si tenía notas en cada artículo, locual ponderamos como muy valioso.Los Fundamentos que acompañan el proyecto de 2012, además de ser difíciles e incomodosde consultar para cada artículo, son sumamente incompletos y no indican en modo algunola fuente o antecedente tenida en cuenta.3. La doctrina no es fuente del DerechoEl artículo 1º del Proyecto nos dice que las fuentes del Derecho son las leyes, la jurisprudenciay los usos, prácticas y costumbres cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos,omitiendo totalmente a la doctrina.Como expresa Castillo Freyre refiriéndose al artículo 1º del Anteproyecto de Reforma delCódigo Civil Peruano, similar al nuestro, es inapropiada la norma por el simple hecho de queno es labor de un Código Civil el decir cuáles deben ser las fuentes del Derecho 2 .Expresa Jorge H. Alterini 3 que “el vocablo doctrina en español reproduce idénticapalabra latina, la que deriva de “docere”, que significa “enseñar”. En armonía con tal afiliaciónetimológica la doctrina implica el conjunto de ideas aportadas por los juristas,plasmadas en conceptos, y que se difunden a través de la enseñanza o de cualquier otraforma de comunicación”.Coincidimos con el autor citado que en nuestro país no es fuente formal del Derecho,pero es una muy importante fuente no vinculante.2Castillo Freyre, Mario, obra citada, p. 27.1Castillo Freyre, Mario; “Ni urgente, ni necesario; más bien defectuoso. Comentarios muy críticos al Anteproyecto oficial deReforma al Código Civil de 1984”, Editorial Palestra, Lima 2005, p. 13 y ss.3Alterini, Jorge Horacio; “La doctrina como fuente del Derecho”, publicado en Sup. Academia de Derecho y Ciencias Sociales deBuenos Aires 31.05.2012, LL 2012-C-1166.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

22< Manuel CORNETAlgunas observaciones al Proyecto Código Civil y Comercial de la Nación 2012>23No hace falta abundar mucho para advertir la importancia de nuestra doctrina a lo largode los años y el rol importante que ha tenido en nuestras numerosas y recurrentes crisis o situacionesde emergencias 4 .4. La eliminación de las obligaciones naturalesEn la exposición de motivos del proyecto 2012 se afirma que se toma muy en cuenta elDerecho de Hispanoamérica, pero desdeña que la regulación de las obligaciones naturales esuna institución con relevancia propia en Hispanoamérica, ya que lo hacen, además del Códigoargentino, los Códigos de Chile, Ecuador, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Hondurasy Costa Rica, a lo que se suma Filipinas.En México, en los códigos estatales más modernos, a partir del Código de Sonora en 1949,se incorpora una regulación detallada de las obligaciones naturales (ver Códigos de Morelos,Cohauila, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala).También aparecen reguladas en los Códigos europeos más modernos que son el de Portugalde 1967 y el de Holanda de 1992.Los anteriores proyectos de reforma, incluso el de 1998, no suprimían la regulación delas obligaciones naturales.La supresión de las obligaciones naturales no goza de ningún consenso, prácticamente noconocemos ningún autor en la doctrina nacional que lo haya solicitado.Estimamos que convendría mantener la regulación de las obligaciones naturales y tomaren cuenta la propuesta legislativa de incorporar los deberes morales con la verdaderafunción que cumplen como “causa” de obligaciones civiles, como lo expresa Luis Moisset deEspanés en su obra 5 .5. La mora del deudorEl Proyecto regula exclusivamente la mora del deudor en tres artículos estableciendo enel artículo 886 la regla de la mora automática para el supuesto de plazo determinado en unaredacción más calara que el actual artículo 509 del código vigente.A diferencia del Proyecto de 1998 que ubicaba el tema en la responsabilidad civil el proyectolo mantiene en la parte de las obligaciones en general, lo cual es acertado y sigue al código de Vélez.El artículo 887 prevé las excepciones de la mora automática, norma que de ser aprobadatal como está redactada conducirá a problemas prácticos.Establece en el inciso “a” que las obligaciones sujetas a plazo tácito; si el plazo no estáexpresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de laobligación, en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe, debe cumplirse.Como vemos modifica el segundo párrafo del actual art. 509 suprimiendo la interpelacióny parecería que por el transcurso del tiempo tácito la mora es automática.De este modo se modifica una norma que funcionaba bien y que no había traído ningúninconveniente en una nueva norma que será fuente de conflictos ya que el deudor se encontraráautomáticamente en mora sin saber a ciencia cierta que ha transcurrido el plazo.Por el contrario hoy el código vigente funciona bien y el acreedor debe interpelar de maneraque el deudor sepa que ha transcurrido el plazo tácito y en su caso pueda cuestionar lainterpelación si el tiempo no ha transcurrido.El artículo 888 que prevé la eximición de las consecuencias de la mora cualquier sea ellugar de pago pondrá fin a la discusión referida al lugar del pago, lo que nos parece acertado.6. La mora del acreedor y la mora en lasobligaciones reciprocasEl Proyecto sigue al código vigente en cuanto no regula la mora del acreedor, apartándosedel proyecto de 1998 que la regulaba en el artículo 1598 en forma correcta.No nos explicamos esta omisión ya que era opinión casi unánime de la doctrina que criticabala omisión de regular la mora del acreedor por parte de nuestro codificador y que parasuplir esta omisión se aplicaba por analogía lo dispuesto para la mora del deudor.Por otra parte, nuestro código vigente regula en los artículos 510 y 1201 la mora en lasobligaciones reciprocas al igual que el proyecto de 1998 que en el artículo 1599 trata la moraen las obligaciones correlativas.En igual sentido el Proyecto de reformas al Código Civil del Poder Ejecutivo de 1993 6 ensus artículos 719 y 720 trataba la mora del acreedor y la mora en las obligaciones reciprocas 7 .Por nuestra larga experiencia docente creemos que esta omisión es muy criticable ya queel grueso de las obligaciones que se contraen diariamente son correlativas y aunque parezca desentido común los alumnos no saben cómo constituir en mora al otro sin verse perjudicado 8 .6Proyecto elaborado por la Comisión designada por decreto 468/92 e integrada por Augusto Cesar Belluscio, Salvador Darío Bergel,Aida Rosa Kemelmajer de Carlucci, Sergio Le Pera, Julio Cesar Rivera, Federico N. Videla Escalada y Eduardo Antonio Zannoni.4La labor de la doctrina fue muy importante para la evolución y transformación de nuestra legislación y su aporte fue mayúsculopara ayudar a solucionar problemas que la realidad planteaba, recordemos la imprevisión, la lesión, el nominalismo, la inflación,la indexación, la pesificación, etc.5Moisset de Espanés, Luis; “Obligaciones naturales y deberes morales”, Academia Nacional de derecho, Editorial Zavalía, BuenosAires 1998, p. 345.7Art. 719. Incurrirá en mora el acreedor que rehúse aceptar en tiempo la prestación del deudor, o que omita prestar la cooperaciónnecesaria para permitir el cumplimiento de la obligación. Se aplicarán las disposiciones de los dos artículos precedentes”.Art. 720. En las obligaciones reciprocas, uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir laobligación que le es respectiva”.8La respuesta habitual de los alumnos es que se debe cumplir y exigir, con lo cual la parte se queda sin el pan y sin la torta y comole decimos en el examen el cliente asesorado que se queda con las manos vacías lo demanda por mala praxis.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

26< Manuel CORNETAlgunas observaciones al Proyecto Código Civil y Comercial de la Nación 2012>27ley de defensa del consumidor recepta una denominación que aunque suscita reparos ha sidoampliamente difundida y correctamente interpretada por la doctrina”.Edgardo López Herrera expresa “una advertencia que conviene realizar antes de seguirdesarrollando este trabajo es que el hecho de que por una comodidad del lenguaje se utilicela expresión “daños punitivos”, no quiere decir que la traducción exacta en todos los casos dedamage sea daño. Lo que sucede es que todos los autores entienden que cuando se habla dedaño punitivo la referencia es a los punitive damages” 11 .Por lo tanto criticamos este cambio de denominación y creemos que la reforma al artículo52 bis introduciendo también la “sanción pecuniaria disuasiva” achica la figura a la funcióndisuasiva, olvidando la función “punitiva” que es tanto o más importante.Asimismo dejar el destino de la sanción exclusivamente al criterio del juez, conociendonuestra idiosincrasia, hará que ningún particular la solicite.Expresa Edgardo López Herrera que “el principio general es que la condena se destina enforma íntegra a la víctima. Así se originaron y así sigue siendo no sólo en Estados Unidos sinoen la mayoría de los países donde existen” 12 .El artículo 1621 del Código de Quebec dispone: “Cuando la ley provea la imposición dedaños e intereses punitivos el monto no puede exceder en su valor lo suficiente para asegurarsu función preventiva. Los daños punitivos se aprecian tomando en cuenta las circunstanciasapropiadas, en particular la gravedad de la falta cometida por el deudor, su situaciónpatrimonial, la dimensión de la reparación que debe afrontar ante el acreedor y, cuando talsea el caso, total o parcialmente, asumido por un tercero”.La proposición de ley francesa de 9 de julio de 2010 dice: En los casos que la ley lo dispongaexpresamente, cuando el daño resulte de una culpa delictual o de un incumplimientocontractual cometidos voluntariamente y que hayan producido un enriquecimiento de su autorque la sola reparación del daño no sea suficiente para eliminar; el juez podrá condenar alautor del daño, mediante decisión motivada, además de los daños y perjuicios en aplicacióndel artículo 1386-22, a daños y perjuicios punitivos cuyo montante no podrá superar el dobledel montante de los daños y perjuicios compensatorios.Los daños y perjuicios punitivos serán, en la proporción que el juez determine, abonadosrespectivamente a la víctima y a un fondo de indemnización cuyo objeto sea el de reparardaños similares al sufrido por la víctima. A falta de tal fondo, la proporción de los daños yperjuicios no atribuidos a la víctima se abonará al Tesoro público”.Por su parte el Proyecto Catalá, en el artículo 1371 dice: “El autor de una culpa manifiestamentedeliberada, y principalmente de una culpa lucrativa, puede ser condenado, ademásde a la indemnización de los daños y perjuicios compensatorios, a la indemnización de dañospunitivos, de los cuales el juez tiene la facultad de hacer en una parte al Tesoro público. Ladecisión del juez de otorgar tal indemnización de daños y perjuicios debe ser especialmentemotivada y su montante se distingue del de los otros daños y perjuicios acordados en favorde la víctima. Los daños punitivos no son asegurables”.Como vemos estas propuestas mantienen la denominación de “daños punitivos”, que reiteramostiene carta de ciudadanía y en parte favorece a la víctima, solución mucho más aconsejableque el artículo del proyecto de Código que observamos.Asimismo el Proyecto Catalá expresa acertadamente que los daños punitivos no son asegurables,solución a la que adherimos.9. El daño moralOtra observación que hacemos a la terminología empleada es la referida al daño moral,ya que si bien los autores expresan que el Proyecto hay dos tipos de daño, el patrimonial y elmoral, sin perjuicio de ello emplean distintas denominaciones 13 .En efecto, en el artículo 744 referido a los bienes excluidos de la garantía común, en elinciso “f” se dice: “las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y pordaño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica”.Luego cuando proyecta la responsabilidad civil en ningún caso habla de daño moral, casoartículos 1738, 1741.Creemos que siguiendo nuestra tradición y doctrina se debió emplear la denominaciónque tiene general aceptación, o sea, daño moral.Ramón Daniel Pizarro le otorga al concepto de “daño moral” una amplia significación, lamisma que abarca todos los daños imaginables que puede sufrir una persona 14 .Para este distinguido docente de la Universidad Nacional de Córdoba el daño moralimporta, pues “una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a uninterés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, enel desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesióna un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquelal que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” 15 .Respecto a la denominación, expresa Pizarro 16 que tanto en el Derecho comparado comoen nuestro país, el daño moral también suele ser denominado perjuicio moral, agravio moral,13Ver Galdós, Jorge Mario; La responsabilidad civil (parte general) en el Anteproyecto Publicado en: LA LEY 11/06/2012.14Pizarro, Ramón Daniel; “Daño moral”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires 2004, obra muy completa cuya lectura se recomienda.11López Herrera, Edgardo; “Los daños punitivos”, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires 2008, p. 19.12López Herrera, Edgardo;”Los daños punitivos”, obra citada, p. 48.15Daño moral, Edit. Hammurabi, Buenos Aires 2004, Obra citada p. 43.16Obra citada, p.58.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

28< Manuel CORNETAlgunas observaciones al Proyecto Código Civil y Comercial de la Nación 2012>29daño no patrimonial, daño no económico, daño extrapatrimonial, daño espiritual, o daño a laintegridad espiritual.Coincidimos con Pizarro que quizás esta última expresión sea la que refleje más adecuadamentela esencia del menoscabo, que es siempre un daño jurídico y como tal debe sertratado. Pese a ello, preferimos utilizar la expresión daño o agravio moral, por adecuarse mejora nuestras tradiciones y, además, por ser la que utiliza la ley a la hora de su regulación legal(arts. 522 y 1078 CC. argentino).Asimismo estimamos que no es beneficioso el cambio de denominación ya que cuandohablamos de “daño moral” todos sabemos a qué nos referimos en casi todos los países, por loque el pretender cambiarlo nos hace recordar a lo que sucede con el cambio de nombre de lascalles que hacen los distintos gobiernos, lo cual hace que nos perdamos.10. La prescripción liberatoriaVinculado a la supresión de las obligaciones naturales está el deficiente tratamiento de laprescripción liberatoria.No logramos saber cómo incide en la obligación el instituto de la prescripción liberatoriaya que no se expresa cual es el efecto de la prescripción liberatoria, si es la perdida de la accióno del derecho, como claramente se indica en el artículo 2566 referido a la caducidad y en elartículo 2565 referido a la prescripción adquisitiva.Si se extingue el derecho no advertimos cual es la razón que el pago espontaneo de unaobligación prescripta no es repetible como prevé el artículo 2538.En el Código de Vélez la prescripción extingue la acción y transforma la obligación civilen obligación natural y el plazo de prescripción comienza desde que se tiene acción ya sea paraexigir el cumplimiento como para pedir la fijación de plazo.En el proyectado artículo 2554 se expresa que el plazo de prescripción comienza al día quela prestación es exigible, dejando de lado otras acciones como sería el caso de la fijación de plazo.Más claro y preciso es el artículo 112 del Código Civil de Cuba que establece: “Las accionesciviles prescriben cuando no son ejercitadas dentro de los términos fijados en la ley”.La injustificada supresión de las obligaciones naturales, como hemos dicho, incide negativamenteen la regulación de la prescripción liberatoria del Proyecto.hubo, las carencias de notas y lo escueto de sus fundamentos, todo lo cual hace que sea convenienteque las Universidades, Academias y Colegios de Abogados realicen sus aportes en formaserena y desapasionada.El Proyecto de reformas debe tener un sentido práctico de tratar de mejorar la legislaciónen busca de una sociedad más justa y no las tentaciones académicas de muchos profesoresde Derecho que buscan permanentemente traducir en ley todo aquello que consideran comomejor doctrina 17 .Asimismo en este año 2013 hay Jornadas y Congresos que podrán aportar sugerenciaspara mejorar y sobre todo para no cambiar lo que funciona.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASAlterini, Jorge Horacio; “La doctrina como fuente del Derecho”, Sup. Academia de Derechoy Ciencias Sociales de Buenos Aires 31.05.2012, LL 2012-C-1166.Castillo Freyre, Mario; “Ni urgente, ni necesario; más bien defectuoso. Comentarios muy críticosal Anteproyecto oficial de Reforma al Código Civil de 1984”, Editorial Palestra, Lima 2005.Cossari, Maximiliano N.G.;”Cuantificación de los daños punitivos en la jurisprudenciaestadounidense y en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, trabajo publicadoen Responsabilidad Civil y Seguros, Año XIV, Numero 12, diciembre 2012.Galdós, Jorge Mario; “la responsabilidad civil (parte general) en el Anteproyecto” L.L: 11de junio de 2012.López Herrera, Edgardo; “Los daños punitivos”, Editorial Abeledo Perrot, BuenosAires 2008.Moisset de Espanés, Luis: “Obligaciones naturales y deberes morales”, Academia Nacionalde Derecho de Córdoba, Editorial Zavalía, Buenos Aires 1998.Pizarro, Ramón Daniel; “Daño moral”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires 2004.CONCLUSIONESEstas breves observaciones tienen como único objetivo aportar ideas para mejorar el Proyectode reformas.Creemos que el Proyecto debe ser mejorado, no hay apuro ni urgencia en su aprobación,tiene muchas imperfecciones, derivadas del breve tiempo de su redacción, las muchas manosque participaron, que no se han publicado las actas de reuniones de la Comisión, si es que lasPrieto Molinero, Ramiro; “Abuso del Derecho”, Editorial La Ley, Buenos Aires 2010.17Castillo Freyre Mario, obra citada, p 14.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

30< Manuel CORNETAlgunas observaciones al Proyecto Código Civil y Comercial de la Nación 2012>31curriculum vitaeManuel CORNETAbogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Socialesde la Universidad Nacional de Córdoba.Profesor Titular por concurso de Derecho Civil II en las Universidades Nacional (UNC) y Católicade Córdoba.Vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, en varios períodos.Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, desde 2005.Miembro de Número de la Academia Del Plata Filial Córdoba, desde 2012.Director del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UniversidadCatólica de Córdoba, desde 1998 hasta la fecha.Ex Conjuez de la Cámara Federal de Córdoba.Integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba para la designación dejueces civiles, en varias oportunidades.Integrante del Consejo de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica deCórdoba desde 2006 hasta 2014.Vicepresidente de la Asociación Argentina de Cultura Británica desde 2002 a 2012.Evaluador de Carreras de postgrado de la CONEAU desde 2009.Ha realizado cuantiosas publicaciones y participado en numerosos congresos, jornadas, conferenciasy cursos de la especialidad en calidad de ponente y disertante, en el país y en el extranjero.Ha integrado numerosos jurados de Tesis en la UNC y la UCC y tribunales de concursos docentesen diversas universidades. Ha participado como director y disertante en numerososcursos de postgrado.manuelcornet@cornet-zarazaga.com.arRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

OPONIBILIDAD DE LASFRANQUICIAS EN LOSCONTRATOS DE SEGUROS:ENTRE LA RAZONABILIDAD YLA JUSTICIAVERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNNERevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme.”George Bernard Shaw

34< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >35Recibido: 19/02/2013Aceptado: 25/03/2013RESUMENa irrupción al mundo jurídico del instituto de la franquicia en los contratos de seguroha venido a producir un quiebre en la forma de considerar e interpretar losalcances subjetivos de las relaciones negociales: desde entender que los acuerdossólo deben generar consecuencias para las partes a la idea de que frente al casode seguros de responsabilidad civil, los efectos de la misma deben considerarse respecto deltercero damnificado, resultando inoponible la limitación de riesgos a la víctima. En este trabajopretendemos aunar estas posturas antitéticas a través del principio de razonabilidad dela cuantía de la franquicia, el que permitiría una valoración más cercana a la justicia en lassoluciones propugnadas por los jueces.Palabras clave: Contrato de Seguro – Responsabilidad civil - Limitación de riesgo – Franquiciade seguros – Cláusula abusiva.ABSTRACTThe appearance in the juridical area of the exemption in the contracts of insurance, hascome to modify the way of interpreting the subjective scopes of the business relationship: fromunderstanding that the agreements only generate consequences for the parts, to the idea of thatof insurances of civil responsibility, the effects must consider to be a respect of the damagedthird party, and the limitation of the risks can´t be opposed to the victim. In this work we try tobring over these positions objected across the rasonability principle to amount of the exemption,which would allow a valuation nearer to the justice in the solutions of the judges.Keywords: Contract of insurance - Civil responsibility - Limitation of risk - Exemption ofinsurance - Abusive clause.INTRODUCCIÓN“El ser humano asume la inseguridad, pero busca seguridad y entre los caminos paralograrla está la responsabilidad. Como tiene necesidad de seguridad, incluso respecto de laresponsabilidad, ha ideado la respuesta compleja del aseguramiento individual y social. Diferenciado,pero integrado en el complejo del aseguramiento, el seguro es un contrato onerosoencaminado a superar la inseguridad produciendo seguridad” (CIURO CALDANI, 2011).El último párrafo de la cita precedente traduce innegablemente el fin de la génesis del fenómenodel aseguramiento en la era moderna y demuestra el carácter imprescindible que tieneeste contrato en la realidad social de nuestros días. Vivimos en una era de constantes y fabulosasinnovaciones científicas, tecnológicas y morales. Sólo por dar un ejemplo, la incursión en la experimentaciónen el campo de la genética humana. Por ello se ha dicho que ésta debe ser enten-dida como la verdadera “era de los riesgos”. Frente a ello, es poco discutible el papel preponderanteque tienen los contratos de seguro y el estado de expansión que los mismos han alcanzadorespecto de situaciones y actividades que forman parte del accionar humano en la actualidad.Su esencia estriba en la distribución de los efectos económicos desfavorables de unosriesgos, entre los patrimonios individuales que están expuestos a ellos.Se ha dicho que una de las principales funciones del seguro está constituida por la posibilidadde “previsionar” toda clase de siniestros (esto es: eventos dañosos, futuros, inciertos).Y son esos eventos (o mejor la posibilidad de que ocurran) en su interacción con el interés, losque dan sustento al sistema asegurativo (Conf. MOLINA SANDOVAL, 2006).Mediante el uso de este instituto jurídico se procura vencer aquellos límites que se oponena lo asegurado, sirviendo como vehículo de desarrollo de las actividades que dan impulsoa la vida y la economía de todo Estado.En el presente trabajo, pretendemos ahondar sobre una de las facetas que presenta elinstituto altamente tecnificado del seguro: es el fenómeno de la “franquicia”. Esto es, la yadifundida práctica de incorporar en el contrato de seguro una cláusula por la que se limita orestringe la responsabilidad de la empresa aseguradora en función de la cuantía de la reparacióno indemnización a pagar, con diferentes modalidades y peculiaridades.En nuestro país, la polémica acerca de la oponibilidad o inoponibilidad de las franquicias deseguros de responsabilidad civil a las víctimas de daños, viene trascendiendo las fronteras de ladoctrina y se ha traducido en una verdadera contienda de fundamentos dogmáticos y filosóficosen el ámbito de las decisiones propugnadas por los Tribunales de la más alta jerarquía judicial.Frente a los sucesivos fallos pronunciados a razón de los plenarios de las Cámaras NacionalesCiviles de Apelación, y las revisiones por vía extraordinaria de los mismos realizadas porel Máximo Tribunal de Justicia del país, es dable intentar -a través de una sinopsis- un análisisdel estado de situación que presenta la jurisprudencia argentina respecto del tópico en cuestión,adelantando como conclusión la necesidad de interpretar las cláusulas de incorporación de franquiciasen los seguros de responsabilidad civil, como un instituto perfectamente válido y eficaz–además de necesario-, y oponible a los damnificados en función de la razonabilidad de la cuantíay de un verdadero equilibrio económico de las prestaciones derivadas del acuerdo negocial.Desde otro punto de vista -pero obedeciendo al fin de demostrar la importancia y actualidadjurídica del tema-, y situándonos en la perspectiva que sustenta nuevas funciones para laresponsabilidad por daños – que se unirían a la tradicional de la reparación de los perjuicios-,y en particular del fin tutelar preventivo al que debe orientarse la interpretación y aplicaciónde las normas de responsabilidad civil.La evolución de las finalidades del sistema de responsabilidad civil se ha basado enla mudanza de una serie de paradigmas, al decir de Lorenzetti: “de responsabilidad comodeuda a la responsabilidad como crédito a la indemnización”, del “daño a la propiedad” al“daño a la persona”, del daño individual al daño colectivo, de la reparación a la prevención”(LORENZETTI, 2010).Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

36< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >37Desde la perspectiva de la teoría del Análisis Económico del Derecho (AED), no podemosdejar de mencionar que la franquicia en los seguros puede ser considerada una forma económicamenteeficaz para incentivar las conductas diligentes del asegurado tendientes a evitar lacausación de daños, por los que debe responder de manera directa.Para hacer más clara aún la idea, el AED postula que un individuo racional (homo economicus)no se comportará del mismo modo si se enfrenta a la amenaza de ser condenado a pagar unaindemnización que si no la enfrenta (CALABRESI, 1970). La franquicia, en cierta forma, vendríaa actualizar o hacer resurgir la concepción de la asunción de los riesgos por parte del aseguradoestimulando, en consecuencia, la conducta diligente del mismo en la evitación del siniestro.NOCIONES CONCEPTUALES ACERCA DE LA FRANQUICIAEN LOS CONTRATOS DE SEGURODe este estado de situación se deriva que, son los usos comerciales los que van delineandolas modalidades que este instituto adquiere, siendo las más usuales, las franquicias condicionales,relativas o simples y las incondicionales, múltiples, absolutas o deducibles.Se puede definir a la franquicia como la cláusula incorporada al contrato de seguro por laque se pacta que, en caso de siniestro, la compañía aseguradora asume la obligación de pagarla totalidad de la indemnización o bien el excedente, siempre que la suma de los daños supereel monto establecido en dicha cláusula, hasta cubrir el importe asegurado.Hasta aquí, la franquicia está definida desde la fijación de topes o quantum específicos,que habilitan el derecho del asegurado a ser cubierto por los daños a su interés asegurado, seade manera total o parcial, asumiendo en este último caso, la responsabilidad de manera directapor los daños que no superen dicho tope.Sin embargo, el concepto también puede ser entendido desde una limitación temporal decobertura, que permite incluir las llamadas cláusulas claims made.Sin perjuicio de ello, tomamos el concepto primeramente expuesto como universo de esteanálisis.El principio en materia de seguros que sustentaría el instituto de la franquicia es que elasegurador debe indemnizar al asegurado el daño que éste ha sufrido -la afectación a su interésasegurable-, a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, dentro de los alcances,límites y condiciones establecidos en la misma.A este respecto, se ha opinado que, justamente, “uno de los límites es el que se presentacon la incorporación en la respectiva póliza de una franquicia; es decir, de una parte del dañoque, en caso de ocurrir el evento siniestral amparado por el contrato de seguro, deberá sertomado en cuenta para determinar el derecho del asegurado a ser indemnizado -franquiciassimples o condicionales- o para fijar el monto de la indemnización -franquicias absolutas, incondicionaleso deducibles-” (LOPEZ SAAVEDRA, 2007; p.p. 311-312).Desde esta perspectiva, podemos definir a las franquicias condicionales, relativas o sim-ples, como aquéllas en las que el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado, siempre ycuando el daño exceda la suma o el porcentaje establecido en la póliza como franquicia. Cuandoesto ocurra, el asegurador indemnizará el total del mismo, sin deducciones. Otros autoressostienen que se trata de franquicias típicas o estructurales (MEILIJ, 2012).En cambio, en las franquicias incondicionales, múltiples, absolutas o deducibles, el aseguradortambién se obliga a indemnizar al asegurado como consecuencia del siniestro cuandoel daño supera la franquicia establecida en la póliza; pero la indemnización a pagar alcanzarásolamente el excedente de la franquicia. El deducible puede ser fijo -una suma determinada- oen un porcentaje sobre el total.Algunos autores distinguen a la franquicia de lo que denominan descubierto obligatorio1 . Como se observa, esta figura presenta una similitud con la franquicia en su finalidad yconsecuencias, aunque la franquicia puede llevar aparejado o no un descubierto.Tanto la franquicia como el descubierto obligatorio cumplen una función análoga, aunquepresentan diferencias en cuanto al pago de la prima y a los alcances de la indemnizacióna cargo del asegurador, en los casos de una franquicia deducible. (LÓPEZ SAAVEDRA, 2007).Asimismo, la causa por la que una parte del daño es soportado por el asegurado es distintaen un caso y en el otro. En el descubierto la causa es un infraseguro que deriva de la decisión delasegurado; en cambio, en la franquicia deducible, la disminución de la indemnización es consecuenciade una estipulación específica de la póliza, en la que puede no existir un infraseguro.La reducción de las primas en los seguros con franquicia obedece a una inocultable finalidadtécnica, que es eliminar la garantía frente a siniestros de poca monta, que podrían resultareficientes para la aseguradora en orden a que los gastos de liquidación y administración dedichas primas excederían en algunos casos el propio daño.Resultan de una claridad meridiana las expresiones de Gustavo Meilij cuando afirma“ambas circunstancias (franquicia y descubierto obligatorio) tienen por objeto desentendersede los pequeños siniestros, que originan gastos administrativos inadecuados y mejorar en lapráctica el cuidado del riesgo, poniendo a cargo del asegurador parte de los daños ocasionadospor el siniestro” (MEILIJ, 2012; p.207).De allí que, tratándose de una franquicia, nada obsta a que se ampare el tramo descubiertocon otro seguro, no así en el descubierto obligatorio, lo que podría generar reticencia oagravación del riesgo.1En opinión de López Saavedra -que compartimos-, la franquicia y el descubierto obligatorio, involucran conceptos diferentes,pero coinciden en sus efectos y consecuencias. El descubierto se vincula al concepto de infraseguro, es decir, al caso enque la suma asegurada es inferior al valor total del interés asegurable, situación que origina la aplicación de la llamada reglaproporcional; en cambio en la franquicia puede no existir infraseguro, aunque el asegurado termina soportando una partedel daño sufrido en su interés asegurable.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

38< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >39REGULACION LEGAL DE LA FRANQUICIA EN LA ARGENTINALa ley 17418 no define ni regula las modalidades de limitación de la prestación a cargo delasegurador. De allí que la fuente obligatoria en esta materia resulta, en la generalidad de loscasos, del consenso de las partes, que materializa el contrato de seguro.En el caso de los seguros de responsabilidad civil obligatorios, también existen lagunaslegales, ya que la regulación que impone la franquicia en los contratos de seguro de transporteautomotor de pasajeros, deviene de la Resolución Nº 25429, de la Superintendencia de Segurosde la Nación.LA FRANQUICIA: CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DERESPONSABILIDAD O DE LIMITACIÓN DELRIESGO ASEGURADOEn este punto, cabe distinguir tres tipos de cláusulas, que han sido enunciadas yanalizadas en profundidad por la doctrina española, y que puedan estar presentes en loscontratos de seguros. Dichas cláusulas presentan diferenciados efectos o consecuenciasprevistos en el ordenamiento jurídico español, los que van desde la inexistencia como tal(por ser consideradas cláusulas abusivas), a la necesidad de controles de contenido y porúltimo la plena validez. En cada caso, pretendemos analizar su admisión o no como tipoespecífico de cláusula contractual y su previsión en nuestro ordenamiento jurídico o lainterpretación doctrinara al respecto.A los fines de poder entender con mayor claridad diremos que entre los casos más frecuentesde cláusulas limitativas en los contratos de seguros, sin la previa distinción conceptual,encontramos a: la exclusión de responsabilidad de las aseguradoras por conducción devehículos sin autorización, o bajo los efectos del alcohol, o drogas (comúnmente denominadasde exclusión de cobertura); las cláusulas de exclusión de determinadas personas del ámbitosubjetivo de la cobertura 2 ; exclusión de responsabilidad cuando el siniestro se deba a imprudenciadel asegurado 3 ; las llamadas “claims made” 4 en el ámbito de la responsabilidad civilparticularmente presentes en el aseguramiento de la actividad de los profesionales de la salud;las limitaciones al objeto del seguro o riesgo asegurado 5 ; entre otras.Dentro de la clasificación aludida al inicio de este punto, se hallan las denominadas “cláusulasabusivas”, son aquéllas que contrarían el equilibrio contractual, tornando desproporcionadoslos derechos de una parte (la aseguradora) frente a la otra (el asegurado). En relación aesta primera calificación, de hallarse incluidas en el contrato de seguro, deben reputarse nulasy tenerse por no incorporadas al mismo.Son aquellas que, sin contravenir las disposiciones imperativas de la Ley de Seguros, y sinser especialmente negociadas entre las partes, pueden reputarse inicuas, desproporcionadas oinjustas, o simplemente “abusivas”. Estas, sucumbirían al control de contenido, previsto en elart. 37, de la Ley 24240, si estuvieran incorporadas a contratos de consumo.Las denominadas “cláusulas limitativas de los derechos del asegurado”, en cambio, sonaquellas que, sin llegar a ser desproporcionadas o inicuas, empeoran la posición contractualdel consumidor o cliente, ya sea cercenando los derechos que la ley o el contrato le reconocen, oimponiéndole nuevas obligaciones. En el derecho español, sólo se admiten si han sido conocidasy aceptadas especialmente por el asegurado, en cuyo caso pasan a formar parte del contrato,pero aún pueden quedar sometidas al control de contenido, y en función de éste ser declaradasnulas por abusivas. La diferencia con las cláusulas lesivas radica en que éstas son, prima facie,inválidas e ineficaces en todo caso, en tanto, las primeras podrían considerarse válidas en el casoen que mediara aceptación expresa, salvando el posterior control de contenido.“Las cláusulas limitativas que, aún habiendo pasado a formar parte del contrato, no supereneste control (de contenido), deberán considerarse cláusulas lesivas y por tanto, declararse nulas ytenerse por no puestas, igual que puede suceder con cualquier cláusula contenida en condicionesgenerales o particulares aún cuando no sea limitativa”. (PAGADOR LOPEZ, 1999; p.p. 378)En lo que se refiere a este punto, el art. 158, último párrafo de la ley de seguros argentinaprescribe a este respecto: “Cuando las disposiciones de las pólizas se aparten de las normaslegales derogables, no podrán formar parte de las condiciones generales”.Por lo que las modificaciones deberán formar parte de condiciones especiales, sometidas2Al respecto, un fallo de CNCiv. Sala K, 2006/04/06 “Artuso Juan y otros c. Anechine, Guillermo y otros”, se pronunció por considerarla cláusula de ampliación de “no seguro”, como abusiva: “Cabe rechazar la excepción de falta de legitimación pasivaopuesta por la aseguradora, citada en garantía, fundada en que el conductor del vehículo embistente se encontraba en estadode ebriedad al momento del accidente, toda vez que la cláusula por la que se amplía el “no seguro” resulta abusiva, pues suaplicación suprime la obligación de la compañía de seguros, en contra de los dispuesto por el art. 158 Ley 17.418.....De resultarválida dicha normativa orientada a la exclusión de la cobertura, ello conspiraría contra normas de orden público contenidas tantoen la Ley 24.240 , como en el Código de Tránsito de la Prov. de Buenos Aires...” en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros.Año VIII, N° VIII. 2006. Ed. La Ley. Agosto de 2006. Pág. 78-84.3Al respecto, la CNCom. Sala B, 2004/12/21, “Magnante de Montes, Dinah c/ Galicia Vida Cía. de Seguros”: “El factor liberador de responsabilidaddispuesto por los arts. 70 y 114 de la ley 17.418, mediante el cual están a cargo de la compañía aseguradora los siniestrosocurridos mediando culpa grave del asegurado sólo se producirá cuando la provocación sea imputable en grado de culpa grave , laque se evidencia cuando la conducta desborda el novel medio de la negligencia o la imprudencia es rayana con él, y por ende, existirácuando el asegurado omita la diligencia elemental de las personas menos previsoras y más especialmente cuando incurra en ella porestar asegurado”, en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros. Año VII, N° V 2005. Ed. La Ley. Mayo de 2005. Pág. 108-112.4Esta modalidad contractual, que nació para ser aplicada en cierto sector de la responsabilidad civil, se ha extendido, ya que ademásde encontrarse prevista en todo supuesto de responsabilidad profesional -abogados, médicos, etc.-, también se utiliza en materiade contaminación ambiental. Por medio de la incorporación de este tipo de cláusula, se establece que la cobertura que se otorgaampara la responsabilidad civil del asegurado, siempre y cuando el “reclamo” se formule dentro del período de vigencia material delcontrato, sus renovaciones o dentro del plazo del período de extensión de denuncia del siniestro. Fuente: La cláusula “Claims Made”,por siempre ilícita, http://es.shvoong.com/law-and-politics/contract-law/480794-la-cl%C3%A1usula-claims-por-siempre/.5La jurisprudencia ha establecido: “El riesgo debe ser debidamente individualizado o precisado, y en caso de dudas acerca de suextensión se debe estar por la obligación del asegurador. Ello así porque él es el que redacta las condiciones del contrato y, porlo demás es el que está en mejores condiciones que el asegurado para fijar precisamente la extensión clara de sus obligaciones”.CNCiv. Sala B, 2006/03/01 “Zalazar, Karina c. Gonzalez Maccarrone de Carrela, Ana, en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros.Año VIII, N° VII. 2006. Ed. La Ley. Julio de 2006. Pág. 102-108.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

40< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >41a la aceptación y la negociación particular.Sin perjuicio de ello, no podemos obviar que la Ley 24240, prescribe en su art. 37, inc.b), como supuesto que amerita la calificación de abusiva, a las cláusulas en los contratos deadhesión con consumidores “que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidoro amplíen los derechos de la otra parte”; de donde, las limitaciones a los derechos delasegurado, aun cuando hayan traspasado el control de inclusión, a través de la firma específicadel adherente, o como cláusula particular del contrato, no podrán soslayar el control de contenidoprevisto a partir de esta norma, reputándose como no escritas. Pareciera que en nuestroordenamiento jurídico, no cuadra la distinción de grados, y ambas deben a la postre recibir lamisma calificación de “abusivas”.De acuerdo a la consideración de la jurisprudencia, se ha entendido formando parte deesta categoría a las cláusulas claims made, por contrariar las disposiciones de la Ley 24240en tanto cláusula que amplía injustificadamente los derechos del asegurador, limitando losdel asegurado 6 .Por último, las “cláusulas de delimitación del riesgo asegurado”, no son, en rigor de verdad,limitaciones a los derechos de los asegurados, sino que vienen a determinar el objeto del contrato,de conformidad con criterios de normalidad o tipicidad; esto es, de acuerdo a lo que habitualmentees de uso en el comercio de seguros incluir como riesgo indemnizable en cada tipo de contrato.Recordemos que en el contrato de seguro, el asegurador no puede asumir el riesgo de una maneraabstracta, sino que éste deber ser debidamente individualizado, ya que no todos los riesgos sonasegurables, es por ello que deben limitarse e individualizarse dentro de la relación contractual.Estas cláusulas regulan elementos esenciales del contrato como es el “riesgo asegurable”,en función del cual se calcula la prima. En relación a ellas, se afirma, desde este enfoque, que ladistinción entre ambos tipos de cláusulas, se sustenta en criterios lógicos y cronológicos, de talmodo que las cláusulas delimitadoras del riesgo se estiman pertenecientes a una primera fasede atribución contractual de derechos al asegurado, o, lo que es lo mismo, de asunción de obligacionescorrelativas por el asegurador; mientras que las cláusulas limitativas de los derechosdel asegurado se sitúan en un segundo momento de limitación de los derechos, previamenteatribuidos por ley o por el contrato.Ahora bien, en aquellos casos en que las cláusulas excluyan o limiten los riesgos propioso típicos de cada contrato de seguro, pueden quedar sometidas al control de inclusión, requiriendoentonces una aceptación especial o expresa de las mismas. Pero una vez realizado,pasan a formar el contenido del mismo, y a diferencia de las demás cláusulas de limitación6“Ello, desnaturaliza la función económico-jurídica del contrato. La aprobación de los planes de seguros por parte de la Superintendenciade Seguros de la Nación no sería suficiente para admitir la validez de este tipo de cláusulas”. CNCiv., sala C in re “Barral de KellerSarmiento, Graciela c/ Guevara, Juan Antonio y otros s/ daños y perjuicios”, 02/05/2006. Nos resulta importante comentar quedel fallo se desprende que la Cámara parece dejar abierta la posibilidad de convalidar las cláusulas de este tipo, si la aseguradoraacredita haber ofrecido alternativas de cobertura suficientes, con lo cual, nos parece que comienza a abrirse paso la postura de considerarla eficacia de este tipo de cláusulas cuando sea admitida de entre una serie de propuestas a la medida de cada asegurado.de derechos del asegurado, no pueden ser sometidas a control de contenido. Aún así, podríangenerar la responsabilidad del asegurador por su carácter de cláusula sorprendente.Desde este punto de vista, las cláusulas delimitadoras del riesgo no pueden reputarse cláusulaslimitativas de los derechos de los asegurados, en el sentido que recoge la ley de Defensadel Consumidor argentina (como cláusula abusiva), máxime si se considera que las referidaslimitaciones han sido tenidas en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el tomador. Porende, debe entenderse que no revisten el carácter de cláusulas abusivas, ni reciben el tratamientode condiciones inexistentes (se tienen por no escritas, según reza la norma tuitiva argentina).Para una relevante corriente doctrinal, sin embargo, debe prescindirse de un enfoque exclusivamenteconceptualista a la hora de abordar el problema debatido y, en su lugar, atendera los efectos producidos por las cláusulas, particularmente desde la perspectiva de la posiciónde los asegurados.En este sentido, se señala que “no obstante admitirse que una cláusula insertada en unapóliza para delimitar el riesgo asegurado no es, en principio, una cláusula limitativa, no cabe desconocerque, al fin, se convierte en una de ellas, ya que una y otra producen el mismo resultado:limitan los derechos de los asegurados como consecuencia del establecimiento de exclusiones ala cobertura del asegurador”. (PEREZ-SERRABONA GONZALEZ, 1993; p.p. 272-274).En esta línea de pensamiento, se ha postulado, frente a una concepción estricta o literal,un entendimiento amplio de las cláusulas limitativas, en cuyo seno podrían encontrar cabidalas cláusulas de delimitación del riesgo. Y es que, como ocurre en general con todas las condicionesde la póliza, las partes pueden acordar libremente los límites de la cobertura. En talsentido, y dentro de los límites previstos en la ley, el asegurador puede excluir del seguro determinadosdaños o acontecimientos (TAMAYO JARAMILLO, 1999; p. 95). En última instancia,todo resulta en el control, derivado de las consecuencias de la aplicación de tales cláusulas.La delimitación del riesgo asegurado, implica para el asegurador expresar el límite de ladisponibilidad de cobertura, puesto que el precio que se cobra por ella depende de la indemnizacióna pagar en caso de que acontezca el siniestro en la forma prevista en la póliza.Es bien sabido que aquellas condiciones que han sido negociadas individualmente no podránser nunca consideradas lesivas, en cuanto abusivas, puesto que la negociación individualexcluye la idea del abuso (salvo caso de lesión) y, por tanto, la razón de ser del control instauradolegalmente. Podrán ser, eso sí, nulas o ineficaces, por vulnerar una norma de carácterimperativo, pero no lesivas.Desde otra perspectiva, “es obvio que nunca podrán considerarse lesivas las condiciones queregulen aspectos esenciales del contrato, es decir, los presupuestos básicos sobre los cuales recae elconsentimiento (hautdedingungen), entre las cuales hay que incluir, necesariamente, las cláusulasque delimitan el riesgo que va a ser objeto de la cobertura” (FONT RIBAS, 1999; p.14).Es claro entonces que las limitaciones al riesgo asegurado forman parte de la necesariadelimitación del objeto contractual, y de allí que resultan completamente válidas y eficacesentre las partes del acuerdo, si no ha mediado mala fe o violación al deber de información porRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

42< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >43parte del predisponente del contenido contractual.Ahora bien, podemos afirmar que la franquicia constituye una forma de limitación alriesgo asegurado y desde este punto de vista, la misma no podría ser considerada una cláusulaabusiva per se.Meilij, al distinguir la franquicia del descubierto obligatorio, sostiene que el elementodistintivo finca en el hecho que la franquicia “integra” el riesgo amparado, delimitando suestructura de procedencia (MEILIJ, 2012; p. 207).La jurisprudencia argentina así lo viene sosteniendo en distintos fallos: “En el contrato deseguro existe un acuerdo de voluntades entre los estipulantes que implica, por lo menos coincidenciade ambos sobre la determinación del riesgo cuya cobertura se intenta…. El conjuntode tales delimitaciones perfila el denominado riesgo asegurable. Desbordadas las mismas noexiste seguro (arts. 499, 910, 1144 y ss., 1197,1198 C. Civ; 1, 11, 12, 60, 109 y concs., Ley 17418)…Una de ellas es la franquicia, o “descubierto obligatorio”, limitación que se verifica cuando elasegurado está obligado a conservar a su costa una cierta parte del daño, cualquiera sea laimportancia del mismo…” 7 .En idéntico sentido: “Existiendo la cláusula de franquicia pactada contractualmente entrela compañía y el asegurado por la cual pone un límite al riesgo cubierto de acuerdo a lanormativa legal prevista, ello conduce a concluir que el descubierto obligatorio es oponible altercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino enlos límites de la contratación” 8 .CONSIDERACIONES ACERCA DEL SEGURO Y LA FRANQUICIADESDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHOPartimos de la base de que la corriente más tradicional dentro de la teoría del AED noconsidera la posibilidad de contratar seguros en los modelos analíticos más simples. Es a partirdel trabajo de Calabresi, relativo a los costes de los accidentes, y la posibilidad de dispersiónde los riesgos, que se comienza a incluir la consideración de la asignación y distribución de losmismos, lo que implica incorporar en el modelo económico de la responsabilidad por daños, laposibilidad de que los dañadores, o las víctimas, contraten un seguro.Desde este enfoque, el seguro voluntario permite una asignación y distribución de riesgoseficiente. Esto significa que se trata de un instrumento que permite que aquellas partes quesean adversas al riesgo no deban soportarlo y, puedan transferirlo a quienes sean neutralesfrente al riesgo.En este contexto, que un individuo sea adverso al riesgo implica que prefiera un resultadocierto, a uno incierto. De allí que estará dispuesto a pagar para evitar la incertidumbre delresultado (sea éste sufrir un daño, o pagar una indemnización en el caso de los seguros de responsabilidadcivil). Para este individuo, el costo de enfrentar un resultado incierto será mayor,que afrontar un costo cierto (el del seguro), para eliminar la incertidumbre.Los individuos neutrales al riesgo, sin embargo, tienen una actitud de indiferencia entreun resultado cierto o incierto. Luego, resulta beneficioso (incrementa los beneficios totales),eliminar o reducir el riesgo que soportan los individuos adversos y trasladarlo a los individuosneutrales frente al mismo. He aquí el fundamento económico de la existencia del seguro.Así, la posibilidad de contratar un seguro implica la opción para los agentes adversos alriesgo, de trasladarlos al asegurador (que se asume neutral al riesgo, es decir, que le resultaindiferente), permitiendo de esa forma aumentar los beneficios totales.Sin embargo, esta solución presenta una desventaja, ya que desde el AED se plantea que unacobertura que elimine completamente el riesgo, podría tener un efecto secundario indeseable, quese conoce como “moral hazard” (riesgo moral). Un individuo que se halla completamente aseguradofrente a un determinado riesgo, será poco proclive de actuar con precaución, o diligentemente.Entonces, la solución eficiente se plantea como aquélla en la que, la diferencia entre elcosto de precaución asumido en caso de no haberse contratado el seguro, es mayor que el costoque se deja de asumir por haberlo hecho. Es decir, es probable que el asegurado no tengaincentivos para invertir en precaución, de la misma forma en que lo haría si no tuviese unacobertura completa por los daños que pueda causar, o que elija el nivel de actividad que deseesin evaluar en cuánto aumenta dicho nivel de actividad la probabilidad del daño.En definitiva, el moral hazard implica un problema de información derivado del hechoque la aseguradora no puede observar la conducta del asegurado; si pudiese hacerlo, seguramentese encontraría en condiciones de estimar más adecuadamente el riesgo acorde a laconducta del cliente, y fijar una prima que lo refleje perfectamente.La franquicia de los seguros, se constituye frente a este azar moral, en una alternativaválida para reducir sustancialmente el mismo, motivando conductas diligentes tendientes encierta medida a la evitación de aquellas productoras de los daños contra los que se asegura,asumiendo en parte los riesgos de manera directa.7CCCom. de San Isidro, sala III, 5/5/2009, “Silva c/ La Independencia”, “Di Gaudio c/ La Independencia” y “Peruzzo c/ La Independencia”,disponible en: www.casi.com.ar, ID: 4654, consultado el 20/10/2012.8CCCom. de Lomas de Zamora, sala III, 18/02/2010, “Juanolo Hernán c/ Servilla José s/ daños y perjuicios”; Idem: SCBA, C.105.026 S, 21/09/2011, “Ludueña, Miguel c/ Expresa Caraza SA y otros s/Daños y perjuicios”, JUBA; Idem: CCCom. de Quilmes,sala I, 14/10/2008, “Coronel, Cristina Graciela c/ Expreso Quilmes SA y otros s/ Daños y perjuicios, JUBA Sum. B2904227, consultadosen Revista de Derecho de Daños 2012- 1, Sección Jurisprudencia Nacional. Ed. Rubinzal- Culzoni. P.p. 422/425.OPONIBILIDAD O INOPONIBILIDAD DE LA FRANQUICIA ALTERCERO DAMNIFICADO: ¿OPINIONES INCONCILIABLES?Una vez afirmado que la franquicia constituye una cláusula de las entendidas como limitanteso delimitantes del objeto contractual -el riesgo asegurado como elemento esencialdel contrato de seguro-, y a partir de allí, valorada como válida y plenamente eficaz entre lasRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

44< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >45partes, debemos encauzarnos a analizar la eficacia de las mismas respecto de terceros y labúsqueda de fundamentos o soluciones para aunar los criterios antitéticos que existen en ladoctrina judicial argentina.Según la Ley 17418, el asegurador debe indemnizar el daño sufrido por el asegurado comoconsecuencia de un siniestro cubierto “dentro de los alcances, límites y condiciones establecidasen la póliza contratada” (art. 118).Tal lo afirmado ut supra, uno de los límites a ese deber resarcitorio, lo constituye la inclusióncontractual de una “franquicia”; es decir, de una parte del monto necesario para reparar eldaño que, de ocurrir el siniestro será soportado íntegramente por el asegurado.En resumen, la aseguradora limita su participación en la indemnización a una porciónde la misma, de forma tal que, siempre que el daño supere el valor mínimo previsto, nacerá laobligación de indemnizar. En caso que el daño no supere el valor establecido como límite, laaseguradora no responde, sino que lo hace directamente el asegurado.La jurisprudencia se halla claramente dividida sobre la admisibilidad de dichas cláusulas,pero circunscribiendo la disputa a la oponibilidad o eficacia en relación a terceros, víctimas deldaño contra el que se asegura.La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en relación a la especial situaciónque plantean los seguros de responsabilidad civil obligatorios en el ámbito del transporteterrestre y particularmente a la validez de la Resolución 25429 de la Superintendencia de Segurosde la Nación, que establece la franquicia también obligatoria favor de las aseguradorasa partir del límite de $40.000, considerando que la misma es oponible al damnificado terceroen la relación contractual 9 .Este fallo, significó el comienzo del encono jurisprudencial entre la Cámara Nacional Civilen pleno -que dos años antes había sentado precedente respecto de la inoponibilidad de lafranquicia estableciendo la responsabilidad plena y solidaria entre asegurado y aseguradorafrente a la víctima- y el Máximo Tribunal. A partir de allí, una pléyade de sentencias pronunciadasen distintas jurisdicciones y por jueces de diferentes jerarquías que vienen adhiriendo auna u otra postura para casos similares.EL PLENARIO “OBARRIO”: PRINCIPALES FUNDAMENTOSA FAVOR Y EN CONTRA DE LA OPONIBILIDAD DE LAFRANQUICIA A LA VICTIMAEl 13 de diciembre de 2006, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno,dictó fallo plenario en autos “Obarrio, María Pía c/ Microomnibus Norte S.A. y otro s/ dañosy perjuicios” y “Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/daños y perjuicios” estableciendo la inoponibilidad al tercero damnificado, de la franquicia enlos seguros de responsabilidad civil de vehículos destinados al transporte público de pasajeros,que fuera prevista y regulada como obligatoria por Resolución Nº 25429/97 de la S.S.N.Dicha Resolución, dictada a los fines de paliar la situación de emergencia en que se hallabael sector de empresas prestadoras del servicio de autotransporte automotor público depasajeros -derivada de la gran cantidad de siniestros, actividad litigiosa y liquidación del InstitutoNacional de Reaseguros, entre otras causas-, aprobó las condiciones contractuales parael riesgo de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público depasajeros y dispuso que los aseguradores que optaren por brindar dicha cobertura “deberánadherirse expresamente a esta Resolución”.En el Anexo III se estableció lo que se denomina franquicia o descubierto a cargo delasegurado, disponiendo que “el asegurado participará en cada acontecimiento cubierto quese tramite por la vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de $40.000”. Y añade que “dicho descubierto a su cargo se computará sobre el capital de la sentenciao transacción, participando el asegurado a prorrata en los intereses y costas”.Consideramos la trascendencia de esta decisión plenaria, en orden a la claridad meridianacon que se han expresado los fundamentos de la mayoría -a favor de la inoponibilidad de la franquiciaa los terceros damnificados- y, particularmente, los de la minoría -lógicamente a favor dela eficacia de la cláusula contractual frente a los terceros-, que luego rescatara en gran medidala Corte Suprema para avalar su propia doctrina al respecto. Nos permitimos entonces, para unmejor entendimiento, extractar aquellos que serán objeto de ponderación en el capítulo referidoa los resultados de esta investigación, por guardar alguna vinculación con el tema en análisis.Así, entre los fundamentos de la mayoría para el decisorio que destacamos, consideramostrascendentes, los siguientes:1. “La necesidad de acoger el criterio solidarista para la reparación del daño “injustamentesufrido”, y la consecuente protección de la parte débil con la consideración de la función socialdel seguro que tiende a sortear la eventual insolvencia del autor del daño, particularmenteen actividades que evidencian gran operatividad en la generación de perjuicios”.2. “La franquicia admitida por la regulación de la SSN, desvirtúa la obligatoriedad delSeguro de Responsabilidad Civil prevista en la Ley 24449, ya que en el marco de la misma (pordebajo de los $40.000), el asegurado carece de seguro”.3. “La función del contrato de seguro queda desnaturalizada, no sólo porque no se contemplanlos derechos del asegurado, en procura de su indemnidad, sino que primordialmentese ven afectados los intereses de los damnificados por accidentes de tránsito, desvaneciéndosela garantía de una efectiva percepción de la indemnización por daños, constituyendo una violaciónimplícita de la finalidad económico jurídica de tal contratación”.4. “La cláusula de la póliza vulnera los límites impuestos por el art. 953 del Cód. Civ., esabusiva en los términos del art. 1071 del mismo Código e incluso, si se juzgan aplicables al casolas disposiciones que regulan la protección del consumidor (arg. Arts. 1, 2 y concordantes de la9En “Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte”, 04/03/2008; La Ley 2008-B , 402.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

46< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >47ley 24.240), porque deben tenerse por no convenidas las estipulaciones que desnaturalicen lasobligaciones o limiten la responsabilidad por daños (art. 37, inc. 1, ley citada)”.La exorbitancia de la cuantía fijada por la Autoridad de Control del seguro es lo que secuestiona y, en definitiva, lo que torna inoponible la franquicia. Así, sostienen al respecto:5. “Lo que está en juego, en el caso que analizamos, es la irrazonabilidad del descubiertoprevisto en las pólizas del sector asegurado que nos ocupa”.La minoría, en cambio, funda sus considerandos en los siguientes aspectos:1. La oponibilidad de la franquicia tiene su fundamento en que en el caso no media solidaridadsino concurrencia de obligaciones con causas disímiles: la del trasportador derivada delincumplimiento contractual -si la víctima es la trasportada- o del acto ilícito -si es un tercero,peatón u otro automóvil-, mientras que la de la citada en garantía tiene su fundamento en elcontrato convenido entre el primero y la aseguradora. “Son relaciones obligacionales distintase independientes, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17418”.2.“De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización“más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato” carece defuente jurídica que la justifique, y por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil”.3.“Las cláusulas limitativas de responsabilidad en materia de seguros -especialmenteaquéllas que delimitan el riesgo asegurable- en tanto cláusulas de no seguro, no son ajenas a lavíctima, esto es ella no puede ignorarlas, desde que su derecho a ser pagada por la compañíaaseguradora del victimario se concretará en tanto la conducta de este último resulte involucradaen el riesgo que ha absorbido la entidad aseguradora. El seguro de responsabilidad civil seinstituye en beneficio del asegurado, aunque en definitiva su efecto beneficioso pueda extendersea terceros, pero ello será así en tanto el contrato lo permita”.Aduce, asimismo, la minoría, que no media irrazonabilidad en la cuantía de la franquicia,porque la misma debe entenderse en relación directa con la prima a pagar y no con elquantum indemnizatorio que debe afrontar como límite el propio asegurado y, en definitiva,el damnificado.En otras palabras, el sinalagma está conformado por el riesgo asumido por la aseguradoracontra la prima pagada por el asegurado. Es en relación a ese vínculo que debe establecersela razonabilidad o equivalencia de las prestaciones.4. “Cuando se trata de un supuesto de limitación del riesgo o no seguro, no se debe omitirla aplicación de una cláusula de exclusión de la cobertura y resultan extrañas las consideracionesrelativas a la función social del seguro y a la protección de la víctima”.Afirma, por otro lado, la importancia de que los jueces no extiendan remedios coyunturalesque puedan producir un descalabro en el sistema asegurador que, en definitiva, terminecon el aseguramiento y ponga en peor posición aun a las víctimas de accidentes de tránsito.Termina afirmando que la decisión de la mayoría apareja un marcado apartamiento del finrector de la seguridad jurídica, que ostenta jerarquía constitucional; cuya tutela incumbe justamentea los jueces, al fallar sin anclaje en la norma o, aun peor, prescindiendo de ella.A manera de adelanto, diremos que comulgamos con el criterio de esta minoría, y, endefinitiva con los alcances de la interpretación que hace de estos supuestos la Corte Supremade Justicia de la Nación -particularmente a través del voto del Dr. Ricardo Lorenzetti-, al estableceruna clara distinción del contrato de seguro con franquicia y sus efectos, incorporando ala interpretación judicial las nociones del AED, relativas a la ponderación de las normas comoincentivos para la evitación de conductas dañosas.Asimismo, parece desprenderse del fallo, la consideración de la cláusula de franquiciacomo aquélla que delimita objetivamente el riesgo asegurado, con los fundamentos queya expusiéramos.REPERCUSIONES DEL DECISORIO EN FALLOS POSTERIORESHa dicho el Máximo Tribunal: “En el seguro de responsabilidad civil la franquicia pactadaen la póliza es oponible al tercero damnificado… la Ley 17418 que específicamente estableceque la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador“en la medida del seguro” (art. 118) 10 ”.Jueces inferiores también se han expresado en la misma línea. Sin perjuicio de los ya citadosen epígrafes anteriores podemos traer a colación: “La franquicia así concertada resulta plenamenteoponible al demandante (tercero damnificado) en tanto ese límite a la cobertura se enmarcaen las condiciones particulares negociadas entre la asegurada y la citada en garantía, queen la especie están plasmadas en la póliza de modo que siendo el seguro un negocio contractual,la aseguradora sólo podrá ser asociada a la reparación del daño en los términos pactados, conformelo prescripto en la norma precedentemente citada (art. 118, Ley 17418 y Resol. 25429/97de la S.S.N.), la que no ha sido concretamente impugnada de constitucionalidad 11 ”.Algunos fallos, además, han admitido su oponibilidad a los terceros, aún y más allá delsupuesto contemplado en la norma que habilita su uso. Así, y en un caso referido a responsabilidadde las empresas concesionarias de peaje, se ha determinado la eficacia de la limitaciónopuesta por la aseguradora de la concesionaria a la actora damnificada, a través del fundamentode la inaplicabilidad al caso, de la doctrina “Obarrio y Gauna”, -ergo, la doctrina de lainoponibilidad-, fundada en la impertinencia de la misma al caso sometido a resolución 12 . En10CS, 2006/08/29, “Villareal, Daniel c. Fernández, Andrés y otros”. Revista RCyS. Año VIII, Nº X. Ed. La Ley, Buenos Aires. 2006, p. 73.11CNCiv. Sala A, 2005/09/15, “Bossio, Jorge c. Expreso Paraná S.A. y otro. Revista RCyS. Año VIII, Nº VI. Ed. La Ley, Buenos Aires,Argentina. 2005, p. 58. CNCiv. Sala C, 2003/11/20 “Rodríguez Lucia c. Gamarra Wilfrido y otros. Revista RCyS. Año VI, Nº I. Ed. LaLey, Buenos Aires. 2004, p. 72; CNCiv., sala G, “Díaz, Dora c. Ayala Lombardo, Angel y otrso s. Daños y perjuicios”, 2011/11/22;CNCiv. Sala E, 2012/05/22, “Rollano Padilla Daniel c. El Puente S.A. de Transporte de Línea 32 y otros s. daños y perjuicios”. Revistade RCyS. Año XIV. Número 8. Ed La Ley, Buenos Aires. Agosto de 2012, p.p. 236/240.12CNCiv., sala D, “Aparicio, Ángel F. c/Grupo Concesionario del Oeste S.A. y otros”, 27/09/2010. RCyS. Año XIII, Nº 3, 2011.Págs. 230-231.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

48< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >49otros, se ha hecho lugar a la oponibilidad sin hacer referencia alguna a este leading case 13 .Por otra parte, un sector de la jurisprudencia se ha pronunciado en contra, no de la existenciade la franquicia y la validez de la cláusula entre las partes, sino en lo relativo a su oponibilidadal tercero damnificado 14 .En igual sentido: “La cláusula en cuestión, se refiere a la relación interna entre el aseguradoy su aseguradora; se trata de que ante un siniestro, el monto indemnizatorio se compartiráentre ellos, o que el asegurado asumirá hasta pesos cuarenta mil en relación a su aseguradora;pero en ningún momento la mentada cláusula se refiere a su aplicación frente a terceros, parahabilitar a la aseguradora a exonerarse hasta tal limite 15 ”.Se ha manifestado parte de la jurisprudencia en el sentido de establecer la nulidad parcialde la franquicia entre las propias partes del contrato (aseguradora - asegurado), arguyendo ladesnaturalización del vínculo y la violación del art. 37, Ley 24240; para, a partir de allí, declararla inoponibilidad de la misma, integrando el acuerdo 16 .A partir de la reforma que sufriera la Ley 24240 (por Ley 26361) que derivó entre otras cosasen la ampliación del concepto legal de consumidor 17 , se incorporó al debate la idea del damnificadocomo consumidor del seguro, y a partir de allí, la postura de considerar la inaplicabilidada las relaciones de consumo -de la que la víctima sería parte-, del concepto del efecto relativo delos contratos (arts. 1195, 1199 C. Civ.), que fuera utilizado como basamento normativo de uno delos argumentos a favor de la oponibilidad de la franquicia del fallo del Máximo Tribunal 18 .“Según esta línea de pensamiento, a partir de la sanción de la Ley de Defensa del ConsumidorNº 24240, la introducción de un tercero –eventual víctima del siniestro- en el conceptodel seguro de responsabilidad civil (insurance against liabilities to third parties) origina consecuenciasrelevantes, pues no cabe dudas que hoy está incluido en la relación asegurativa, aúncuando su efectiva incorporación se actualice con el acaecimiento del siniestro que lo damnifica”(PARRAL - SARTINI, 2011).También se ha sostenido, con basamento en la Ley 24240 que: “las franquicias pactadasen el contrato de seguros de responsabilidad civil son nulas por abusivas, toda vez que sucontenido y por el ejercicio que se hace de ellas se presentan circunstancias violatorias de losprincipios rectores como el orden público, la mortal y las buenas costumbres” 19 , toda vez quedesnaturalizan las obligaciones, limitando la responsabilidad de la aseguradora, en los términosdel art. 37, inc. 1º de la Ley 24240.En este punto, creemos que calificar la franquicia como una cláusula abusiva por serlimitadora de la responsabilidad de la aseguradora, choca de plano con el fundamento de verlacomo una forma de delimitación del riesgo económicamente eficiente y válida, de allí quedisentimos con este criterio.Por otra parte, resulta particularmente interesante mencionar el fallo dictado por la CorteSuprema de Justicia de la Nación 20 , al que posteriormente adhiere la Cámara Nacional Civil, salaL 21 , que rescata la inoponibilidad de las franquicias en los contratos de seguro de responsabilidadcivil contratados por las empresas concesionaria del servicio de transporte ferroviario y subtes,al considerar que el monto tan elevado de la misma (en su caso U$S 300.000), desnaturalizaverdaderamente el contrato de seguro, y que por otra parte, no existe norma jurídica alguna queestablezca el descubierto obligatorio como lo hace la Resol. 25429/97, SSN.En materia de espectáculos públicos, ámbito que tampoco se ha visto regulado con la imposiciónde descubiertos obligatorios, también se ha expedido la jurisprudencia, aunque en elsentido de la oponibilidad de la franquicia contratada, respecto de la víctima de los daños 22 .13En el caso de accidente ocurrido durante un recital en una cancha de futbol, se ha resuelto: “Si la demanda ha prosperadorespecto de la aseguradora citada en garantía en los términos del art.118 de la ley 17.418, debe entenderse que resultan plenamenteoponibles a la víctima las condiciones de la franquicia establecidas en la póliza de seguro de responsabilidad civil, con locual no existe motivo alguno para diferir el tratamiento de la cuestión para la etapa de liquidación del crédito en tanto el alcancedel deber de responder de la aseguradora se encuentra claramente delimitado”. C NCiv., sala E, “Orellana, Ángel Roberto c/ DgEntertainment S.R.L.”, 16/09/2009, en RCyS 2010-II, 177.14“La cláusula inserta en el contrato de seguro denominada franquicia o descubierto a cargo del asegurado no es oponible a lavíctima porque para poder circular un vehículo automotor y sobre todo de las características del transporte público de pasajerosde gran porte y elevada masa que lo tornan más riesgoso o peligroso que un automóvil particular, se requiere contar con seguroque garantice a la eventual víctima la indemnización suficiente para cubrir sus daños y ello no puede ser dejado sin efecto por elcontrato de seguro.,... por lo cual la aseguradora debe abonar la indemnización fijada en la sentencia, sin perjuicio de las accionestendientes a requerir la colaboración que pactara con el asegurado CNCiv. sala B, 2004/10/08, “A., M. C. Lemo, Roberto E”.Revista Responsabilidad Civil y Seguros. Año VII, Nº II. Ed. La Ley, Buenos Aires, Argentina. 2005. Pág. 68. En igual sentido, CNCiv.Sala B, 2003/10/24 “Terraza, Hugo c. Transportes Automotores Lujan S.A.C.I”. Revista Responsabilidad Civil y Seguros. Año VI, NºI. Ed. La Ley, Buenos Aires, Argentina. 2004. Pág. 106.15CN Civ. Sala C, 2006/03/21 “Kapp, Raquel c. Transportes Automotores Riachuelo S.A. y otro. Revista Responsabilidad Civil ySeguros. Año VIII, Nº VII. Ed. La Ley, Buenos Aires, Argentina. 2006. Pág. 75-76.16“Siendo inoponible al asegurado la franquicia que la compañía de seguros citada en garantía pactó con aquél, por desnaturalizarel vínculo contractual, corresponde integrar el contrato de manera que el asegurado participe en el siniestroconforme las previsiones contenidas en el artículo 37 in fine de la ley de Defensa del Consumidor (Adla, LIII-D, 4125) -enel caso, el asegurado participa en un 10% de la indemnización que resulte de la sentencia judicial, incluyendo honorarios,costas e intereses a su cargo, en tanto no supere el 1% de la suma asegurada al momento del siniestro, por cada acontecimiento-aplicable al contrato de seguro por tratarse de un contrato de consumo”. CNCom., sala A, “L., L. M. c/ Línea 146Copla”, 14/06/2007. RCyS 2007, 989.17La importante reforma introduce la figura de bystander, el dañado colateral o adyacente a una relación de consumo. Ahorapuede considerarse consumidor o usuario a quien de cualquier manera, esté expuesto a una relación de consumo18CNCiv. sala M, “D´Amato, Jose Luis c. Microomnibus Norte SA s. Daños y perjuicios, 2009/ 04/06; CNCiv., sala L, “Pinedo, DomingoSebastián c. Transporte Larrazábal Comercial e Industrial S.A., 2009/08/07; CNCiv., sala M, “Moran Marta Estela c. TBATrenes de Buenos Aires SA., 2009/08/12. RCyS Año XII, Número 2, Febrero 2010.19CNCiv., sala H, “García, Diego c. Velázquez Sosa y otros s. daños y perjuicios”, 2011/05/09.20“Barreiro, Jorge A. c. Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.”, 2008/09/23.21“Zubiri, Luis c. Metrovías S.A. s daños y perjuicios” 2012/04/03.22“El alcance del deber de responder de la citada en garantía se encuentra claramente delimitado sin que se hayan arrimadoplanteos que demuestren que resulta válida su inserción en esta clase de contratos”. CNCIv., sala E, “Orellana, Ángel c. Dg EntertainmentS.R.L.”, 2009/09/16. RCyS Año XII, Número 2, Febrero 2010Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

50< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >51conclusionesHemos pretendido a través de la sucinta recopilación de fallos respecto del tópico en análisis,mostrar la gran variedad de fundamentos a la hora de admitir o no la oponibilidad de lacláusula de franquicia al damnificado en los contratos de seguros de responsabilidad civil, adelantandoen los respectivos acápites nuestra opinión al respecto.Creemos conveniente concluir en la necesaria admisión del instituto de la franquicia eneste tipo de seguros, siempre que la misma se apoye en un razonable límite a su cuantía o valor,y esté fundada en la buena fe, la equivalencia y el equilibrio económico en las prestaciones delas partes contratantes.En esas condiciones, y en relación a la oponibilidad a terceros, la razonabilidad de la fijacióndel límite es el principio a tener en cuenta, y, a nuestro entender, el hilo vinculante entrelas posturas de la doctrina judicial que aparecen a priori como antitéticas.Y es que, analizando en profundidad las opiniones que surgen en el leading case “Obarrio”-en orden al llamado descubierto obligatorio impuesto por la Resolución de la Superintendenciade Seguros de la Nación-, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la franquicia,puede entenderse desde el modo en que se considere el monto fijado de $40.000. Sise pretende como demasiado alto -y entonces no abarque la mayoría de los casus de responsabilidadcivil, dejando fuera la cobertura, o desnaturalice la función de la aseguradora- seráinoponible. Si se lo ve, en cambio, como un límite apropiado que posibilite y motive que elasegurado realice conductas diligentes para evitar tener que resarcir frente al daño causado,será considerada su oponibilidad.Esta misma consideración se puede trasladar a aquellos casos en que no existe normajurídica que imponga la franquicia, y donde los Jueces igualmente han ponderado el montopor sobre otras consideraciones acerca de la validez o eficacia del instituto como tal. Todo sereduce en definitiva al quantum.Desde otra perspectiva, a partir de la incorporación del bystander los jueces habilitan laconsideración del tercero damnificado como consumidor del seguro de responsabilidad civil,extendiendo la aplicación de las disposiciones de la Ley 24240 al universo de casos analizados(pensemos que en todos ellos los contratos de seguro se celebran entre empresas, con lo queno se podrían subsumir en la ley tuitiva), y la aplicación del art. 37 de la mencionada ley, queestablece el carácter abusivo de las cláusulas que limiten la responsabilidad del predisponente,teniéndose las mismas por no escritas.Si éste fuera el caso, hemos distinguido entre las cláusulas de limitación de responsabilidadde aquéllas que sólo limitan el riesgo asegurado como elemento esencial del contrato, y concluimoscon la mayoría de la doctrina y jurisprudencia que la franquicia reviste la naturaleza de las segundas,consideradas válidas y eficaces, en tanto hayan sido aceptadas por las partes de buena fe.Desde el punto de vista de considerar al damnificado como consumidor expuesto a lascontingencias del contrato de seguro, incorporando a la aseguradora a la pléyade de sujetosresponsables como proveedores de bienes y servicios (art. 40, Ley 24240), somos contestes ala opinión de algunos autores que postulan que esta solución sólo procura facilitar el resarcimientode las víctimas, pero a largo plazo podría generar costos indeseados si se extiendeindiscriminadamente a todos los aseguradores que tengan una relación contractual con proveedoresde bienes y servicios (TOLOSA, 2010). En última instancia, afectaría el campo de laactividad de seguros, y paulatinamente aparejaría la muerte de la franquicia o la suba de suprecio, desnaturalizando su finalidad.Por último, entendemos que aún en el caso de considerar la nulidad de la cláusula por abusividadderivada del excesivo monto fijado para el descubierto, el mandato previsto en la propiadisposición del art. 37, último párrafo para los jueces respecto de la integración del contrato,juntamente con la facultad de revisión que detentan los magistrados permitirían reestructurar oreequilibrar las cargas de la responsabilidad en cada caso concreto.Pensamos que no basta con declarar inconstitucional una norma, o considerar solamenteque una cláusula contractual nacida de un acuerdo de voluntades no debe tenerse por escrita,sino que existen “herramientas admitidas por la doctrina globalizada” (MOSSET ITURRASPE,2008), que permiten al magistrado ajustar el contenido en base a la razonabilidad, propugnandosoluciones más justas no sólo con el aquí y ahora, sino con las consecuencias de política económicaque, innegablemente, las decisiones jurisprudenciales aparejan.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASCalabresi, G. (1970) The cost of accidents. A legal and economic analysis, Yale UniversityPress.Ciuro Caldani, M. A. (2011) Reflexiones sobre el riesgo, la responsabilidad y el aseguramiento.Revista de Responsabilidad Civil y Seguros. Año XIII. Nº 3. Ed. La Ley, portada.Font Ribas, A. (1999) Exclusión de cobertura y cláusulas limitativas. La delimitación delobjeto y la limitación de derechos en el contrato de seguro. Revista de Derecho Privado y Comunitario.N° 20. T.II. Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires.López Saavedra, D. M. (2007) Ley de Seguros –comentada y anotada–. Ed. La Ley,Buenos Aires.Lorenzetti, R. L. (2010) Fundamento constitucional de la reparación de los daños. Revistade Responsabilidad Civil y Seguros. Año XII. Número 2. Febrero de 2010. Ed. La Ley,Buenos Aires. P.p. 265-279.Meilij, G. (2012) Franquicia y descubierto obligatorio. Revista de Responsabilidad Civil ySeguros Año XIV, Número 7. Ed. La Ley, Buenos Aires. P.p. 207-210.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

52< VERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELOPONIBILIDAD DE LAS FRANQUICIAS EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS: ENTRE LA RAZONABILIDAD Y LA JUSTICIA >53Molina Sandoval, C. A. (2006) Seguro de responsabilidad civil y cláusulas “claimsmade”. La cuestión de su validez en el Derecho Argentino. Working paper disponible en:http://www.msinfo.info/default/acienpol/bases/biblo/texto/boletin/2006/BolACPS_2006_144_133-153.pdfMosset Iturraspe, J. – PIEDECASAS, M.A. (2008) La revisión del contrato. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.Pagador Lopez, J. (1999) Condiciones Generales y cláusulas contractuales predispuestas.La ley de Condiciones Generales de la contratación. Ed. Marcial Pons, Barcelona.Parral, P. – Sartini, M. (2011) El concepto de consumidor en el contrato de seguro: sentidoy alcance de la reforma de la ley 26.361. Revista de Responsabilidad Civil y Seguros. AñoXIII. Número 9. Ed. La Ley, Buenos Aires. P.p. 26-36.Pérez -Serranoba González, J. L. (1993) El contrato de seguro. Interpretación de las condicionesgenerales. Ed. Comares, Granada.Tamayo Jaramillo, J. (1999) “El seguro de responsabilidad civil por productos defectuosos”en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros. Ed. La Ley. Buenos Aires.Tolasa, P. (2010) El seguro obligatorio y la franquicia en un contexto de insolvencia:¿Nuevas soluciones en la ley de defensa del consumidor?. Revista de Responsabilidad Civil ySeguros. Año XII. Número 2. Editorial La Ley, Buenos Aires. P.p. 139-167.curriculum vitaeVERONICA MARIA LAURA GLIBOTA LANDRIELAbogada. Candidata a Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales yPolíticas de la UNNE (tesis doctoral en estado de aprobación).Profesora adjunta regular de Instituciones de Derecho Privado II, docente regular de Institucionesde Derecho Privado I, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE.Miembro del Instituto Nordeste de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba.Investigadora categorizada.Miembro de equipo de investigación con proyecto acreditado.vglibota@eco.unne.edu.arRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

DE LA INDUSTRIA TANINERAAL DESPLAZAMIENTO DELA ACTIVIDAD TEXTIL ENLA PROVINCIA DEL CHACOCOMO CONSECUENCIA DE LAPRODUCCIÓN SOJERAALICIA CARLINOMOIRA CARRIÓRevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es másimportante que el conocimiento”.Albert Einstein.

5657Recibido: 26/09/2012Aceptado: 08/03/2013RESUMENa historia económica de la Argentina distingue dos etapas signadas por una importanteintegración a los mercados internacionales.La primera de ellas se relaciona con el modelo agroexportador que tuvo plena vigenciaentre los años 1880 y 1930.La segunda es la que estamos atravesando actualmente, y que comenzó con fuerza luegode la crisis del año 2001-2002. Es la nueva fase de expansión de las exportaciones de los productosprimarios, particularmente la soja, alentados por el incremento de la demanda china.Tanto la primera como la segunda, impactaron fuertemente sobre la economía provincialdel Chaco. En el primer caso, impulsando la producción taninera, y en el segundo, desplazandoactividades tradicionales como la textil algodonera.El presente trabajo pretende realizar una comparación de estas dos etapas, atendiendo alimpacto de cada una de ellas sobre la economía chaqueña.Se utilizarán fuentes primarias y secundarias. Se buscarán complementar las dimensionescuantificables y cualificables de la realidad analizada. Se seleccionarán variables e indicadores,pertinentes a la temática, que permitan el análisis comparado de las dos etapas mencionadas.Palabras clave: industria, exportaciones, actividad económica.ABSTRACTThe economic history of Argentina distinguishes two stages marked by an importantintegration with international markets.The first one is related to the agro-export model that had full effect between 1880 and 1930.The second is the one we are currently experiencing, and that strongly started after thecrisis of 2001-2002. It is the new phase of expansion of primary products exports, particularlysoy, spurred by the increased demand from China.Both the first and the second, had a strong impact on Chaco province`s economy. In thefirst case, boosting tannin production, and in the second one, displacing traditional activitiessuch as cotton textile.This study aimes to compare these two stages, considering the impact of each on theChaco province`s economy.Primary and secondary information sources will be used. It will be sought to complementeach other the quantitative and qualitative dimensions of the analyzed reality. Variables andindicators related to the theme will be selected, what will allow the comparative analysis of thetwo mentioned stages.Keywords: industry, exports, economic activity.INTRODUCCIÓNLa historia económica de nuestra provincia adquiere significación y comprensión a partirde su inserción en la problemática nacional e internacional en el largo plazo.En este sentido, debemos considerar en primer lugar la fase de la etapa primaria exportadoraen la que la Argentina se incorpora al sistema mundial como país exportador de lanas,carnes y cereales. En el Chaco, esta fase se relaciona con el desarrollo de una actividad fundamentalmenteextractiva vinculada a la explotación de los bosques nativos.Esta etapa culminó con la crisis de 1930, fue entonces que nuestro país debió modificar sumodelo de acumulación orientado hacia los mercados externos, en virtud de la gran depresióninternacional, y plantearse un modelo industrialista a partir de la sustitución de importaciones.Este nuevo modelo, impuesto por las circunstancias en un comienzo y poco acompañadodesde el poder político, promediando el siglo XX, fue avanzando hacia políticas más activasque impulsaron el desarrollo del sector.En los inicios de la industrialización, se desarrollaron ramas industriales que requeríanescaso capital, bajo nivel de tecnología y mano de obra poco capacitada. En esa fase de industrializaciónsencilla, en nuestra provincia comenzó una de las actividades fundamentalesque acompañó su desarrollo económico y social: el cultivo del algodón y su procesamiento. Laexpansión de la industria textil nacional era el motor que impulsaba esta nueva etapa en laeconomía chaqueña. Se instalaron en la provincia las primeras desmotadoras y aceiterías, yunas escasas hilanderías.En consecuencia, a mediados del siglo XX, la economía provincial, se había asentadosobre una base focalizada en la actividad forestal y algodonera. La producción de tanino y eldesmote constituían las ramas más avanzadas.Sin embargo, la industria tánica había iniciado su decadencia promediando ya la terceradécada del siglo pasado. A pesar que la explotación forestal era aún muy intensa en los años40, la industria fue perdiendo relevancia y acusaba una acentuada disminución.En cuanto a la producción algodonera, a la coyuntura favorable a su expansión iniciadaen los años 30, se sumó otro factor positivo -la segunda guerra mundial- que dificultó notoriamentela importación complementaria de hilados para nuestra industria textil. En los añoscincuenta esta es ya la segunda en importancia en nuestro país. El Chaco alcanzó el máximo desu área sembrada en la cosecha de 1957-58. Sin embargo el procesamiento local de la materiaprima no logró pasar del nivel de las desmotadoras.Los establecimientos textiles se radicaron fundamentalmente fuera de la región. A estasactividades básicas del territorio chaqueño se le agregaban las aceiterías, los establecimientostabacaleros, y los azucareros que procesaban materias primas locales. La explotación algodonera,dejó de expandirse cuando la industria textil argentina estabilizó su consumo en alrededorde 110.000 toneladas de fibra anuales. Por otra parte, disminuyó el rendimiento de fibrapor hectárea y nuestro algodón se tornó menos competitivo en los mercados internacionales.En la fase de consolidación del proceso de mundialización y de las reformas estructura-Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

5859les, el algodón volvió a los mercados internacionales frente a la crisis casi terminal de nuestraindustria textil. Junto a una coyuntura favorable de precios a nivel internacional, estos cambiosexplican la expansión productiva de los años que van de 1994 a 1997. Sin embargo, lamisma no pudo sostenerse.En el marco de la crisis del 2001, asistimos a una reconversión del sector agrícola en quela desaparición del textil como cultivo central es el dato fundamental. Mientras en el país lasiembra de algodón en el año 2001 fue de 173.000 hectáreas, un 57% menos que en el añoanterior; en el Chaco, cuatro años de malas cosechas y precios no remunerativos fueron provocandoun singular cambio en la estructura del sector dando lugar al desarrollo de la soja.El presente trabajo pretende realizar una comparación de las dos etapas en que la producciónchaqueña se vinculó más fuertemente a la economía internacional: el ciclo forestal yel actual ciclo sojero. En la primera parte del trabajo analizaremos los alcances de la primerafase vinculada a la producción taninera: ocupación del territorio, infraestructura, empresas radicadas,volumen de la producción, exportaciones, e instituciones. La segunda parte estudiarálas causas del desplazamiento de la actividad relacionada con la industria textil, la instalacióndel cultivo sojero (hectáreas sembradas y cultivadas, concentración fundiaria, expansión de lafrontera agropecuaria).Finalmente se extraerán algunas conclusiones que permitan vincular el desarrollo decada una de las fases en consideración.La ocupación del territorio chaqueño y surelación con el desarrollo de la industria tánica¿A qué nos referimos cuando hablamos de industria tánica? El tanino es una sustanciaque permite el curtido de las pieles. Alemania, Italia, Francia e Inglaterra prestan especialatención a esta industria. De las especies que la producen se destacan el quebracho, el castañoy la mimosa. El tanino obtenido de las mismas tiene una fuerte presencia en los mercadosinternacionales, abasteciendo casi íntegramente la demanda mundial de curtientes vegetales.A los fines del trabajo nos interesa referirnos especialmente al quebracho colorado chaqueño,árbol de gran porte que alcanza hasta veinticinco metros de altura y un metro y mediode diámetro. Tiene un alto poder calorífero y es resistente bajo tierra. Se desarrolla fundamentalmenteen el norte de la provincia de Santa Fe, y en el este de Chaco y Formosa. Fue estaespecie la que contribuyó principalmente a la ocupación de nuestro territorio a principios delsiglo XX, dando lugar a la primera actividad económica ligada a la economía internacional.Primera Parte:La industria tánica en el ChacoEl Gran Chaco fue la última región en ser ocupada por el Estado Nacional. Las guerras deindependencia, luego las guerras civiles y las dificultades para consolidar institucionalmenteal país, así como la Guerra de la Triple Alianza, fueron demorando el avance en esta últimafrontera. Fue recién finalizando el siglo XIX en que las autoridades de turno emprendieronla conquista y el dominio de los territorios indígenas del norte. A la gran campaña militar de1884 le sucedió la creación de las Gobernaciones Nacionales de Chaco y Formosa, a la par quese fueron delimitando las fronteras con las provincias. Fue entonces que comenzó el procesode reparto de la tierra.Las primeras empresas que comenzaron a explotar la riqueza forestal llegaron muy prontoal territorio. Incluso antes de la campaña militar, en 1881, se concedieron 1.800.000 hectáreasdel bosque nativo poblado con las más variadas especies, a la firma Murrieta y Cía. Elrégimen de propiedad de la tierra vigente a fines del siglo XIX fue consolidando la estructurafundiaria de carácter claramente latifundista. Este hecho tornó mucho más atractivo el negociode la explotación forestal.Otro aspecto atractivo era la ampliación de la demanda interna del producto forestal.Acompañando el desarrollo económico iniciado a partir de la puesta en valor de la producciónde la pampa húmeda, nuestros bosques fueron explotados para abastecer de durmientes a losferrocarriles, y postes de alambrado para cercar los campos.Lamentablemente el criterio seguido en esta explotación fue meramente extractivo,casi minero.Más allá de estos usos, se intensificó la demanda externa de tanantes vegetales para curtircueros. El quebracho colorado chaqueño es un árbol con excelentes cualidades para extraertanino. De esta manera fue la gran riqueza forestal del Chaco la que permitió la penetracióndel territorio, el desarrollo de la principal actividad económica local, y la atracción del capitalextranjero para explotarla.Este proceso fue acompañado con la inversión en infraestructura. La Compañía Francesade Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe avanzó hacia el Norte pasando el paralelo 28º en elaño 1892, y posteriormente, estableció los vínculos necesarios con el puerto más próximo paraenviar la producción río abajo, alcanzando la localidad de Barranqueras. Se fue estructurandouna red ferroviaria cuyo principal objetivo estuvo centrado en la exportación de tanino a losmercados externos.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

6061Las empresas y el desarrollode una economía de enclaveDurante la última década del siglo XIX se llegaron a instalar varias fábricas productorasde tanino, la primera en la Provincia de Corrientes, y el resto en la Provincia de Santa Fe y elterritorio del Chaco y Formosa. Si bien Santa Fe tuvo un lugar muy destacado en la produccióndiaria de tanino, en el territorio chaqueño se radicaron dieciséis fábricas.01. ColoniaBaranda02. PuertoVilelas03. Resistencia04. Resistencia05. Fontana06. Río Araza07. Villa Jalón08. PuertoTirol09. Lapachito10. La Verde11. La Escondida12. Samuhú13. Villa Ángela14. Gral. Pinedo15. Las Palmas16. Pto. BermejoTabla nº 1. Fábricas productoras de tanino.“Demetrio Baranda”. Luego “SA de Extractos Curtientes”. Adquirida porForestal Argentina, cambia de nombre por “Quebrachales Asociados del Norte SA”.“Compañía Productora de Tanino Z SRL”, bajo control de Atorrasagasti,Bargués, Piazza y Cía. SRL.“Argentine Timber and Estates Co.”, más tarde: “Otto Franke”.“Francia Argentina SA de Curtiembres”.“Fontana Ltda. SA”“Harteneck SA Comercial e Industrial”.“José Femenia”, luego “Villa Jalón”.“La industrial del Chaco”, fundada por Gustavo Lagerheim yFederico Gándara. Luego “Quebrachales Fusionados”.“Sociedad Industrial de Quebracho”, luego “Fernando Fontana SA”“Nellem y Turk”, luego “Enrique Welbers SRL”.“Noettinger- Lepetit SA”, luego “Indunor”.“Walter Hinckeldeyn”, luego “Samuhuí Fábrica de Tanino”.“La Chaqueña SA”, luego “Indunor SA”.“Guillermo Welbers SA, luego “Industrias Welbers SA”.“Las Palmas del Chaco Austral SA”.“Compañía Comercial Noruego Argentina SA”.Fuente: Del Río (2004), pág. 56.A fines de la década de los años noventa se instaló en la región la empresa más paradigmáticade la explotación de los bosques chaqueños, La Forestal, eje de la explotación tanineradel Chaco Oriental. En poco tiempo esta compañía fue eliminando toda competencia y concentrandola venta al exterior de este producto. “En 1910, sus tierras cubrían 633.385 hectáreas, ycontaba con 300 Km de vías férreas para movilizar un consumo anual superior a las 200.000toneladas de quebracho. Años después alcanzó una extensión de 700 Km de vías y sumó asu patrimonio parte de los Bajos Submeridionales – ex campos de Murrieta- con los cualesincrementó su propiedad hasta lograr una extensión de 2.320.000 Ha en Santa Fe y Chaco.”Junto con Las Palmas del Chaco Austral S.A., fueron las dos empresas que se destacaron en lasventas de tanino y rollizos de quebracho a Gran Bretaña, Alemania, y Estados Unidos. LuegoLas Palmas impulsó la diversificación de su producción instalando un ingenio azucarero.El tipo de estructura económica y social que se gestó en torno a estas firmas asumió lascaracterísticas de enclave. Como señala Zarrilli, esta denominación aplicada a los obrajes yfábricas del Chaco, tiene un doble significado: control externo de la explotación (accionistas,directorios, centros de decisión radicados en el extranjero, remisión de utilidades), escasoseslabonamientos regionales; y cierto aislamiento físico (condiciones naturales, sociales e institucionales),que favorecieron al capital extranjero para disponer de la riqueza forestal sincontrol local ni reposición. El obraje, la fábrica de tanino, y el aserradero, fueron los núcleostípicos de la producción organizada bajo la forma de enclave.Este tipo de desarrollo, no permitió la conformación de núcleos estables de poblamiento.Fueron justamente, el obraje, la fábrica, y el aserradero, los fundadores en el Chaco de una organizaciónsocial y económica transitoria destinada a perecer en la medida que los bosques nativosiban agotando sus especímenes más valorados. Se formaban cuadrillas de hacheros, fleteros,administrativos, que realizaban las tareas básicas del obraje que mediante alzaprimas y cachapésextraían la materia prima para acercarlas a las fábricas. Cuando las distancias se extendían porqueya no quedaban ejemplares cercanos, se consideraba concluida la explotación.El ciclo de auge de la industria tanineraLa industria del tanino se había radicado principalmente en el norte santafesino, dondela principal empresa, registrada en Buenos Aires era La Forestal que operaba en esa actividaddesde 1906. Tal como señalamos en la introducción, su evolución nos permite, sobre la basede los datos de producción y comercialización, distinguir dos etapas: de gran incremento hasta1930, y de declinación desde 1930 en adelante.Al comienzo se exportaban rollizos. Luego con la llegada de los capitales extranjeros yla organización de la producción y del mercado del tanino se exportó directamente el tanantevegetal. La Forestal aportó el 55% de la producción y sostuvo el monopolio de la venta en losmercados internacionales. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, la producción industrialvinculada a la explotación forestal representaba el 58% del total.Según el censo de 1935, las fábricas instaladas ocupaban 1288 obreros y 154 empleados,y utilizaban el 50% de la fuerza eléctrica disponible en el territorio. A su vez, la actividad madereraempleaba 2077 obreros en 79 aserraderos, obrajes y carpinterías, pero consumía sóloel 5% de electricidad.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

6263400.000350.000300.000250.000200.000Gráfico Nº 1. Evolución de la exportación de rollizos de quebrachocolorado en toneladas por quinquenio (1890-1950).demanda de quebracho colorado; por el fuerte stock de arrastre; y también por el descenso delas exportaciones con motivo de la guerra.La dirigencia chaqueña veía a esta situación crítica como una dificultad coyuntural queiba a ser superada prontamente. En marzo de 1941, fecha de publicación del informe de laComisión Organizadora de la Primera Gran Exposición del Territorio, de las dieciséis fábricasinstaladas se encontraban paralizadas cinco.Tabla Nº 2. Principales Establecimientos Forestales Chaqueños en el año 1940.Producción de Extracto y Capital Invertido.150.000Establecimiento ForestalProducción Anual (Tn)Capital invertido $ m/n100.00050.00001890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950Fuente: Cámara Argentina-Paraguaya de Productores de Extracto de Quebracho.Gráfico Nº 2. Evolución de la exportación de extracto de quebrachoargentino por quinquenio (1895-2000)250.000Quebrachales FusionadosLa ChaqueñaNoettinger-LepetitCompañía Productora de TaninoQuebrachales Asociados del NorteFrancia ArgentinaSamuhíWelbersLas Palmas del Chaco AustralLa Verde (cerrada)Fontana16.50018.00014.00012.00016.8008.4007.2006.00014.4008.40024.0003.500.0005.062.5002.800.000N/dN/d1.700.0001.400.000N/dN/d1.000.0004.000.000200.000150.000100.00050.000018951900190519101915192018251930193519401945Fuente: Cámara Argentina-Paraguaya de Productores de Extracto de Quebracho.19501955196019651970197519801985199019952000Fuente: Elaboración propia sobre los datos de El Chaco de 1940. Publicación de la ComisiónOrganizadora de la Primera Gran Exposición del Territorio Nacional del Chaco en la Capital Federal.Noviembre 1940-Marzo 1941. Pág. 114-117.Las causas de la crisis eran de origen interno y externo. Entre las primeras destacamos elincremento de los costos de producción en virtud de una política impositiva desfavorable a laactividad; el aumento en el precio de los fletes; y la legislación laboral favorable a los trabajadoresdel rubro, que fue afectando los márgenes de ganancia de las empresas.A estos factores internos, se sumaron los de orden externo: la competencia de otros paísesproductores; la caída de los precios; el reemplazo del tanante del quebracho por el de mimosa,de mejor rendimiento y bajo costo, cultivada por la misma empresa La Forestal en Sudáfrica yKenia; la sustitución de los tanantes vegetales por otro tipo de curtientes; y finalmente la apariciónde otro tipo de productos sintéticos que se impusieron en el mercado en lugar del cuero.El ciclo de baja de la industria tanineraEn la década del cuarenta, comenzó a manifestarse la declinación, sin embargo, a pesarde las dificultades en el mercado externo, la explotación continuaba siendo intensa, y sehabían sumado tres nuevos establecimientos. La crisis era manifiesta por la restricción de laRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

6465Gráfico Nº 3. Cantidad de Establecimientos Regionales Productores de Tanino.Establecimientos Fabriles3025201510501926 1948 1956 1962 1965 1969 1976Fuente: Bruniard (1978), p. 54.inadecuado, reducción de los rendimientos por hectárea, baja calidad de la fibra, competencia defibras artificiales y sintéticas, falta de capacidad empresarial, carencia de una política algodoneranacional. Sin embargo, la actividad continuó siendo la de mayor relevancia en una provincia queno conseguía sortear las dificultades que planteaba una economía basada en el monocultivo.En la década de los noventa, en el contexto de las políticas neoliberales y la profundizaciónde la crisis de la industria textil nacional, se recuperó por un breve período el mercadoexterno de fibra algodonera. Una nueva fase de desregulación y apertura de la economía, acelerólos cambios en la provincia. En este nuevo contexto, la producción algodonera nacional yen particular la chaqueña, se vio afectada por una serie de transformaciones impulsadas por elproceso de globalización. El crecimiento de los volúmenes de producción (1994-97), un nuevociclo de alza de los precios, y el estancamiento de la demanda interna, puso la mira nuevamenteen la exportación. La demanda brasilera fue el motor de las ventas externas.Gráfico Nº 4. Consumo interno de fibra argentina y su relación con la importacióny exportación de fibra. Período 1987-1999 (Datos en miles de toneladas).Se fueron cerrando las fábricas, se levantaron los ramales secundarios de ferrocarril, lospueblos fueron abandonados, y las tierras comenzaron a ser ocupadas por otra actividad, laganadería, que se desarrolló con características marginales en relación a la pampa húmeda.Como señala Bruniard (1978:56) “El impacto de una economía extractiva ligada al capital internacionalsignificó al cabo de 60 años la descapitalización del valor natural de la región y eléxodo. En los abandonados pueblos factorías sólo restaban unos pocos empleados estatales yalgunos jubilados de la gran empresa atados a la vivienda”.350300250200150ConsumoImportaciónExportaciónSegunda Parte:Declinación de la producción algodonera yaparición de la soja en el agro chaqueñoLuego del ciclo taninero tal como comentamos en la introducción, la Provincia del Chaco,inició otra fase centrada en el algodón y la expansión de la industria textil argentina. Estaactividad estuvo orientada básicamente a satisfacer el mercado interno, desarrollándose localmenteel cultivo y la fase del desmotado para la obtención de fibra algodonera, insumo básicode las hilanderías y tejedurías que se radicaron fundamentalmente en Buenos Aires.A lo largo de su historia, el Chaco emprendió varios esfuerzos para avanzar en los eslabonesmás complejos de la cadena pero no tuvo éxito. La producción se estancó en la década delos sesenta, cuando la industria textil nacional estabilizó el consumo en alrededor de 110.000toneladas de fibra anuales, acompañando la evolución lógica del proceso sustitutivo de importaciones.Por otra parte, disminuyó el rendimiento de fibra por hectárea y nuestro algodón se tornómenos competitivo en los mercados internacionales. Varios factores fueron confluyendo en lacrisis de la principal actividad agrícola del Chaco: precios no remunerativos, régimen de la tierra1005001986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951996/971997/98Fuente: Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial Algodón de la República Argentina. INTA –Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña, Octubre 2000.Esta nueva fase en el cultivo del algodón en el Chaco, estuvo determinada en parte porla modernización del proceso productivo (riego artificial, cosechadoras mecánicas, semillasmodificadas, agroquímicos), por la aparición de productores fuertemente capitalizados, y ladesaparición gradual de los pequeños productores. Hubo claramente una tendencia hacia laconcentración fundiaria.Según Rofman, a fines de la década de los ochenta, las unidades minifundiarias repre-1995/961998/99Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

6667sentaban el 25,1% del total cultivado, mientras que las unidades capitalizadas representabanel 74,9% del total cultivado.Otro factor concomitante en este nuevo y breve auge algodonero fue el avance de equiposde desmote de alta producción. Sin embargo, este ciclo no pudo sostenerse y comenzó a detenerseen 1997.Gráfico Nº 5. Auge y declinación del ciclo (1990-2000).800.000700.000100.00090.00080.00070.00060.00050.000Grafico Nº 6. Valor Agrado Bruto a precios constantes (1993=100) del sector:“Fabricación de productos textiles”600.000500.000400.000300.00200.000Superficie sembradaProducción de fibra40.00030.00020.00010.00001993 1994 1995 1996 1997 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008100.00001990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/97Fuente: Gobierno del Chaco, Chaco, su historia en cifras, Librería de la Paz, 2011, pág. 454.Siguiendo esta línea de razonamiento, podemos tomar como indicador descriptivo deesta nueva etapa productiva que atravesó la provincia, al Producto Geográfico Bruto (PGB) y alas ramas de actividad que lo componen.Consideramos que dentro de las Cuentas Nacionales y Regionales de un país o de unaregión determinada, el PGB es un indicador de excelencia para medir y explicar el desenvolvimientode la economía.Si analizamos el total de los Sectores de Actividad Económica de nuestra provincia, podemosponderar la rama de actividad de industrias y específicamente, la de “fabricación deproductos textiles”. Esta división comprende la preparación e hilatura de fibras textiles y latejedura y el acabado de productos textiles y prendas de vestir, así como la fabricación de artículosconfeccionados de materias textiles.Si observamos el desenvolvimiento de esta rama en particular a través de un gráfico de tendencia,identificamos claramente los puntos de inflexión. Estos “quiebres” pueden relacionarse demanera directa con los mismos picos que presenta el gráfico Nº 4, de auge y declinación del ciclo.1997/981998/991999/00Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística y Censos.¿Cuáles fueron las causas de esta nueva declinación del ciclo productivo algodonero a finesde los años noventa?1. El retroceso del consumo de algodón por parte de la industria textil nacional. El total deconsumo de fibra de algodón presentaba una marcada disminución en 1999, ya que sólo representabael 78% respecto de 1995.2. La comercialización del algodón, de la fibra y de la semilla fue afectada por el alto costo delfinanciamiento local, y la caída del consumo interno acentuó la dependencia del sector desmotadordel prefinanciamiento de exportaciones implementado por el gobierno nacional o de anticipos porventa de fibra otorgados por el sector exportador.3. A partir de 1997/98 la producción comenzó a descender, también por años sucesivos deacuciantes problemas climáticos a los que hay que agregar una baja en el precio interno del textil,ahora atado al precio del mercado externo.Es necesario señalar además que Brasil inició, a fines de los noventa, un vasto plan de autoabastecimientode fibra algodonera. Siendo nuestro principal mercado de exportación, sin dudanuestra producción se vio severamente afectada por este hecho.La demanda de algodón de ese país acusaba ya en el primer trimestre del año 99 una importantedisminución en una tendencia sostenida.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

6869Gráfico N° 7. Exportaciones de fibra de algodón a Brasil (en miles de U$S).300000250000200000150000Otra cuestión que debemos resaltar se refiere al comportamiento de la industria textil chaqueña,es que dentro de la rama Industria Textil, la ponderación de la fabricación de productostextiles es marcadamente inferior a la de preparación e hilandería de fibras textiles.Gráfico Nº 8. Participación de las actividades industriales Preparación de fibras textiles y fabricaciónde textiles en el total de Fabricación de productos Textiles. Valores a pesos corrientes. Año 1993.Fabricación deproductosTextiles, 0,63%1000005000001988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*A valores corrientes en el año 1993 =100, esta rama de actividad, fabricación de productostextiles, detentaba un peso ponderado del 18% en el total de las actividades productivas que serealizaban en la provincia. Esta ponderación cayó al 5% en el año 2008.Estos datos pueden ser tomados no solo para caracterizar el comportamiento del sector, sinotambién pueden ser el punto de inicio a partir del cual vislumbramos los principales problemas dela industria textil en nuestra provincia.Si correlacionamos la evolución del sector de actividad representativo de la “industria textil” ydel cultivo del algodón, observamos que la evolución de los precios de los productos agropecuarioschaqueños determina la evolución de dicho sector de actividad en los años de la serie analizada.En el Chaco se desarrollan fundamentalmente, el cultivo, y la fibra de algodón obtenida enlas desmotadoras. La fibra es el principal insumo de la industria textil. A fin de ilustrar el procesocompleto y el lugar de los eslabones que se desarrollan en el Chaco, incluimos la siguiente figura:Etapa SectorSectorPrimarioObtenciónde MateriasPrimasNaturalesCorretajede FibraProcesamientode FibrasFuente: INDECIndustria TextilDiseño de hilos y telasFabricaciónde HiladosFabricaciónde TejidosIndustria de laIndumentariaComercioDiseño Confección ComercializaciónPreparación de fibrase Hilanderia, 99,37%Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística y Censos.Gráfico Nº 9. Participación de las actividades industriales Preparación de fibras textiles y fabricaciónde textiles en el total de Fabricación de productos Textiles. Valores a pesos corrientes. Año 2008.Fabricación deproductosTextiles, 0,41%PrincipalesActividades> Cultivo ycosechade algodón> Desmote yobtención dela fibra dealgodón> CardadoOvillado ypeinado dela fibra> Bobinado> Obtenciónde Hilados- AlgodónFuente: SEPYME 2002.> Preparaciónde hilados> Tejeduría plana> Tejeduría enPunto> Teñido yacabado> Estampado> Selecciónde modelosy telas> Preparaciónde Moldes> Marketing> Corte dematerial> Cosido> Armado deprenda> Marketing /Promociones> Venta> Servicios alclientePreparación de fibrase Hilanderia, 99,59%Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística y Censos.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

7071Fallas en el mercado algodoneroLa recuperación, o los tramos ascendentes observados en la línea de tendencia de la industriatextil chaqueña, pueden explicarse por el aumento de precios de los productos primarios. Lasiguiente tabla nos permite observar el índice de precios de productos utilizados en el cálculo delPGB de Chaco y su evolución.Tabla Nº 3. Índice de precios de productos agrícolas. Provincia del Chaco.Índice de precios de productos agrícolas tomado en el cálculo del PGBAños Trigo Maíz Girasol Soja Algodón Sorgo1993199920002001200220032004200520062007200820092010100678073269227181200240403388383388100938899306271215228414372310522712100696897270249242213271523272386622100677962179206281211220259369433390100568154164317277175253245375233255100928890156254305182257318551468446Fuente: III Congreso Anual. AEDA. Torrente, Carrio, Quirelli, Cucher y Gelman.Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística y Censos.En todo análisis económico provincial que realicemos en el mercado algodonero, debemostener presente que dicho mercado no es transparente y que existe un importante problemade información en la formación de precios. Esto constituye una falla marcada de este mercadoque impide que los precios cumplan de manera “correcta” su función de asignadores derecursos, ya que no reflejan las verdaderas condiciones de cantidades ofrecidas y demandadas.A continuación se expresan los rendimientos por hectáreas de los principales cultivos quese tienen en cuenta al momento de medir el Valor Agregado del sector Agropecaurio.Tabla Nº 4. Rendimiento por hectáreas de los principales cultivos. Provincia del Chaco.Rendimiento por hectáreaAños Trigo Maíz Girasol Soja Algodón Sorgo1999 1,3 1,9 1,4 1,6 0,9 1,42000 1,4 2,5 1,2 2,0 1,2 3,02001 1,5 2,7 1,2 1,5 1,3 2,02002 1,4 2,7 1,6 1,8 1,3 2,02003 1,5 2,5 1,5 2,9 1,3 2,22004 1,0 2,9 1,6 1,6 1,3 3,12005 0,9 2,7 1,2 1,8 1,2 4,02006 0,9 2,3 1,4 1,3 1,3 2,52007 1,1 2,9 1,4 2,0 1,3 3,32008 1,1 3,0 1,7 2,1 1,8 3,62009 1,1 2,7 1,4 2,0 1,1 4,42010 2,0 3,2 1,5 2,4 1,5 3,0Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadística y Censos.La economía chaqueña muestra cómo gran parte de las cuestiones asociadas al crecimiento,están ligadas a las señales de precios que determina el mercado.Si los precios del algodón fueran flexibles y pudieran reaccionar rápidamente a los desequilibrios,el mercado del algodón estaría en equilibrio constante. Una de las causas por lacual esto no sucede, es el gran peso que tienen en la formación de precios los principales compradoresde fibra de algodón (hilanderías, empresas textiles). Estos agentes que demandanalgodón son pocos y compiten entre sí, podrían llegar a colisionar. Sumado a esta cuestión, seencuentra el hecho de que la información sobre las cantidades producidas se transmite de maneracasi instantánea posibilitando la intención de que estos demandantes lleguen a acordarel precio a pagar. Por el lado de los productores de algodón, la diferencia se encuentra en queson muchos, se encuentran dispersos, y la información con la que cuentan no es sustancial,significando un alto costo a la hora de negociar el precio del cultivo.Esta falla de mercado, sumada al predominio de la producción primaria en la economíachaqueña, torna vulnerable su crecimiento y lo hace dependiente de las políticas nacionales.Finalmente, acompañando el proceso agrícola nacional, otro cultivo hizo su aparición enel agro chaqueño, la soja. Fueron los mismos productores capitalizados que llegaron al Chacopara producir algodón, los que realizaron la reconversión de nuestros campos algodoneros alcultivo sojero. De esta manera, se inició una nueva fase en la economía chaqueña que ha provocadoprofundas transformaciones en su estructura productiva.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

7273Transformaciones en la estructura productivachaqueña. El ciclo sojeroLas transformaciones en la estructura productiva chaqueña de la última década acompañaronel ciclo de auge de los commodities en el mercado mundial.Entre estas transformaciones, destacamos el reemplazo de un cultivo industrial como elalgodón orientado hacia el mercado interno y hacia la industria textil nacional, por otro cultivo,la soja cuyo destino final es el mercado externo. Nuevamente, tal como en el ciclo taninero,este tipo de desarrollo vincula nuestra producción al mercado mundial.Otro aspecto a destacar es la acentuación de la tendencia a la concentración fundiaria, ya la desaparición creciente del pequeño y mediano productor agrícola, y el arribo de la granempresa agraria de producción y servicios. Este proceso que se había iniciado en la fase de“modernización” del cultivo del algodón, fue potenciado en la etapa sojera.Concentración fundiaria y efectos de laexpansión de la frontera agropecuariaLa concentración fundiaria y la aparición de nuevas empresas agropecuarias en el territoriochaqueño se relacionan con la necesidad de lograr escala en la producción agrícola.Estos fenómenos se asocian igualmente a la expansión de la frontera agropecuaria queestá caracterizada, en la actualidad, por las unidades de explotación empresarial, que utilizanmayor capital, mayor superficie, y ocupan trabajadores especializados para la realización dediferentes tareas agropecuarias.En este sentido, según datos censales, las tendencias que se aprecian a partir de fines dela década de los ochenta, en materia de tamaño y tenencia de la tierra son:i. Un proceso regresivo de distribución de tierras.ii. Un aumento del número de explotaciones.iii. Un aumento de las unidades de propiedad del productor y una paralela disminuciónde las explotaciones en tierras fiscales, a pesar de lo cual el peso relativo de estas últimas siguesiendo de consideración.Tabla Nº 5. Explotaciones agropecuarias (EAPs) por tipo de delimitación según provincia.Total país. Años censales agropecuarios 1988 y 2002.Censo Nacional Agropecuario 1988 Censo Nacional Agropecuario 2002Las explotaciones agropecuarias de los pequeños productores han indicado la presenciade una divergencia en la distribución de las tierras según datos censales. Analizar la dinámicapresentada por estas explotaciones en los últimos veinte años permite alcanzar un mayor entendimientode los sucesos determinantes de su situación actual.Si bien se advierte que en el período intercensal de 1988 a 2002, la cantidad de hectáreasocupadas por las explotaciones a nivel nacional apenas se redujo o incluso creció en algunasregiones, el número de las mismas ha disminuido notablemente.Esto pondría en evidencia una tendencia a la concentración de la tierra en todo el país.Este fenómeno puede ser explicado por otros dos procesos desencadenantes. El primero deellos viene signado por la expansión de la frontera productiva en determinadas zonas, principalmentesudoeste de la provincia, la cual fue posible gracias al avance de la agricultura sobretierras no aptas para la misma y al doble cultivo por la introducción de nuevas tecnologías enmaquinaria (sembradoras y cosechadoras), insumos (agroquímicos y semillas transgénicas), yprácticas productivas (siembra directa).En la tabla Nº 6 y en el gráfico Nº 10, observamos cómo a partir del año 2006, la línea detendencia que representa a las hectáreas sembradas de soja en la provincia marca un quiebreascendente.TrigoSorgoArrozTabacoMaízGiras.Algod.SojaTotalTabla Nº 6. Hectáreas sembradas en la Provincia de Chaco, por cultivos y totales.Años 1996-1999-2001-2003-2005-2006-2007 y 2008.1996 199925.000 25.00026.500 25.0004.200 7.000556 78062.815 90.00047.235 105.000498.000 712.00072.085 200.000736.391 1.164.780200170.00030.0005.000944120.000180.000198.000380.000983.944200365.00035.0003.0001.489100.000280.00093.000600.0001.177.489200535.11828.0003.50060087.000253.000160.000586.0001.153.218200640.23533.5003.5001.06259.900306.650252.500468.5001.165.847200740.00067.4504.3001.10087.000387.000210.526573.7001.371.076Fuente: Elaboración propia en base a datos del PGB de la Provincia del Chaco.Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chaco.20089.12084.6204.3001.100125.000317.850265.640684.0001.491.630Total paísChacoTotal421.22121.284Con límitesdefinidos378.35717.595Sin límitesdefinidos42.8643.689Total333.53316.898Con límitesdefinidos297.42515.694Fuente: INDEC. Censo nacional agropecuario 1988 y 2002.Sin límitesdefinidos36.1081.204Se aprecia claramente, la tendencia hacia una progresiva sustitución del algodón porotros cultivos. Promediando la primera década del siglo, la soja se fue constituyendo en elprincipal cultivo de la provincia, seguido por el maíz, algodón y girasol. Por otra parte, esnecesario señalar que el cultivo de soja tiene las características de ser un cultivo extractivo denutrientes del suelo que exige una práctica de rotación determinada según la zona, y a su vez,Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

7475en ciertos suelos no es aconsejable, a pesar de sus buenos resultados económicos a corto plazo.De esta manera estaríamos asistiendo a un empobrecimiento de la riqueza de nuestros suelos,perjudicando a generaciones futuras.Gráfico Nº 10. Hectáreas sembradas en la Provincia de Chaco. 1996-2008.800.000Figura Nº 2. Causales más importantes que han favorecido el proceso de cultivo de soja.FACTORESCAUSALESMayor rentabilidad financiera y de rápida rotación.Económicos- Evolución favorable de precios internos.Financieros Menor complejidad y riesgo que otros cultivos.Altas posibilidades de arrendamientos de campos.700.000ComercialesAlta demanda internacional de soja. (Se vende todo lo que se produce).600.000500.000400.000300.000200.000100.000Giras.Algod.SojaTecnológicosDesarrolloInfraestructura(Calidad de Vida)Facilidad para hacer escala.Conocimiento y dominio de la tecnología del cultivo: SD - cv.RR (GM) y herbicida específico.Utilización de semilla propia.Vida rural vs. Vida urbana.01996 1999 2001 2003 2005 2006 20072008Fuente: INTA, Reconquista, 2004.Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por ladirección de Estadística y Censos de la Provincia del Chaco.Otro de los problemas relacionados con el auge de la soja y su rendimiento económico, es elconsiderable avance de la frontera agrícola sobre suelos no aptos o montes nativos de importanteriqueza natural, no sólo en cuanto a la preservación de la biodiversidad de la región y la provisiónde bienes y servicios, sino como hogar y medio de vida para miles de personas. En los últimos diezaños, miles de hectáreas han sido desmontadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas.Así como no pudimos circunscribir el análisis a un solo factor que determine la reconversiónproductiva de nuestra provincia, sucede lo mismo con los factores que han incididoen el corrimiento de la frontera. Uno de esos factores, se relaciona con que existe un mercadomuy firme para la exportación de soja y sus derivados, y sin signos de saturación, al menos enel corto plazo. Por otro lado, la variación en el tipo de cambio ha impactado favorablementesobre la renta de los sistemas agrícolas.Asimismo, existía previo a la manifestación de este fenómeno, un desarrollo de técnicasde producción innovadoras de la soja que facilitaron y eficientizaron el proceso, profundizandoaún más las “asimetrías tecnológicas” respectos a cultivos alternativos tales como el maíz,el sorgo y el algodón entre otros.Estos factores que permitieron el avance de la soja, pueden ser agrupados en económicos,tecnológicos y comerciales.ConclusionesLa historia económica de la Argentina distingue dos etapas signadas por una importanteintegración a los mercados internacionales. La primera de ellas se relaciona con el modeloagroexportador que tuvo plena vigencia entre los años 1880 y 1930. La segunda es la que estamosatravesando actualmente, y que comenzó con fuerza luego de la crisis del año 2001-2002.Es la nueva fase de expansión de las exportaciones de los productos primarios, particularmentela soja, alentados por el incremento de la demanda china. Tanto la primera como la segunda,impactaron fuertemente sobre la economía provincial del Chaco.En el primer caso, la fuerte demanda externa de curtientes vegetales determinó la expansiónde la producción taninera en el Chaco y permitió la ocupación del territorio, dando lugar aun régimen de la tierra de carácter latifundista y facilitando la instalación del capital extranjero.Surgió de esta manera una economía de enclave controlada por empresas foráneas que fueronprontamente lideradas por La Forestal, y que explotaron sin miramientos nuestra riqueza maderera.El obraje, la fábrica de tanino y el aserradero, fueron los ejes en torno a los cuales se moldeóeconómica y socialmente al Chaco en los primeros años de su historia. La industria tánica tuvosu ciclo de auge y declinación, al compás de los vaivenes de la demanda externa y de las políticasempresarias que no dudaron en abandonar el territorio y la actividad una vez que los bosquesquedaron agotados o encontraron sustitutos más adecuados para la explotación.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

7677En el segundo caso, el auge sojero, ha contribuido a la expansión de la frontera agropecuariapero ha desplazado actividades tradicionales de carácter social como la textil algodonera.Luego de la fase de estancamiento del cultivo del algodón, el nuevo auge en la década de losnoventa impulsado por la demanda brasilera de fibra, no pudo sostenerse. A pesar de los esfuerzosde modernización en la producción de la materia prima y de la fibra, las ventajas superioresque otorga al productor cultivar el poroto de soja han contribuido a la pérdida de preeminenciadel algodón en el Chaco. Concomitantemente, este proceso produjo una marcada tendencia ala concentración fundiaria y a la desaparición del pequeño y mediano productor, instalándosenuevamente la gran empresa, esta vez de producción y servicios de carácter agrícola. Asimismo,la expansión de la frontera agropecuaria que ha permitido el avance de la producción de soja, haimpactado, tal como entonces, de manera negativa sobre nuestra riqueza forestal.Consideraciones FinalesEs de conocimiento generalizado que es necesario implementar estrategias industrialesespecíficas para ubicarnos como una provincia desarrollada. En particular, en el Chaco, nos encontramoscon un escenario en el que la ausencia de eslabonamientos industriales y la dependenciade algunos de ellos, ha configurado economías de muy bajo dinamismo, y por ende, bajacapacidad de las mismas para la generación de valor agregado y empleo.De acuerdo a los datos analizados, podemos inferir que a pesar del avance de la soja, y lapérdida de preeminencia del algodón, éste seguirá ocupando un lugar significativo en la economíaprovincial, y continuará siendo un importante generador de empleo. Para ello requeriráde programas de investigación y transferencia que apoyen la mejora de la producción y de lacalidad, la diversificación de productos del sector industrial, y el ordenamiento de su comercialización.Uno de esos ejes podría basarse, por ejemplo, en desarrollar la actividad de confecciónen la región para lograr aumentar el valor agregado y la utilización de mano de obra.Sin embargo, subsisten algunos factores que podrían afectar la recuperación:* Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y lapersistencia de niveles altos de pobreza en la población.* Incremento de las importaciones desde Brasil.* Falta de crédito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliación de laactividad, a la vez que dificultan la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones.* Carencia de mano de obra especializada en algunas ramas de la actividad.* Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, querequeriráninversiones.En términos generales de política industrial, se podría generar una agenda de trabajo parael desarrollo de cadenas productivas derivadas de los cultivos principales:* Fortalecer y estabilizar la producción primaria, a través de programas de apoyo oficiales,con el objetivo de reducir la volatilidad de precios asegurando así la rentabilidad delproductor primario.* Asegurar el financiamiento de la cadena productiva, a través de instrumentos específicosy de líneas de crédito accesibles, con el objetivo de maximizar el valor agregado no solo del sectorprimario sino también del industrial generando multiplicadores fidedignos de empleo.REFERENCIAS BibliográficasBesil, Antonio y Carlino, Alicia (1999), “Aspectos de la evolución económica de las Provinciasdel Nea. 4ª Parte: El proceso de desindustrialización en la Provincia del Chaco”,Universidad Nacional del Nordeste, Secretaría de Ciencia y Técnica, Corrientes.Besil, A.; Alfonso, E.; y Bonilla, L. (2001), “La economía del Chaco en la década delnoventa”. En Revista Indicadores Económicos, del Departamento de Economía, de la FCE-UNNE, nº 44, junio de 2001.Bruniard, Enrique (1978), El Gran Chaco Argentino (ensayo de interpretación geográfica).Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste,Resistencia.Carlino, Alicia, (1998), “Las industrias del Chaco en los años cuarenta”, en IndicadoresEconómicos (Publicación del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de CienciasEconómicas de la UNNE), Año 7, Setiembre de 1998.Carlino, Alicia (2001). “El impacto de la globalización sobre el cultivo del algodón en elChaco”, Indicadores Económicos, nº 46, diciembre. Facultad de Ciencias Económicas. UNNE.CONES (2012). “Cooperativas algodoneras chaqueñas: análisis económico, social y organizacionalde sus factores internos y externos”.Del Rio, Carlos Ramiro (2004), El extracto de Quebracho, origen y evolución, BuenosAires, Dunken.Gobierno del Chaco (2011), Chaco, su historia en cifras, Librería de la Paz.INTA, (2000). Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial Algodón de la RepúblicaArgentina. Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña, Octubre 2000.Rofman, Alejandro (2000): Desarrollo regional y exclusión social. Transformaciones ycrisis en la Argentina contemporánea. Bs. As., Amorrortu.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

7879Zarrilli, Adrián Gustavo (2004), “Historia y economía del bosque chaqueño: la mercantilizaciónde los recursos forestales” (1890-1950), en Anuario IHES 19, Tandil, UniversidadNacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.FuentesCámara Argentina-Paraguaya de Productores de Extracto de Quebracho.Comisión organizadora de la Primera Gran Exposición del Territorio Nacional delChaco en la Capital Federal: El Chaco de 1940. Noviembre de 1940-Marzo de 1941.CONES, Informes varios.Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Chaco.INDECINTAMinisterio del Interior. Memoria de la Gobernación del Chaco. Año 1936.curriculum vitaeAlicia CarlinoMagíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas, FCE-UBA, y Profesora Titularinvestigadora a tiempo completo de la cátedra de Historia Económica de la Facultad de CienciasEconómicas de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Imparte docencia degrado y posgrado. Ha participado en jornadas, encuentros y seminarios vinculados a la temáticade la historia económica. Ha realizado pasantías de investigación y docencia en UniversidadesEuropeas y Americanas. Entre sus publicaciones se destacan “Economía Provincial yfinanciamiento público. El Banco de la Provincia del Chaco”, “Desigualdad y concentración enAmérica Latina”, Un enfoque multidimensional dos vinte anos de democracia na Argentina”,en colaboración con Ana María Stuart; “Banca Pública Provincial: Política Institucional y crisisde endeudamiento del agro chaqueño (1976-1980)”.acarlino@eco.unne.edu.arMoira CarrioLicenciada en Economía y Especialista en docencia. Profesora Titular investigadora a tiempo completode la Cátedra Principios de Economía y Adjunta a cargo de la Cátedra Cuentas Nacionales yEstructura Económica Argentina. Ha realizado pasantías en el exterior referidas a sus principalestemas de investigación que versan acerca de economía del desarrollo y cuentas nacionales y regionales.Es consultora externa del Gobierno de la Provincia de Corrientes.mcarrio@eco.unne.edu.arRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

PARADIGMA DEL DERECHOA LA SALUD EN LAACTUALIDAD ARGENTINAMÓNICA ALEJANDRA CANTEROSFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNNERevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo;busca un nuevo camino para llegar a él”.Confucio.

82< MÓNICA ALEJANDRA CANTEROSPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUD EN LA ACTUALIDAD ARGENTINA>83Recibido: 25/02/2013Aceptado: 22/04/2013RESUMENl presente artículo tuvo como objeto describir el estado del arte en el que se encuentrael Derecho a la salud en la actualidad argentina, por medio de la revisión de los paradigmasreconocidos, sostenidos y recogidos en este país en los últimos treinta años.Este modelo ha sido plasmado en el Proyecto del Nuevo Código Civil y Comercial,hoy en debate.Tratándose de un trabajo cuyo diseño es de tipo bibliográfico, se buscó como objetivo generaldescribir el paradigma actual del derecho a la salud argentina, tomando como fuentes, lalectura y el análisis de la legislación y doctrina nacional.Se arribaron a los siguientes resultados: en los últimos treinta años el derecho a la saludtomó expresa jerarquía constitucional, lo que significó el estallido de la legislación protegiendoespecialmente al paciente, en búsqueda de una regulación tan protectoria como efectiva. Elparadigma vigente, en la Argentina de hoy, resalta la no discriminación y el valor social quetiene el concepto de salud. Destaca derechos personalísimos, como la integridad personal, dignidad,intimidad, muerte digna, y otros derechos como la autodeterminación, derecho a unainformación sanitaria, libre elección y adhesión a un sistema de salud.Palabras clave: Salud - Derechos personalísimos - Paciente - Autodeterminación.ABSTRACTThis article aimed to describe the state of the art of the Right to health in Argentina today,through the revision of the paradigms that have been recognized, sustained and collected for thelast thirty years in this country.This model has been embodied in the Project of the New Civil and Commercial Code, whichis in debate in the present.Since the design of this investigation belongs to the bibliographic one, the general objectiveaims to describe the current Argentinian Right to health paradigm.The results were the following: during the last thirty years, the Right to health became into anexplicit constitutional status, which led to the legislation outbreak, protecting especially the patient,in search of a regulation that is as protective as effective. The current paradigm, in Argentina today,emphasizes the nondiscrimination and the social value that concept of Health has. It highlightspersonal rights, like personal integrity, dignity, privacy, dignified death, and other rights like selfdetermination,health information, free choice, and adherence to a health system.Keywords: Health – Personal rights – Patient – Self-determination.1.-Alcances del derecho a la saludPara iniciar este trabajo tomaré un párrafo que considero paradigmático y representativodel significado del Derecho a la salud en la Argentina de hoy, el mismo fue escrito por Mosset IturraspeJorge, Clara y Mario, quienes dicen: “Y la vida merece ser vivida con salud, en plenitud deaptitudes y posibilidades. De ahí que quien limita o restrinja este derecho fundamental, obra conilicitud y merece ser sancionado” (Mosset Iturraspe, J.; Mosset Iturraspe, C. y Mosset Iturraspe,M.R. 2012:77). Según resultados de investigaciones que he realizado considero que el derecho ala salud debe ser definida como un sistema complejo, desde el que se busca promover, mantenery mejorar la salud de la persona, por lo que el estudio desde el punto de vista metodológico y afin de que abarque todas las variables existentes debería ser enfocado desde la interdisciplinariedad.Esta conclusión deviene de la unidad de análisis central, como es el ser humano.Cualquiera fuera la definición que considere del derecho a la salud, sea esta más o menosextensa; lo unificaré en el máximo derecho de todo ser humano como es el derecho a la vida,por ser el origen de todos y cada uno de los que veremos a continuación. Derecho a la vidacomo categoría genérica de derechos fundamentales. En el mismo sentido opina Kipper paraquien el derecho a la salud “es considerado como uno de los derechos más relevantes, ya quehace a la dignidad de los hombres, especialmente de quienes padecen de enfermedades, siendonecesario el efectivo cumplimiento de las normas imperativas vinculadas con su proteccióneficaz”( Kipper, C. M. 1998: 257/259).El complejo empírico lo da la realidad misma, originada por los sujetos provenientes de unaconstrucción social. Como parte de sus interrelaciones, sus derechos y obligaciones las que resultande las reglas (normas éticas, morales y jurídicas) creación de esos mismos sujetos sociales. Loexpresado indicará el paradigma de este derecho del siglo XXI, que ha ido mutando al punto depermitir hoy en el nuevo Proyecto de Código Civil y Comercial (aun en análisis) a un menor de treceaños disponer respecto a los tratamientos médicos que reciba, situación regulada en el artículo 26.Esta regulación ha sido impensada en la primera mitad del siglo XX al menos en nuestro Derecho.El derecho a la salud, comprensivo de la “persona individual”, la protege desde que es reconocidacomo tal. Según la legislación vigente empieza desde la concepción misma del nuevoser, hasta el mismo momento de su muerte. Esto implica que el derecho a la salud atraviesa latotalidad del tiempo de existencia, es decir la existencia misma del sujeto.En la finalización de los años noventa y principios del año dos mil los avances tecnocientíficoshan impactado con más fuerza en la realidad humana, de forma tal, que se ha hechonecesario pensar el derecho y su protección desde otra perspectiva, llevando al legislador a revisar,fuentes y principios generales del derecho. Son tan vertiginosos los cambios tanto comoavances o retrocesos para la vida humana que el legislador no alcanza a llevar la norma a lapráctica que ya el juez se encuentra con otra realidad que lo interpela y debe resolver.Desde aquí podemos observar al intentar desenredar este entretejido que se origina conla existencia misma de la persona como ser individual y que se complejiza cuando lo pensamos“con el otro” y más aún si lo ubicamos en el escenario de la vida real frente a situacionesRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

84< MÓNICA ALEJANDRA CANTEROSPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUD EN LA ACTUALIDAD ARGENTINA>85y relaciones interpersonales, entre las que se encuentran no solo las personas humanas sinotambién las jurídicas. Entretejido que contiene variables a tener en cuenta como los medios yrecursos necesarios para resolver lo referente a organización, financiamiento, gestión, accesoy utilización de servicios de salud.No puede dejar de mencionarse como parte de esta complejidad, las políticas que debenllevarse adelante en el estado referido a la salud, el sistema de salud elegido en el país, losprestadores del servicio de salud.Sumado a lo antes manifestado y como parte de este sistema complejo, siguiendo a Tobardiré también que “La cantidad y variedad de actores y roles determinan la complejidad de lossistemas. Es importante destacar que los objetivos de los actores no siempre están vinculadoscon la situación o estado de salud de la población y las acciones pueden llegar a ir en detrimentode ellos” ( Tobar, F. 2001: 3).Los actores de esta interrelación son: el hombre como persona individual, centro de imputaciónnormativa, mirado como aquel que es protegido por ser “naturalmente” el sujeto legitimadoa reclamar su derecho a la vida, la integridad física y psíquica, al honor, a una muertedigna; siendo éste único destinatario para quien es creado el sistema. También es la que sostieneel sistema financiero que se traduce en la existencia del servicio de salud.Asimismo, se suman los individuos como un colectivo, ya sea como usuarios de la prestaciónde salud privada o pública, como cuando actúan formado un grupo de interés, el casode las asociaciones de consumidores (las que aparecen como reconocidas constitucionalmenteluego de la inclusión de los derechos del consumidor en la Ley 24.240).El Estado como responsable directo e inmediato de sostener tanto en lo individual comocolectivo-social éste derecho, colaborando en el sostenimiento del sistema, dándole un ordende prioridad, legislándolo de acuerdo a los valores y principios de sus habitantes, cumpliendopor mandato del pueblo las normas que hacen efectivos sus derechos. Responsable éste de unade las dimensiones a tener en cuenta para el análisis del sistema de salud según Tobar “UnaPolítica de salud implica la definición de la salud como un problema público en el cual el Estadoasume un rol activo y explícito. Definir políticas de salud es decidir qué rol desempeña elEstado en salud” (Tobar, F 23 de agosto 2001: 2).Las personas jurídicas representadas por organizaciones las que son instrumentos partesque intervienen en este complejo sistema, quienes a través de la prestación del servicio desalud hacen efectiva una parte de este derecho; y personas individuales en su carácter de profesionalesque desde su arte y profesión colaboran en lograr “el bienestar” que la OrganizaciónMundial de la Salud al definirlo considera debe tener una persona o grupo de personas.Otra mirada podría dejarnos ver cómo se entrecruzan e influyen, áreas de estudio comola del derecho privado y público, y dentro de éstos los contratos, los derechos humanos, derechossociales, derechos económicos. También disciplinas como la sociología, la economía,la filosofía, las ciencias médicas y no olvidemos a la religión, ocupan un lugar que directa oindirectamente inciden en este complejo sistema que nos ocupa.Según el Informe del Centro de Estudios para Desarrollo Institucional Documento 77 deSeptiembre de 2002, “En muchos aspectos, Argentina tiene un sistema de salud altamentedesarrollado en comparación con otros países en vías de desarrollo. La expectativa de vida alnacer es de 71 años, superior al promedio de los países de América Latina y que todos los paísesde igual nivel de ingreso. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido un 45% desde 1970 yla cobertura de servicios de salud es relativamente buena en todos los niveles de ingreso. Lacantidad de médicos (30 cada 10.000 habitantes) y de camas disponibles (4.5 cada 1000 habitantes)es comparable con muchos países desarrollados” (Abuelafia, E.; Berlinski, S.; Chudnovsky,M.; Palanza, V.; Ronconi, L.; San Martín, M. E. y Tommasi, M. 2002).2.-Definición del derecho a la saludComo lo expresa Mosset Iturraspe, el derecho a la salud está íntimamente ligado al derechoa la vida –vida con salud– en la categoría de los derechos humanos o derechos fundamentales.(Mosset Iturraspe, J. 2011:29).El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en materiade Derechos Económicos, Sociales y Culturales (con jerarquía constitucional, en nuestropaís,) establece en su artículo 10 que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida comodisfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.Esto significa que la concepción de un derecho a la salud que solo comprenda la falta debienestar físico es insuficiente, ya que se ha agregado el bienestar mental y social.Gil Domínguez define cada uno de los niveles de bienestar; el Físico, integrado este conceptopor las cuestiones que hacen a lo biológico. Mental, ya que involucra las cuestiones neurológicaso psíquicas de la persona. Y Social, si bien su existencia no tiene lugar a dudas, elconcepto aún es discutido (Gil Domínguez, A. 2011: 9).Respecto al bienestar social, el mismo derecho positivo, en concreto el artículo 11 del PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en una primera aproximaciónreconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia que incluyealimentación, vestido, vivienda y una mejora continua de las condiciones de existencia. (…)Como otra aproximación se puede vincular a la salud social con el pleno bienestar en el contextoen el que las personas desarrollan su biografía y su plan de vida;… es también la búsqueda del“estar bien” como derivación de bienestar general, desde el hábitat cotidiano, donde la mismidaddimensiona la subjetividad con relación al deseo y al goce (Gil Domínguez, A. 2011:17).Este derecho sostiene Mosset Iturraspe “Es mucho más que el derecho a no padecer enfermedadeso limitaciones físicas o mentales…”( Mosset Iturraspe, J. 2011:30).Esta protección y la garantía del derecho a la salud se extiende al Estado; así lo ha establecidola Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Asociación Benghlensis y otrasc/ Estado Nacional” en la que sostuvo “… En tales condiciones se infiere que la protección delderecho a la salud, según esta Corte, es una obligación impostergable del Estado Nacional deRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

86< MÓNICA ALEJANDRA CANTEROSPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUD EN LA ACTUALIDAD ARGENTINA>87inversión prioritaria” (Gil Domínguez, A. 2011: 14); se observa así que el Derecho a la saludadquiere el más alto rango en la Pirámide Jurídica, a través no solo del artículo, 75 inciso 22,sino también del artículo 42 de la Carta Magna.Otro aspecto a tener en cuenta respecto al significado del daño a la salud y que cabe preguntarse,es la afirmación de la doctrina italiana referida a que el daño a la salud es autónomoen relación al daño patrimonial y moral. Esto puede verse en la expresión de Cortés, “…Todavez que el daño a la salud puso en crisis la idea común de relacionar los perjuicios con las necesidadesmateriales de la víctima, ligada de manera estrecha, con su subsistencia material y conla producción de bienes fue necesario reemplear tal idea (…); en otras palabras, el daño a lasalud, que comprendía la posibilidad de satisfacer necesidades materiales, por ocasionar unaincapacidad de producir ganancias, dejo de ser tal, para ser un daño relacionado con el biensalud en sí mismo y con la posibilidad de satisfacer necesidades inmateriales, por el hecho,para el afectado de no gozar de ese bien” (Cortés, En: Mosset Iturraspe, J 2011: 47/48).3.- La Normativa en el tiempoA fines del siglo XX y antes de la reforma constitucional del año 1994 (sancionada el 15de diciembre de 1994 y promulgada el 3 de enero de 1995) los autores consideraron que elderecho a la salud entre una de sus características, era reconocido como un derecho implícito,el mismo se encontraba contenido en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Acerca deello Sagües sostiene que el mismo no figuraba expresamente “…en la Constitución atento a lasideologías entonces vigentes, para las cuales el cuidado a la salud importaba, en principio, unacuestión a atender por cada uno” (Sagües, R En: Hernández, C.A. :2011: 55).El reconocimiento expreso de parte de la Constitución Argentina se ha logrado con laincorporación de los artículos 41 1 , 42, 75 inciso 22 que otorga, como ya se ha dicho supra, jerarquíaconstitucional a los tratados allí transcriptos y el inciso 23 que añade el pleno goce yejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionalesvigentes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americanade los Derechos Humanos (ratificada por Ley 23.054) 2 , el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales 3 (ratificado por Ley 23.313), la Convención sobre los Dere-1Artículo 41 Constitución Nacional. “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollohumano…” (concepto amplio de salud).2Este Tratado reconoce en sus artículos 4, 5 y 11. Si tomamos lo establecido por la O.M.S al definir la salud incluiremos a lo dispuestopor el art. 4 cuando señala que toda personal tiene derecho a la vida. El art. 5, toda persona tiene derecho a la integridadpersona, y 11, toda persona tiene derecho a la honra y la dignidad.chos del Niño, quien le reconoce el derecho a la vida (art.6).La reforma constitucional, expresamente en el artículo 42 en su parte pertinente reza:“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada yveraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.(…)”.Del conjunto de Leyes de los últimos treinta años, que reglamentan la Norma Constitucionaldel año 1994 y buscan hacer efectivo el cumplimiento de los derechos a la salud podemosenumerar dentro de las más significativas:• Ley 23.660 Obras Sociales, promulgada en el año 1989.• Ley 23.661 Sistema Nacional de Seguro de Salud, promulgada en el año 1989.• Ley 24.091 Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral afavor de las personas con discapacidad, promulgada en el año 1997.• Ley 24.240 Ley de Defensa del Consumidor y Usuario, promulgada en el año 1995.• Ley 24.445 Cobertura de Obras sociales para personas infectadas con SIDA, promulgadaen el año 1995.• Ley 24.788 Ley Nacional de lucha contra el alcoholismo, promulgada en el año 1997.• Ley 25.415 Creación del programa nacional de detección temprana y atención de la hipoacusia,promulgada en el año 2001.• Ley 25.326 Protección de los datos personales, promulgada en el año 2000.• Resolución 931 del año 2000 Programa Médico Obligatorio.• Resolución 201 del año 2002 que crea el Programa Medico Obligatorio de Emergencia.• Resolución 310/2004, modificatoria de la Res. 201/2000.• Ley 25.673 Métodos anticonceptivos de carácter no permanente, promulgada en elaño 2002.• Ley 26.061 Protección integral de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, promulgadaen el año 2005.• Ley 26.130 Régimen para las intervenciones de contra concepción quirúrgica, promulgadaen el año 2005.• Ley 26.396 Trastornos alimentarios, promulgada el año 2008.• Ley 26.588 Ley celíaca, promulgada en el año 2009.• Ley 26.529 Derechos del Paciente en su relación con los profesionales o institucionesde salud, promulgada en el año 2009, reglamentada por el Decreto 1089/2012 y reformadopor la ley 26.742.• Ley 26.657 Ley de Salud mental, promulgada en el año 2010.• Ley 26.682 Medicina Prepaga, promulgada en el año 2011.3Reconoce en su preámbulo la dignidad a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.Reconoce que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. Reconoce que, con arreglo a la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria,a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tantocomo de sus derechos civiles y políticos.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

88< MÓNICA ALEJANDRA CANTEROSPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUD EN LA ACTUALIDAD ARGENTINA>894.-Sistema de salud argentinoNuestro país desde el siglo pasado mantiene los tres subsistemas de salud, los cualesno han cambiado al pasar al siglo XXI; éstos son: El subsistema Público (a cargo de Nacióno Provincia), Obras sociales (a cargo de obras sociales nacionales, provinciales y del Institutonacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados–PAMI–); el sub sistema de ObrasSociales (OS), se consolidó como tal en 1970 bajo el gobierno del general Onganía, a travésde la Ley 18.610, aunque ya en el año 1857 puede hablarse de las primeras Obras socialessindicales. El sub sistema de salud Privado (Seguros de salud, Medicinas Prepagas, incluidaslas cooperativas y mutuales). Son entes siempre de carácter privado y no son creados por leyo convenio colectivo de trabajo, sino que quedan configurados por un contrato hoy reguladospor la Ley 26.682 4 . Es un subsistema alternativo de la que desarrolla el Estado o la SeguridadSocial en el sentido en que ejercitan una actividad privada. Son empresas de intermediación.En cuanto al financiamiento; las Obras sociales se financian con el aporte de empleados ylas contribuciones patronales. Cabe incluirse aquí a la INSSJP la que en el contexto de regulaciónde las obras sociales sindicales en el año 1971 mediante el Decreto Ley 19.032, concentraa la totalidad de la población pasiva bajo una única cobertura social, universal y obligatoria.Así, se instrumentó el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).Los entes privados se financian con aportes de sus asociados o asegurados, según corresponda.Si bien este sistema es el tercero en aparecer lleva ya cuatro décadas de existencia. Y porúltimo el subsistema público, cuyos recursos provienen del sistema impositivo, provee serviciosde salud de forma gratuita, que si bien puede ser utilizado por cualquier habitante es destinadoa la franja de la población con bajos recursos, los que impiden el acceso a los otros dos sistemas.La regulación de los prestadores de Servicio de Salud privado, ha significado para los Consumidoresy Usuarios del mismo, una lucha, que desde principios de siglo fue ganando espacio afavor del débil jurídico 5 haciendo explícita en la Ley 26.682, la que fuera sancionada finalmenteen el año 2011 luego del fracaso de varios proyectos que perdieron estado parlamentario.5.-Los Derechos del PacienteA fin de iniciar este apartado tomaré lo expresado por Mosset Iturraspe para quien “el“daño a la salud” es una especie o hipótesis del “daño a la persona”, a la persona humana, conautonomía del daño patrimonial y también del daño moral,…” ( Mosset Iturraspe, J.2011-3: 3).Esto nos lleva a un espacio en el que el individuo entre sus tantas situaciones frente a supropia vida se encuentra concretamente ante el Estado en primer lugar; las personas jurídicasque le brindan prestación a su salud y directamente frente al profesional que en el ejercicio desu juramento hipocrático manifiesta “SI FUERA FIEL a este juramento y no lo violara, que seme conceda gozar de mi vida y de mi arte, y ser honrado para siempre entre los hombres. Si loquebrantara y jurara en falso, que me suceda lo contrario”.Este conjunto de derechos hasta el año 2009 significó para los operadores jurídicos a finde la defensa de sus clientes, la búsqueda de la justicia, tener que recurrir a principios generalesdel derecho, leyes especiales, jurisprudencias y algunas normas constitucionales. Reciéncon la Ley 26.529 se pudo reunir en un solo cuerpo temas que hacía muchos años necesitabanser regulados con claridad, de manera precisa y contemplando la relación médico-paciente einstitución prestadora de servicios de salud-paciente.Dentro de los alcances de la ley se encuentran temas como el del consentimiento informado,asentimiento unilateral del paciente o su representante legal; aceptación o rechazo atratamientos, procedimientos médicos o biológicos; derecho a la asistencia médica; trato dignoy respetuoso; derecho a la intimidad del paciente y el correlativo deber de confidencialidadde sus datos; derecho a la información clara, precisa y adecuada; a la interconsulta médica.Algunas ausencias en la ley: la regulación de un sistema legal para accionar, fundada estaidea en las situaciones de gravedad, de amparo e inmediatez para resolver casos que tengancomo reclamo la salud del hombre, en especial cuando consideramos que el uso de tecnologíade ultima generación implican altos costos. No se ha incluido un tema tan preciso y conflictivocomo es el suministro de medicamentos.4A partir de la sanción del Decreto de necesidad y urgencia número 446, que determina que a partir del 1 de enero de2001 la medicina privada podrá competir con las Obras Sociales sindicales, los integrantes de la Comisión de Salud de laCámara de Diputados aceleraron las discusiones en torno a un tema que será de vital importancia para el futuro desarrollodel sistema de salud: la regulación de las empresas de medicina prepaga. Esta norma, que ya tiene media sanción en elSenado, se convirtió en el elemento clave dentro del nuevo esquema sanitario impulsado por el gobierno y el Banco Mundial,ya que a través de la misma se podrá controlar con mayor eficiencia al subsector privado, uno de los pasos previosfundamentales para su ingreso al mercado de aportes obligatorios. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y laautoría del mismo corresponde a los senadores Enrique Martínez Almudevar (PJ-La Pampa), Antonio Cafiero (PJ-BuenosAires) y Humberto Salum (UCR-Jujuy).6.-Nuevo Proyecto de Código Civil y ComercialLa Comisión integrada por los doctores Ricardo Luis Lorenzetti, como Presidente, y ElenaHighton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, en cumplimiento de los objetivos y plazosseñalados por el Decreto presidencial 191/2011, presentaron el “Anteproyecto de CódigoCivil y Comercial de la Nación”.Este apartado busca no dejar fuera del estudio el conjunto de normas que es objeto dereflexión y análisis en la sociedad y los miembros integrantes del campo jurídico en la actualidad.Buscó solo hacer referencia a aquellos artículos que regulan cuestiones con consecuenciasdirectas en los derechos a la salud.5Los llamamos así, debido a que en esta ocasión la persona se encuentra frente a la falta de salud, ya sea con afecciones enla psiquis o en el cuerpo, lo que los ubica en una situación de debilidad en la relación que entabla con expertos en las cienciasmédicas u organizaciones encargadas de prestar el servicio.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

90< MÓNICA ALEJANDRA CANTEROSPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUD EN LA ACTUALIDAD ARGENTINA>91La Comisión ha reconocido que en la esfera individual personal hay un amplio reconocimientode los derechos personalísimos, haciéndolo, a través del valor de la autodeterminaciónen intereses atinentes a la esfera vital de la persona, los que en el Código encontramos como:actos de disposición sobre su propio cuerpo, investigaciones médicas con personas humanas,consentimiento informado por actos médicos, directivas médicas anticipadas las que son contempladasen los artículos 56, 58, 59 y 60 del Proyecto.El Proyecto no solo reconoce y protege el Derecho a la Salud de manera individual sinotambién aquellos casos en que se afecten intereses colectivos (art. 14 6 ).Si tomara los casos de jurisprudencia en materia de Salud, reconocido como un derecho deincidencia social se verá que es cada vez mayor el número en los que por los medios constitucionalmenteprevistos son defendidos derechos de afección a la salud con incidencia colectiva.7.-Presencia de las legislaciones especificas en elProyecto de Código Civil y ComercialEste apartado solo busca ilustrar al lector de alguna normativa que directa o indirectamenteinfluye en el derecho a la salud.El proyecto transcribe, y en algunos casos amplía la protección ya otorgada en la ley específicaen los siguientes artículos: 17, 26 y 32 en cuanto a la restricción a la capacidad o incapacidadpara personas con problemas en su salud mental y los artículos 56, 58, 59 y 60 que regulan directamentela autonomía de la voluntad del paciente.Dentro del Título Preliminar en el Capítulo 4 que refiere a las reglas que confieren unasignificación general a todo el Proyecto de Código, hallamos en el artículo 17 que regula: “LosDerechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes notienen un valor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y sólopueden ser disponibles por su titular cuando se configure alguno de esos valores y según lodispongan leyes especiales”.Como puede leerse queda expresamente plasmada en la norma el valor que los miembrosredactores del proyecto, quienes siguieron los antecedentes de la doctrina, jurisprudencia nacionaly del derecho comparado, otorgan al cuerpo humano, sus partes y su psiquis; corroborandola idea sobre el valor que le dan al cuerpo humano como un bien sin valor económico.El Proyecto, que busca plasmar tratados con jerarquía Constitucional al mismo, y regula deforma expresa la capacidad de ejercicio de la persona menor de edad en lo relativo al cuidado desu propio cuerpo, siguiendo reglas generales aceptadas en el ámbito de la bioética y en el dere-6ARTÍCULO 14.- (1) Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:a) derechos individuales;b) derechos de incidencia colectiva.La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidenciacolectiva en general.cho comparado, que han desarrollado en forma exhaustiva la noción de autonomía progresiva,diferenciándola de la capacidad civil tradicional.La novedad en lo relacionado con el Derecho a la salud lo encontramos en el párrafo cuartoy quinto del artículo 26 cuando expresa:Artículo 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad.(…)“Se presume que el adolescente entre trece (13) y dieciséis (16) años tiene aptitud paradecidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometensu estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está enriesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistenciade sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interéssuperior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realizacióno no del acto médico.A partir de los dieciséis (16) años el adolescente es considerado como un adulto para lasdecisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.”El capítulo 3 trata sobre los Derechos y Actos personalísimos que corresponde, del TítuloI Persona Humana construye según Lorenzetti una esfera de la individualidad personal enaspectos como el amplio reconocimiento a los derechos personalísimos y el valor otorgado ala autodeterminación con relación a los intereses atinentes a la esfera vital de la Persona, enel marco axiológico de la dignidad humana. Normas estas que se inscriben en una fuerte tradiciónhumanista.Respecto a los derechos de los pacientes, regulada por la Ley 26.529 y que fuera promulgadaen el año 2009, la misma ha tratado cuestiones como el vínculo paciente-médico, los actosde disposición sobre el propio cuerpo, el consentimiento informado para médicos, las directivasmédicas anticipadas e investigación en salud humana. La ley se ve plasmada en sus generalidadesdentro del Proyecto de Código en los artículos 56, 58, 59 y 60.Este proyecto incluye la relación médico-paciente implícitamente en el texto del Proyectode Código, situación no hallada en el Código de Vélez.Puede observarse destacado el “principio de la autonomía de la voluntad”, ya que seatiende a los mejores intereses del paciente mirando al enfermo, dejando de lado el valor objetivode la medicina en cada situación, guiándose por el juicio de valores propio y específicode cada individuo, respetando el derecho del paciente a la autodeterminación, conservando elpoder de auto dirigirse. Podemos decir siguiendo también a Galán Cortes que se reúnen trescondiciones: intencionalidad, conocimiento y ausencia de control externo. (Galán Cortés en:Mosset Iturraspe, J. y Piedecasas M.A. 2011: 22).Artículo 56.- Actos de disposición sobre el propio cuerpo.Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminuciónpermanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas cos-Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

92< MÓNICA ALEJANDRA CANTEROSPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUD EN LA ACTUALIDAD ARGENTINA>93tumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmentede otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislaciónespecial.El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en elPrimer párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable.Para hacer mención a la introducción de la investigación en salud humana y el consentimientoinformado considero necesario a los fines de abarcar e interpretar el contenido lanorma poder definir el significado de los actos médicos. Para Joaquín Ataz López el acto médico“es aquel que solo puede llevar a cabo un médico legitimado, que recae sobre el cuerpohumano vivo o muerto, y que tiene una finalidad curativa directa o indirecta diremos siguiendo.Dentro de los actos indirectos incluimos por ejemplo extracciones de órganos cadavéricos(Ataz López en: Bueres, A 1992: 69).En el artículo 58 se encuentra la intervención del médico a través de un acto propio de suprofesión “El acto de investigación”; la norma no prohíbe las mismas pero sí como condiciónestablece que deben se comprobadas en su eficacia y seguridad, si así no fuera deberán cumplirlos requisitos que la misma ley estipula, enumerando así en 7 incisos cuestiones como:Artículo 58.- Investigaciones en salud humana. La investigación médica en salud humanarelativa a intervenciones (tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticaso predictivas) cuya eficacia o seguridad no están comprobadas sólo puede ser realizada si secumplen los siguientes requisitos:a) ser precedida de una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas para laspersonas que participan en la investigación en relación con los beneficios previsibles paraellos y para otras personas afectadas por la enfermedad que se investiga;b) contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la personaque se sujeta a la investigación; el consentimiento es libremente revocable;c) no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relacióncon los beneficios que se espera obtener de la investigación;d) asegurar al participante la atención médica pertinente, durante y finalizada la investigación;e) ser parte de protocolos de investigación para determinar su eficacia y seguridad;f) contar con la aprobación previa por parte de un comité de evaluación de ética en lainvestigación;g) contar con la autorización previa del organismo público correspondiente.Delimitando lo que se entiende por consentimiento informado o información médicapara sobre ella lograr el consentimiento del paciente diremos que: El proyecto se comprometecon el derecho de los pacientes definiendo lo que se entenderá por consentimiento informado,y amplia las personas legitimadas para prestar el consentimiento. Sostengo esto teniendo encuenta que la Ley 26.529 art. 5 no incluye algunas de las personas legitimadas en la declaraciónde voluntad. Asimismo el Proyecto amplia en los dos incisos últimos las situaciones en lasque el médico debe informar.Artículo 59.- Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud.El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaraciónde voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa yadecuada, respecto a:a) su estado de salud;b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;c) los beneficios esperados del procedimiento;d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuiciosen relación con el procedimiento propuesto;f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o delos alternativos especificados;g) en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre enestado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazarprocedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificialo al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados enrelación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan porúnico efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;h) el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de suenfermedad o padecimiento.Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento,excepto disposición legal en contrario.Si el paciente no está en condiciones físicas o psíquicas para expresar su voluntad altiempo de la atención médica ni la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puedeser otorgado por el representante legal, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegadoque acompañe al paciente. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimientosi su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.También regulado por la Ley de los derechos del Paciente, los textos se diferencian encuanto a la manifestación de la voluntad del médico quien en esta Ley 26.529 deberá aceptar.Se repite la prohibición de la posibilidad de autorizar por el propio paciente prácticas eutanásicas,respetando así el grado de evolución y maduración que para la sociedad tiene el tema.Como el reflejo de lo expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Fallo 6-4-93“Bahamondez, Marcelo” ha dicho “El estado se halla investido de título suficiente para tutelarla integridad física y la vida de las personas en supuestos como el consumo individual de estupefacienteso la práctica de la eutanasia o de operaciones mutilantes carentes de una finalidadterapéutica. En estos supuestos, no existe óbice constitucional para el castigo tanto del afectadocomo de los profesionales intervinientes, pues constituyen manifestaciones de una culturaRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

94< MÓNICA ALEJANDRA CANTEROSPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUD EN LA ACTUALIDAD ARGENTINA>95de la muerte que, al lesionar la naturaleza y la dignidad de la persona, no son susceptibles detutela ni tolerancia jurídicas (del voto en disidencia de los Dres. Cavagna martinez y Boggiano)”(CSJN, 6-4-93, “Bahamondez, Marcelo”, L.L. 1993-D-130, D.J. 1993-2-501).Artículo 60.- Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipardirectivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad.Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimientopara los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollarprácticas eutanásicas se tienen por no escritas.Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento por quienla manifestó.conclusionesComo características del paradigma del Derecho a la salud diré que:En los últimos treinta años puede observarse un paradigma proteccionista desde el reconocimientoconstitucional a los derechos humanos, la que busca la consecuente operatividadde estas normas a través de las regulaciones de ellas en un amplio esquema legislativo queprotege al sujeto de derecho, tanto en lo que se refiere a la prevención y asistencia; como sucedecuando es efectiva la búsqueda del estado de salud siendo la falta de bienestar un hecho.Hoy los derechos de los pacientes son reconocidos como derechos que van más allá delámbito económico, tratándose conforme lo hemos podido corroborar a lo largo de la exposiciónde un derecho que por formar parte del ámbito social, busca no solo el bienestar en elaspecto físico, mental sino el bienestar social del individuo, siendo esta una nueva corrientedesde el principio de siglo.Se puede observar una protección especial del llamado por los autores “débil jurídico”,quien es más sensible que el propio Consumidor o Usuario de la Ley 24240, ya que los hechosdel paciente traspasan el ámbito contractual y entran a otras esferas de la dimensión humanacomo la del dolor, las sensaciones, tan subjetivas como el bienestar humano.Respecto al Proyecto de Código Civil y Comercial, de los Juristas Ricardo Luis Lorenzetti, yElena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, podemos aportar como una primeramirada al proyecto que ha incorporado en algunos casos de manera expresa y en otros implícitamentederechos que se encuentran embanderados por el Derecho a la salud, los que están teñidospor los principios de autonomía de la voluntad, autodeterminación, según los fundamentos de esteProyecto en búsqueda de la integridad humana, la no discriminación, el derecho a la dignidad.Este proyecto en lo que refiere al derecho del Paciente, reconoce la autonomía de la voluntadal tomar decisiones que tienen que ver con su bienestar en casos como aceptar o rechazartratamientos, aceptar o rechazar información, opinar y decidir sobre los riesgos de susalud. Como novedad legislativa la inclusión de la capacidad progresiva de los menores paradecidir tratamientos.Respecto a los actos Médicos los redactores han incluido al Proyecto expresamente elvínculo médico-paciente, el que no existe en el actual Código Civil.Las incorporaciones restantes al proyecto han sido normas preexistentes en legislacionesespeciales como la Ley de Derecho del Paciente. Destacando la autonomía de la voluntaden la temática desarrollada, como también el derecho a ser informado según puedointerpretar como una manera especial de destacar la debilidad jurídica en que se encuentrael hombre en temas que no forman parte de sus saberes propios. Información que debe serprecisa y clara a fin de que éste ejerza su voluntad a sabiendas y la autodeterminación cumplalos efectos que la norma espera.No puedo dejar de expresar que estas normas justamente por rozar cuestiones tan íntimamenterelacionadas con lo religioso, filosófico, cultural, abren un gran debate, el que esperemosfinalmente nos lleve a poner al hombre en el lugar que naturalmente debe tener,delante de toda norma creada por el mismo. Lo que seguramente lograremos si somos capacesde respetar la naturaleza, sus valores y convicciones, pensándola como el de todos y no comoindividualidades que pueden llevarnos a vivir un desorden social.REFERENCIAS BibliografíaAbuelafia, E.; Berlinski,S.; Chudnovsky, M.; Palanza, V.; Ronconi,L.; San Martín, M.E.y Tommasi, M. (2002) El funcionamiento del Sistema de Salud Argentino en un contexto Federal.Según el Informe del Centro de Estudios para desarrollo Institucional Documento 77.Recuperado el 03 abril 2010 En: http://faculty.udesa.edu.ar/tommasi/cedi/dts/dt77.pdfAcuña, C y Chudnovsky M (Marzo 2002) El Sistema de salud en la Argentina Universidadde San Andrés. Recuperado 24 de septiembre 2012 En: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/salud.pdfGil Domínguez, A. (2011) El concepto constitucional de salud como bienestar social delas personas. Revista de Derecho de Daños. Daño a la salud. 2011-3. Buenos Aires: RubinzalCulzoni Editores.Hernández, C.A (2011) Algunos aspectos de la Responsabilidad médica por negativa deacceso a la salud (Horizontes e impacto de la ley sobre derechos del paciente) Revista de Derechode Daños.2011-3. Buenos aires: Rubinzal Culzoni Editores.Kipper C. M. (1998). Derechos de las minorías ante la discriminación. Buenos Aires: EditorialHamurabi.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

96< MÓNICA ALEJANDRA CANTEROSPARADIGMA DEL DERECHO A LA SALUD EN LA ACTUALIDAD ARGENTINA>97Mosset Iturraspe, J. (2011) El daño a la salud como denominación feliz del daño a la persona.Revista de Derecho de daños.2011-3 Daños a la salud. Buenos Aires: Rubinzal CulzoniEditores.Mosset Iturraspe, J.; Mosset Iturraspe, C. y Mosset Iturraspe, M.R (2012) Daño a la Salud.Estudio sobre el Proyecto de Nuevo código Civil y Comercial. Resistencia: Editorial Contexto.Mosset Iturraspe, J y Piedecasas, M (2011) Derecho del Paciente. Doctrina-Jurisprudencia.(1ª. Edición) Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores.Tobar, F (23 de agosto de 2001) Herramientas para el análisis del sector salud.Recuperado el, 11 de octubre de 2011 En: http://www.isalud.com/htm/site/documentos/13_Archivo_largo.PDFcurriculum vitaeMÓNICA ALEJANDRA CANTEROSAbogada. Especialista en Docencia Universitaria. Docente e Investigadora categorizada en laFacultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Docente de gradoen las asignaturas: Instituciones del Derecho Privado I y Metodología de la Investigación Científica.Docente de Postgrados en áreas Jurídicas, Pedagógicas, Didácticas y de Metodología dela Investigación. Alumna del Doctorado en Ciencias Cognitivas Fac. Humanidades UNNE. Autorde materiales de estudio y publicaciones: capítulos de libros como de artículos científicosen revistas del país y del extranjero. Miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales dela Academia Nacional de Derecho de Córdoba, en la Región Nordeste.mcanteros@eco.unne.edu.arcanterosmonica@gmail.comRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

CONTRATOS DE PRODUCCIÓNAGROINDUSTRIAL.PRINCIPALES CARACTERÍSTICASY REFLEXIONES ENTORNO A SU UTILIZACIÓNELOISA HARAVÍ RUIZUniversidad Nacional del Nordeste - UNNERevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“Aquellos que fueron vistos bailando fueron juzgadosinsanos por los que no podían escuchar la música”.F. Nietzsche.

100< ELOISA HARAVÍ RUIZCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS...>101Recibido: 12/02/2013Aceptado: 11/04/2013RESUMENos contratos agroindustriales son una de las herramientas contractuales más utilizadaspara instrumentar las actuales demandas del mercado de producción alimentaria.Diversos autores han caracterizado este contrato, clasificado sus cláusulas másusuales, e identificado sus funciones y finalidades de acuerdo a las prácticas contractualesy el análisis de legislación existente en países como Estados Unidos. Argentina, sin embargo,aún no cuenta con legislación específica. Este contrato crea un tipo de relación entre las partesque es única y diferente a los demás contratos agrarios tradicionalmente utilizados, buscandogarantizarse la provisión de un producto agrario por un lado y garantizando la colocación de laproducción por otro. Asimismo este acuerdo acentúa los procesos de integración de los diversossectores productivos, que llevado a un extremo implica una pérdida casi absoluta del manejo dela propia empresa por parte del agricultor, corroborándose además la existencia frecuente deuna marcada asimetría en perjuicio de los agricultores, remarcándose la necesidad de creacióno aplicación de un régimen tuitivo especial. Así, algunos autores han ensayado la posibilidad deaplicación de la Ley del Consumidor ante la advertencia de un desequilibrio. Por otro lado, en elmarco actual de creciente concentración económica, liberalización y retracción del aparato Estatal,el fenómeno de la contratación agroindustrial puede juzgarse preocupante para la pequeñaempresa agraria, quien padece una dependencia y subordinación crítica hacia los empresarioselaboradores e industriales, surgiendo así el interrogante sobre el rol que el Estado desempeñaen este tipo de relaciones contractuales y las concretas consecuencias de sus ausencias.Palabras clave: pequeños productores – agricultura por contrato – agroindustria.ABSTRACTProduction Contracts are one of the most used contracts in order to respond the alimentaryproduction´s demand. Several authors have been described this contract, its clauses and functionsaccording the real practices and the legislation from countries like United States. However,Argentina still doesn´t have a specific production contract regulation. This contract creates aspecial relation between parties, which is quite different than most traditional agrarian contracts.It seeks to guarantee a specific production and a certain price. Also, this agreement increaseintegration process in the production chain, which in an extreme way would mean the loose offarm´s independence. Furthermore, we can frequently find asymmetric bargaining power betweenparties which point out regulation´s necessity. In this way some authors have tried the applicationof Consumer´s Law. Finally, in the current political and economic scenery the production contractsphenomenon would be worrying for the small farmers, emerging some important questions likewhich is government role in this situation and which are the real consequences of its absence?Keywords: small farmers – contract farming – agribusiness.1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y FACTORESDE SU DESARROLLOHistóricamente, el mecanismo de comercialización de los productos agrícolas fue la ventadirecta en los mercados al contado o abiertos (“spots marktes”), sin embargo esto se hamodificado progresivamente en el último siglo.Estos cambios son imputados a una gran variedad de factores entre los cuales podemosnombrar el proceso de globalización, el progreso tecnológico (agrícola específicamente y comunicacionalen general), el aumento de la demanda mundial de alimentos y la expansión delos derechos del consumidor así como al “refinamiento” de sus preferencias en cuanto a calidady especificidad de los productos consumidos 1 .Más allá de los factores que han originado estos cambios, lo que a nuestro análisis interesaes una de las herramientas contractuales más utilizadas para instrumentar las actualesdemandas del mercado de producción alimentaria 2 .Algunos autores han encarado el fenómeno de las nuevas modalidades de contrataciónde manera global, denominándolas “agricultura por contrato 3 ”, haciendo referencia a losacuerdos que se dan entre los agricultores y empresarios transformadores o comercializadoresque tienen por objeto organizar la producción futura a precios generalmente determinados.Asimismo, éstas figuras contractuales disponen la prestación de servicios de asistencia técnicay suministro de insumos por parte de los empresarios con el objetivo de lograr un producto dedeterminada calidad (Eaton y Shepherd, 2001).La descripción anterior establece una caracterización de las modalidades de contrataciónagroindustrial genérica, aplicable a un ámbito más extenso del que creemos pertenece estrictamentea los contratos de producción agroindustrial propiamente dichos.Los mismos autores establecen seguidamente una clasificación de las modalidades o cláusulascontractuales, diferenciándolas según la “intensidad del arreglo contractual”, es decir deacuerdo con la complejidad de las disposiciones contractuales que se prevean en el contrato,dividiéndolas en las siguientes:- Disposiciones (cláusulas) sobre mercado: El agricultor y el comprador acuerdan lostérminos y condiciones para la compra y venta futura de un cultivo o producto agrario;1Entre algunos de los autores que han descripto el fenómeno, podemos destacar: Ledesma, “El mayor poder adquisitivo de unaparte de la población mundial impulsa nuevos hábitos de compra, muy ligados a la nutrición y la salud. Por ello se advierte unaclara tendencia al consumo según criterios cualitativos más que cuantitativos” (Ledesma, 2007). En el mismo sentido Victoria “cadavez hay una mayor exigencia de calidad en todos los aspectos de la vida humana. El hombre moderno es cada vez más conscientede sus derechos y exige calidad en los productos que adquiere nada más y nada menos que para su alimentación” (Victoria, 2008)2No es ilógico decir que en su mayoría, estos instrumentos contractuales son diseñados por las industrias, que son quienesobtienen los mayores beneficios.3Eaton Charles y Shepherd Andrew W. (2001), Schejtman, Alejandro (1994), Minot Nicolás (1986), Hamilton Neil (1994, 1995),entre otros.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

102< ELOISA HARAVÍ RUIZCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS...>103- Disposiciones (cláusulas) sobre recursos: Junto con los arreglos sobre comercialización,el comprador acuerda suministrar insumos seleccionados, incluyendo, en ciertas ocasiones,la preparación de la tierra y la asistencia técnica;- Definiciones (cláusulas) sobre administración: El agricultor acuerda aplicar los métodosde producción recomendados, los regímenes de insumos, y las especificaciones sobreprocedimiento de cultivo y cosecha.Podemos observar que el esquema clasificatorio propuesto diferencia tres tipos de cláusulasque pueden encontrarse en estos contratos. Según el criterio que sostenemos, un contratoagroindustrial propiamente dicho, sería aquel que reúne los tres tipos de cláusulas, es decir,aquel contrato que contiene disposiciones reglamentando los tres aspectos mencionados.Observamos entonces, que desde aquellos contratos que solo disponen reglas básicassobre el intercambio del producto por un precio (más asimilables al clásico contrato de compraventa)hasta aquellos que llegan a determinar mínimos detalles respecto del tracto de ejecucióncontractual, existe un considerable aumento de la cantidad de aspectos normados, asícomo una mayor “intervención reglamentaria” en la actividad productiva que debe llevar acabo el agricultor.2. PAÍSES DONDE ADQUIRIÓ MAYOR DESARROLLO. CONCEPTOSEstos instrumentos negociales adquirieron un importante desarrollo en Estados Unidos,Francia, España e Italia, países que desde hace algunas décadas ya cuentan con legislaciónespecífica para regularlos.En general, los esquemas contractuales utilizados en los países nombrados son similares(en cuanto a la prestación principal, partes intervinientes y modalidades), siendo las diferenciasque contienen consecuencia de los distintos modos de legislarla y de los diversos sistemase instituciones jurídicas. Con las anteriores salvedades, todos los contratos calificados generalmentepor la doctrina como de producción, poseen recurrentes características.Como primera aproximación, comentaremos algunas de las caracterizaciones de aquellosautores que han concentrado su trabajo en el estudio de esta figura.En este sentido Neil D. Hamilton 4 (1995), uno de los autores que ha estudiado exhaustivamenteel tema en Estados Unidos 5 , la ha caracterizado como un acuerdo a plazo fijo legalmentevinculante, perfeccionado antes de que comience la producción, en el que un productorse compromete a vender o entregar un cultivo específico, producido en hectáreas identificadasy designadas contractualmente, y realizado de acuerdo a especificaciones técnicas esta-blecidas al contratista, por el cual recibe el pago de un precio (fijo o calculado de acuerdo aun procedimiento establecido en el contrato), o bien es aquel acuerdo donde se comprometea alimentar y cuidar del ganado o de aves de corral propiedad del contratista hasta el momentoen que los animales son retirados, a cambio de un pago en función del rendimientode los animales. Según el acuerdo, el productor puede no tener la titularidad legal [de lapropiedad] de la cosecha o el ganado, siendo un depositario, declarándose además comocontratista independiente y no un empleado o empresa vinculada con el contratista 6 ”.Expresa Hamilton que este contrato crea un tipo de relación entre las partes que es únicay diferente a los demás contratos agrarios tradicionalmente utilizados. Para él, las distincionesmás importantes con las herramientas contractuales clásicas, son que estas últimas noincluyen cláusulas que facultan al co-contratante a controlar el proceso productivo (es decir, laejecución de la prestación a cargo del productor agrario), no contemplan la posibilidad de quelo producido sea propiedad del empresario procesador desde la siembra 7 , y que los contratostradicionales requieren la “venta” y por ende la transferencia de la propiedad de lo producidoal final del ciclo, que no necesariamente se lleva a cabo en los contratos agroindustriales, si noque solo se “entrega” la producción en atención a que el productor la mayoría de las veces nuncafue estrictamente “propietario” de lo sembrado y cosechado. La clave está en que en todaslas formas o figuras “clásicas” de comercialización de los bienes producidos, la producción espropiedad del agricultor hasta la venta (Hamilton, 1995), cuestión que no ocurre, como vimos,en los contratos agroindustriales norteamericanos.Esta característica no se encuentra presente en los contratos de producción agrícola denuestro país, donde el agricultor sí es propietario de lo sembrado y cosechado, y donde sí existeuna venta (y transferencia de propiedad) de lo producido al industrial al finalizar el mismo.En cambio, es común la “retención de la propiedad” en cabeza del procesador industrialen el caso de los contratos de producción de cría animales (avícola, ganaderos, porcinos, etc.).Esto se debe principalmente a que en el contrato agroindustrial de siembra, el empresario vendelas semillas al productor, existiendo por ende traspaso de propiedad a favor del agricultor, adiferencia de los contratos de cría o engorde de ganado donde solo se entrega la tenencia de lascrías o animales para engorde al productor, no existiendo una venta en la mayoría de los casos.Por otro lado, podemos citar a Christopher R. Kelley (1995) quien focalizando en otrosaspectos de esta figura contractual, comenta al respecto que frecuentemente el contratante[empresario elaborador] es el que transforma el fruto agrario producido bajo este contrato6La traducción me pertenece.4Director del Agricultural Law Center en Drake University Law School, Drake University Law School, Des Moines, Estados Unidos.5Es oportuno aclarar que los Estados Agrícolas de aquella nación tienen regulado este Contrato desde hace varias décadas; normativaque es complementada por disposiciones reguladoras de la Competencia y Comercialización de nivel Federal.7Se sostiene que el empresario industrial o semillero titular de la propiedad de la semilla, mantiene dicha propiedad sobre elcultivo que nace de ellas, produciéndose una suerte de transformación o mutación del objeto cuya propiedad detenta, manteniendoen todo momento un acuerdo llamado en el derecho norteamericano Bailment Agreetment con el productor agrícola(figura inexistente en nuestro derecho, que consiste en la transferencia de la posesión de una cosa pero no su propiedad).Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

104< ELOISA HARAVÍ RUIZCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS...>105en un producto de mayor valor agregado. Los contratos de producción permiten a este contratantecontrolar tanto la cantidad como la calidad de lo que ellos producen. Otros contratantescomercializan los frutos sin darles ningún valor agregado, pero usan los contratosde producción para preservar la identidad de sus productos y para controlar el acceso a supropiedad intelectual biotecnológica. Un grupo más pequeño pero significante de contratantes,son los mismos agricultores que utilizan los contratos de producción para completar unaetapa el ciclo productivo que está más allá de sus propias habilidades y capacidades 8 .Esta definición se concentra en describir algunos de los motivos de la utilización de estafigura y que quizás configuran algunas de las razones del vertiginoso crecimiento de su uso: elcontrato de producción es un modo eficaz de asegurarse regularmente un insumo altamenteespecífico en cuanto características organolépticas, así como es una herramienta de reproduccióny control de “cultivos con identidad preservada 9 ”.En efecto, incluyendo cláusulas que regulen derechos de propiedad intelectual involucradosen el uso de ciertas variedades de semillas, se busca controlar y restringir el acceso abiotecnología, explotando las regalías de su uso en el mayor margen posible y restringiendoasimismo el manejo de las semillas por parte del productor 10 .Por último, Kelley enumera en su caracterización otra posible finalidad: la de aquellosproductores agrícolas que deciden la utilización del contrato para dar algún valor agregado ogrado de elaboración a su producción antes de comercializarla. En este último supuesto, queencontramos más cercano a la maquila, el contrato no es de producción agrícola propiamentedicho, si no de elaboración o procesamiento. El objeto contractual deja de ser la siembra, produccióny cosecha o cría para pasar a ser de elaboración de cierto producto derivado o mejorado(procesados, embasados, refinados, etc.).En nuestro país la maquila es usada comúnmente para la elaboración de azúcar, vino yaceite. Este contrato fue receptado legalmente en nuestro país para la vitivinicultura por Ley18.600, y aplicado prácticamente con carácter de emergencia por Decreto del Poder Ejecutivoen 1985 para la comercialización de caña de azúcar. Posteriormente por Ley 25.113 de 1999 sereceptó la figura, asignándole carácter general.En ambos casos el agricultor mantiene la propiedad de la materia prima durante todo elproceso productivo, y pesa sobre el empresario elaborador las obligaciones de “hacer” consistentesen la elaboración y entrega en tiempo oportuno del producto.Por lo que se puede observar de la breve descripción anterior, la maquila es un contratoque si bien tiene por objeto la “producción”, lo es en el sentido de la elaboración o manufacturaciónde un producto derivado del fruto agrario, por lo que el objeto difiere de lo que aquídenominamos contrato agroindustrial propiamente dicho.Por todo lo anterior, consideramos que el contrato de maquila sería más bien un antecedentede los contratos agroindustriales, ya que no contiene la mayoría de los caracteres complejosque describimos en este artículo.De todos modos, es un tema que merece ser analizado con mayor atención, ya que estecontrato se encuentra legislado en nuestro país mediante la ley 25.113, cuyo artículo 6 establecesu aplicación obligatoria para “todos los contratos agroindustriales”. Creemos que esta pretendidaaplicación extensiva a “todos” los contratos agroindustriales no es adecuada ni posibleen la actualidad, ya que dicha norma resulta totalmente inidónea para regularlos debido a suactual complejidad y diferencias, como acabamos de esbozar.Asimismo, entre los autores argentinos, Casella (2001) al igual que Kelley, incluye comocontratos agroindustriales a aquellos acuerdos que buscan garantizar al industrial y/o comerciantela provisión de determinado producto de cierta calidad y en el tiempo convenido, peroresaltando también que de este modo el productor agrario se garantiza la colocación de su produccióna precios de referencia, pudiendo contar con el adelanto de insumos y/o de recursosfinancieros, y asistencia técnica. Asimismo Casella pone énfasis en que el presente acuerdo acentúalos procesos de integración de los diversos sectores productivos, llegando incluso a actuar elproductor agrario en algunos casos como una mera empresa de servicios del procesador.El destacado agrarista argentino remarca en su caracterización del contrato los procesos deintegración de fases productivas implicados en la adopción de este tipo de figura legal, que llevadoa un extremo implica una pérdida casi absoluta del manejo de la propia empresa por parte del agricultor,quien se convierte en un mero ejecutor de órdenes del empresario comercial, un prestadorde servicios, pero manteniendo consigo todo el riesgo empresarial propio de la fase productiva.Finalmente, luego de haber expuesto algunas importantes caracterizaciones de esta figura11 podemos aventurar un concepto: el contrato de producción agroindustrial esaquel por el cual una parte (industrial, procesador, acopiador o comerciante) convienecon un agricultor o ganadero, cierta producción agrícola o cría de animales enun lugar específico (parcela de campo o establecimiento agrícola) detallandosu cantidad y calidad, a cambio de una contraprestación que generalmente esun precio en dinero (que puede ser fijo o determinable a través de sistemas preestablecidoscontractualmente, incluyendo premios o castigos por los logros productivos), peroque también puede consistir en parte de lo producido. Asimismo, el industrial8La traducción me pertenece.9Protegidos por el derecho de propiedad intelectual.10Este tema se relaciona con una de las cuestiones más debatidas en la actualidad respecto a los derechos de propiedad intelectualen el mundo agrario: los desarrollos biotecnológicos y la extensión de la protección legal a derechos de propiedad intelectualaplicados a cultivos y sus productos derivados, así como el conflicto que esto genera con derechos tradicionalmente reconocidos alproductor (derechos del obtentor, etc.).11Dejamos sin embargo aclarado que hemos omitido la inclusión de definiciones dadas por famosos tratadistas como las dadas por elDr. Brebbia Fernando P., por estrictas razones de brevedad, las cuales no son menos importantes que las expuestas en este artículo.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

106< ELOISA HARAVÍ RUIZCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS...>107provee los insumos más importantes al productor (la semilla y/o fertilizantes, elganado para cría o engorde, etc.) en forma de adelanto y a cuenta de precio, y elcumplimiento del acuerdo frecuentemente es garantizado por el agricultor mediantealgún título de crédito ejecutivo. El productor además está obligado contractualmentea respetar ciertas directivas técnicas de cría o manejo del cultivo,estableciéndose expresamente prerrogativas (facultades) de control del cicloproductivo a favor del empresario industrial.3. SUS RASGOS LEGALES TÍPICOSAvanzando en el análisis que proponemos, intentaremos puntualizar los rasgos sobresalientesy distintivos de esta figura, recurriendo para ello a conceptos y clasificaciones provenientesde la Teoría General de los Contratos.Para comenzar, debemos resaltar que este contrato se perfecciona entre dos sujetos claramentedefinidos. Los contratantes son, por un lado un agricultor o empresario agrario 12 , ypor otro lado un empresario 13 procesador o industrial, o una empresa titular de derechos sobresemillas genéticamente modificadas protegidas legalmente con patentes 14 .En segundo lugar, sostenemos junto con la mayoría de la doctrina, que el contrato enestudio es un contrato de carácter bilateral, oneroso y de tracto sucesivo. De modo que, comoconsecuencia de la existencia de obligaciones recíprocas que deben ser cumplidas en diferentesmomentos temporales, surgen una serie de consecuencias legales.Siguiendo a Lorenzetti (2004) y Gregorini Clusellas (2009) en este punto, enumeraremosbrevemente algunas de las más importantes que consideramos aplicables al contrato analizado,sin por ello descartar la existencia de otras.Opera la obligación del doble ejemplar (art. 1021 Cód. Civ.)Una de las partes no incurre en mora si la otra no cumple o no se allana a cumplir laobligación que le es respectiva (art. 510 del Cód. Civ.)Existiendo obligaciones recíprocas, una de las partes no puede demandar el cumpli-12No se profundizara en estos conceptos por exceder el propósito del artículo. Sin embargo se recomienda la lectura de la conocidaobra “Derecho Agrario” (Brebbia Fernando P. y Malanos Nancy, 1997, p. 182-186) en donde el famoso Agrarista realiza algunasprecisiones terminológicas respecto al concepto de Empresario Agrario.13En igual sentido que lo aclarado en la nota anterior, podrá consultarse obras de Derecho Comercial como las escritas por el DoctorGarrone José A., titulada “Derecho Comercial” (2004, p. 125-131).14Existen en la actualidad en el ámbito internacional y nacional dos sistemas protección de la propiedad industrial para las nuevasbiotecnologías referidas a la materia viva: el Sistema de Patentes y el Sistema de Derecho del Obtentor. Nuestro país protege estas diferentesinnovaciones a través del derecho de patentes establecido en la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481y su Decreto Reglamentario N° 260/96, cuya autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y por elsistema de derecho de obtentor establecido por la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas para las variedades vegetales,su Decreto Reglamentario N° 2183/91 y el Decreto 2817/91 cuya autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Semillas (INASE).miento si no prueba que ella cumplió u ofreciese cumplir (1021 Cód. Civ.). Una de las partestiene derecho a suspender el propio cumplimiento hasta que la otra cumpla la prestación a sucargo, siempre que haya un plazo vencido.Suspensión del propio cumplimiento: en la compraventa (y creemos que analógicamentees aplicable) el deudor de entregar la cosa, puede no hacerlo si el comprador está eninsolvencia (art. 1419 Cód. Civ.).Resolución: aquí se aplica el pacto comisorio (arts. 1203 y 1204 Cód. Civ. y 204 del Cód.Com.).Imposibilidad de pago: cuando la prestación se vuelve física o legalmente imposible sinculpa del deudor (art. 888 Cód. Civ.). El efecto en estos casos es la restitución recíproca de loentregado (art. 895, Cód. Civ.). Sin embargo muchas veces esto no será posible en atención alobjeto específico del contrato. No se concibe por ejemplo, que el productor pueda devolver lassemillas plantadas, o el pesticida o fertilizante utilizado.Habrá que ver en cada caso concreto, si es justo y lícito el cobro íntegro de dichos insumosadelantados, o si por el contrario la imposibilidad sobreviniente de cumplimiento es unriesgo que debe ser soportado por ambos contratantes.Existencia de Lesión: solamente aplicable a los actos jurídicos bilaterales y onerosos, yen caso de verificarse lo exigido por la norma.Aplicación de la Teoría de la Imprevisión. Revisión del Contrato (art. 1198 Cod. Civ.):sabemos que, según esta teoría receptada legalmente con la última gran reforma al CódigoCivil, si alguna de las prestaciones a cargo de las partes se tornara excesivamente onerosa porun hecho posterior, imprevisible y extraordinario, si no hubiere culpa ni mora de su parte, éstapodrá pedir resolución del contrato, mientras que la otra podrá pedir un reajuste para evitarla resolución del mismo. Sin embargo, debido a la cuantía y la naturaleza de las prestacionesen juego, creemos que el afectado por la excesiva onerosidad podrá pedir reajuste de su prestaciónab initio y no solo la resolución.Tercero, como expresamos anteriormente, nos encontramos frente a un contrato de tractosucesivo. Con respecto a esta característica, conviene destacar que la mayoría de las obligacionesen el contrato en estudio son cronológicamente correlativas. Es decir, cada obligación (quecomo vimos no es una, si no varias) tiene cronológicamente un momento diferente y específicode cumplimiento. A modo de ejemplo, la obligación de suministrar los insumos tiene una épocade cumplimiento que es anterior a las obligaciones (o facultad) de control, de recepción de lacosecha, y de pago. La obligación de suministrar las semillas es anterior a la de suministrar lospesticidas, pero esta última a su vez es temporalmente anterior a la de recibir la cosecha.En consecuencia, el cumplimiento tardío o deficiente de alguna de estas prestacionespodría alterar negativamente la cadena de ejecución de prestaciones, produciendo perjuiciosirreparables al cumplimiento de las prestaciones de la otra parte. Por ejemplo, la entrega tardíade las semillas para siembra, puede repercutir luego en la calidad o cantidad de producciónlograda; también pueden provocar tal daño la falta de entrega o entrega deficiente (porRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

108< ELOISA HARAVÍ RUIZCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS...>109ejemplo, menos cantidad de la necesaria) de pesticida, fertilizantes, o vacunas en el caso delcontrato de cría o engorde de animales. No debemos olvidarnos además que estamos frentea un contrato que tiene como objeto la producción agraria, la cual cumple un ciclo biológicoprácticamente inalterable, por lo que los plazos de cumplimiento de las diferentes prestacionesse tornan aun más estrictos y fatales que en otros contratos.En otro orden de ideas, consideramos de suma importancia determinar cuál es el objetodel contrato en estudio. ¿El productor se obliga principalmente a la producción de determinadofruto o a la entrega (venta) en determinada fecha de ese fruto? El estudio de esta cuestiónnos lleva a determinar si nos encontramos en presencia de un contrato más cercano a la locaciónde obra (si optamos por concentrarnos en la actividad productiva del fruto o el proceso decría o engorde) o de una compraventa –de cosa futura si se quiere- (si decidimos que lo centralen el contrato es la venta o entrega de ese fruto producido, al final del proceso productivo).Esta diferencia no es solo teórica, ya que la aplicación o asimilación a uno u otro régimen,trae consecuencias diversas en la regulación aplicable.A nuestro criterio, esta definición va a depender de que el objeto se trate de la cría o engordeanimales, o de un contrato cuyo objeto es la producción de determinada cosecha. Efectivamente,en el caso de animales para engorde, creemos que se trata de Contrato de Locación yno de una Compraventa, ya que el ganado nunca es propiedad del agricultor que se encarga delengorde, si no que éste se limita a prestar una obligación de hacer (servicio de cría o engorde)al dueño del ganado, siendo por ello la figura contractual en análisis más cercana a las locaciones(de servicio o de obra) que a una compraventa.Resulta más complicada la determinación de la naturaleza del contrato cuando tiene porobjeto la siembra y cosecha agrícola, ya que en este caso sí existe propiedad del agricultorsobre lo sembrado y cosechado hasta el momento de la entrega al empresario industrial o comercialal finalizar el contrato.Creemos que aquí nos encontramos con una figura más cercana al contrato de compraventade cosecha futura, ya que existe traspaso de propiedad a cambio de un precio, y se perfeccionasobre un objeto que todavía no existe 15 .Sin embargo, dada la naturaleza compleja de la presente figura, observamos que sus caracteresexceden ampliamente la simple compraventa futura. La existencia de múltiples obligacionescorrelativas vinculadas al objeto principal, pero a la vez con cierta autonomía (casodel adelanto de insumos a cuenta de precio, o de la emisión de garantías por parte del productor)nos sugiere la importancia que tiene en la figura en examen el tracto de ejecución contractual,es decir, el desenvolvimiento del proceso productivo.Por último, queremos remarcar la existencia de un complejo de prestaciones, ya quecomo expresa Confortini y Zimatore “el contrato agroindustrial supone una relación en la quese combina “una densa trama de obligaciones recíprocas”, las que, además del efecto traslativode la propiedad sobre los productos objeto del contrato, hace nacer múltiples obligaciones dehacer” (Confortini y Zimatore en Brebbia y Malanos, 2002).Es así que se puede identificar una prestación principal declarada como objeto del contrato(la producción a cambio de un precio) y una variada gama de prestaciones consistentesen obligaciones de hacer, no hacer y de dar que pueden ser llamadas secundarias.En efecto, si consideramos estas últimas en relación a la principal, claramente vemos sucarácter de “satélites”, ya que ayudan al cumplimiento de la obligación central. Sin embargo,si analizamos individualmente el contenido de estas prestaciones accesorias, observaremosque configuran una suerte de pequeños contratos anexados al principal. A modo de ejemplo,la provisión de insumos inicial se realiza generalmente a cuenta de precio, es decir, se difieresu pago al momento de la entrega de la producción, momento en el que serán descontados delprecio a recibir por el productor agrario, quedando lisa y llanamente configurado un contratode compraventa financiada, por lo que será aplicable a nuestro criterio, por ejemplo, la garantíapor vicios redhibitorios.También sostenemos que configura un contrato accesorio vinculado al principal el frecuentelibramiento de títulos de crédito ejecutivos a fin de garantizar la operación (el cumplimientodel contrato). Por ello, teniendo en cuenta las consecuencias legales que trae aparejadoun título ejecutivo (abstracción de la causa que le dio origen, independencia, etc.) es recomendableque al menos sean vinculados al negocio en virtud del cual se emiten. En realidad,considerando la ejecutividad que estos instrumentos traen aparejados, no es recomendablesu utilización para garantizar contratos como el que estudiamos, ya que si por algún motivoel contrato principal no puede cumplirse por causas ajenas al productor o extraordinarias aambas, estos títulos serían de cualquier modo ejecutables, dejándolo expuesto a tener queafrontar pagos injustificados o abusivos.En este sentido, podría ser de utilidad la teoría de la conexidad contractual 16 , ya que muchasveces estos títulos, o la toma de empréstitos personales garantizados a través de fianzas,prendas o hipotecas, son motivados en la necesidad de cumplimentar requisitos exigidos porlas empresas comerciales o elaboradoras para perfeccionar el contrato. Este esquema comentadose ha visto con mucha frecuencia en el sector avícola.15Sobre la semilla opera un proceso de transformación. Cabe discernir si la semilla es el trigo (en un estado de evolución posterior)u opera una transformación, siendo ambos entidades diferentes.16Recomendamos en este punto el extenso análisis que hacen prestigiosos autores de la doctrina nacional en la Revista de DerechoPrivado y Comunitario de Editoral Rubinzal Culzoni, 2007-2, titulada “Contratos Conexos”.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

110< ELOISA HARAVÍ RUIZCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS...>1114. REFLEXIONES EN TORNO A LOS CONTRATOSAGROINDUSTRIALES, SUS FUNCIONES EN ELSISTEMA PRODUCTIVOFinalmente, pasando a la segunda parte de este artículo, trataremos brevemente de dejarplanteada algunas reflexiones referentes a este contrato, sus funciones en el sistema productivoactual y su uso. Aspectos que, desde nuestro punto de vista, deben ser estudiados con mayorprofundidad en aras de una cabal comprensión de la figura contractual y su rol e implicanciasen la actualidad.4.1. EL USO CRECIENTE DE CONTRATOS DE ADHESIÓN EN LASCONTRATACIONES AGROINDUSTRIALES Y LA PROLIFERACIÓNDE CONTRATOS CON CLÁUSULAS ABUSIVASLa doctrina nacional e internacional especialista en el tema ha dicho que la ausencia decontrol estatal y de configuración legal como en el caso Argentino, produce como resultado enel plano de la realidad un terreno propicio para la aparición y proliferación de contratos y prácticasabusivas, cuando las partes contratantes poseen desiguales poderes negociales. En otraspalabras, cuando algún tipo de situación de vulnerabilidad 17 afecta a alguno de los contratantes.En el caso en estudio, se corrobora la frecuente existencia de una marcada asimetría enperjuicio de los productores agrarios, basada fundamentalmente en la gran dispersión de laoferta por razones de lejanía geográfica de las producciones y una reducida capacidad negociadoradel sector, entre otros motivos (Formento y Pilatti, 2004). A esto agregaríamos laexistencia no poco frecuente de debilidad o vulnerabilidad estructural del sector.Algunos autores señalan que la ley 24.240 (Ley del Consumidor) debería prever la aplicabilidadde su normativa también a aquellos contratos en los que, aún cuando la parte “débil”no sea consumidor final, las circunstancias permitan advertir un evidente desequilibrio o faltade equidad en el contenido de la contratación, como consecuencia de la posición dominante enel mercado de una de las partes 18 .Sabemos que el empresario ha sido tradicionalmente excluido de la noción de consumidorporque los bienes por éste adquiridos normalmente son utilizados a su vez para procesosproductivos 19 . Surge así el problema que plantea el caso del pequeño empresario que contratacon grandes proveedores, por ejemplo para la compra de tecnología.Creemos que no existen diferencias sustanciales con lo que le acontece al consumidor enmuchas ocasiones al comprar un producto tecnológico, en cuanto a la existencia de grandesasimetrías en la información.En este último sentido, se señala que el concepto de consumidor ha tendido recientementea su ampliación, principalmente en razón de ciertas situaciones en las cuales el adquirentese encuentra en condiciones de debilidad asimilables a las que padece el consumidor, perosin calificar dentro de la categoría, como es el caso de los pequeños comerciantes, profesionesliberales, etc. (Mosset Iturraspe y Wajntraub, 2008).La aplicación de la ley del consumidor en estos casos es un tema arduamente discutido,más aún cuando se trata de pequeñas empresas y microempresas 20 . Sin embargo actualmenteen Argentina, la doctrina mayoritaria niega la aplicación de este régimen tuitivo a este tipo derelaciones, en razón del destino final del bien objeto de la contratación 21 .4.2. LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA AUSENCIA DEPOLÍTICAS PÚBLICAS ESTATALES ESPECÍFICAS PARA ELSECTOR Y EL AUMENTO DE CONTRATOS ABUSIVOSComo habíamos comentado en la introducción del presente artículo, mientras la agriculturapor contrato se remonta al Siglo XIX en los Estados Unidos y al menos a la década de 1940en América Latina, en los últimos años estas prácticas contractuales han experimentado unaexpansión considerable en todo el mundo, llamando la atención de los partidarios y detractoresdel fenómeno (Warning y Soo Hoo, 2000).Desde un punto de vista, se sostiene que este tipo de contrato ha sustituido y reemplazadola ausencia y retracción del Estado en el sector como proveedor de insumos subsidiados,de servicios de extensión técnicos, de crédito “barato”, etc. En este sentido se sostiene quelas empresas privadas pueden desempeñar los mismos roles y de manera más eficiente. Encambio, otro sector doctrinario considera a estos contratos como instrumentos a través de loscuales las empresas agroindustriales pueden imponer relaciones desiguales de poder con losproductores, en particular con los pequeños (Warning et al, 2000).Desde este último punto de vista, en el marco actual de creciente concentración económica,de liberalización y retracción del aparato Estatal, el complejo fenómeno de la contratación17Con respecto al desarrollo del concepto y clases de vulnerabilidad, se recomienda la lectura de LORENZETTI, Ricardo Luis, “Consumidores”Segunda Ed. Actualizada. Rubinzal Culzoni Ed. 2009. Sta. Fe. Págs. 35 a 40.18Algunos autores han hablado de abusos de posición dominante en las contrataciones agrarias (SARAVIA, Luis Adolfo, “Abusoscontra Productores: abuso de posición dominante en las actividades agropecuarias”, Ed. Milor, Salta 2007).19En este sentido: Resolución Mercosur GMC 123/96.20La doctrina Francesa ha decidido a favor de la aplicación del estatuto a casos entre empresarios, cuando se observa la noespecialidad de uno de ellos respecto del objeto del contrato (Lima Márquez, 2005).21En este sentido, resulta interesante destacar, a modo ejemplificativo, la ley 20.16 de Chile, que, buscando equilibrar las relacionesentre los proveedores de bienes y servicios y las micro y pequeñas empresas sanciona esta ley con el objetivo de queeste tipo de relaciones comerciales se desarrollen bajo el mismo concepto de protección al consumidor, que hoy consagra lalegislación nacional chilena. De esta manera, se transforma a la Mype (MicroPyme) en un sujeto activo de derechos y accionesconsagrados en la Ley de Protección al Consumidor, respecto de las relaciones con sus proveedores.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

112< ELOISA HARAVÍ RUIZCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS...>113agroindustrial puede juzgarse por lo menos preocupante para la pequeña empresa familiaragraria o los pequeños productores, quienes padecen una dependencia y subordinación críticahacia las empresas agroproductoras neurálgicas, si no se cuenta con la legislación, los instrumentosy los criterios interpretativos adecuados, es decir con el acompañamiento de un Estadoque dé respuestas adecuadas y eficientes a las necesidades del sector (Casella, 2001).Es así que en el contexto antes descripto, surge la preocupación sobre el papel que el Estadodesempeña en este tipo de relaciones contractuales y las concretas consecuencias de sus omisiones,ausencias y falta de respuesta a las demandas del sector, así como el verdadero impacto dela promulgación de normas específicas, programas y actividades de asistencia al sector.Es así que surgen interrogantes acerca de la existencia de alguna relación entre la mayordesregulación sobre la actividad agrícola como política de Estado y la proliferación de estascomplejas relaciones contractuales. Asimismo, también nos preguntamos si existe alguna relaciónentre la proliferación de contratos altamente desiguales y subordinantes y la ausenciade regulación específica del Estado.La importancia de una investigación que aporte a la aclaración de estos interrogantessin dudas dejará en evidencia el impacto de la falta de políticas públicas en la “calidad” decontratos agroindustriales a la cual se someten los pequeños productores, contribuyendo aesclarecer el rol actual del Estado en tales prácticas, de primordial importancia para el diseñode programas y políticas de asistencia.En este sentido, adelantamos que consideramos que la ausencia de Políticas Públicas específicasdel Estado hacia el sector ha facilitado la aparición de prácticas abusivas y lesivas enlas relaciones contractuales agroindustriales, principalmente aquellas que se concretan entrelos pequeños productores y las empresas procesadoras.En este punto, conviene volver a enfatizar en que el objeto del contrato estudiado involucraun ciclo biológico (crecimiento vegetal o animal) que puede adicionar notas peculiares aldesarrollo del tracto ejecutivo del contrato que conviene no dejar de lado.Asimismo, la cercanía de este contrato con figuras legisladas como la locación de obra o lacompraventa dependerá en gran medida de que el objeto contractual sean animales o vegetales. Noobstante, en ningún caso es posible una asimilación absoluta a ninguna de las figuras legisladas.Conviene tener en cuenta el aumento en el uso de contratos de adhesión, en donde el predisponentegeneralmente es el empresario comercial o procesador. El uso de esta modalidad,sumada a la existencia de sectores de agricultores altamente vulnerables concentrados en algunaszonas de nuestro país, nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de dar una solucióna las eventuales prácticas abusivas mediante la sanción de una norma regulatoria específica,o mediante aplicaciones analógicas de cuerpos normativos protectorios actualmente vigentes,como lo es la nombrada Ley del Consumidor. Sin embargo, la mentada aplicación “analógica”de esta ley a situaciones asimétricas similares a la de los consumidores, no es aceptada actualmentepor la doctrina mayoritaria de nuestro país, en tanto tales situaciones no configuran relacionesde consumo propiamente dichas.Por último, conviene profundizar el estudio de las causas del aumento vertiginoso del uso deesta figura, así como de la existencia de prácticas abusivas en el tracto ejecutivo contractual. En estesentido consideramos que el Estado no solo ha coadyuvado – mediante inacción y ausencia – alcrecimiento en su utilización, si no que, mediante la retracción estatal y la falta de políticas claraspara el sector, se ha contribuido indirectamente al aumento de prácticas altamente cuestionables.En efecto, el contrato de producción agroindustrial – mal o bien – ha venido a llenar un vacío depresencia del Estado, en cuanto proveedor de crédito, de asistencia técnica, de promotor de la producciónagrícola, entre otras funciones importantes que el Estado puede asumir en apoyo al sector.CONCLUSIONESFinalmente y a manera de conclusión, podemos observar que la figura, a pesar de no contarcon legislación específica alguna, contiene rasgos bastante definidos. En efecto, el contratode producción agroindustrial es un contrato de naturaleza compleja que puede tener principalmentedos clases de objetos, ambos vinculados a la producción vegetal o animal. Asimismo,es un contrato de vincula a actores de la cadena productiva específicos, siendo siempre uno deellos del sector de la producción agraria 22 .Otro importante rasgo típico lo configura la multiplicidad y diversidad de prestaciones acargo de cada una de las partes, en donde puede identificarse una principal, consistente en laproducción y entrega de un producto agrícola o animal a cambio de un precio, prestación quese encuentra rodeada de obligaciones accesorias a esta principal.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASBrebbia F. y Malanos N. (2002). Tratado Teórico Practico de los Contratos Agrarios.Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, p.364.Casella A. P. (2001). Modalidades negociales de la empresa agraria en el marco del Complejoagroindustrial y agroalimentario. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas de la Facultadde Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, pp.2- 3.Eaton C. y Shepherd A. W. (2001). La agricultura por Contrato. Alianzas para el crecimiento.Boletín de Servicios Agrícolas de la FAO N° 145. Organización de las Naciones Unidaspara la Agricultura y la Alimentación. Roma. Recuperado de: www.fao.org/docrep/004/y0937s/y0937s00.htm, pp. 11-1222Por lo que sostenemos enfáticamente su calidad de contrato agrario.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

114< ELOISA HARAVÍ RUIZCONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS...>115Formento S. y Pilatti H. H. (2004). Los Contratos Agroindustriales: su perfil jurídico.VII Congreso de derecho Argentino Agrario, Octubre 2004. Bahía Blanca. Recuperado de:www.iada.org.ar/eventos/anteriores/7congresoarg-2004/index.htm, p.11.Gregorini Clusellas E. L. (2009). Derecho de los Contratos. Tomo 1. Buenos Aires: Hammurabi,pp. 260-279.Hamilton N. D. (1995). Farmer’s Legal Guide to Production Contracts. Research Proyect.The National Agricultural Center. University of Arkansas. School of Law-Division of Agriculture.Arkansas. Recuperado de: http://www.nationalaglawcenter.org/assets/articles/hamilton_productioncontracts.pdf, p. 2.CURRÍCULUM VITAEHaraví Eloisa RuizAbogada, Becaria de Investigación de Perfeccionamiento Tipo B de la Universidad Nacionaldel Nordeste (UNNE), Docente Auxiliar de Primera en Instituciones de Derecho Privado II enla Facultad de Ciencias Económicas (UNNE), Adscripta de Derecho Comercial Primer Curso yde Derecho Agrario, de Minería, de la Energía y Ambiental en la Facultad de Derecho, CienciasSociales y Políticas (UNNE), Especialista en Docencia Universitaria y en Teoría y Práctica delProceso Judicial. Doctoranda en el Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho,Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.haraviruiz@gmail.comKelley C. R. (1995). Agricultural production contracts: drafting considerations. TheHamline Law Review. Spring, 1995, Hamline University-Law School. Saint-Paul-MN, p.2.Ledesma, M.A., (2007). Agronegocios, Empresas y Emprendimientos. Buenos Aires: ElAteneo, p. 150.Lima Márquez, C. (2005). Contratos No Código de Defensa do Consumidor. Ed. RevistaDos Tribunais, 5ta. Ed. San Pablo, p. 307.Lorenzetti R. L. (2004). Tratado de los Contratos. Parte General. Buenos Aires: RubinzalCulzoni Editores, pp. 211-212.Mosset Iturraspe J. y Wajntraub J. H. (2008). Ley de Defensa del Consumidor. Santa Fe:Rubinzal Culzoni, p. 41.Victoria, M. A. (2008). De la Seguridad Alimentaria a los derechos de los consumidores.Serie Difusión Científico - Técnicas Año 7-N°7, Facultad de Humanidades Ciencias Sociales yde la Salud. Santiago del Estero: Publicaciones del CeiDAACC, p. 35.Warning M. y Soo Hoo W. (2000). The Impact of Contract Farming on Income Distribution:Theory and Evidence. Western Economics Association International Annual Meetings, June 30.Recuperado de: http://www2.ups.edu/econ/working_papers/00-6.pdf , pp. 2- 3.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

HACIA UNA NUEVA DOGMÁTICAJURÍDICA ENTRE ANÁLISISECONÓMICO Y LAFILOSOFÍA MORALCristian Ricardo A. Pirisuniversidad nacional del nordesteRevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“La creatividad requiere tener el valor dedesprenderse de las certezas”.Erich Fromm

118< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>119Recibido: 19/02/2012Aceptado: 03/04/2013RESUMENn el siglo XIX el pensamiento jurídico occidental llegó a su cenit con la aprobación de loscódigos decimonónicos, perdiendo sofisticación en sus desarrollos posteriores. A partirde ese momento la tarea del jurista giró en torno a los comentarios o críticas de los códigos,siendo sus propuestas fácilmente clasificable como de lege lata o de lege ferenda.Ese modo de ver la realidad o pretender involucrarse en ella, a partir de los textos legales,se fueron mostrando insuficientes, al punto que hoy se requiere una nueva dogmáticamás comprometida con valores, argumentos y análisis consecuencialistas que con inferenciaspuramente normativas.Desde el common law nos llega una propuesta metodológica basada en el análisis económicode las instituciones legales y la filosofía moral como estructuras de pensamiento quecompiten entre sí, a efectos de brindar las mejores soluciones jurídicas.Si bien el common law es más permeable a esos razonamientos dado que el proceso de codificaciónnunca los alcanzó, en el Derecho Continental fenómenos tales como la constitucionalización,internacionalización y los acelerados avances producidos en el contexto de la sociedaddel conocimiento vienen a romper los moldes del pensamiento iusprivatista, obligando a losjuristas a introducir nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para pensar el Derecho.Palabras claves: Argumentación Jurídica - Dogmática Civil - Filosofía Moral - Análisis Económicodel Derecho.ABSTRACTWestern legal thought reached its zenith with the approval of the nineteenth centurycodes, losing sophistication in their previous post-development. From that moment thelawyer’s task focused on the comments or criticisms of codes, their proposals being easilyclassifiable as de lege lata or de lege ferenda.This way of seeing reality or pretend to engage in it, from the legal texts, were to beinsufficient to the point that it now requires a new dogmatic more committed to values,consequentialist arguments and analysis that purely normative inferences.From the common law comes a methodological proposal based on the economic analysisof legal system and moral philosophy and structures of thought competing for the purposesof providing the best legal solutions.While the common law is more permeable to these arguments as the coding process neverreached in Continental law constitutionalization phenomena such as, globalization and the rapidadvances in the context of the knowledge society are to break iusprivatista molds of thought,forcing lawyers to introduce new conceptual and methodological tools for thinking about the law.KEYWORDS: Legal Argumentation - Civil Dogmatic - Moral Philosophy - Law and Economics.EL PROBLEMASpector (2003, p. 241) afirma que “en la Edad Media, la doctrina jurídica iusprivatista comenzóa desarrollar una estructura teórica capaz de explicar y sistematizar el conjunto de normasde Derecho Romano. Este proceso culminó durante los siglos XVIII y XIX con la redacciónde los códigos civiles europeos y latinoamericanos. Luego de que la codificación fue puesta enpráctica, y completada con la sanción del Código Civil alemán (BGB), la ciencia jurídica comenzóa declinar en vitalidad intelectual. Aunque los juristas todavía trabajan en la sistematización delas normas codificadas y, en particular, de las decisiones judiciales que buscan ajustar el códigoa las nuevas circunstancias económicas, sociales y tecnológicas, esta actividad carece de la sofisticaciónteórica que marcó los estudios civilistas de la pre-codificación, en gran medida, esto sedebe al hecho de que los juristas completaron, a todos los efectos prácticos el proceso de redescubrimientoy sistematización del Derecho Romano que sentó las bases para la codificación”.Luego continúa diciendo que “en las últimas décadas, los juristas norteamericanos hanproducido una revolución intelectual al aplicar la economía y la filosofía moral al estudio de institucionesjurídicas particulares. Los analistas económicos del derecho y los filósofos del derechocompiten en tratar de ofrecer la explicación más exitosa de diferentes campos del common law”(Spector. 2003, p. 241-2).Antes de entrar de lleno el tema de los aportes del análisis económico y de la filosofíamoral, vale mencionar algunas cuestiones para contextualizar las afirmaciones de Spector.En primer lugar, es bien sabido que una vez culminada la codificación francesa el deslumbramientoante tamaña obra intelectual se vio reflejado en la escuela de la exégesis. Pero no setrató de un caso aislado, de un fenómeno puramente francés. “La configuración de la cienciajurídica como un saber que tiene como objeto el Derecho positivo supone situarse en el momentohistórico concreto que se caracteriza por la desaparición del Derecho natural de la cultura jurídica.En efecto, a comienzos del siglo XIX surgen en Europa tres escuelas (la escuela históricaen Alemania, la escuela de la exégesis en Francia y la escuela analítica en Inglaterra) que tienenen común la idea de que la ciencia jurídica debe dedicarse a estudiar el Derecho positivo, que seconcibe como un Derecho «puesto» (ius positum) ya sea por el pueblo en su propio «desenvolvimientoorgánico», por el autor de un código o por el soberano”. (Sastre Ariza. 2001, p. 581).Las distintas escuelas del positivismo ven al Derecho positivo como algo externo a la cienciajurídica, un objeto que es tomado por ésta y sobre la cual desenvuelve su labor científica.La decisión metodológica de circunscribir la ciencia jurídica a textos normativos supone la“aceptación dogmática de la fuerza obligatoria del derecho positivo” (Nino. 1998, p. 322) y tienemuchas consecuencias, entre ellas independiza el estudio del derecho de consideraciones referidasa la moral, la política o el comportamiento de los destinatarios de las normas. Quizás el modelo positivistamás extremo lo sostuvo Kelsen con su “Teoría Pura”, quien sostenía que la ciencia jurídicapara ser tal debía estar exenta de todo elemento extranormativo, valorativo o ideológico.Ceñir el estudio del derecho al Derecho positivo no estuvo exento de críticas e intentos desuperación como la escuela de la libre investigación científica de Geny y Bonnecasse, del derechoRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

120< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>121libre, la jurisprudencia de intereses, etc. Si bien muchos de estos intentos fueron certeros a la horade señalar críticas al positivismo, en cambio no fueron igualmente eficaces en miras a diseñar unmodelo alternativo de ciencia jurídica para proceder a su reemplazo. De allí, entonces, la importanciade los desarrollos teóricos que se produjeron en el common law estadounidense en las últimasdécadas, aplicando la economía y la filosofía moral al estudio de instituciones jurídicas.En el presente trabajo haremos una breve reseña de las propiedades caracterizantesdel análisis económico y de la filosofía moral que en otras latitudes se aplica al estudio delDerecho Privado.En otro orden cosas, hasta hace poco tiempo atrás era posible referirse al Derecho Privadosolo aludiendo a la ley, la jurisprudencia o la doctrina, y haciendo total abstracción de laConstitución o los Tratados internacionales. Hoy esto es impensable. Ha sido de tal magnitudla irrupción de las nuevas fuentes que debemos repensar todo el sistema a partir de las nuevasjerarquías y relaciones que vienen a establecerse.La constitucionalización y transnacionalización del Derecho Privado son dos nuevos paradigmas,a partir de los cuales resulta necesario reconstruir nuestras instituciones jurídicas.Básicamente, es necesario comprender que debemos salir de la seguridad y tranquilidaddecimonónica para adentrarnos en un terreno incierto, que necesita todavía de una Teoría Generalremozada que dé cuenta de las nuevas fuentes -actuales y por venir-, y de las relaciones yjerarquías que se establecen entre ellas. Utilizando la jerga posmoderna, el sistema de fuentesha salido del estado sólido -concreto, preciso, delimitado para tornarse al estado líquido -fluido,blando, indeterminado-.En todo caso, la constitucionalización del Derecho Privado exige una reflexión profundaque debe comprender distintas dimensiones de abordaje que excede lo normativo, y va desde lodescriptivo hasta lo analítico de la dogmática privatista y, al mismo tiempo, del Derecho Constitucional.Pero también exige al jurista privatista indagar en campos poco frecuentados como lavoluntad del constituyente, los valores fundacionales, los principios fundamentales, el contextosocio-histórico existente al momento de la creación de la norma, etc.Por otra parte estamos viviendo acelerados cambios sociales, al punto que las fluidas variacionesen el campo de las tecnologías, la industria, las estructuras sociales, las relaciones humanas,etc., cada vez se hacen más difíciles de fijar en los rígidos moldes jurídicos porque comose señala con frecuencia, no estamos frente a una época de cambios sino a un cambio de épocas.Por todo ello es necesario articular una nueva labor jurídica privatista que no se halle excesivamenteapegada a los textos normativos, generando una dogmática indiferente a la realidadsocial y los fundamentos que le dan origen a las instituciones jurídicas.A partir del renacimiento, pero especialmente en los siglos XVII y XVIII, los juristas seconstituyeron en “ingenieros” institucionales; es decir, nada menos que quienes diseñaron lasinstituciones modernas, pero eso funcionó así hasta el siglo XIX porque como dice Alfaro “lamagna opera de racionalización que supusieron los códigos no fue una comida gratis. Convirtióa los juristas en exégetas. Dejaron de ser productores de Derecho e ingenieros sociales para convertirseen funcionarios” (Alfaro Águila-Real, 2007).El objetivo del presente trabajo no consiste en hacer una crítica al positivismo, ni brindaruna mirada panorámica del “estado del arte” sobre el capítulo de la interpretación jurídica, o discurrirsobre las virtudes de los distintos modelos posibles de ciencia jurídica. Partimos de la baseque los juristas reales por estas latitudes, más allá de cómo se definan, básicamente realizan suslabores cotidianas describiendo y sistematizando Derecho positivo, pero los resultados son cadavez más insatisfactorios porque hay mucho campo “jurídico” que queda sin ser relevado y haydemasiadas situaciones socialmente relevantes que no pueden ser aprehendidas. En este trabajointentaremos describir las propiedades caracterizantes del Análisis Económico del Derecho y dela Filosofía Moral aplicable al mundo jurídico, en la búsqueda de entender el “nuevo Derecho”que se está gestando en los EEUU.EL ANÁLISIS ECONÓMICO 1El Derecho es un subsistema integrante del sistema social como lo son también la política,la moral y la economía. Desconocer que los distintos subsistemas se interpenetran; es decir, seinfluyen y son influidos por los otros es desconocer cómo operan las instituciones en una sociedad.Cualquier persona, sin deformaciones profesionales, intuitivamente podría dar cuenta deesto sin mayores inconvenientes.En primer lugar el Análisis Económico del Derecho (AED) es una manifestación particular delas complejas vinculaciones que existen entre el Derecho y la Economía.En este sentido podemos encontrar reflexiones económicas en torno a la ley en las obras delos precursores de la Ciencia Económica, como Adam Smith, Jeremy Bentham y Karl Marx. EnArgentina, Juan Bautista Alberdi fue un ilustre precursor de los estudios jurídicos vinculados conlos económicos (Diaz, 2006).Owen Fiss (2001, p. 52-3) explica que “… cualquier mercado que funciona bien necesita delderecho”; en ese sentido, “por lo menos, el mercado requiere dos sistemas de derecho. El derechoinmobiliario es esencial para determinar quién es dueño de qué, una precondición para el comercio.También garantiza a los dueños de propiedad que ellos cosecharán el beneficio de cualquierinversión que vayan a hacer y así, provee incentivos para invertir. El derecho de contratoses también indispensable para garantizar a todos los interesados que estén negociando entre sí,que sus promesas serán respetadas.1Como dato ilustrativo que puede indicar la relevancia del tema, vale mencionar que por Acordada 36/2009, la Corte Suprema deJusticia de la Nación resolvió crear la “Unidad de Análisis Económico” (http://www.cij.gov.ar/nota-2271-La-Corte-creo-una-unidadpara-analizar-el-impacto-economico-de-sus-sentencias.html).Se expresa en los fundamentos, que las atribuciones jurisdiccionales laCorte, en ejercicio de que le otorga la Constitución, tienen efectos económicos y mencionan una veintena de normas constitucionalesque hacen directa alusión a cuestiones económicas, de las cuales la Corte debe precisar los alcances jurídicos. Se trata, nada menos, deun cambio de visión, un primer paso para morigerar una dogmática de reglas a otra más atenta a las consecuencias.Por este tema puede consultarse los siguientes artículos: SOLA, Juan Vicente (2009). “La Corte Suprema y el análisis económico del derecho”,LA LEY 2009-E, 1223. SAGÜÉS, María Sofía (2009). “El análisis económico del derecho en la jurisdicción constitucional: ponderaciónde la Unidad de Análisis Económico de Derecho de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina”, en LA LEY 2009-F, 1114.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

122< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>123Estos dos sistemas de derecho —y otros, tales como el derecho de responsabilidad civil yde antimonopolios, que pueden ser necesitados para que el mercado funcione— obviamenteno se hacen valer por sí mismos. El mercado también necesita una institución que pueda interpretare implementar pertinentes rules of law: un poder judicial. Esta institución debe ser independientede los contendientes interesados así como de las mayores fuerzas sociales y políticas”.Pero aun así, para los juristas las relaciones entre Derecho y Economía, no son de interdisciplina;usualmente, el Derecho tomó al dato económico como el supuesto de hecho de lanorma jurídica. En este sentido “lo característico es un papel ciertamente pasivo de la Economíaen este tipo de análisis, ya que se limita a integrar el concepto de ‘supuesto de hecho’ o fattispecie.(...) Desde este punto de vista, el Derecho permanece neutral frente a las asignacionesque opera el mercado, antes y después de que la norma iusprivatista lo regule. (...) El cambioactual es, justamente, la pérdida de neutralidad del Derecho Privado frente a la Economía”(Lorenzetti. 1999, p. 66-7).Santos Pastor nos indica que hay muchas maneras de enfocar el estudio del Derecho perola más usual es el análisis jurídico-formal, es decir, una labor interpretativa sobre el sistemajurídico. En este caso “el análisis de la norma la define y fija su alcance y significado con arregloal tenor literal, espíritu, concordancias, analogías, voluntad del legislador, posición en laestructura y jerarquía de fuentes, relación con los precedentes judiciales o legislativos, encajeen los principios generales del Derecho, contexto social, análisis de la estructura de la propianorma, etc.” (Pastor. 1989, p. 28).En la actualidad resultan evidentes los límites de la dogmática tradicional para explicar ycomprender el complejo fenómeno jurídico. Una muestra de ello es la imposibilidad de servirde guía para el legislador, el dogmático se ocupa solo de un objeto dado, el Derecho Positivo.Así, sus esfuerzos se vuelcan a un estudio interno del sistemático jurídico, “por ello resulta plenamentejustificada la crítica que apunta a los juristas [dogmáticos] como seres poco sensiblesal análisis de los problemas jurídicos desde el punto de vista de su justicia o injusticia, de susconsecuencias sociales o de sus costes y su eficiencia” (González Amuchástegui. 1994, p. 931).Como expresa Sola (2008, p. 1350), los abogados “utilizamos argumentos normativos,sobre las fuentes históricas del texto analizado, sobre los precedentes judiciales a que dio origeny finalmente conceptos mucho más indeterminados como los fundamentos éticos de lanorma. Raramente analizamos las consecuencias de una norma jurídica o de una decisiónjudicial. El Derecho y la Economía nos proponen concentrarnos en los efectos económicos delas normas, ya sea que éstas provengan del texto en sí mismo o a través de su concretizaciónen precedentes. La herramienta utilizada del análisis económico del derecho es un análisis delos incentivos, evidentes u ocultos, que crean las normas jurídicas para determinar sus consecuencias,algunas de ellas inesperadas. Asocia la ciencia normativa más antigua, como esel derecho, con la ciencia social más precisa en sus predicciones, como es la economía, y estaunión revoluciona la visión del derecho”.Retomando a Santos Pastor, éste señala que el análisis jurídico-formal “es un conocimientoautónomo que no requiere otro campo de aprendizaje” (Pastor. 1989, p. 28). Pero que “... si nospreguntamos por la justificación o explicación de la existencia de una norma o institución jurídica,existente o propuesta, y por su efectos o consecuencias, de poca, si alguna, utilidad nos seráel análisis jurídico formal. (...) y en ese sentido entiendo que el Derecho puede ser examinadomejor con los métodos y técnicas de las ciencias sociales.” (Pastor. 1989, p. 29).Básicamente de eso se trata el AED, de examinar el Derecho con otros métodos y técnicasque no corresponden al análisis jurídico-formal.Indudablemente, cabe la pregunta de por qué sometemos al derecho a un análisis económico,y no sociológico, antropológico, o psicológico, por citar algunas disciplinas.Algunos autores afirman que esto es así por cuanto la ciencia económica es la cienciasocial mas avanzada; en este sentido Lorenzetti (1999, p. 62) asevera que sometemos al Derechoa un análisis económico porque es la ciencia económica “la que más rigurosamente habíaestudiado la conducta humana y extraído reglas que la hacían predecible...”.Además, la economía cobra una importancia especial para nosotros porque no sólo nosaporta un conjunto de herramientas útiles y sofisticadas, sino se ocupa de un objeto que nopuede resultarnos extraño. Según la muy difundida definición de Robbins, retomada por Cootery Ulen (1998, p. 22), la Economía es la “ciencia que estudia la conducta humana como unarelación entre fines y medios escasos susceptibles de usos alternativos”; es decir es una cienciaque se ocupa de las elecciones racionales de los seres humanos.Otro prestigioso economista, Hal Varian (1998, p. 601), afirma que “en los últimos años,el análisis económico se ha convertido en algo habitual en la teoría y práctica del derecho. Porquees fácil ver la afinidad natural que existe entre estas dos disciplinas: ambas comparten elobjetivo de comprender las instituciones sociales. Ambas tienen, además, un importante componentenormativo: tanto el derecho como la economía se ocupan no sólo de indagar cómofuncionan las instituciones sociales, sino también de cómo mejorar su funcionamiento”.Ahora bien, el nuevo AED no subsume a cualquier intento de reivindicar el análisis económicodel fenómeno jurídico; básicamente se caracteriza, en primer lugar, por establecerestrechas relaciones entre la microeconomía y el derecho privado, pero esto no es exhaustivo,por cuanto existen importantes manifestaciones del análisis económico referido a otros camposdel derecho como el referido a los delitos penales o la libre competencia.Se caracteriza, en segundo lugar, por aplicar la teoría económica y los métodos empíricos dela ciencia económica al estudio de situaciones jurídicas. Pero lo llamativo es que esas situacionesjurídicas pertenecen a áreas del Derecho tradicionalmente ajenas a la reflexión económica. No esextraño para nosotros, al menos “alguna” reflexión económica en materia de defensa de la competencia,seguros, tributos, servicios públicos, etc. A esto algunos autores, como Posner, han denominadoel viejo AED. El nuevo AED o simplemente AED introdujo la novedad de traspolar el análisiseconómico al estudio de normas que regulan comportamientos que se dan fuera del mercado.Podemos afirmar que “el supuesto fundamental de este análisis es que las normas jurídicascrean costos y beneficios para la realización de determinadas acciones, con lo cual el Dere-Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

124< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>125cho deviene susceptible de un tratamiento a la luz de la teoría de precios, a su vez una rama dela microeconomía” (Spector. 2004, p. 8).Como afirma Mercado Pacheco (1994, p. 27), lo común y definitorio del AED es la aplicaciónde la teoría económica en la explicación del Derecho. Pero con más precisión podemosafirmar que lo definitorio del AED es la aplicación de la teoría económica, principalmente lateoría de precios, para analizar la formación, estructura, proceso e impacto que tienen la ley ylas instituciones legales.El AED propone un doble objetivo para el Derecho: “proveer las condiciones necesariaspara que el mercado funcione e imitar al mercado cuando su libre desenvolvimiento no seafactible” (González Amuchástegui.1994, p. 935).Según Calabresi, se puede hablar de Derecho en términos de justicia y derechos (que eslo que hacemos mas frecuentemente), o en términos de costos y beneficios (es lo que proponePosner), o combinando ambos lenguajes.Podemos afirmar que el AED, o nuevo AED, nace en la década del ‘60 en los Estados Unidos,a partir de los trabajos de Ronald Coase, Guido Calabresi, Gary Becker y Richard Posner.Allá por la década del ‘50 en los EEUU, profesores de las Facultades de Derecho y Economíade la Universidad de Chicago, descubrieron el gran poder explicatorio que tenía el análisismicroeconómico sobre diversos aspectos de la vida humana. Desde un punto de vista metodológicose trataba de aplicar a un amplio abanico de las actividades humanas el supuestode comportamiento racional maximizador, de ese modo era posible establecer proposicionescon validez empírica sobre la forma como reaccionarían los individuos frente a determinadoscambios en su entorno, elaborando a partir de estos antecedentes propuestas de reforma legal,basadas en el criterio de eficiencia económica.El AED es actualmente una corriente de pensamiento gestada y desarrollada principalmenteen Escuelas de Derecho de Yale y Chicago, por Calabresi y Posner respectivamente. Haobtenido un gran predicamento en ese país y de a poco empieza a ser utilizado en otros lugarescomo por ejemplo Canadá, Alemania, Italia y España, aunque algunos autores afirman que elAED viene a solucionar un problema “local” del realismo jurídico anglosajón, y lo ven “comouna salida tecnocrática a la crisis de la teoría jurídica americana de los últimos cincuenta años”(Mercado Pacheco. 1994, p. 274).1. Las propiedades caracterizantes del AEDBajo el rótulo de AED se engloban diferentes formas de aproximarse al fenómeno jurídico,unas básicamente de carácter descriptivo y otras de carácter normativo.El AED puesto en función descriptiva utiliza el principio de eficiencia como herramienta ala hora de explicar normas jurídicas y fallos judiciales. En estos casos se toma al Derecho comoalgo dado y se lo somete a la descripción y explicación eficientista. En este sentido, el Derechoes en términos generales eficiente, y lo será en el futuro, por lo que resulta posible predecirlo.Las diferentes críticas formuladas al AED descriptivo y que no resulta pertinente desarrollaraquí, brindaron mayores argumentos a su rama normativa, según la cual es posibleutilizar el AED como guía para jueces y legisladores, y avanzar propositivamente proyectandonuevas normas jurídicas y fallos judiciales en función de la eficiencia económica.Para esta última rama los conceptos normativos utilizados hasta ahora son definidos“como un irremediable embrollo de intuiciones y por ello ofrece una estructura analítica paraordenar dichas intuiciones y darles contenido. Esta estructura es el mercado. De acuerdo aesta rama del análisis económico del derecho, los conceptos normativos del Derecho deben serconstruidos y aplicados de manera tal de hacer al poder Judicial un instrumento para perfeccionarel mercado”.Además de esto existen otras variantes metodológicas del AED, por ejemplo la versión predictiva,según la cual tomando en consideración que las personas son agentes racionales que buscanmaximizar sus beneficios, será posible predecir como se comportaran a partir de los incentivosy desincentivos que generan las normas jurídicas. También se encuentra la tesis evolucionista porla cual se afirma que el Derecho tiende a adoptar normas eficientes (Spector. 2004, p. 13).En cualquiera de las vertientes del AED, se verifican los siguientes presupuestos:1.a) EficienciaLa principal preocupación, que constituye una materia central de la ciencia económica, es“... saber cómo debe utilizar una sociedad los recursos limitados de que dispone, para conseguirel mayor grado de satisfacción de las necesidades” (Schäfer y Ott. 1991, p. 21). Esta es una preocupaciónque recorre transversalmente todas las reflexiones rotuladas como “económicas”.Básicamente existen dos tipos de eficiencia, la referida a la producción y a la asignación. Laeficiencia productiva alude al logro de un estado de cosas en el cual sea posible producir más dealgún bien sin producir menos de ningún otro bien.La eficiencia en la asignación es un concepto un poco más complejo y fue originalmente definidopor el economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto. Para este autor una situación distributivaes superior a otra cuando la utilidad o beneficio de un agente económico aumenta sinque por ello disminuya la utilidad o beneficio de ningún otro agente; es decir, cuando al menosun agente económico se encuentre mejor sin que nadie se encuentre peor, a esto se denominaSuperioridad de Pareto. En esta línea de razonamiento una situación es óptima cuando ya noes posible aumentar la utilidad de un miembro de la sociedad sin empeorar la situación de otrosujeto, a esto se denomina Óptimo de Pareto. Por definición el escenario montado por Paretoconduce a situaciones donde no existen perdedores, por ello no es necesario realizar comparacionesinterpersonales. Va de suyo que la optimalidad de Pareto solo es posible en el espacio delos intercambios voluntarios; vale decir, en el ámbito contractual paritario sin asimetrías.Obsérvese que este criterio es indiferente a consideraciones de justicia distributiva, dadoque un estado social determinado puede ser perfectamente óptimo con algunas personas en lamás absoluta indigencia y otras en la opulencia, tanto es así que no sería posible mejorar la si-Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

126< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>127tuación de los pobres a costa de reducir en algo los lujos de los más ricos porque estos pasaríana estar peor que antes.La gran limitación del criterio paretiano es que no admite “perdedores”, y la gran mayoríade las normas jurídicas generan beneficiados y perjudicados, por ello tiene sentido realizarcomparaciones interpersonales a efectos de determinar si existen más beneficiados que perjudicados,y la cuantía de ese beneficio.Por resolver problemas como estos los economistas Nicholas Kaldor y John Hicks, sostuvieronun principio paretiano morigerado, que lleva su nombre, eficiencia Kaldor-Hicks. Segúneste criterio es posible respetar a Pareto aun cuando existiese un miembro de la sociedadperjudicado. En este sentido una determinada situación social es preferible a otra si al menosun miembro de la sociedad resultara beneficiado, y al menos un miembro resultara perjudicado,si y solo si, resultase posible indemnizar a éste con parte del beneficio de aquel, y aun asísiguiera teniendo una ventaja neta.A los efectos prácticos, es difícil medir las utilidades de los sujetos, por ello se recurrea la moneda como escala de referencia de ésta. Según la difundida definición de Von Thur lamoneda es aquella cosa mueble que el comercio utiliza como medida de valor para toda clasede bienes, pudiendo por lo tanto emplearse como medio general de cambio. Así, el beneficioo utilidad se traduce en un parámetro más objetivo, la moneda, que en términos generales esdenominado riqueza. Esto lleva a algunos analistas económicos del Derecho, como Posner, asostener abiertamente que eficiencia en el ámbito del AED debe entenderse como maximizaciónde la riqueza de la sociedad.Según Dworkin existe una diferencia sustancial entre el AED de los economistas y el delos juristas. Según el AED de los primeros el objetivo a lograr es la eficiencia, pero según elAED de los segundos es maximizar la riqueza, que según este autor – quizás el más importantefilosofo del Derecho del siglo XX- no es lo mismo en muchos sentidos; pero no correspondeexplayarnos en esta cuestión en este momento.Como hemos visto, en términos generales, la eficiencia alude a la relación entre los beneficiostotales de una acción o situación determinada puesta en contraste con los costos totalesde la misma. En este sentido se puede afirmar que estamos frente a un estado de cosas eficientecuando se aumentan los beneficios totales y se disminuye los costos totales.En este sentido el AED considera “... como tarea legítima y necesaria de la ciencia jurídica,analizar en qué medida las reglamentaciones jurídicas evitan el despilfarro de recursos yaumentan la eficiencia” (Schäfer y Ott. 1991, p. 21).El concepto de eficiencia, como el de justicia, son relativamente simples. El problemaradica en la selección de los criterios que nos conducen a esos puntos de llegada, pero principalmentequé estamos dispuestos a sacrificar para obtenerlos.Debe quedar muy claro que lo eficiente no es necesariamente justo, pero la inversa no vale enla mayoría de los casos. Aunque autores como Posner dirían que este planteo es equivocado vistoque iguala los conceptos de justicia y eficiencia, reduciendo muchas veces el primero al segundo.1.b) Consecuencialismo“La deontología y el consecuencialismo son dos tipos característicos de teoría ética. En elprimer caso, el acento recae en los principios de acción, en las obligaciones que pesan sobre elagente moral (por ejemplo, decir la verdad), mientras que en el segundo lo importante es quealgún objetivo valioso se cumpla en el mundo (por ejemplo, que la gente viva más feliz). Estasdos clases de ‘estructuras éticas’, como Mackie (1977) las calificaba, conllevan concepcionesdiferentes de lo correcto y del valor moral” (CEJUDO CÓRDOBA. 2010, p. 4).De lo anterior se deriva que el AED es una teoría consecuencialista, visto que halla su“sustrato” justificatorio, es decir su fundamentación, no en algún precepto normativo (p. ej: laConstitución) o extranormativo (p. ej: Principios Generales del Derecho), sino ponderando lasconsecuencias de la norma; puntualmente si logra el objetivo de evitar el despilfarro de recursos.Como expresan Rojas y otros (2012, p. 4) “las leyes, sentencias y demás reglas legalesque componen el sistema jurídico contienen incentivos, y la hipótesis de que el hombre actúacon la finalidad de maximizar su bienestar permite una predicción de las respuestas de laspersonas a los cambios en las leyes, así como una explicación y evaluación de la eficiencia delsistema legal. De ese modo, tanto la situación del potencial criminal que debe decidir si cometeun delito, de un empresario frente a la alternativa de gastar más, pero con precaución paraevitar su responsabilidad por daños, o de quien afronta el dilema de cumplir o no un contrato,pueden ser examinados apelando al enfoque económico de la acción humana”.1.c) Escasez de bienes, individualismo, racionalidad,y universalización de preferenciasSegún Schäfer y Ott “las dos hipótesis legales más importantes de la teoría económica yde más aplicación práctica en la predicción científico-económica son la aceptación de la escasezde bienes y del individualismo metodológico” (Schäfer y Ott. 1991, p. 60).La hipótesis legal de la escasez supone que en todos los campos de aplicación el hombretiene necesidades ilimitadas y a la vez posee medios limitados para satisfacerlos. Por otraparte, la hipótesis legal del comportamiento racional egoísta (individualismo metodológico)acepta que por regla general los hombres intentan incrementar su propia utilidad y procurarsu beneficio personal y saben muy bien lo que para ellos es útil o inútil.El AED presenta un doble individualismo normativo y metodológico.Según el individualismo normativo, el Estado solo puede trazar objetivos y delinear acciones(evidentemente aquí se incluye también la creación de normas jurídicas) “recurriendoa los objetivos y preferencias de los miembros de la sociedad” (Schäfer y Ott. 1991, p. 60), porquenadie se encuentra en mejores condiciones que los propios individuos de establecer quées lo que más les conviene.Según el individualismo metodológico los individuos son auto-interesados y tratan demaximizar su bienestar dentro de ciertas restricciones, aunque según Schäfer y Ott (1991, p.60) lo hacen “... sin dejarse llevar por categorías morales o por la conciencia del deber”. EstoRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

128< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>129no significa que los individuos realicen efectivamente un cálculo de este tipo en todos los casossino que se comportan “como si” lo hicieron. En esto se basa la denominada “soberanía delconsumidor”, una formulación central para entender el AED.Tomando en cuenta lo anterior podemos decir que, como la premisa es que los bienes sonescasos y no hay posibilidad fáctica de satisfacer todas las preferencias, cada individuo debeescoger alternativas y una decisión coherente será aquella que permita maximizar su bienestary no reducirlo. En esto consiste la racionalidad. Cualquier conducta que no se adecue a este patrónno puede ser considerada racional; estos parámetros permiten extender los análisis masallá del estricto ámbito subjetivo universalizando las preferencias de las personas.También el AED cuenta con métodos propios en el estudio de los fenómenos y problemasjurídicos, donde el principal es la utilización de modelos analíticos.1. d) Modelos analíticos“La economía se basa en la construcción de modelos de los fenómenos sociales. Entendemospor modelo una representación simplificada de la realidad. (...) El poder de un modelose deriva de la supresión de los detalles irrelevantes, que permite al economista fijarse en losrasgos esenciales de la realidad económica que intenta comprender” (Varian. 1998, p. 1).Particularmente “el análisis económico utiliza un modelo: el mercado como método deasignación de recursos” (Lorenzetti, 1999, p. 72).Como la realidad es compleja e intrincada, un modelo es una construcción artificial que nospermite recortar aquellos datos fácticos que nos parecen más significativos y operar sobre ellos,principalmente a los efectos de obtener predicciones y “descubrir principios generales que seapliquen en situaciones realistas mas complejas” (Fischer, Dornbush y Schmelensee. 1992, p. 2).Muchas veces nos parecen absurdas las derivaciones que se obtienen de un modelo dondeinteractúan un consumidor y un proveedor, porque sabemos que en el mercado hay muchomas que un proveedor y un consumidor; pero si no alcanzamos a comprender como actúanen un modelo ficticio dos actores, difícilmente podremos comprender como actúan una grandiversidad de actores en un mercado real.Todo lo expuesto ilustra sobre cuál debe ser la función del Derecho para el AED. Si elmercado es la mejor herramienta con que cuenta la sociedad a los efectos de maximizar elbienestar (o la riqueza), entonces el rol del Derecho debe ser asegurar el funcionamiento delmercado, e imitarlo cuando éste no pueda actuar efectivamente.Como los bienes finalmente se asignan a quienes mas lo valoran, entonces debemos buscarla optimalidad en la asignación de los mismos. Esto se logra, según Pareto, cuando serealizan intercambios voluntarios de modo tal que al menos alguien esté mejor sin que nadiese encuentre en peor situación. De allí la fuerza y protagonismo que se le asigna al principio deautonomía de la voluntad.1. e) El teorema de CoaseUna de las nociones básicas utilizadas por el AED es el llamado “Teorema de Coase”,denominado así en honor al prestigioso economista que lo formuló en 1960, en un trabajotitulado “El problema del costo social”.Este teorema, en una enunciación simplificada, afirma que siempre se adoptará la soluciónmás eficiente, cualquiera sea la asignación de la titularidad del derecho, siempre que loscostos de transacción fueran igual a cero, vale decir inexistentes.Pollinsky (1985) ejemplifica esto de la siguiente manera, imaginemos que una fábricaemite contaminantes al aire que causan daños a cinco vecinos al momento de colgar sus ropaspor $75, es decir un total de $375. Estos daños que pueden eliminarse con la instalación de unfiltro en la fábrica por un costo de $150, o entregando a cada vecino una secadora por $50 cadauna, es decir con un costo total de $250. Independientemente de que la fábrica tenga derechoa contaminar o los vecinos al aire puro, cualquiera de ellos optará por abonar los $150 correspondientesal filtro; la diferencia consistirá en la redistribución de la renta, es decir quién haráfrente al pago del filtro, ya que si se asigna el derecho a contaminar a la fábrica los vecinospagarán el filtro; en caso contrario, la fábrica se hará cargo de los costos.Pero si existieran costos de transacción positivos, por ejemplo si a cada vecino le cuesta$60 reunirse con los demás, elegirían comprar la secadora por $50 cada una. A las clarasimporta la adopción de una solución ineficiente, con lo cual la norma debería asignarle la titularidaddel derecho a ellos por cuanto la fábrica, al no tener costos de transacción, escogeríaseguir pagando los $ 150 del filtro. De esta forma es posible formular el teorema de Coase enuna versión más compleja: si hubiese costos de transacción positivos, la solución eficiente nopodría producirse con independencia de la norma jurídica escogida (Pollinsky. 1985, p. 25).LA FILOSOFÍA MORALEn este título se halla la pretensión de justificar éticamente las soluciones jurídicas, ypara ello vamos a dar cuenta de aquellas construcciones en el ámbito de la filosofía moral quepuedan servirnos de marco para acometer esa tarea.Hasta mediados de los años ’50 del siglo pasado el mundo anglosajón estaba dominadopor el utilitarismo. Como se trata de una teoría con poca incidencia en el mundo continentalcorresponde hacer una breve reseña de su contenido.Will Kymlicka (1995) reconoce dos versiones del utilitarismo, las cuales serían coincidentesen sus postulados pero diferirían en el ámbito de su desenvolvimiento. La primera versiónse refiere al utilitarismo como una moral política, cuyo ámbito propio es “la estructura básicade la sociedad” y la segunda versión como una moral exhaustiva referida a la conducta particularde los individuos en todos los actos de la vida cotidiana.Según este autor el utilitarismo se caracteriza por:1. Una concepción particular de la “utilidad” (bienestar de la humanidad).Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

130< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>1312. Un mandato para desarrollar al máximo la “utilidad”.El utilitarismo no cuenta con una concepción unívoca de la utilidad, por el contrariocuenta con cuatro concepciones diferentes, a saber:- Hedonismo del bienestar.- Utilidad no hedonista de estados mentales.- Satisfacción de preferencias.- Preferencias informadas.Según Kymlicka el utilitarismo es perfectamente compatible con cualquiera de estas concepciones,aunque pierde mucho de su atractivo cuando se separa al utilitarismo del hedonismodel bienestar. El utilitarismo no nos ofrece un criterio único y simple o un método científicopara determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En este sentido el utilitarismo notiene ventajas, pero tampoco desventajas frente a otras teorías. Entonces, si por algo resultacuestionable el utilitarismo es por la idea de desarrollar al máximo la utilidad y no por lasconcepciones mismas de utilidad.Desarrollar al máximo la utilidadEl mandato utilitario consiste en desarrollar al máximo la utilidad (cualquiera sea la concepciónque tengamos de ella). Todas las preferencias de los individuos tienen igual valor peroqué sucede si el fomento del bienestar de una persona entra en conflicto con el fomento delbienestar de otras personas.En principio las preferencias de una persona deben quedar insatisfechas si entran enconflicto con lo que desarrolla al máximo la utilidad general; ya que las utilidades de las personastienen igual valor no hay razón para dar prioridad a los intereses de las minorías.Este compromiso con el examen de las consecuencias para el bienestar de la humanidades uno de los atractivos del utilitarismo en comparación con las teorías que nos dicen quetenemos que seguir las tradiciones o las leyes divinas sin tomar en cuenta las consecuenciaspara la humanidad.Pero cuando no podemos satisfacer todas las preferencias, nuestras intuiciones no nosdicen que idénticas cantidades de utilidad deberían tener el mismo peso.Un claro ejemplo de esto nos brinda David Brink a través de un hipotético “Agente - U”,ejemplo de un utilitarista moral exhaustivo que ante cada decisión a tomar debe realizar uncuidadoso cálculo de utilidad (análisis de cuales acciones desarrollan al máximo la utilidad).Inexorablemente deberá enfrentarse a dos grandes problemas:A. Relaciones especiales: intuitivamente todas las personas tenemos relaciones moralesespeciales con nuestros amigos, familiares, personas a las que nos unen contratos, gratitud,etc. pero para el “Agente – U” esto no tendría mayor relevancia, no abría razón para sentirsecon una mayor obligación frente a ellos. Esta postura no es altruista o extremadamente generosacomo pretende ser descripta, sino absurda, porque cualquier vida que valga la pena servivida es aquella compuesta por vínculos especiales que estructuran y dan dirección a la propiaexistencia. La esperanza de posteriores logros o progresos a partir de determinados compromisoses lo que da significado a nuestras presentes acciones.B. Preferencias ilegítimas: El utilitarismo sostiene que cada persona debe tener igual importanciaen nuestro proceso decisorio y por ello a cada fuente de utilidad se le debe concederuna importancia igual. Pero intuitivamente no todas las preferencias tienen igual peso, deberíanquedar excluidas las preferencias “ilegítimas”, es decir aquellas que implican negarle aalguien algo que le corresponde “por derecho”, pero para el “Agente – U” no existe nada quecorresponda a alguien “por derecho” previo al cálculo de utilidad.Parece entonces que el “Agente-U”, al tratar de incrementar la utilidad se aleja de nuestraidea intuitiva respecto del consecuencialismo, que constituye uno de los elementos caracterizantesdel utilitarismo.A esta crítica algunos utilitaristas responden que determinados actos, como vulnerar relacionesespeciales o derechos básicos resultarían desautorizados si cambiásemos a un procedimientodecisorio más elaborado. Deberíamos pasar de un utilitarismo “de actos” a un utilitarismo“de reglas”. Entonces la clave del “Agente-U” está en determinar qué conjunto dereglas desarrollan al máximo la utilidad; en este sentido afirman que, en términos utilitaristas,estaríamos mejor manteniendo relaciones especiales y respetando derechos que siguiendo unaregla que subordina estos principios a cálculos de utilidad.El utilitarista de actos realiza una evaluación de utilidad de los actos individualmenteconsiderados. El utilitarista de reglas realiza un test de utilidad sobre determinadas reglas,independientemente que un acto aislado incluido en la regla no satisfaga al principio de utilidad;la cooperación social requiere del seguimiento de reglas, por lo que deberíamos evaluarlas consecuencias de convertir en regla una determinada forma de actuar.Pero aun suponiendo que el utilitarismo de reglas pueda llegar a un nivel de desarrollo tandetallado y rígido que las convierta en un equivalente al utilitarismo de actos resulta demasiadooptimista suponer que las reglas para incrementar la utilidad van a proteger siempre los derechosde los débiles y las minorías impopulares. Incluso suponiendo que así fuese se llegaría a esta conclusiónloable por un camino incorrecto, se debe evitar causar un mal a una persona porque nomerece sufrir injustamente y no por los posibles efectos sobre otras personas a largo plazo.La objeción contra el procedimiento decisorio utilitarista es que ciertas obligaciones especialesdeben ser incluídas y ciertas preferencias ilegítimas excluidas, y que estos requisitosmorales tienen prioridad sobre el máximo desarrollo de la utilidad. Entonces, resulta irrelevantefrente a esta crítica la postura de los utilitaristas de regla que sostienen que la obedienciaa las promesas, no tener en cuenta prejuicios irrazonables, etc., hacen que la utilidadalcance su máximo valor a largo plazo; no porque reconocer relaciones especiales y excluirpreferencias ilegítimas no sean buenos instrumentos para el máximo desarrollo de la utilidadsino porque de modo alguno constituyen instrumentos. Este problema no se evita aplicando elcriterio de utilidad a las reglas y no a los actos, desde el punto de vista de la moral cotidiana elproblema radica en aplicar dicho principio de utilidad.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

132< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>133Algunos utilitaristas estarían de acuerdo con estas críticas y dirían que es correcto yapropiado que nuestros vínculos tengan prioridad sobre la búsqueda de la utilidad general.Sostienen que no deberíamos ser “Agentes-U” que deciden cómo actuar a partir de cálculosutilitaristas, y que ven las promesas como instrumentos para alcanzar la máxima utilidad. Porel contrario, deberíamos conceder a las promesas y a los derechos de las personas tal importanciaque fueran invulnerables frente a los cálculos de intereses sociales.En definitiva, no deberíamos ser utilitaristas en nuestros razonamientos morales, ennuestros procedimientos decisorios. Pero no porque el utilitarismo sea incorrecto sino todolo contrario, porque por esta vía tenemos mayores posibilidades de desarrollar a máximo lautilidad. En definitiva, sostienen que una sociedad de no utilitaristas que crean en la importanciaintrínseca de las promesas y los derechos actuará mejor (maximizando la utilidad) queuna sociedad de utilitaristas de actos o de reglas que vean en las promesas y los derechosinstrumentos para el máximo desarrollo de la utilidad. Aunque resulte paradójico el utilitarismo,según esta versión, es esencialmente un criterio de corrección y no un procedimientodecisorio. Entonces lo que define al utilitarismo es la afirmación que el acto correcto es el quedesarrolla al máximo la utilidad, no la afirmación de que deberíamos deliberadamente tratarde desarrollar al máximo la utilidad. Entonces queda abierta la pregunta acerca de que procedimientodecisorio deberíamos usar. Es bastante posible que obremos mejor, de acuerdo conlos criterios utilitaristas de corrección, empleando un procedimiento decisorio no utilitarista.En consecuencia deberíamos ser “utilitaristas indirectos”.De las dos versiones desarrolladas en apretado resumen interpretamos que el utilitarismocomo moral exhaustiva no resulta plausible, por las numerosas críticas arriba consideradas.Principalmente, un utilitarista moral exhaustivo lejos de ser un componente útil de lasociedad se transforma en un ente totalmente desprovisto de relaciones humanas relevantesy hasta podría convertirse en un sujeto ciertamente peligroso desde el punto de vista que noreconocería derechos adquiridos o libertades básicas frente al cálculo de utilidad. Incluso lapropia existencia de este utilitarista resultaría totalmente insatisfactoria; por un lado llevaríauna vida vacía de contenidos, con amigos, familiares, etc. con quiénes no tendría ningúncompromiso especial y por otro lado viviría lleno de temores ya que no podría evaluar en quecircunstancias el cálculo de utilidad resultaría contrario a sus convicciones más profundas oexigiría privarle de determinados bienes sociales básicos.Las distintas reformulaciones del utilitarismo (de actos a reglas y de procedimiento decisorioa criterio de corrección) tampoco resultan plausibles desde la posición del “Agente-U”, yaque hace uso de argumentos artificiosos para tratar de lograr una cierta adecuación a intuicionesmuy profundas que el utilitarista moral exhaustivo no interpreta suficientemente.Existen relaciones especiales que no se pueden desconocer, la vida del hombre es unavida plena de compromisos y es deseable que así sea siempre que esto no implique privar aotros de bienes sociales primarios y, por otro lado, existen ciertas preferencias e intereses queno pueden ser tomados en cuenta desde el punto de vista moral.Nada ganamos con sostener que todas las preferencias racionales e informadas tienenigual valor pero a algunas le damos especial preeminencia y a otras las relegamos porque asíestaríamos mejor en términos utilitaristas; ya sea porque adoptamos como “regla” una determinadaconducta que así lo exige o más contundentemente porque admitimos un determinadoproceso decisorio no utilitarista. Debiéramos decir lisa y llanamente que el utilitarismo no nosda una explicación satisfactoria para estas cuestiones y por ello debemos abandonarlo en buscade una teoría moral más acorde a nuestras intuiciones.De las dos versiones de utilitarismo desarrollada por Kymlicka sin dudas resulta másplausible la que se manifiesta como moral política. Su consecuencialismo y sus diferentes concepcionesde utilidad ponen de manifiesto un fuerte compromiso con la humanidad desde elmomento que se interesa por las consecuencias sociales de los actos y define el bien y mal nodesde una posición metafísica, sino social.En su génesis histórica el utilitarismo embistió contra teorías filosóficas y políticas queservían de fundamento a estructuras sociales que defendían los privilegios de unos pocos frentea las mayorías y que propiciaban la sumisión del hombre a mandatos divinos. En este sentidoel utilitarismo fue claramente liberador.El axioma que todas las personas importamos por igual, que todos somos merecedoresde igual consideración y respeto, y de allí el compromiso de maximizar la utilidad parece unaconsecuencia loable pero puede dar lugar a consecuencias injustas.Desde el punto de vista de la “estructura básica de la sociedad” el utilitarismo ataca laexistencia de minorías privilegiadas, pero debe hacer uso de argumentos ad hoc para evitarlegitimar abusos de las mayorías frente grupos minoritarios y marginales. La búsqueda de lamaximización de la utilidad social implica que los intereses de los individuos no puedan prevalecerfrente a la utilidad general; pero, por otro lado si no contamos con un criterio que nospermita sostener la existencia de determinados bienes sociales primarios sobre los cuales nopuede prevalecer la utilidad social entonces abrimos la puerta a todo tipo de atropellos.El intuicionismoOtra vertiente contra la cual reacciona Rawls es el intuicionismo, que a diferencia delutilitarismo no constituye una teoría sistemática.El intuicionismo afirma que existe una pluralidad de principios de justicia, a los cualespodemos acceder por medio de la intuición. Pero los mismos no se hallan jerárquicamenteordenados de modo que pueden entrar en conflicto entre sí; por otro lado tampoco nos esclarecemucho al no poder determinar criterios de admisibilidad de dichas intuiciones, de modoque no contamos con medios para discriminar intuiciones correctas de incorrectas, tampocoverdaderas intuiciones de meros pálpitos o impresiones (Gargarella. 2000, p. 22).Es claro que el intuicionismo constituye un rival muy débil al momento de reconocer su propiaincapacidad de crear un sistema de reglas capaz de jerarquizar nuestras intuiciones. Ello quieredecir que solo puede brindar soluciones ad hoc que pueden resultar contradictorias entre sí.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

134< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>135La teoría de la Justicia de RawlsNo obstante estas disquisiciones y peligros que se hallan más allá de las buenas intencionesde los utilitaristas llevaron a John Rawls a lanzar críticas demoledoras contra el utilitarismoy elaborar una teoría de la Justicia alternativa de naturaleza constructivista.Rawls (1997) sostiene que si la gente debiera elegir algún principio de moralidad políticapara regular la “estructura básica de la sociedad” a partir de una “situación original”, elegiríanlos principios que él postula.Rawls imagina una situación previa a la constitución de la sociedad civil a través del contratosocial. A esta situación la denomina “posición original”; se trataría de un estado naturalpero no por ello igualitario, ya que las personas no tendrían similar poder de negociación -debidoa sus desiguales aptitudes naturales, fuerza física, recursos iniciales, etc.Este estado de naturaleza no permitiría a los individuos elegir un criterio de justicia imparcial;por el contrario seguramente plasmaría en el contrato social las ventajas naturalesde unos pocos. Para evitar esta consecuencia no deseada, Rawls introduce un nuevo recursoargumental, el “velo de la ignorancia”.Si las personas se encontraran tras un velo de ignorancia, de modo que nadie supiese cualsería su lugar en la sociedad, su posición, su clase o status social, tampoco su sexo, inteligencia,fuerza física, etc., ni siquiera sus tendencias psicológicas especiales, se asegurarían las condicionespara un acuerdo justo, para la elección de un criterio de justicia imparcial.Rawls se ocupa de determinar cuáles criterios de justicia distributiva adoptarían un conjuntode individuos racionales en un contexto de incertidumbre (a eso llama el velo de ignorancia)en el que desconocen todos los aspectos relevantes que hacen su identidad personal(posición social, sexo, raza, incluso inteligencia o carácter, etc.).Según Rawls, los criterios van a ser justos si el procedimiento mediante el que se losadoptan es justo, con independencia de las distribuciones resultantes. Por eso su teoría espuramente procedimental.Un proceso de decisión puramente procedimental se puede ejemplificar, como señala elpropio Rawls, con una apuesta: si un grupo de personas acuerdan tirar los dados como mediopara distribuir algo, lo más probable es que el resultado beneficie a unos y perjudique a otros,pero nadie podrá decir que el resultado es injusto si todos acordaron previamente el procedimientode asignación.Rawls se ocupa especialmente del procedimiento a utilizar para establecer los criterios dejusticia. En este sentido considera que la gente acumula en la sociedad una serie de prejuicios eintereses privados (debidos, precisamente, a su posición social, clase social, raza, sexo, inteligencia,etc.) que hacen difícil la elección equitativa e imparcial de algún criterio de justicia. En esecontexto circunstanciado, cada quién elegiría de acuerdo a sus propios intereses, y no los sacrificaríaen aras de la justicia. Entonces para lograr la elección imparcial de principios de justicia,Rawls crea el supuesto de que un conjunto de personas deberá elegir dichos principios, como sise hallaran tras un velo de ignorancia, en el que desconocen el tipo de sociedad en que vivirán, ellugar que ocuparán en ella, su clase social, su sexo, su inteligencia, su raza o cualesquiera otrosrasgos personales o sociales que les permita identificarse con algún interés ajeno a la justicia.Según Rawls, los individuos en esta situación, optarían según la regla del maximin; esdecir, buscarán maximizar (mejorar) la situación de los más desfavorecidos, dado que nadiesabe cuál será su suerte en la sociedad, todo el mundo tratará de elegir aquel principio que lebeneficie lo más posible si, al desaparecer el velo de ignorancia, se encuentra entre los másdesfavorecidos de la sociedad (por ejemplo; si es pobre, o discapacitado o pertenece a unaminoría discriminada, etc.).Esto llevaría a los individuos a elegir un principio de justicia distributiva lo más igualitarioposible, puesto que no tienen forma de saber que será cada quién cuando desaparezca elvelo de ignorancia. Dado que desconocen su identidad social y personal, lo más racional seríaque elijan el principio de justicia que les proporcione más bienes sociales primarios -aquellosque desea cualquier individuo racional para llevar adelante su plan de vida- si resulta que sehallan entre los más desfavorecidos de la sociedad.Podemos apreciar que Rawls utiliza básicamente un argumento contractualista que,como tal, se hace merecedor de dos fuertes criticas. Por un lado como el estado de naturalezapre-social y el mentado contrato social nunca han existido en la realidad, entonces ni los ciudadanosni los gobiernos podrían estar obligados por él. Incluso si se postula que el contratoes un acuerdo hipotético que la gente hubiera firmado en un estado de naturaleza, entoncesresultaría una falsedad, por cuanto no es un contrato en si mismo. Contundentemente sostieneDworkin, un contrato hipotético; lisa y llanamente no es un contrato.Expresa Kymlicka que la idea de un contrato social parece absurda (si es que se basa enacuerdos reales) o moralmente insignificante (si se basa en acuerdos hipotéticos).No obstante, sostiene Dworkin, el argumento del contrato social puede ser interpretado,no como un primer acuerdo real o hipotético para encontrar los orígenes sociales de la sociedad,o las obligaciones históricas de los gobiernos o de los individuos, sino para conformar laidea de la igualdad moral de los individuos.Pero de todas formas el argumento considerado en si mismo continua siendo una ficcióny como tal dúctil a los intereses de su creador. El argumento del contrato social no resultaútil, no porque de él no podamos llegar a las conclusiones postuladas por Rawls o las de otrosautores que hicieron uso de este recurso argumental, sino porque manipulándolas convenientementepodemos llegar a casi cualquier conclusión.Se ha criticado incluso una variable que introduce Rawls en su teoría contractual -el “velode la ignorancia”-, por ser psicológicamente irreal ya que resulta impensable un individuodesvinculado de su trasfondo social y sus deseos individuales, a lo que se respondió que el“velo de la ignorancia” no representa una teoría de la identidad personal, sino un recurso paraasegurarse la equidad en la elección de los principios de justicia.Finalmente, Kimlicka sostiene que la premisa de argumento de Rawls es la igualdad y noel contrato, y para criticarlo es necesario probar que no representa una concepción adecuadaRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

136< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>137de la igualdad. No resultaría suficiente decir que el contrato es históricamente inadecuado, oque el velo de la ignorancia es psicológicamente irreal. La cuestión no es si la posición originalexistió alguna vez, sino si es probable que los principios que serían elegidos en ella resultenequitativos dada la naturaleza del proceso de selección.A partir de Rawls el mundo de la filosofía moral (y política) cambió radicalmente. A partirde su teoría de la justicia nacieron o se revitalizaron importantes discusiones, y en tal sentidose acometieron distintos intentos por construir teorías alternativas de la justicia en contrastecon la postulada por este autor, ya sea por considerarla insuficientemente igualitaria, o insuficientementelibertaria, o excesivamente individualista (Gargarella. 2000, p. 15-18).Por razones de espacio resulta imposible exponer en este trabajo el amplio abanico decorrientes de pensamiento y teorías que se abrieron camino a partir de los trabajos de Rawls.Finalmente, quedan por explicar las razones por las cuales solo se hace hincapié en lajusticia, cuando la filosofía moral debe ocuparse también de otras virtudes; a eso solo podemosresponder que no es una cuestión menor hacer centro en la Justicia y esto tiene una importantejustificación porque para la tradición ética se trata de una bisagra entre la ética individualy la social (Cortina Orts. 1986, p. 130), y obviamente una filosofía moral orientada al Derechodebe estar más preocupada por la justicia social que por las actitudes de personas justas.CONCLUSIONESEn el complejo y entramado mundo actual, quien sólo sabe de Derecho en realidad nosabe de Derecho. Esa afirmación que puede parecer un juego de palabras encierra un profundosignificado; no es posible avocarse al análisis jurídico-formal con prescindencia de las razonesque dan sustento a las soluciones jurídicas, las teorías que dan basamento a las instituciones ylas consecuencias sociales y económicas de las intervenciones del Derecho.El análisis económico y la filosofía moral nos brindan esas miradas alternativas de las quecarecemos en la dogmática.Consideramos importante construir un nuevo Derecho con una visión diferente e integradora,dado que en la complejidad del mundo actual la dogmática no puede ser concebidacomo una disciplina autosuficiente, con virtualidad explicativa necesaria para dar cuenta detodos los casos, especialmente los más complejos.El interés analítico y la búsqueda de comprobaciones empíricas conducen a un entendimientomás realista, pragmático e instrumental de la realidad jurídica, y se constituye a la vezen un camino alternativo frente a las concepciones dogmáticas y esencialistas del Derecho.Esta aproximación seguramente no resultará atractiva para quienes piensen que el sistemajurídico es algo diferente e independiente de las restantes ciencias sociales, y que considerenque el Derecho se encuentra reñido con los datos empíricos o que las normas se independizande las justificaciones teóricas que les dan sustento. Pero no obstante ello, hemospretendido circunvalar los falsos dilemas incoados por las concepciones más tradicionales, enla inteligencia que los juristas comprometidos sabrán comprender que resulta necesario abrirla dogmática a nuevas consideraciones que le aporten una mayor virtualidad explicativa alDerecho para así poder aprehender mejor las complejidades del mundo de hoy.El Derecho debe incorporar mayores dosis de preocupación analítica y empírica en elestudio de temas jurídicos. Básicamente, remplazar descripciones y juicios de valor ocultosbajo el manto de descripciones ontológicas sobre la naturaleza jurídica de las instituciones,por explicaciones, análisis, contrastaciones de datos, y explicitación de presupuestos teóricos.En ese sentido la propuesta anglosajona constituye un interesante avance.-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASAlfaro Águila-Real, Jesús. (2007). “Los juristas -españoles- y el análisis económico delderecho”, en InDret 1/2007.Cortina Orts, Adela. (1986). “La justificación ética del Derecho como tarea prioritaria dela Filosofía Política. Una discusión desde John Rawls”, en Doxa 2.Diaz, Rodolfo. (2006). “Alberdi: precursor del Análisis Económico del Derecho”; enApuntes Jurídicos N° 9, Mendoza.Fischer, Stanley; DORNBUSH, Rudiger y SCHMELENSEE, Richard. ECONOMÍA. (1992).2° Ed. McGraw-Hill. Madrid.Fiss, Owen. (1991). “¿La muerte del Derecho?”, en DOXA 10.Fiss, Owen. (2001). LA AUTONOMÍA DEL DERECHO, en Estado de derecho y democracia,Un debate acerca del rule of law, SELA 2000, Buenos Aires, Argentina, p. 51-60. Tambiénen http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Laautonomiadelderecho.pdf (Recuperadoel 19 de febrero de 2012).Gargarella, Roberto. LAS TEORÍAS DE LA JUSTICIA DESPUÉS DE RAWLS. Paidos.Buenos Aires, 2000.González Amuchástegui, Jesús. (1994). “El Análisis Económico del Derecho: AlgunasCuestiones sobre su Justificación”, en DOXA 15-16.Kymlicka, Will. (1995). FILOSOFÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA: UNA INTRODUC-CIÓN. Ariel. Barcelona.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

138< Cristian Ricardo A. PirisHACIA UNA NUEVA DOGMÁTICA JURÍDICA ENTRE ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA FILOSOFÍA MORAL>139Lorenzatti, Ricardo Luis. (1999) “Análisis económico del Derecho: valoración, crítica.Hacia una teoría de la acción individual y colectiva en un contexto institucional”, en REVIS-TA DE DERECHO PRIVADO Y COMUNITARIO Nº 21. DERECHO Y ECONOMÍA. EditorialRubinzal-Culzoni. Santa Fe.Mercado Pacheco, Pedro. (1994). EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO. Centrode Estudios Constitucionales. Madrid.Spector, Horacio (Comp). (2004) ELEMENTOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DE-RECHO. Rubinzal-Culzoni. Santa Fe.Spector, Horacio. (2003). “Justicia y Bienestar. Desde una perspectivas de DerechoComparado”, en Doxa 26.Varian, Hal R. (1998). MICROECONOMÍA INTERMEDIA. Antoni Bosch. Barcelona.Pastor, Santos. (1989). SISTEMA JURÍDICO Y ECONOMÍA. UNA INTRODUCCIÓN ALANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO. Tecnos. Madrid.Polinsky, Mitchell. (1985). INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERE-CHO. Ariel Derecho. Barcelona.Rawls, John. (1997). TEORÍA DE LA JUSTICIA. Fondo de Cultura Económica. México.Rojas, Ricardo; Schenone, Osvaldo; y Stordeur, Eduardo. (2012) NOCIONES DE ANÁLI-SIS ECONÓMICO DEL DERECHO PRIVADO. Mayaprin. Guatemala.CURRICULUM VITAECRISTIAN RICARDO ABEL PIRISAbogado. Magister en Derecho Privado. Doctor en Derecho.Docente-Investigador Categoría III del Programa de Incentivos del Ministerio de Educaciónde la Nación.Profesor Adjunto por Concurso de Instituciones del Derecho Privado I – Facultad de CienciasEconómicas (UNNE).cpiris@unne.edu.arCooter, Robert y Ulen, Thomas. (1998). DERECHO Y ECONOMÍA. FCE. México.Cejudo Córdoba, Rafael. (2010). “Deontología y consecuencialismo: un enfoque informacional”,en CRÍTICA, Revista Hispanoamericana de Filosofía. Vol. 42, No. 126: 3–24.Sagüés, María Sofía (2009). “El análisis económico del derecho en la jurisdicción constitucional:ponderación de la Unidad de Análisis Económico de Derecho de la Corte Supremade Justicia de la Nación Argentina”, en LA LEY 2009-F, 1114.Sastre Ariza, Santiago (2001). “Algunas consideraciones sobre la ciencia jurídica”,en DOXA 24.Schäfer, Hans-Bernd y Ott, Claus. (1991). MANUAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO DELDERECHO CIVIL. Tecnos. Madrid.Sola, Juan Vicente. (2008). “El análisis económico del derecho. O cómo tomarse las consecuenciasseriamente”, en LA LEY 2008-B, 1350.Sola, Juan Vicente. (2009). “La Corte Suprema y el análisis económico del derecho”, LALEY 2009-E, 1223.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

GESTIÓN DE LA CRISIS:EL PLAN JEFES Y JEFASDE HOGAR DESOCUPADOSLUCAS M. GÓMEZ TONSICHFacultad de Ciencias Económicas – UNNEInstituto de Investigaciones Geohistóricas – CONICETRevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponteenseguida a aprender como se hace”.Franklin D. Roosevelt

142< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>143Recibido: 16/02/2013Aceptado: 13/05/2013RESUMENl presente trabajo analizará la génesis e implementación de las políticas públicasen contextos de crisis a partir del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupadoscreado en 2002.En una primera instancia se describirá el contexto socio–económico de crisis quedesembocó en la salida del régimen de convertibilidad y que posibilitó la adopción del mencionadoPrograma a la vez que actuó como un condicionante para su ejecución.Posteriormente se discutirá el rol jugado por el Estado en la gestión de la crisis y se apelaráa la noción de ciclo de políticas públicas para entender la génesis del Programa haciendoespecial hincapié en la construcción del árbol de problemas.Finalmente se abordarán los problemas que el diseño del Programa y su ejecución debieronafrontar.Palabras Claves: Planes Sociales – Crisis 2001 – Políticas Públicas.ABSTRACTThis paper will analyze the genesis and implementation of public policies in crisis contextsfrom the Program Heads of Household Unemployed created in 2002.In the first instance will be described the socio-economic crisis that led to the end of theconvertibility regime and facilitated the adoption of that Program while acting as a constraintfor its execution.Later we will discuss the role played by the State in managing the crisis and will appealto the notion of public policy cycle to understand the genesis of the Program with specialemphasis on the construction of the problem tree.Finally address the problems that the design and implementation of the Program had to face.Keywords: Social Plans – 2001 Crisis – Public Policy.una crisis genera las condiciones por las cuales lo politicamente imposible se convierta enpoliticamente inevitable (Friedman, 1966).Este debate puede inscribirse en la discusión más general acerca de las fuentes explicativasde las políticas públicas. Mientras que para el enfoque convencional de las cienciassociales 1 el Estado es concebido como esencialmente neutro a la hora de definir su accionar, yasea por tratarse de un “comité de negocios de la burguesía” –en su vertiente marxista (Engels& Marx, 2004)–, o de una arena dentro de la cual los actores sociales dirimen sus conflictos deintereses y cuya resultante son esas políticas públicas –en su vertiente norteamericana (Lowi,2003)–. En cualquiera de los casos la mirada sobre el Estado en sí se torna irrelevante a la horade entender e interpretar la génesis de las políticas públicas.Enfrentados a esta postura se sitúan aquellos que reconocen la autonomía estatal, en elsentido de que los funcionarios son capaces de formular sus propios objetivos y de implementarlas políticas que de ellos derivan, aun contra la oposición de intereses sociales contrapuestosa las mismas (Przeworski, 1990) 2 . Dicha autonomía supone pensar al Estado en tres nivelesdistintos pero complementarios: 1) Como actor social significa que las reparticiones que locomponen se comportan como agentes u organizaciones que tienen ideas e intereses específicos,y que interactúan con otras organizaciones del sector privado o del sector sin fines de lucro(Viguera, 1998); 2) Como orden legal tiene –o debería tener– alcance universal, en la medidaen que establece derechos y obligaciones que están por encima de la voluntad de los ciudadanosy asegura –al menos normativamente– derechos de ciudadanía para todos los habitantes(O’Donnell, 1993); 3) Como marco institucional representa dimensiones estructurales queinciden en los comportamientos humanos; los orientan, establecen incentivos para la acción,o los determinan directamente. Las instituciones serían la contracara del libre albedrío de laspersonas; implican restricciones, sean éstas externas o de carácter más interno –internalizaciónde prácticas y socialización– (Spiller & Tommasi, 2000).Esta presentación de la temática, aunque sucinta y esquemática, debe sin embargo sermatizada. La autonomía estatal convendría ser entendida no como una categoría absoluta ototalizadora, sino más bien como relativa y sujeta a modificaciones.En efecto numerosos trabajos señalan la existencia de distintos grados de autogobiernodentro del aparato estatal donde coexisten agencias tecnocráticas “aisladas” de las presionesIntroducciónEl abordaje del accionar estatal en contextos críticos tiene una larga tradición en el análisisde las políticas públicas; desde las interpretaciones marxistas más radicalizadas para lascuales la hiperinflación –o cualquier otro tipo de infortunio económico–, al destruir el valordel dinero, acerca a las masas un paso más hacia la destrucción del propio sistema capitalista(Bujarin & Preobrazhenski, 1977); hasta las concepciones neoliberales según las cuales sólo1Dependiendo de la corriente a la que pertenezca, este enfoque identifica un tipo particular de actor social o societal detrás dela génesis de las políticas públicas. Se trató del enfoque predominante en ell momento constitutivo de las ciencias sociales enla segunda mitad del Siglo XIX. En virtud del proyecto antiautoritario y antiabsolutista de la modernidad -especialmente de lasociología-, el énfasis de innovación y dinamismo no era asignado al Estado -de carácter autoritario-, sino a las fuerzas sociales -cualquiera fuera su tipo- y por lo tanto en ellas reposaban las esperanzas de cambio social (Viguera, 1998).2Skocpol señala que las razones por las cuales un Estado puede ser autónomo son: 1) Posee márgenes de autonomía en relación aotros Estados en el marco de un sistema mundial de relaciones; 2) El mantenimiento del orden interno le otorga al Estado capacidady legitimidad para intervenir (y por ende, autonomía), ya que ningún otro actor (empresas, iglesias, partidos políticos, etc.) tiene entresus objetivos mantener el orden y la paz internas; 3) Está conformado por ‘colectivos de funcionarios’, es decir, por conjuntos deagentes con una visión acerca de cuáles son los problemas en una sociedad, y cuáles son las formas de abordarlos (Skocpol, 1985).Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

144< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>145políticas de turno junto con una burocracia altamente sensible a dichos cambios (Sikkink,1993). A su vez existen momentos en los que el Estado se desenvuelve con mayor autonomíay momentos en los que los actores sociales o económicos inciden fuertemente en el tipo depolítica pública que se implementa. De manera tal que el propósito de las secciones que siguenserá analizar en detalle la trama de intereses y circunstancias que dieron origen al Programade Jefes y Jefas de Hogar Desocupados para lo cual se iniciará con una descripción de la situaciónsocioeconómica de la Argentina hacia fines del año 2001.LA SITUACIÓN ARGENTINA HACIAEL FINAL DE LA CONVERTIBILIDADEl régimen de convertibilidad de la moneda local con el dólar estadounidense se instauróen la Argentina a partir de 1991 como un intento de abandonar las fallidas estrategias de ajusterecesivo que habían caracterizado a la década de 1980. En su lugar se optó por una política deajuste expansivo que privilegiaba la obtención de un superávit fiscal por sobre el resultado delintercambio comercial acentuando la dependencia de los tributos indirectos (Rofman, 2000).Cuadro 1: Indicadores Económicos Seleccionados1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002PIB (%)*9,13 7,94 8,21 5,84 2,85 5,53 8,11 3,85 -3,39 -0,79 -4,41 -10,9Actividad (PP)** 0,45 0,50 1,30 -0,30 1,00 -0,50 0,70 0,10 0,50 -0,20 -0,10 -0,15Empleo (PP)** 0,90 0,30 0,00 -1,00 -1,60 -0,40 1,60 1,00 -0,20 -0,50 -1,00 -1,15Desocupación (PP)** -0,95 0,50 2,60 1,90 6,00 -0,30 -2,30 -2,10 1,40 0,90 2,30 2,25Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC.* Variación porcentual del Producto Bruto Interno a precios de 1993. ** Variación en puntos porcentualesrespecto al promedio anterior.Al éxito de los primeros años, con fuertes tasas de crecimiento que vinieron a revertir lacaída previa asociada a la crisis hiperinflacionaria, le sucedieron años marcados por shocksexternos sucesivos –México, Malasia, Rusia, Brasil, etc.– que complicaron el panorama económicodel país. Es así que a comienzos del nuevo siglo la Argentina padeció una de las peorescrisis social y política de su historia contemporánea. Entre 1998 y 2002 el PBI argentino acumulóuna contracción del 19,49%.Consecuentemente la tasa de desocupación se ubicó en 21,5% en áreas urbanas en Mayode 2002, con índices muy elevados de empleo no registrado. La espiral deflacionaria en laeconomía provocó un desplome de casi 7 puntos porcentuales en el empleo urbano desde 1998descendiendo al 33% en Mayo de 2002; al tiempo que la desocupación creció casi 7 puntos enel mismo período alcanzando el 22% en Octubre de 2002.Esta situación afectó en distinta medida a los distintos colectivos de trabajadores.A modo de ejemplo, en los jefes de hogar el desempleo se situó en el 12% mientras que aprincipios de la década de 1990 alcanzaba a alrededor de un 3% (Lindenboim & Serino, 2000).Cuadro 2: Personas y Hogares bajo la Línea de Pobreza. Aglomerado GBA. Mayo y Octubre (%).PersonasHogares1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002M O M O M O M O M O M O M O M O M O M O M O M O292222 1916 1518 1814 1417 1613 1219 2214 1625 2718 2028 2620 1926 2419 1826 2718 1927 3019 2129 3321 2435 5026 385442Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC.En términos sociales dicha debacle se tradujo en los peores indicadores de marginalidad delos que se tenga registro en época reciente. Sólo para citar los dos más importantes: la incidencia dela pobreza en el Gran Buenos Aires, que tendió a la baja hasta la Crisis del Tequila, superó la marcaprevia del 29% hacia Mayo del año 2000 y llegó al 54% de la población para Octubre de 2002.Cuadro 3: Personas y Hogares bajo la Línea de Indigencia. Aglomerado GBA. Mayo y Octubre (%).PersonasHogares1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002M O M O M O M O M O M O M O M O M O M O M O M O5 3 3 3 4 4 3 4 6 6 7 8 6 6 5 7 8 7 8 8 10 12 23 254 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 4 5 4 5 5 5 5 6 7 8 16 17Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC.Por su parte la indigencia, esto es la incapacidad para cubrir adecuadamente las necesidadesnutricionales a su costo mínimo, superó su marca previa de 5% de la población del GranBuenos Aires ya hacia 1995 manteniéndose sistemáticamente por encima, llegando a duplicardicha cifra en Mayo de 2001 y quintuplicarla en Octubre de 2002.El cuadro de situación descripto hasta aquí, aunque acuciante por sí mismo, debe sermatizado con en análisis de otros indicadores de carácter más estructural. Si nos detenemosa estudiar los aspectos más fundamentales de la pobreza, esto es aquellas carencias críticasque condicionan la realidad de los pobres de manera más apremiante, entonces el escenariobosquejado resulta menos dramático sin por ello dejar de ser terrible.Cuadro 4: Necesidades Básicas InsatisfechasPoblación con NBI (%)Hogares con NBI (%)1980 1991 200127,7 19,9 17,722,3 16,5 14,3Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

146< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>147Mientras que la situación de pobreza medida indirectamente a través de los ingresos era en2001 ostensiblemente peor que en 1991, medida directamente a través de las Necesidades BásicasInsatisfechas (NBI) 3 presentaba una clara mejoría en cuanto a pobreza estructural refiere.Esperanza de Vidaal Nacer (años)AlfabetismoAdulto (%)EscolaridadPromedio (años)Tasa de MatriculaciónCombinada (%)Cuadro 5: Indicadores Sociales Seleccionados1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20027194,86s/d7195,38,7s/d7195,38,7s/d71,195,59,2s/d72,195,9s/dFuente: Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD.Ahondando en dos dimensiones que serán clave para este trabajo, educación y salud, podemoscomprobar como las condiciones de la población en su conjunto mostraron un desenvolvimientofavorable. Tanto el alfabetismo adulto como la matriculación mejoraron continuamente alo largo del período; y así también lo hicieron la esperanza de vida al nacer y la mortalidad infantil.7972,296s/d8072,496s/d7772,696,2s/d7972,996,5s/d7973,196,7s/d8073,296,7Cuadro 6: Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal. Tasas por 1000 nacidos vivos.Mortalidad InfantilMortalidad NeonatalMortalidadPostneonatal9,3s/d8373,496,81991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200224,714,923,914,822,914,12213,922,213,620,912,718,811,419,111,717,611,316,610,916,310,616,811,38,78,47,68,17,97,07,46,35,75,6s/d835,6ROL DEL ESTADO COMO ACTOR, ORDEN LEGALY MARCO INSTITUCIONALDe lo expuesto anteriormente puede decirse que existen diversas interpretaciones respectode cuál sería el papel que debería ocupar el Estado a la hora de formular las políticaspúblicas; mientras que algunos niegan la importancia del Estado dándole prioridad a los Gruposde Interés, aquí se considera que el Estado, y las agencias que lo componen, está dotadode autonomía 4 y por lo tanto tienen la potencialidad de actuar como sujetos en el intercambiocon otros sujetos sociales.En este caso particular vemos que dentro de los requisitos para acceder al beneficio se encontraba,además de acreditar la condición jefe o jefa de hogar en situación de desocupado y tenerhijos a su cargo –razón de ser del programa–, también debía acreditarse la escolaridad de los mismosasí como el cumplimiento de los controles sanitarios y del calendario de vacunación 5 . De lainformación sobre estadísticas educativas y sanitarias expuestas precedentemente resulta que lasituación en dichas áreas no se había modificado sustancialmente con el estallido de la crisis, sinoque por el contrario se mantenía la trayectoria previa de mejoramiento gradual y persistente en losindicadores; por lo cual puede inferirse que a este respecto influyó más la agenda de los funcionariospúblicos que presiones reales –o percibidas– del contexto (Skocpol, 1985).Al mismo tiempo también puede verse al Estado como un orden legal, en tanto aseguraderechos de ciudadanía para todos los habitantes. Ello resulta particularmente importante enel caso analizado toda vez que cuando las acciones privadas violan derechos tipificados públicamente,el Estado debe intervenir reparando castigando y/o mitigando el daño.Así tenemos, en este caso particular, que al estallar la crisis a finales del 2001 en la Argentina,se asistía a un escenario donde los más básicos derechos ciudadanos como el respeto dela propiedad privada, el derecho a la vida y la integridad física, o el derecho al cumplimientode los contratos, se encontraban seriamente amenazados 6 y por lo tanto se justificaba la intervencióndel Estado.Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.Es así que en un contexto de alta emergencia ocupacional y social se crea por decreto N° 165el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados para atender a casi 2 millones de beneficiarios.3Hogares con NBI son aquellos en los cuales está presente al menos uno de los indicadores de privación: a) Más de 3 personaspor cuarto (hacinamiento crítico); b) Vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo); c) Viviendasque no tienen ningún tipo de retrete (saneamiento); d) Algún niño en edad escolar -6 a 12 años- que no asiste a la escuela(escolaridad); d) 4 o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación -sólo asistió dosaños o menos al nivel primario- (subsistencia) (INDEC, 2002).4Autonomía entendida como la capacidad que tiene el Estado para llevar adelante una serie de objetivos definidos en formapropia, más allá de los intereses y presiones de otros actores sociales.5Art. 10. — Para acceder al beneficio se requerirá: a) Acreditar la condición de jefe o jefa de hogar en situación de desocupado, mediantesimple declaración jurada. b) Acreditación de hijos a cargo mediante la presentación de la correspondiente Partida de Nacimientodel o los menores, o certificación del estado de gravidez expedido por un centro de salud municipal, provincial o nacional. c) Acreditaciónde escolaridad en condición de alumno regular del o los hijos a cargo, menores de DIECIOCHO (18) años mediante certificaciónexpedida por el establecimiento educativo. d) Acreditación de control sanitario y cumplimiento de los planes nacionales de vacunacióndel o de los hijos a cargo, menores de DIECIOCHO (18) años, mediante libreta sanitaria o certificación expedida por un centro de saludmunicipal, provincial o nacional. e) Acreditación de la condición de discapacitado del o de los hijos a cargo, mediante certificación expedidapor un centro de salud municipal, provincial o nacional. f) En los casos de ciudadanos extranjeros residentes en forma permanenteen el país, dicha residencia deberá ser acreditada mediante Documento Nacional de Identidad argentino.6Téngase presente las restricciones para el retiro de dinero depositado en cajas de ahorro, los saqueos a comercios, más de 30personas asesinadas en diferentes manifestaciones a lo largo del país, suspensión de la Convertibilidad y desempleo crecientesólo para mencionar algunos.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

148< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>149En tal sentido, dentro de sus considerandos el mencionado decreto hace expreso reconocimientoal derecho familiar de inclusión social como un mandato constitucional, y por lotanto crea el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados para superar la situación de desprotecciónde hogares cuyos jefes se encuentren desocupados.Pero al mismo tiempo no debe olvidarse que el Estado puede ser también conceptualizadocomo un marco institucional, es decir, como la dimensión estructural que incide enlos comportamientos humanos orientándolos 7 . Pero lo más importante es que los rasgos delsistema institucional afectan los comportamientos de los actores que intervienen, y en consecuencia,afectan los resultados esperados de la interacción propia de las políticas públicas.Esto se emparenta con la idea que la Escuela Incremental (Lindblom, 2000) tiene sobreel proceso decisorio según la cual la interacción y la dinámica política son las variables relevantesa la hora de entender la producción de decisiones viables.GOBERNABILIDADRelacionado con ello se encuentra la noción de gobernabilidad que aquí se entenderá comola forma a través de la cual una sociedad determinada se da una direccionalidad y un sentido, y lacapacidad que la misma tiene de alcanzar los objetivos formulados (Subirats, 1989).Esto es importante por cuanto las características del sistema político e institucional de laArgentina condicionan tanto el proceso decisorio que veremos a continuación, como la implementaciónde las políticas adoptadas.Pero primeramente deberá hacerse referencia al Ciclo de las Políticas Públicas.CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASRecordemos que las políticas públicas se definen como un conjunto interrelacionado deobjetivos, decisiones y acciones, desarrolladas a instancias o por el mismo Gobierno, y que tienencomo finalidad dar respuesta a un problema público que ha sido identificado como prioritarioo pertenece al conjunto de obligaciones que en un momento determinado se le atribuyenal gobierno (Tamayo Sáez, 1997).Estos responden a un proceso que se conoce como ciclo de las políticas públicas cuya primerainstancia corresponde a la definición e identificación de cuál es el problema. A esta etapase la denomina problematización.En esta instancia cobra importancia analizar cómo se construye la agenda del gobierno, esdecir cómo se arriba al conjunto de problemas que el gobierno ha definido como prioritarios ysobre los cuales ha decidido llevar a cabo acciones de respuesta.Existen varios modelos acerca de cómo se construye la agenda, pero en lo que se refiere alcaso abordado podría considerarse que éste presenta tanto elementos del “modelo de iniciativaexterna” pues dentro de los considerandos del decreto 565/02 expresamente se menciona que elPrograma Jefes y Jefas de Hogar Desocupados se implementa a sugerencia de la Mesa de DiálogoArgentino 8 . Por lo tanto la iniciativa partió desde la sociedad.Pero dichos llamamientos a atender los problemas sociales causados por el deterioro dela economía argentina venían dándose a conocer sistemáticamente desde mucho antes que lacrisis estallara. Por lo tanto puede interpretarse que fue tanto el agravamiento de la situaciónsocial –con la consiguiente multiplicación de los reclamos sociales junto con el reemplazo dela dirigencia política nacional 9 lo que permitió que estos llamamientos fueran escuchados. Laagenda del nuevo gobierno estaba en sintonía con los reclamos de los sectores sociales.A su vez, en las características del proceso decisorio tiene gravitación la idea de gobernabilidadque se expuso anteriormente, en tanto y en cuanto el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupadosno resultó de la imposición de una determinada solución por parte de las nuevas autoridades,sino por el contrario fue el resultado de un proceso de diálogo y negociación del cual elPrograma representó el compromiso asumido tanto por el gobierno como por los empresarios, laiglesia, las organizaciones de desocupados, e incluso los organismos financieros internacionales.PROBLEMATIZACIÓN Y RED EXPLICATIVADentro de la etapa de definición del problema otro aspecto a considerar es explicitar la explicacióndel problema a partir del análisis de sus causas y las distintas vinculaciones que tienenlas causas entre sí.En el caso particular del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados puede intentarseun esbozo de dicha red explicativa a partir del texto del decreto 565/02 el cual señala el reconocimientopor parte de la Constitución Argentina del derecho familiar de inclusión social, con locual puede interpretarse que el problema principal en este caso sería la exclusión social.Seguidamente se cuenta entre las causas de dicha situación los niveles de pobreza extrema,agravados por una profunda parálisis productiva y el carácter regresivo de la distribución delingreso; los cuales vendrían a convertirse en los factores explicativos del problema principal.Luego el texto del decreto hace mención a la necesidad de “garantizar la protección integralde la familia y asegurar el acceso de los hijos que se encuentren en las condiciones previstas a la8La Mesa de Diálogo Argentino consistió en una convocatoria hecha por la Iglesia a todos los actores sociales el 19 de Diciembredel 2001 (Clarín, 2001; Litre, 2001).7Las instituciones son las normas o reglas, escritas o no, que regulan la actividad de personas y organizaciones de todo tipo(Spiller & Tommasi, 2000).9Tras sucesivas renuncias fue el peronismo bonaerense el que se hizo cargo de la situación de la mano de Eduardo Duhalde (LaNación, 2002).Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

150< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>151educación formal y propiciar, en su caso, la incorporación de los jefes o jefas de hogar desocupadosa la mentada educación, o su participación en cursos de capacitación, que coadyuven a sufutura reinserción laboral”. De manera tal que puede interpretarse que los efectos que provoca laexclusión social serían la desprotección de las familias y la deserción escolar.Adicionalmente, el decreto menciona “que reviste igual trascendencia el valor reconocidopor la sociedad argentina al trabajo, como ejercicio de un derecho y, conjuntamente como cumplimientode la responsabilidad de sus integrantes de participar en el esfuerzo de creación deriqueza y de satisfacción de necesidades prioritarias de la comunidad”.Con lo cual otros de los efectos serían la pérdida de una cultura del trabajo y la existenciade necesidades prioritarias no satisfechas.En base a lo expuesto es posible diagramar un “árbol de problemas”:Desprotección de las Familias Pérdida de la Cultura del TrabajoDeserción EscolarNecesidades Prioritarias Insatisfechasrutinas estandarizadas 10 cuando se opera en un entorno caótico.Por lo tanto la alternativa posible consistía en compromiso entre los actores sociales involucradosal punto de no reflejar exactamente la opinión de alguno en particular.Sin embargo la Mesa de Diálogo Argentino tuvo un papel destacado pues el decreto rescatala importancia de “promover una transferencia de recursos entre quienes disponen demejores ingresos, hacia los sectores sociales que menos tienen, para contribuir a una mayorequidad y promover un desarrollo económico social sustentable” (Diálogo Argentino, 2002).He aquí en corazón del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.Sin embargo, alguien debe llevar adelante dicho programa, y será durante la puesta enmarcha cuando nuevamente se verá hasta dónde llegan las interacciones entre estos actores.Para ello el decreto establece la universalización del anterior Plan Jefes y Jefas de Hogar,con el fin de asegurar un mínimo ingreso mensual a todas las familias argentinas.Vemos aquí otro ejemplo de la Escuela Incremental, ya que la solución propuesta partede las experiencias adquiridas con las políticas sociales implementadas anteriormente.Exclusión SocialPobreza Extrema Parálisis Productiva Distribución Regresiva del IngresoAl mismo tiempo existen interacciones entre algunos de los factores explicativos, puesla parálisis productiva realimenta la pobreza agravando los problemas de distribución delingreso nacional.Por otra parte, también existen relaciones bidireccionales entre los efectos, pues las necesidadesinsatisfechas fuerzan a las familias a adoptar estrategias de supervivencia extremasen las cuales sacrifican “bienes no esenciales” como la educación.TOMA DE DECISIÓNEn el segundo momento del Ciclo de las Políticas Públicas se toman las decisiones y seprocede al diseño de la opción que enfrentará el problema caracterizado y especificado en elmomento anterior.Siguiendo a Allison puede afirmarse que el caso del Programa Jefes y Jefas de HogarDesocupados se aproxima a un “modelo de política burocrática” por cuanto ante la crisis económico,social e institucional que atravesaba la Argentina, resultaba extremadamente difícilque un actor individual –o una institución en particular– decidiera cuál sería la mejor opciónposible (Allison, 1988).Igualmente difícil hubiera sido para el aparato estatal hacer frente a ese desafío en el climade excepción que se vivía en ese momento. No pueden fijarse políticas públicas a partir deDISEÑO DE LAS POLÍTICASDe manera tal que, según lo visto en el apartado anterior, el diseño de la política implicóla participación de varios sectores sociales, aunque no así la participación política a través deltratamiento legislativo como veremos más adelante.A su vez dicho programa fue instrumentado dentro de la declaración de emergencia enmateria social, económica, administrativa, financiera y cambiaria de manera tal que no necesitóintervención del legislativo para su concreción (vía facultades delegadas).Por otra parte se establecía descentralización y participación de organizaciones sociales,para lo cual el decreto determinó que la ejecución fuese llevada a cabo a través de las provinciasy su aplicación por medio de los municipios.En el mismo sentido se designó a los Consejos Consultivos en la tarea de control en laadjudicación y efectivización de los planes. Éstos Consejos debían ser integrados por representantesde los trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y confesionales, y funcionariosdel gobierno. Cristina Calvo, coordinadora de la Mesa Ampliada del Diálogo Argentinodescribió que:La Mesa tripartita recibía a los diferentes actores, a los cuales se les proponían dospreguntas muy simples. Una consistía en enumerar las causas fundamentales de lacrisis y la otra, en relación con la posibilidad de esbozar las posibles soluciones ycompromisos referidos tanto a personas como a sectores. Durante las entrevistas sedaba espacio a la “catarsis”, donde la gente, luego de poder expresar todo su malestar10Tal como postula el Modelo de Proceso Organizacional (Viguera, 1998).Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

152< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>153acumulado, podía comenzar a aportar más a una construcción propositiva. El DiálogoArgentino generaba un contexto en el cual las personas se sentían seguras de quecuanto dirían no se usaría para perjudicarlos, sino para tratar de buscar solucionescomunes (Veiga González, 2011).Participaron más de 800 personas y alrededor de 300 entidades, se recibió un millar deaportes por escrito, se desplazó a cinco ciudades del interior del país, se reunió el equipo conlos máximos dirigentes políticos y aplicó la paradiplomacia a nivel nacional e internacional.Como resultado de esta primera fase del proceso, la información recogida y su sistematizaciónpermitieron identificar: 1) que el Diálogo Argentino es reconocido como una instancia confiable,válida, que ha incorporado a sectores usualmente marginados, 2) que existe voluntadsincera y deseo de diálogo, a tal punto que ha sido prácticamente unánime la voluntad de participary no ha habido cambios ni alteraciones a la agenda establecida, 3) que sólo será posibleel éxito del Diálogo y la puesta en marcha de acuerdos y consensos si previamente se da larecuperación económica del país (Diálogo Argentino, 2002).Sin embargo, evaluaciones posteriores llevadas a cabo por la Sindicatura General de laNación –SIGEN– dieron cuenta de que en la mayoría de las provincias no se instrumentaroncanales o medios que permitieran un intercambio fluido de información entre el Consejo ConsultivoProvincial y la población–objetivo (SIGEN, 2002).El mismo informe puso el acento en la ausencia del apoyo técnico hacia los ConsejosProvinciales relacionado con la operatividad del programa destacando que carecían de canalesde comunicación fluidos con los consejos consultivos locales, y que de ello se derivaba elprincipal obstáculo del funcionamiento de éstos, ya que, en general, no poseían informaciónproveniente de los ejecutores del programa, lo cual los inhibía para desarrollar las actividadesreferidas a su desempeño.Por otra parte, en la propuesta de informe elaborada por la Secretaría Ejecutiva del CONAEyC,correspondiente al mes de julio de 2002, se detallaron importantes falencias en la conformaciónde los Consejos Consultivos. Es así que en la provincia de Neuquén, por decisión del Gobierno Provincial,el Consejo Consultivo Provincial aún no había sido constituido. En La Pampa, La Rioja yTucumán no se contaba con los datos sobre las instituciones participantes. Asimismo, en Santa Felas organizaciones sociales convocadas decidieron no integrarse en su conformación, y en Corrientes,Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz, la participación de las instituciones de la sociedadcivil era, en proporción, minoritaria frente a los representantes del Estado.IMPLEMENTACIÓNEl decreto 165/02 estableció que el Ministerio de Trabajo actuaría como organismo fiscalizadordel funcionamiento del plan, a partir de la comprobación de que el postulante nocobrase ningún otro plan social, ni beneficio previsional –incorporándolo en el Registro Nacionalde Beneficiarios de Planes Sociales–. A su vez, preveía la existencia de Consejos Consultivospara monitorear la ejecución del mismo a nivel local, provincial y nacional. Los consejosconsultivos debían integrarse por representantes de los trabajadores, los empresarios, las organizacionessociales y confesionales, de acuerdo a los niveles de gobierno correspondientes.A su vez el decreto 565/02 creó el Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control–CONAEyC– del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, integrado por tres representantesde empleadores, organizaciones sindicales de trabajadores y desocupados, el gobiernonacional, instituciones confesionales y ONGs. Los miembros de este consejo eran designadosa propuesta de cada una de las instituciones, con cargos ad honorem y con amplias facultadesde monitoreo y fiscalización.El modelo incremental nos señala que las políticas públicas toman forma a partir delas capacidades adquiridas por los agentes gubernamentales en base a las experienciaspasadas, la contracara de ello es que éstas políticas, al no crearse “de la nada” arrastranconsigo las deficiencias que son propias de la gestión estatal. En tal sentido María ElenaRubio, quien se desempeñara como Secretaria del CONAEyCs apuntaba que en la implementacióndel programa:Se tomaron algunos actores como representativos […] Salvo que hubiese técnicoscon experiencia en participación, la convocatoria no planteaba en su metodologíael diagnóstico de la red de actores locales […] se convocaba a actores locales que nisiquiera representan a actores sociales […] Desde esa lógica el piquetero busca cómoponer en la agenda pública el desempleo, ya que ese es su valor (Gómez, 2006).A pesar de lo dicho anteriormente, al momento de implementarse dicho programa (recuérdeseque se hizo en medio de la mayor crisis económica, política y social de la historiareciente del país) se hizo patente la necesidad imperiosa de contar con el apoyo de las organizacionessociales (llámese piqueteros, agrupaciones, obreros de fábricas recuperadas, etc.)para mantener la endeble situación institucional.De manera tal que se transformaron en administradores de dichos programas, y los planesen sí pasaron a ser una moneda de cambio para las negociaciones con los distintos nivelesde gobierno.En terminología de Bardach podría concluirse que los “juegos” produjeron tanto un desvíode recursos –que en muchos casos se emplearon con fines proselitistas–, como una distorsiónde los objetivos de la política –pues el programa pasó a ser una moneda de cambio-(Bardach, 2003) por lo que no es de extrañar que Comisión de Tratamiento de Denuncias delos Programas de Empleo –CODEM– dependiente del Ministerio de Trabajo reportara 458denuncias por extorsión y 184 por corrupción hacia Enero de 2003 11 .11Los casos de extorsión se daban en aquellas situaciones donde una persona exigía al postulante o al beneficiario una contraprestaciónno establecida por la normativa, para poder acceder al beneficio o continuar gozando del mismo, mediante intimidacióno simulando autoridad pública o falsa orden de la misma. Cuando la extorsión era realizada por un funcionario público, elCODEM la tipifica como corrupción.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

154< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>155Muchas veces, por no respetar las realidades locales, se dio lugar a una atomización deintereses, es decir se potenciaron conflictos cuando no se respetaron las reglas de juego de lademocracia en cuanto a participación. Algunos programas rompieron las reglas de juego locales,porque no se consideró al Municipio como un actor relevante y como consecuencia no sedejó capacidad instalada (Gómez, 2006).A ello deben sumárseles las irregularidades que se produjeron y que resultaron difícilesde erradicar aún en los casos en que existió voluntad política en ese sentido. Tal es así que enmuchas localidades funcionaron bocas de inscripción por fuera de la municipalidad respectiva,que era la encargada de centralizar el procedimiento conforme la normativa establecida.Esta situación fue señalada reiteradamente por la SIGEN, organismo que hizo hincapié, porun lado, en la imposibilidad de las municipalidades respectivas de asignar a los beneficiariosinscriptos a proyectos de contraprestación; y por el otro, en la circunstancia de que la documentaciónrespaldatoria de dichos beneficios no fuera archivada por las municipalidades, talcomo era su obligación (SIGEN, 2003).Una de las falencias en la implementación del programa que más inconvenientes ha generadoes el hecho de que no se entregaran comprobantes de inscripción al momento de presentarla solicitud y la documentación exigida. Esto ha dejado en una innecesaria situaciónde indefensión a aquellos postulantes que presentaron debidamente la inscripción y toda ladocumentación requerida, pero que, por algún motivo, no fue aceptada y no se encuentra registradaen el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Defensoría del Pueblo de laCiudad de Buenos Aires, 2003).A MODO DE CONCLUSIONESLa evaluación global de los resultados del Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados involucranumerosas aristas difíciles de sintetizar. Por un lado es innegable el aporte que representópara el sostenimiento de una vasta porción de la ciudadanía argentina en momentos deextrema urgencia y el esfuerzo fiscal significó para las cuentas públicas 12 .Sin embargo también debe señalarse que su impacto sobre el sostenimiento del consumoy la demanda interna deben ser sopesados por sus efectos en la determinación del salario mínimode los trabajadores de manera que resultó un fracaso porque un subsidio tan bajo no sirvepara nivelar hacia arriba el ingreso de desocupados y ocupados sino para legitimar la dinámicaregresiva del mercado (Krakowiak, 2003).A ello deben añadírseles los nulos efectos que tuvo sobre la pobreza y el empleo. La comparaciónentre los resultados obtenidos por los relevamientos realizados en Mayo y Octubrede 2002 permite establecer que, a pesar de la implementación del Plan Jefes y Jefas de HogarDesocupados, los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina se mantuvieron en aumento.En efecto, en Mayo de 2002 el 53% de la población se encontraba por debajo de la línea depobreza y el 24,8% era considerado indigente, mientras que seis meses más tarde, en Octubrede 2002, estas cifras habían crecido al 57,5% y 27,5% respectivamente.Idéntica reflexión debe realizarse con relación a la situación de desempleo y subempleo.Al respecto, en la EPH de Octubre de 2002 el desempleo alcanzó al 17,8% de la población económicamenteactiva, mientras que el subempleo abarcó al 19,9% de la PEA.El campo de las teorías sobre la acción pública posee la inusitada cualidad de su permanentevigencia, aún durante la arremetida neoliberal de finales del siglo XX la producciónacadémica en el área continuó siendo empecinadamente fructífera. Pero es en momentos dedificultad cuando la batalla de ideas cobra su mayor significación, y la actual crisis financierainternacional nos muestra el ejemplo más reciente del sempiterno debate sobre mayor o menorinvolucramiento del Estado –o lo que viene a significar lo mismo, mayor o menor regulaciónde los mercados–.En este trabajo se buscó ejemplificar a partir de un caso concreto, el Programa Jefes yJefas de Hogar Desocupados, la densa trama de intereses, condicionamientos e involucramientosque dan forma y sentido a las políticas públicas. Lejos de las abstracciones teóricas larealidad concreta del hecho desnudo pone al descubierto matices, particularidades e incluso,porque no, contradicciones.El Estado se muestra en este ejemplo como un actor relevante aun en momentos de zozobra.En medio de la crisis política, con cambios dirigenciales y protestas sociales, encontró la forma deintroducir sus propios temas de agenda –educación y salud– en medio de la discusión pública.Pero no por ello debe minimizarse la importancia de la crisis, ya que ella operó como un catalizadorpara impulsar los cambios necesarios, no sólo a nivel de las macro–políticas, sino también en lagestión cotidiana. A su vez, a crisis redujo el margen de maniobra estatal permitiendo la visibilizaciónde nuevos interlocutores, representados en la Mesa de Diálogo Argentino, a los cuales elEstado debió recurrir en busca de legitimación (La Nación, 2002; Página 12, 2002).REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASAllison, G. T. (1988). La esencia de la decisión: Análisis explicativo de la crisis de losmisiles de Cuba. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.Bardach, E. (2003). Problema de la definición de problemas en el análisis de las políticas.En L. Aguilar Villanueva, Problemas públicos y agenda de gobierno. Tercera antología. México:Miguel Angel Porrúa.Bujarin, N., & Preobrazhenski, E. (1977). El ABC del comunismo. Madrid: Júcar.122.310 millones para el año 2002 y 3.025 para el año 2003 (Neffa, 2009).Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

156< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>157CELS. (2003). Plan Jefes y Jefas ¿Derecho social o beneficio sin derechos? BuenosAires: CELS.Clarín. (19 de Diciembre de 2001). Encuentro en Cáritas. Clarín.Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. (2003). Resolución 2248/03. BuenosAires.Diálogo Argentino. (2002). Bases para la Reforma. Buenos Aires.Lowi, T. J. (2003). Política, economía y justicia: hacia una política de globalización delcapitalismo. En G. Lachapelle, S. Paquin, & F. Morata Tierra, Globalización, gobernanza e identidades(págs. 75-82). Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.March, J. G., & Olsen, J. P. (1997). El redescubrimiento de las instituciones: La base organizativade la política. México: Colegio Nacional de Ciencias Politicas y Administracion Publica.Mendíaz, M. G. (2007). El Estado y las políticas públicas: las visiones desde el Neoinstitucionalismo.Rosario: UNR.Diálogo Argentino. (2002). Construir la Transición. Buenos Aires.Engels, F., & Marx, K. (2004). Manifiesto comunista. Madrid: AKAL.Friedman, M. (1966). Capitalismo y libertad. Madrid: Rialp.Gómez, F. (2006). Conversando con María Elena Rubio y María del Carmen Tamargosobre el concepto de participación y las polítitas sociales. Observatorio Social, 4-10.Neffa, J. C. (2009). El plan jefes y jefas de hogar desocupados (PJyJHD). análisis de suscaracterísticas y objetivos. fortalezas y debilidades. En J. C. Neffa, E. De la Garza Toledo, & L.Muñiz Terra, Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidadeslaborales (págs. 281-347). Buenos Aires: CLACSO.O’Donnell, G. (Julio-Septiembre de 1993). Acerca del estado, la democratización y algunosproblemas conceptuales: Una perspectiva latinoamericana con referencias a paises poscomunistas.Desarrollo Económico, 33 (130), 163-184.INDEC. (2002). Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001: Resultadosprovisionales. Buenos Aires: INDEC.Krakowiak, F. (19 de Enero de 2003). Plan aspirina. Página 12, pág. 17.Página 12. (14 de Enero de 2002). Hoy es día de concertación. Página 12.Página 12. (23 de Enero de 2002). Lanzan un plan social para 500 mil desempleados.Página 12.La Nación. (15 de Enero de 2002). Duhalde convocó al diálogo social para ‘enfrentar elderrumbe’ del país. La Nación.La Nación. (14 de Enero de 2002). Duhalde convocó hoy al diálogo social. La Nación.Página 12. (15 de Enero de 2002). Para enfrentar el derrumbe final. Página 12.Presidencia de la Nación. (23 de Enero de 2002). Emergencia Ocupacional Nacional.Decreto N° 165/02, 7. Buenos Aires, Argentina: Boletín Oficial N° 29022.Lindblom, C. E. (2000). Todavía tratando de ‘salir del paso’. En L. Aguilar Villanueva,La hechura de las políticas. Antología de políticas públicas (págs. 227-254). México: MiguelAngel Porrúa.Lindenboim, J., & Serino, L. (2000). Mercados de trabajo urbanos en la Argentina de los90. En J. Lindenboim, Crisis y metamorfosis del mercado de trabajo. Buenos aires: CEPED.Litre, G. (20 de Diciembre de 2001). El encuentro en Caritas, un primer intento de concertación.La Nación.Przeworski, A. (1990). The state and the market under capitalism. París: Harwood AcademicPublisher.Rivas Leone, J. A. (Junio de 2003). El neoinstitucionalismo y la revalorización de lasinstituciones. Reflexión política(9), 37-46.Rofman, A. B. (2000). Desarrollo regional y exclusión social. Buenos Aires: Amorrortu.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

158< LUCAS M. GÓMEZ TONSICHGESTIÓN DE LA CRISIS: EL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS>159Romero, J. J. (1999). Los nuevos institucionalismos: sus diferencias, sus cercanías. EnW. W. Powell, & P. J. DiMaggio, El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional(págs. 7-29). México: Fondo de Cultura Económica.Rubín, S. (14 de Enero de 2002). El Gobierno lanza junto a la Iglesia la concertaciónsocial. Clarín.SIGEN. (2002). Informe sobre el funcionamiento de los Consejos Consultivos. Buenos Aires.SIGEN. (2003). Informes Red Federal de Control Público. Buenos Aires: SIGEN.curriculum vitaeLUCAS M. GÓMEZ TONSICHContador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacionaldel Nordeste. Maestrando en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional deQuilmes. Doctorando en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de Quilmes.Desde 2005 Auxiliar Docente de Primera por Concurso en la Cátedra de Historia Económicade la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.Becario de investigación (SGCyT – UNNE) bajo la dirección de la Mgter. Alicia Carlino (período2007 – 2011). Becario doctoral (CONICET) bajo la dirección de la Dra. Cristina Valenzuela(período 2012 – 2015).Sikkink, K. (Enero-Marzo de 1993). Las capacidades y la autonomía del Estado en Brasily Argetina. Un enfoque neoinstitucionalista. Desarrollo Económico, 32(128), 543-574.ltonsich@eco.unne.edu.ar | ltonsich@live.comSkocpol, T. (1985). Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research.En P. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol, Bringing the state back in. Nueva York: CambridgeUniversity Press.Spiller, P. T., & Tommasi, M. (Octubre-Diciembre de 2000). El funcionamiento de lasinstituciones políticas y las políticas públicas en la Argentina: una aproximación desde la nuevaeconomía institucional. Desarrollo Económico, 40(159), 425- 464.Subirats, J. (1989). Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid:Instituto Nacional de Administración Pública.Tamayo Sáez, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. En R. Bañón, & E. Carrillo,La nueva administración pública. Madrid: Alianza.Thieberger, M. (15 de Enero de 2002). Con apoyo de la Iglesia, Duhalde convocó a laconcertación social. Clarín.Veiga González, R. (Enero de 2011). La Mesa de Diálogo Argentino o la búsqueda de unproyecto compartido de nación. Espacio Laical, págs. 17-19.Viguera, A. (1998). Estado, empresarios y reformas económicas: En busca de una perspectivaanalítica integradora. Perfiles Latinoamericanos(12), 9-51.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

concurso demonografias60° aniversariofacultad de ciencias económicas - unneRevista de la Facultad de Ciencias Económicas

La responsabilidadsocial universitaria y eldesarrollo local:El rol de la UniversidadNacional del NordesteGabriel Gelmanmención especial – DOCENTE –concurso 60° aniversarioFACULTAD DE CIENCIAS ECONóMICAS – UNNERevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“En la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy,así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades”.José Ingenieros.

164< Gabriel GelmanLa responsabilidad social universitaria ...: El rol de la Universidad Nacional del Nordeste. >165resumenn este trabajo, se describe la importancia de la universidad pública como una organización,que desde una visión sistémica, genera y transfiere conocimiento, queagrega valor a los actores económicos y sociales, para la adquisición de capacidadesy habilidades, en la implementación de tecnologías, para solucionar los problemasmultidimensionales del desarrollo local.Además, se propone a la planificación estratégica como una herramienta administrativa,que permite articular las acciones de responsabilidad social con el desarrollo local. Se describela dinámica de la UNNE, en cuanto a su responsabilidad social y su vinculación con el medio.1. IntroducciónEl problema primordial que enfrenta nuestra región es la pobreza, efecto de numerosascrisis y de la mala administración implementada en nuestro país.Sin dudas para enfrentar el problema de la pobreza y lograr desarrollo económico y social,se deben implementar políticas y estrategias que permitan mejorar la competitividad de la región.Si consideramos que en el actual paradigma, para ser competitivos, no basta con la reducciónde costos, y las estrategias deben ser ofensivas, cobrando fundamental importancialas ventajas competitivas dinámicas, basadas en la innovación de proceso, innovación de producto,e innovar en la organización de las empresas (Neffa, 2002). 1Es en este paradigma, donde la universidad pública, dentro de sus políticas de responsabilidadsocial, ejerce un rol fundamental de liderazgo en los procesos de mejora de la competitividady desarrollo local, a través de la transferencia de tecnologías, que permiten generarfuerzas sinérgicas para el desarrollo local, en su aspecto económico y social.La UNNE considera, en el marco de su visión estratégica, su responsabilidad social, desarrollandoacciones que agreguen valor y mejoren el capital social de su entorno a través de latransferencia de conocimientos a las organizaciones del medio, que perfeccionen sus procesosy sus productos, provocando mejoras en la competitividad de la región y desarrollo económicoy social sustentable en el tiempo.2. Visión sistémica de la universidadPartimos de que “Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados. Por tanto,un sistema es una entidad que se compone al menos de dos elementos y una relación que esválida entre cada uno de sus elementos y al menos otro elemento del conjunto. Cada uno delos elementos de sistema está relacionado de los elementos restantes de manera directa o indirecta.Además, ningún subconjunto de elementos deja de estar relacionado con cualquier otrosubconjunto” (ACKOFF; 1974). 2Consideramos a la Universidad como un sistema que produce, recibe recursos del medioy utiliza diferentes tecnologías de transformación que responden a los objetivos y estrategiasde la organización, para brindar sus productos al medio en el cual está inserta.El sistema de la Universidad tiene limites permeables a través de los cuales se intercambiapermanentemente información que sirve como retroalimentación para que los productos que generela organización, sean pertinentes a las necesidades del medio en el cual la misma está inserta.La gestión del conocimiento, orientado a mejorar el capital social del entorno, es uno delos subsistemas de la universidad, que debe pivotear en un modelo estratégico, situacional,con una mirada permanente en su contexto.Se debe destacar la importancia de la visión sistémica en esa relación de la Universidadcon los actores del contexto, por cuanto, permite articular la asociatividad entre actores públicosy privados y sobre todo la sinergia que se genera como una característica importante de lossistemas sociales abiertos.3. Desarrollo localEl desarrollo es abarcativo de varias dimensiones: económica, política, social, ambiental, cultural,las que deben ser contempladas dentro de un modelo sistémico que nos permita entender elcomportamiento de las partes, sin perder de vista el todo, es decir, integrar el análisis y la síntesis.Si hablamos de desarrollo, debemos asumir la idea de algo complejo, difícil de explicar, sise adopta una visión lineal de la realidad.Giovanni Reyes nos plantea que “Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definiciónde desarrollo establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las cualeslos bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que conformanla sociedad. Esta característica implicaría una mayor integración social y económica dentrode las sociedades, y por ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en condiciones demarginalidad. Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los serviciossociales y a la participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia a lossistemas de educación, y a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento,vivienda, vestido, salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refierea la capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones depoder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de decisiones”. 32Ackoff, Rusell (1974). El paradigma de Ackoff: una administración sistémica. Buenos Aires: Editorial Limusa.1Fereira, Emilio, Ética y Valores en la nueva PDVSA, (presentación), Venezuela, 2005. “Hacia la creación de Sistemas de GestiónÉtica”. Conferencia celebrada en Madrid, 28/11/2005.3Reyes, Giovanni E. Comercio y Desarrollo: Bases Conceptuales y Enfoque para América Latina y el Caribe, www.zonaeconomica.com/desarrollo-comercioRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

166< Gabriel GelmanLa responsabilidad social universitaria ...: El rol de la Universidad Nacional del Nordeste. >167La importancia de la visión sistémica del desarrollo local, es tomada por el prestigioso autorManuel Alburquerque 4 que menciona en su Manual del Agente del Desarrollo Local, “...quela recurrente simplificación macroeconómica, y el habitual enfoque sectorial de la economíanacional, no promueven una visión novedosa, en la cual la economía nacional se contempla nosólo como un conjunto de sectores, sino también como un conjunto de sistemas económicoslocales. Si esto sucede en los países desarrollados, en el caso latinoamericano la situación esaún más incipiente, porque ni siquiera existe un esfuerzo de investigación sistémico acerca delas propias experiencias de desarrollo económico local en curso. Esta tarea, aún pendiente,podría ayudar a deducir orientaciones solventes en este campo...”.Vázquez-Barquero, define el desarrollo local: “Un proceso de crecimiento económico yde cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en elque se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios localesusan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividadsuficientes para ser competitivos en los mercados; otra, sociocultural, en que los valores y lasinstituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, una dimensión políticoadministrativaen que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico localfavorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local”. 54. La administración del desarrollo local“La administración tiene vinculación con el desarrollo, la dependencia, las relacioneseconómicas internacionales, el nivel de educación, y el nivel tecnológico”. 6Se entiende por desarrollo no sólo el crecimiento cuantitativo de variables económicassino el resultado de la implementación del proceso administrativo, como herramienta estratégicapara el logro de los objetivos sociales de una comunidad, para generar un mejor nivel devida en la misma.Administrar el desarrollo local es, el conjunto de conocimientos que respaldan la gestiónpara el desarrollo local. Como proceso, es: planificar, organizar, dirigir y controlar, actividadesy recursos para el logro de los objetivos y metas fijados en los procesos de planificación parael desarrollo local.Se genera en los niveles altos de decisión gubernamental, una cadena de fines y mediosdescendente, que debe complementarse con una de dirección ascendente, “desde abajo”, dondese prioricen las miradas de los actores locales, en un proceso sinérgico, donde el Municipiocumple un papel fundamental como articulador y promotor de acciones de cooperación eintegración entre el ámbito público y privado, que contemplen el desarrollo de industrias, laintegración y cooperación estratégica entre empresas, el fomento de la actividad emprendedora,el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, el desarrollo de servicios sociales yculturales a partir de sus propios recursos humanos y materiales, etc. Este esfuerzo a partir delo propio, es lo que se denomina desarrollo endógeno.Para Garofoli “Desarrollo endógeno significa, en efecto, la capacidad para transformar elsistema socio - económico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promociónde aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social anivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógenoes, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local”. 7Se gestiona el desarrollo local en todos los niveles de la realidad local, integrando a lasdiferentes organizaciones, con una visión sistémica, integrante, proactiva ante los cambios,con herramientas, que permitan enfrentar lo complejo del desarrollo local.5. Planificación del desarrollo localPlanificar, como una de las funciones del proceso administrativo, es prever acciones quepermitan posicionar a la organización ventajosamente en el sector en el cual desarrolla suactividad. Se fijan objetivos y metas que guían la acción y se formulan operaciones que permitanel logro de dichos objetivos. Es un proceso que se basa en la toma de decisiones. Se eligenobjetivos, cursos de acción, productos, segmentos de mercado, estrategias, etc.Las operaciones utilizan recursos para poder ser llevadas a cabo, y deben ser realizadasen tiempos determinados y se deben establecer responsables a cargo de las mismas.“La planificación y gestión estratégica demuestran ser herramientas idóneas y eficaces paraestablecer y construir una estrategia de desarrollo local. Esto es, un proceso de mejora continua ysistemática de la productividad y competitividad del sistema productivo-territorial local, medianteel aprovechamiento pleno de los potenciales endógenos y los recursos e impulsos exógenos. Todoello de cara a lograr la eficiencia, la equidad y la preservación del entorno medio ambiental”. 8El Planeamiento Estratégico define las grandes líneas de acción, la estrategia de desarrollolocal, es decir los caminos que se deben transitar para el logro de los principales propósitosde la región, alineados con el plan global y los planes sectoriales, movilizando todos o la mayorparte de los recursos locales disponibles.Para llevar a cabo una eficaz implementación de la administración del desarrollo local, serequiere desarrollar primero un proceso de planificación estratégica, que permita a la gerencia4Alburquerque, F. (1995). Manual del Agente de desarrollo local. Santiago de Chile: Ediciones Sur.5Vazquez-Barquero A. (1988), Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo. Madrid: Editorial Pirámide.6Álvarez,H(2003).Administración. Cordoba: Eudeba.19887GARAFOLI, G. (1995), “Desarrollo económico, organización de la producción y territorio”, en A. Vázquez-Barquero y G. Garafoli(edits.) Desarrollo Económico Local en Europa, Colegio de Economistas de Madrid, Colección. Economistas Libros.8Cotorruelo Menta, R. (1996), Planificación y gestión estratégica del desarrollo local. Madrid: Cuadernos Aguilar, INEM, FUAM.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

168< Gabriel GelmanLa responsabilidad social universitaria ...: El rol de la Universidad Nacional del Nordeste. >169pública, a partir de un diagnóstico situacional, donde se analicen las oportunidades y amenazaspara cotejarlas con las capacidades fundamentales locales para establecer, luego, los objetivosestratégicos, relativos al contexto histórico, y los resultados que serán evaluados y que expresenla medida del logro de los mismos, los objetivos correspondientes, quedando conformada así lajerarquía y red de fines y metas, que como una verdadera carta de navegación, guiarán las operacionespara el desarrollo local y son el principal producto del proceso de planificación estratégicay a la vez insumo fundamental del sistema de administración pública por resultados.6. La planificación estratégica como una herramientade articulación entre la responsabilidad socialuniversitaria y el desarrollo localLos objetivos formulados en el proceso de planificación estratégica del desarrollo local, priorizadosy jerarquizados, son insumos para las acciones de responsabilidad social de las universidades,que buscan elevar el capital social local. Esto se logra, principalmente, priorizando una eficazy eficiente gestión del conocimiento que transforme las experiencias e información en leccionesaprehendidas, en un proceso de retroalimentación sistemático que permita monitorear los efectosde las acciones llevadas a cabo por la universidad y que impactan en su entorno. (Ver figura 1)OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCALES - RESULTADOSPLANES OPERATIVOS - PROCESOS - PRODUCTOSPROYECTOSVISIóNLOCALUNIVERSIDADAcciones de RSUFigura 1. Elaboración propia.La universidad se presenta como una organización generadora de conocimiento queconstruye capital social, adquiriendo los actores económicos y sociales, capacidades y habilidadesen la implementación de tecnologías para solucionar los problemas multidimensionalesdel desarrollo local.Para Kliksberg (2005), uno de los mayores desafíos de la Universidad actual, transita nopor influir solamente en los acontecimientos sociales, sino en construir procesos sociales conidentidad regional sostenibles que aseguren un verdadero empoderamiento desde la base. 9Se puede observar cómo, en El trabajo sobre ética y capital social del BID/ SDS (2006),se pretende impulsar la definición de políticas de responsabilidad social que hagan de la Universidadun centro para la formación de profesionales socialmente responsables con las comunidadesque los rodean y fomenten el tejido social que requiere la sociedad para promoverla apertura a nuevos proyectos educativos y nuevas formas de gestión que aseguren una adecuadarespuesta a las necesidades de la sociedad logrando su desarrollo social y sostenible. 107. La responsabilidad social de la UNNEy el desarrollo localLas acciones de responsabilidad social de la UNNE están encuadradas en su sistema deplanificación estratégica, porque se alinean con la visión estratégica de la organización, quebusca que esas acciones tengan efectos beneficiosos en su entorno y que sean sostenibles enel tiempo. (Ver figura 2)PLANIFICACIóNESTRATEGIASESTRATéGICAACCIONESRESPONSABILIDADPARA ELSOCIALDESARROLLODE LA UNNELOCALFigura 2. Elaboración propia.Algunos ejemplos que demuestran cómo la Universidad Nacional del Nordeste, en suspolíticas, estrategias, programas y acciones, explicita un comportamiento socialmente responsable:a) Sistema de Evaluación Permanente 11“La evaluación de la universidad se sustenta en una concepción holística de la institucióna partir de la cual la autoevaluación es requisito y recurso insoslayable para respetarla diversidad, aumentar el compromiso de sus miembros y favorecer la integración de lascontribuciones, a los efectos de potenciar el logro de los fines y la vinculación con el entorno.10III Diálogo Global sobre Responsabilidad Social Universitaria, a través de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética yDesarrollo del BID/SDS. Febrero 2006.9Vazquez-Barquero A. (1988), Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo. Madrid: Editorial Pirámide.11Extraído de la WEB de la UNNE www.unne.edu.arRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

170< Gabriel GelmanLa responsabilidad social universitaria ...: El rol de la Universidad Nacional del Nordeste. >171El desarrollo de los procesos evaluativos está orientado por los principios básicos de la Universidadpública uno, uno de los cuales es:• Responsabilidad social: responder por la calidad y la cantidad de sus actividades yproductos educativos en función de las necesidades y de los valores públicos”.b) El Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo por un acuerdo conla Universidad de Buenos Aires se dicta en la UNNE en el marco del 60 aniversario de laFacultad de Ciencias Económicas.“Dicho programa apunta a formar una nueva generación de jóvenes a nivel nacional yregional conscientes de la necesidad de desarrollo local con ética y compromiso social. Paraello, a través de un ciclo de charlas sobre temas diversos, el Programa de Formación intentadifundir la premisa de que el desarrollo es más amplio que el crecimiento económico, debidoa que el objetivo final debe ser el bienestar social”.En dicho marco, El Secretario General Académico de la UNNE, profesor Cristian Piris,destacó la importancia de la responsabilidad social empresaria como política institucional.El profesor disertó ante un nutrido grupo de estudiantes avanzados, docentes y profesionalesen el Salón de Uso Múltiples de la Facultad de Ciencias Económicas. “La responsabilidadsocial universitaria es un término amplio, aún en consolidación, pero que la UNNE ha decididoadoptarla como guía de su gestión como lo han hecho las principales instituciones deEducación Superior” resaltó el funcionario académico. 12c) La UNNE, articula permanentemente acciones con actores sociales relevantes locales,que tienen como eje la responsabilidad social. En este marco, “…el Rector de la UniversidadNacional del Nordeste, ingeniero Eduardo E. del Valle recibió la visita del Arzobispo dela Diócesis de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik”. En la reunión Ambos referentes departieroncordialmente durante aproximadamente una hora sobre temas relacionados conla actualidad social, religión y universidad, sin dejar de lado las acciones de responsabilidadsocial que les cabe ejecutar y promover desde el lugar de liderazgo que ocupan.En este aspecto, el Rector del Valle interiorizó al Arzobispo sobre la totalidad de programasque en este 2011 desarrollará la Universidad Nacional del Nordeste en distintas comunidadesde Chaco y Corrientes, en el marco del reconocido programa social UNNE Saludimpulsado por esta Casa de Altos Estudios. Al respecto, el titular de la UNNE hizo especialhincapié en la nueva concepción institucional adoptada por la Universidad en esta nuevaetapa que le toca presidir, que estará estrechamente vinculada con la comunidad a través deacciones de extensión concebidas para cubrir las necesidades de la sociedad de influencia.Monseñor Stanovnik enfatizó en el encuentro su reconocimiento a la Universidad Nacionaldel Nordeste como institución de educación superior señera en la región y la trascendenteimportancia de extender los vínculos para delinear acciones futuras en beneficio de lacomunidad” 13 .d) La UNNE, a través de sus múltiples investigaciones, colabora en la sistematización delestudio de las potencialidades económicas de nuestra región lo cual genera que se pueda llegar avincular las necesidades sociales y económicas con las capacidades productivas y con la educación.Una de las investigaciones en marcha es “ADMINISTRACIÓN DE AGLOMERACIONESCOMPETITIVAS Y CADENAS DE VALOR PARA EL DESARROLLO LOCAL EN LAS PRO-VINCIAS DE CHACO Y CORRIENTES” 14Los objetivos de dicha investigación son:Aportar un diagnóstico estratégico preciso sobre la aplicación de la administración para el desarrollolocal en las principales aglomeraciones competitivas, con las siguientes especificaciones:a) Identificar aglomeraciones (de empresas y otras instituciones) con significativa generaciónde valor, fundamentalmente, económico.b) Precisar sus actores, perfiles y vinculaciones.c) Precisar las fuerzas competitivas que las caracterizan.d) Determinar sus aportes al desarrollo humano y calidad de vida, sobre bases locales.e) Identificar la aplicación del proceso administrativo para la gestión competitiva de cadaaglomeración. Esto es, si hay planificación, organización, dirección, control y una retro alimentaciónordenada al desarrollo humano y competitivo de cada aglomeración.f) Caracterizar la aplicación (o no) de cada una de las funciones esenciales de la administraciónen cada aglomeración.g) Caracterizar la aplicación (o no) del ciclo estratégico para la administración en cadaaglomeración.h) Precisar el diagnóstico de cada aglomeración en orden al desarrollo humano y sustentable,sobre bases locales.i) Modelizar el comportamiento de cada aglomeración de impacto significativo sobre eldesarrollo humano local.La posibilidad de lograr la cooperación estratégica de empresas, a través de cadenas productivasy el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, son los ejes estratégicosque se siguen para poder lograr el crecimiento y desarrollo local.conclusionesDefinir de forma participativa y consensuada cómo se debe vincular lo social con lo productivoy lo educativo, es trascendente para todas las localidades de nuestra región.En este nuevo contexto de transformaciones sociales y productivas de la región nordestede nuestro país, surge la posibilidad de incorporar nuevos actores a este proceso, entre ellos13Extraído de : www.unne.edu.ar12Extraído de : www.diarionorte.com (Martes, 05 de Abril de 2011).14Información suministrada por la cátedra Principios de administración. Facultad de Ciencias Economicas.UNNE.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

172< Gabriel GelmanLa responsabilidad social universitaria ...: El rol de la Universidad Nacional del Nordeste. >173la Universidad Pública y dentro de ésta a sus recursos humanos, nucleados en sus diferentesáreas del conocimiento, en todas sus ramas.Desde la Universidad Nacional del Nordeste, se intenta cumplir un rol como agente dedesarrollo local, adquiriendo progresivamente mayores capacidades para participar en el diseñoe implementación de experiencias de desarrollo, ejerciendo una actitud proactiva sobre suentorno. Esta institución promueve la articulación de los recursos de las diferentes localidadesde la región, genera y transfiere conocimiento, y promueve el fortaleciendo de modelos asociativosde los actores económicos y sociales locales.La UNNE tiene un rol muy activo en el diseño de estrategias que motorizan y dan marcoa la implementación de planes de acción gestionados desde lo local.La UNNE es un actor que participa activamente en los procesos de planificación estratégicadel desarrollo local, colaborando en la organización de las estructuras que son el marcopara llevar a cabo las acciones de desarrollo planeadas, coordinando e integrando los distintosniveles institucionales que participan del proceso de toma de decisiones políticas económicasy sociales y monitoreando la implementación de los planes y programas, que permiten el logrode la políticas públicas para el desarrollo local.La propuesta desde la UNNE, en el marco de su responsabilidad social, a través de lageneración y transferencia de conocimiento, para aumentar el capital social local, es asumirun papel protagónico, generando los cambios necesarios, para posibilitar mejorar la realidadeconómica y social de nuestra región a través de:• Estimular la planificación concertada con actores locales y / o regionales.• Articular el sistema de educación superior y la capacitación con el perfil productivo local.• Incentivar la eficiencia y la eficacia en la gestión pública y privada local.• Acrecentar el valor los recursos endógenos existentes en nuestra región.• Sistematizar la información entre los gobiernos locales, con el objetivo de poder implementarpolíticas públicas acordes con la realidad productiva local.Cotorruelo Menta, Romeo (1996), Planificación y gestión estratégica del desarrollo local.Madrid: Cuadernos Aguilar, INEM, FUAM.Garafoli, G. (1995), “Desarrollo económico, organización de la producción y territorio”,en A. Vázquez-Barquero y G. Garafoli (edits.) Desarrollo Económico Local en Europa. Madrid:Colegio de Economistas de Madrid, Colección. Economistas Libros.Kliksberg, B. (2005),“La Responsabilidad Social Universitaria” Buenos Aires: ProgramaPNUD.Vazquez-Barquero A. (1988), Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo.Madrid: Editorial Pirámide.III Diálogo Global sobre Responsabilidad Social Universitaria, a través de la IniciativaInteramericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del BID/SDS. Febrero 2006.internetNeffa, J. C. (2002): “Situemos el problema de la competitividad en su contexto histórico internacional”,ftp://ftp.secyt.gov.ar/pub/Web/competitividad_Panel1_Neffa.pdfReyes, Giovanni E. Comercio y Desarrollo: Bases Conceptuales y Enfoque para América Latinay el Caribe, www.zonaeconomica.com/desarrollo-comerciowww.diarionorte.comwww.unne.edu.arREFERENCIAS BIBLIOGRAFICASAckoff, Rusell (1974). El paradigma de Ackoff: una administración sistémica. BuenosAires: Editorial Limusa.Alburquerque, F. (1995). Manual del Agente de desarrollo local. Santiago de Chile: EdicionesSur.Álvarez, H. (2003). Administración. Cordoba: Eudeba.CURRÍCULUM VITAEGABRIEL GELMANLicenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste.Profesor de las Cátedras de Administración Pública, del Curso de Nivelación Módulo de Administracióny de Principios de Administración en TAGIU en la Facultad Ciencias Económicas dela UNNE; en Ciencia Política y de Gobierno de la Universidad en Ciencias Sociales y Empresariales;de Organización Administrativa de la Fundación de la UNNE.Secretario del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas dela UNNE.licenciadogabrielgelman@yahoo.com.arRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

RESPONSABILIDAD SOCIALUNIVERSITARIA.Su trascendencia en elcontexto regionalhéctor ojedaconcurso 60° aniversario – no DOCENTEFACULTAD DE CIENCIAS ECONóMICAS – UNNERevista de la Facultad de Ciencias EconómicasMILO LOCKETTResistencia – Chaco – Argentina“El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta”.Charles Dickens

176< héctor ojeda“RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA” “Su trascendencia en el contexto regional” >177resumena “Responsabilidad Social” es un proyecto generador de ideas en el amplio concepto,desde la enseñanza misma hacia la complejidad constitucional de las empresasconsagradas, es como construir monumentales obras pero esta vez dedicadas aedificar valores de personas imbuidas en los complejos problemas de cada integrante,partícipes de ese gran cuerpo que, como partes interesadas que somos, reclamamos suintervención en los procesos organizativos. Por eso es la necesidad de responder a la sociedad,esta Facultad de Ciencias Económicas templa a los estudiantes en la ética, claramente propuestaen su misión y la promoción diaria que se va exhibiendo, dirigida hacia la sociedad productivade la región como desde sus orígenes fuera propuesta para la solución de la demandasocial. Y finalizaré exponiendo mis conclusiones al respecto.1. INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIALLa propuesta de la idea de Responsabilidad Social surge del sector privado. Tomándolodesde un enfoque humanitario de la inversión social y entendiéndose como nuevo paradigma“la Responsabilidad Social en la Universidad” implica intentar superar una “proyección socialy extensión universitaria”, haciendo que esta propuesta no sea solamente una bienaventuranza,sino sea más bien la intención reflexiva de enfocarse en la función primordial que esla enseñanza y la producción de conocimientos para estudiantes, centrados en la realidad socioeconómicaque por hoy se nos presentan caratuladas con la “Responsabilidad Social”, cuyatrascendencia propone a la universidad crear una conciencia a largo plazo, futura inversiónhacia una organización socioeconómica más humanizada.2. LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICASA TRAVÉS DE LA HISTORIA Y EL PRESENTEEn la introducción destaco en esta breve reseña a la UNNE como parte integrante de lagran red de Universidades Argentinas y a la Facultad de Ciencias Económicas como entidadnacida, lo interpretaría, como necesidad de las economías de esta Región Nordeste Argentino.Desde los tiempos reformistas de los años 1918, en la que la política y la sociedad Argentina,en propuesta de cambios dirigidas por los estudiantes cordobeses, comenzando por esto un debate,por el cual se fueron gestando a través de los años, esos cambios que hasta hoy se van planteandoen la política y en la organización de las instituciones, que se encuentran conmocionadaspor las innovaciones tecnológicas que se van dando en la vida socioeconómica de esta región.En los años de 1950 se viene generando por medio de las Universidades Nacionales delLitoral y de Tucumán y dependientes a ellas, por ejemplo la Facultad de Agricultura, Ganaderíae Industrias afines con sus sedes en la ciudad de Corrientes y como declara en el institucionalde la página web la UNNE, surge el Instituto Nacional de Profesorado, autorizado por elRectorado de la Universidad Nacional del Litoral el 6 de junio de 1951. Ese mismo año, mesesantes, el 30 de abril de 1951 según Resolución Nº 262 dictada por la Universidad Nacional delLitoral, autorizaba a la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas, a crear enla ciudad de Resistencia una división de primer año de la carrera de Contador Público y PeritoPartidor. Cuya aparición responde al pedido del Gobernador del Territorio Nacional del Chaco,por inquietud del entonces Director de la Escuela Nacional de Comercio de Resistencia,tal como lo menciona en la síntesis de la citada página. Y luego con la provincialización de losterritorios nacionales, la necesidad de la voluntad de crear un centro universitario en la región,por el aumento de la matrícula secundaria y la creciente demanda de la creación de numerososestablecimientos de ese nivel, entonces se presentó la necesidad de más profesores y el problemade la emigración de los jóvenes hacia otros centros en busca de un futuro mejor.Todas esas problemáticas evidenciadas, sumada la de otras inquietudes, surge como respuestala UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, el 14 de diciembre de 1956 por DecretoLey Nº 22.229.Después de esta conmemoración de los orígenes de nuestra UNNE, caigo nuevamente enla teoría conceptual de que, como figura principal y destacable, la función docente en la investigacióny en la extensión, brindando su saber y arte de planificar y administrar los recursosdel conocimiento, tarea nada sencilla.Puedo mencionar a la Facultad de Ciencias Económicas, reconocida como un centro olo llamaría área de la enseñanza superior de las Ciencias Económicas, dedicadas a la investigacióny a la extensión universitaria, inserta en la órbita de la UNNE y además considero a lamencionada Facultad como un ápice creado para un mejor manejo de los estudiantes dedicadosa las Ciencias de la Economía y los que son tenidos en cuenta, en un futuro no muy lejano,como recursos humanos.A su vez, estos estudiantes pueden ser administrados por el Área de alumnado, las Direccionesde Carreras, las Áreas de Investigación y los Postgrados, todos ellos de una u otra formaaportan a la sociedad.Y a todas estas subdivisiones dispuestas para los estudiantes de grado y postgrado, lo llamaríacomo entes vinculantes progresistas a los centros de extensión, encargados de organizarcursos de capacitación y/o actualización de profesionales y alumnos, recepción de trabajos encomendadospor terceros, realización de convenios con otras organizaciones o universidades,etc. Toda esta acción origina la inserción de los futuros profesionales pero ya inculcados encuestiones pertinentes a la sociedad-económica de la región.Cabe señalar a modo de referencia, sobre los orígenes de esta idea son reflejados en undiscurso del Dr. Risieri Frondizi en su carácter de Director Organizador de la Enseñanza Universitaria,el 1º de abril de 1957¸a la entrega de los Institutos Universitarios del Chaco a lasautoridades designadas por el Gobierno Nacional, dijo lo siguiente: (...) “La Universidad delNordeste debe ser Regional, pero no provinciana. Hay que atender a lo universal y a lo particularal mismo tiempo. O, mejor dicho, enfrentar lo particular con una actitud universalista”(...),Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

178< héctor ojeda“RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA” “Su trascendencia en el contexto regional” >179creo que estas palabras definen el objetivo y la finalidad que tiene la constitución de la Universidadmisma, plasmadas a fuego en el ideal de cada Institución perteneciente a la UNNE.Esta facultad está constituida por cinco Secretarías dedicadas al flujo estudiantil y lasmismas son: Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Secretaría de Extensión,Secretaría de Postgrado y la Secretaría de Investigación, Innovación y Desarrollo.Destaco a la Secretaría de Extensión su labor extraordinaria en abarcar los temas de requerimientosociales, sumada la colaboración y esto lo mencionaría a modo personal, la importanciaque va adquiriendo la Secretaría de Postgrado, dedicada a revitalizar las carreras ycursos de postgrado dirigidas todas ellas a enaltecer el conocimiento y perfeccionamiento dela planta docente que pertenezcan o no a esta Facultad, aportando con nuevas especialidades alos profesionales de la región del nordeste argentino. Y la Secretaría de Investigación, Innovacióny Desarrollo encargada de proponer nuevas formas de plantear la educación en el sistemauniversitario, como ser proponiendo proyectos o recibiéndolos, becas de investigación (pregrado,iniciación, perfeccionamiento, especializaciones, etc.). En definitiva estas secretaríasreciben los temas o propuestas y proponen proyectos en busca de los resultados, claro está,proveniente de los reclamos de la misma sociedad, demostrando cada día la ResponsabilidadSocial al establecer un vínculo equidistante con la realidad de nuestros tiempos, en los cualesvamos transitando con los problemas e inconvenientes presentes.Y esa propuesta se van dando, ejemplo de ello se lo puede leer en las páginas virtualesdenominadas “Semana Profesional” y el “Diario Norte” artículos del 5 de abril de 2011, (de quepude recabar) del cual se refieren al “Ciclo de charlas enmarcadas en los 60 años de la Facultadde Ciencias Económicas de la UNNE”, esta institución es participante además del ProgramaNacional de Formación en Ética para el Desarrollo de una nueva generación de jóvenes conscientesde la necesidad del desarrollo local con ética y compromiso social.En esta oportunidad el Profesor Cristián Piris se refirió ante un escenario colmado deestudiantes avanzados, docentes y profesionales en el Salón de Usos Múltiples de la Facultadde Ciencias Económicas, sobre “La Responsabilidad Social Universitaria” dijo que “es un términoamplio, aún en consolidación, pero que la UNNE ha decidido adoptarla como guía de sugestión como lo han hecho las principales instituciones de Educación Superior”, estas consideracionesse pueden distinguir la firme decisión de consagrar la idea de adoptar los principiosresponsables hacia un cambio de mentalidad.También explicó “que mientras el término responsabilidad en el ámbito jurídico está ligadoal incumplimiento, en el ámbito social y de la universidad refiere a compromiso y seconstituye en uno de sus fines”. En estas expresiones imprime el afán que tiene la UniversidadNacional del Nordeste en su política de integrar como un “compromiso” y en un “fin” la iniciativade incluirse al ámbito Social Universitario.Y dando matiz a todo estos conceptos preliminares y creo que como último mensaje oente receptor de una nueva conciencia, define a “la Responsabilidad Social Universitaria,” -recalcando – “que no es filantropía ni extensión universitaria, y que se rige por la ética de lasacciones, no de las intenciones. No es puramente moral ni de buenas intenciones, sino quees una acción porque es el resultado o impacto bueno de lo que hacemos”. Con estas consideraciones,además de hacer referencia y a su vez la distinción del papel de la Universidad,diferenciándola de la Responsabilidad Social de las Empresas, comprende e interpreta a laResponsabilidad Social Universitaria como una acción de impacto para movilizar las concienciasen el ámbito Universitario hacia la Sociedad.Con estas últimas consideraciones por la que “La Responsabilidad Social que buscamosintegra las dimensiones de formación académica y docencia, la producción y difusión de conocimiento,y la participación y responsabilidad hacia el medio” finalizó. Por ello explica lasdimensiones de este gran cambio generacional de alumnos y situacional de integración completade la Universidad al contexto social y la búsqueda de un concepto actualizado de unainstitución dinámica y que pueda responder a las exigencias propuestas por el mundo actual.Este “Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo por un acuerdo con laUniversidad de Buenos Aires se dicta en la UNNE en el marco del 60 aniversario de la Facultadde Ciencias Económicas.”Considerando lo argumentado en el artículo de la página web (Aventus Nocias) “UNNE:analizan la responsabilidad social como rol del empresariado” – 28/03/2011 – , prosiguiendocon las charlas programadas en la Facultad de Ciencias Económicas referente a la ResponsabilidadSocial, ante un numeroso grupo de estudiantes y profesionales, los profesores contadoraRossana Greco y la abogada y docente Sandra Umansky, investigadoras de la UNNE en elanálisis de la responsabilidad social empresaria con relación a los consumidores, uno de loseslabones del sistema económico.La interpretación precisa y concisa de la profesora Greco sobre “La idea de la responsabilidadsocial empresaria” – dice – “no está enfocada solo a las obligaciones de las empresas, sinoademás las posibilidades de contribuir al bienestar social sin afectar sus fines económicos”.Además se refiere a la responsabilidad empresaria, su relevancia actual y su importanciadentro del Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo y la necesidad de implementarloen todo el país, como se lo está efectuando en la UNNE.Mantuvo la idea de la responsabilidad empresaria como medio de gestión en las empresas,robusteciendo y equilibrando las relaciones sociales y económicas para lograr beneficios alos grupos interesados como lo son los clientes, estado, proveedores y la sociedad en general.Además la profesora Greco se refirió al programa de formación como propuesta a la formaciónde jóvenes inspirados en estas nuevas ideas y espera se conviertan como agente multiplicadoresen sus respectivos lugares de trabajo y ámbito social.Como principales objetivos se distinguen la inserción en la labor docente de egresadoscomo auxiliares de cátedra y la promoción de los jóvenes en el desarrollo e implementación deproyectos sociales concretos.Cabe destacar que la coordinadora del proyecto contadora Noelia Franchini, se refirió sobrelos trabajos con alumnos próximos a recibirse, puedan ingresar a la temática y desarrollarRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

180< héctor ojeda“RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA” “Su trascendencia en el contexto regional” >181vocación en la docencia e investigación, disponiéndose a establecer una conciencia ética en suejercicio profesional, y continuó diciendo que “La idea es prepararlos para ser profesionales ydocentes comprometidos con la cuestión” resaltó. Y señalo que los jóvenes puedan dedicarse arealizar trabajos de investigación y extensión enmarcados en un proyecto llamado “Ideas parala Región” con el propósito de fortalecer el compromiso social y empresarial en el desarrollode esta Región Nordeste.3. ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL?Antes de ir a la propuesta del tema de la Responsabilidad Social Universitaria que proponela UNNE, analizaré en breve el concepto o los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial,para que nos determine el enfoque que busca en una organización moderna.Se podría iniciar diciendo que la Responsabilidad Social Empresarial va más allá de todamagnanimidad. “No quiere decir filantropía pura” tal como lo dice el texto François Vallaeys,es decir, que no significa donación alguna y no es pertinente a la actividad de la empresa.Tampoco dice que es “filantropía interesada”, es decir, donación caritativa de productosde la empresa para promocionarlo con la intención de abrir nuevos mercados.Por eso la Responsabilidad Social Empresarial “es un conjunto de prácticas de la organizaciónque forma parte de su estrategia corporativa” y el fin determina su “estrategia”, es deimpedir perjuicios y al contrario causar beneficios para todas las partes intervinientes pertenezcao no a la empresa, como ser los clientes, empleados, accionistas, comunidad, entorno,etc., en definitiva se busca el beneficio de la organización y del entorno social.El libro Verde de la Unión Europea define el concepto “por el cual las empresas decidencontribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el medio ambiente. A través suyo,las empresas se concientizan del impacto de su acción sobre todos y expresan su compromiso decontribuir al desarrollo económico, a la vez que a la mejora de la calidad de vida de los trabajadoresy sus familias, de la comunidad local donde actúan y de la sociedad en su conjunto”. Y todosestos impactos que las empresas dan mejoramiento en la calidad de vida de sus trabajadores,se brinda al medio social y los cuidados tecnológicos se ocupan de proteger el medio ambiente.Esta definición de la Responsabilidad Social Empresarial se la comprende “cómo la acciónconjunta de toda la empresa concienciada (trabajadores, directivos y dueños) del papel quetiene ésta como unidad de negocio que crea valor y que pervive en un espacio del que se lucra.Concientización en el plano social (de ayuda a los más desfavorecidos y de respeto a los consumidores),ambiental (de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente) y económico(de prácticas leales, transparentes en el manejo de sus finanzas y de inversiones socialmenteresponsables). Es decir, la Empresa Buena”. Estos conceptos definen a la Responsabilidad SocialEmpresarial como entidades partícipes, comprometidas, responsables de crear una concienciatransparente y ambientalista, dotados del poder económico y ahora enriquecida aún más por elvalor que le brindan a los derechos de sus trabajadores, dentro y fuera del ámbito laboral.4. ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA?En este mundo comprendido por organizaciones, las que demandan ética en la prácticaadministrativa denominándolas actualmente como “Responsabilidad Social”. En estos sistemasdeben estar gobernados por una cierta libertad de acción e iniciativa, caracterizándolos en unmundo democrático y de libre mercado, las empresas no pueden pensar solo en sus interesescorporativos o marco legal que las protege, abandonando a su suerte la implicancia de sus decisionesadrede sin pensar en las consecuencias, el impacto general que ocasionaría esas accionesen el entorno social y ambiental. La ética responde con la Responsabilidad en los efectos (cercanoscomo lejanos) que puedan originar cambios no deseable en el mundo, por eso es precisopreocuparnos por el presente hacia el futuro, intentar ser partícipes en arreglar u organizar a lasociedad para su “prosperidad” y “posteridad”, según lo manifiesta nuestro preámbulo.“La Responsabilidad Social es una exigencia ética” – según lo leí – y también lo completaríaque una estrategia racional, motivadora al desarrollo de la inteligencia organizacional,es además una medida civilizadora en el ámbito laboral destinada hacia el mundo, para elmundo y con el mundo, y como último me parece que es intermediaria de responsabilidadesconscientes y responsables.Con las semejanzas de una empresa, la Universidad debió afrontar el cambio desde unamirada filantrópica al principio, resistiéndola como un gasto y no como una inversión social,en el nuevo paradigma de la Responsabilidad Social, la Universidad trata de resaltar su “proyecciónsocial y extensión universitaria” como complementos de su función central que es laformación estudiantil y la producción de conocimientos, como verdaderos requerimientos dela Responsabilidad Social Universitaria.También este cambio de visión ha servido para ampliar el panorama de la reforma y encontrar,mediante este proceso que se está gestando, los malos conocimientos y epistemologíasque las universidades se encargan de producir y a su vez trasmitir esa conciencia negativa y nocolaborativa con el cambio que se propone. Por eso me parece necesaria una constante evaluaciónde los procedimientos administrativos y académicos, para diagnosticar y reformular en losaspectos que sean necesarios. Porque como ya dije, la Responsabilidad Social Universitaria enla UNNE debe ser una exigencia para todos, desde una visión holística, promover la educacióndesde las instituciones con proyectos de promoción social, encausados en los principios éticos yen el constante progreso en la producción y la transmisión de conocimientos y la formación deprofesionales integrados a su comunidad, como profesionales responsables.Según François Vallaeys, texto en el cual me estoy inspirando para realizar este análisis,enfocándose en cuatro líneas de acción institucional para orientar estratégicamente a la ResponsabilidadSocial Universitaria, siendo la:- Gestión interna de la Universidad (meta orientadora hacia la transformación de laUniversidad en una pequeña comunidad democrática). La Universidad debe ser ejemploante la ciudadanía.- La docencia (la meta es de capacitar a los docentes en el enfoque de la ResponsabilidadRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

182< héctor ojeda“RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA” “Su trascendencia en el contexto regional” >183Social Universitaria y promover en las especialidades el Aprendizaje Basado en Proyectos decarácter social). La Universidad debe preparar a sus docentes hacia el proyecto de la ResponsabilidadSocial Universitaria.- La investigación (la meta es de promover la investigación para el desarrollo, bajo todas lasforma posibles). La Universidad debe promover la investigación para concertar estrategias quesirvan para extender el campo educativo superior hacia todos los lugares de la región.- La proyección social (la meta es de trabajar en interfaz con los departamentos de investigacióny los docentes de las diversas facultades para implementar y administrar proyectos dedesarrollo). La Universidad tiene que implementar y administrar los proyectos de desarrollo,más la aplicación de la investigación y los recursos didácticos.CONCLUSIÓNFinalmente entiendo que la Universidad sin ser una empresa, hay que considerarla quefunciona dentro de una sociedad, la que genera impactos a las personas tanto las que trabajanen ella, como ser los no docentes, docentes, estudiantes, etc. y sobre el entorno social, fuera delos límites del campus universitario.La “Responsabilidad Social” es la respuesta a las necesidades éticas, signadas por unsaber inteligente que produce impactos positivos, a partir de una visión integral de la organización,gestando una sociedad con responsabilidades. Cuidando a la misma Universidad deque esos impactos surgidas de ella misma, no ocasionen daños al medio ambiente, al mediosocial y los recursos humanos, intentando que los daños sean lo menos posibles, maximizandoque los impactos sean positivos, a favor de la sociedad, para la sociedad y con la sociedadbásicamente.Puedo distinguir dos principios o propósitos de la Universidad y estas son:- La formación humana y profesional (propósito académico)- La construcción de nuevos conocimientos (propósito de investigación)Y estos dos fines se entrelazan fuertemente con la investigación de sus profesores queconstituyen a la Universidad, proveyéndoles contenidos académicos que los transfieren a losestudiantes para su perfeccionamiento en el ámbito profesional.Completando la conclusión tomando las palabras del Dr. Piris en los artículos periodísticosmencionados con anterioridad los que en definitiva dan el concepto claro y preciso de la “ResponsabilidadSocial Universitaria, que no es filantropía ni extensión universitaria, y que se rige por laética de las acciones, no de las intenciones. No es puramente moral ni de buenas intenciones, sinoque es una acción porque es el resultado o impacto bueno de lo que hacemos”. Con estas consideracioneshace referencia y a su vez la distinción del papel de la Universidad, diferenciándola de laResponsabilidad Social de las Empresas, sabiéndose que la intencionalidad es impactar en un cambiode conciencia dirigida a la formación estudiantil e impartir conocimiento de la realidad socialde la región para la producción de conocimientos y elaboración de proyectos locales.La necesidad de comprender a la “Responsabilidad Social Universitaria” como un nexoente las Facultades e Institutos, para encarar el estudio del entorno Social en búsqueda de respuestas,para entender a la sociedad a la que nos brindamos, para darles alternativas ante laproblemática y el entorno biótico para su conservación y cuidado.Citas BibliográficasSemana Profesional – Pag. Web –http://www.semanaprofesional.com/?nota=27282Diario Norte – Pág. Web –http://www.diarionorte.com/noticia.php?numero=63284¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? – Por François Vallaeys Palestra – Pág. Web –http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/09/Archivos/Responsabilidad_Social_Universitaria.pdfREFERENCIAS BIBLIOGRAFICASHistoria de las Universidades Argentinas – de Pablo Buchbinder – Ed. Sudamericana– 2005.Apuntes de la cátedra en su mayoría, los que están basados en la siguiente bibliografía:Material preparado por Lionel A. González Gervasoni, extraído del Módulo 4 Tema 5. LaGestión Académica. Gestión de Calidad Universitaria. Evaluación Institucional de Programas.(Organización y Administración de las Instituciones Universitarias – de la Carrera de Tecnicaturaen Administración y Gestión de Instituciones Universitarias).Máster Internacional en Gestión Universitaria. 1º Edición Argentina. 2009-2010. Universidadde Alcalá de Henares. España.Hitt Michael A., Black J. Stewart, Porter, Lyman W. (2006) Administración. 9ª edición.México. Editorial Person Educación de México.Robbins Stephen P. (1994) Comportamiento Organizacional. Conceptos, Controversias yAplicaciones. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 6º Edición. México.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

184< héctor ojeda“RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA” “Su trascendencia en el contexto regional” >185CURRÍCULUM VITAEHÉCTOR LUIS OJEDAPersonal No Docente desde 1987, promovido a planta permanente en 1993. Desempeña tareasde administración en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Facultad de Ciencias Económicasde la UNNE.Técnico en Administración y Gestión de las Instituciones Universitarias, egresado de la UNNE,en 2012.Ha asistido y aprobado numerosos cursos de formación y perfeccionamiento.hectorojeda63@hotmail.comRevista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

normas parapublicarRevista de la Facultad de Ciencias Económicas

Revista de la Facultad de Ciencias Economicas -Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)Normas de PublicaciónTeniendo presente la reestructuración de la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, se hanmodificado las Normas de Publicación, por lo cual solicitamos a quienes quieran publicar en ella que seatengan a las que a continuación se establecen para la admisión de artículos.1.- Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos. A efectos de garantizar este carácterhasta el momento de su publicación, éstos no podrán haber sido ni ser enviados a otro medio de difusiónen tanto esté vigente el proceso de evaluación ni cuando hayan sido aceptados para su publicación.2.- Junto con el artículo el/los autor/es enviarán el formulario de autorización de publicación, quedeberá solicitarlo en: revista.fce.unne@gmail.com3.- Los artículos que se envíen podrán revestir carácter científico o técnico, con aplicación de metodologíasadecuadas al estudio, con el respaldo crítico correspondiente (referencias a las fuentes, bibliografía)e incluir sus objetivos y conclusiones.Asimismo, se publicarán otro tipo de artículos, tales como revisiones (rewiews) o artículos de síntesis,que podrán versar sobre un tema de actualidad, refiriendo la bibliografía de los últimos años, añadiendouna opinión crítica propia. También, podrán incluirse reseñas bibliográficas, de publicaciones de recienteaparición y, aún, artículos de información acerca de proyectos de investigación en marcha, con sus respectivosestados de avance; así como podrán publicarse referencias de las novedades editoriales que seanenviadas a la redacción de la revista.Existirá una sección destinada a comunicar las cuestiones institucionales, así como noticias acercade eventos científicos y académicos, en las distintas áreas de interés.4.- Los trabajos presentados serán sometidos a Referato. Para ello, los artículos serán enviadoscomo anónimos a evaluadores externos, expertos en el área disciplinar de que se trate, a los efectos desu evaluación (método doble ciego). Si el trabajo es evaluado favorablemente, se lo aceptará para su publicación.En caso de recibir observaciones, será devuelto al/los autores, a efectos de su revisión y nuevapresentación, en el plazo que se indicará en cada caso. Transcurrido dicho plazo y no habiéndose cumplidocon dicho requisito, se considerará que se ha desistido de su publicación en este medio.5.- Una vez aceptados los trabajos, se comunicará tal situación al/los autores y aquellos se integrarána una lista de espera, para su oportuna publicación. En principio, los artículos se publicarán considerandosu orden de recepción; sin embargo, quedará a criterio del Equipo de Dirección su inclusión en algún númerodeterminado, por razones que se consideren oportunas.6.- Los artículos deberán estar escritos en español o portugués y ajustarse al siguiente FORMATO:Diseño de página: Tamaño A4, a espacio doble, con márgenes (superior, inferior y laterales) de 3cm. Texto en formato Word, tipografía Times New Roman, tamaño 12, color negro; con citas a pie depágina (sólo para aclaraciones o comentarios; en ningún caso servirán para introducir bibliografía) enTimes New Roman, tamaño 10, numeradas correlativamente. La alineación será a la izquierda, salvotítulos y datos de los autores y deberá incorporarse la función guiones, en modo automático.El título tendrá una extensión máxima de 15 palabras y se consignará en tamaño 14, en negrita ycentrado y los subtítulos en tamaño 12, en negrita, sin punto final y con alineación izquierda; ambos conefecto Versales. Si se numeran los apartados, se utilizarán las normas ISO (1 / 1.1 / 1.1.1, etc.). Los párrafosdeberán comenzar utilizando una sangría de 1,25 cm.Las tablas deberán estar realizadas en formato Excel, en escala de grises, y los gráficos se incluiránen formato .jpg o .gif; ambos deberán respetar la medida máxima de 12 x 18 cm. Las leyendas correspondientesa tablas y gráficos deberán estar incluidos adjuntos a los mismos, formando parte del mismo archivo.Tanto tablas como gráficos deberán insertarse en el texto, en el lugar en que deban ser publicados.7.- Los artículos contendrán un Resumen en español, que tendrá una extensión máxima de 250 palabras,con una versión en inglés –abstract–, de igual extensión. Se incluirán entre 3 y 5 Palabras Clave,las que también deberán tener su traducción al inglés –keywords–.8.- La extensión máxima admitida será de ocho mil palabras, incluyendo la bibliografía y éstasdeberán estar numeradas en el borde inferior derecho, desde la primera hoja.9.- Los apellidos y nombres del/los autores se incluirán debajo del título, dejando un espacio, enTimes New Roman 12, en negrita y con alineación centrada, también con efecto Versales. En caso de servarios autores, se consignarán dichos datos por orden de importancia en el trabajo realizado. Debajo,se señalará la pertenencia institucional del/los autores, también en Times New Roman 12, en negrita.Al final del trabajo, luego de las referencias bibliográficas, se incluirá un breve curriculum vitae del/losautores, en que se consignará el máximo grado académico obtenido, los cargos académicos o científicosque actualmente detenta/n y una dirección de correo electrónico.Si el trabajo pertenece o es resultado de un proyecto de investigación que ha sido financiado poralguna Institución, o deben incluirse agradecimientos, éstos se consignarán en el texto, entre los autoresy el resumen, en tamaño 10, también centrado. En caso de querer insertarse alguna frase o cita, se laincluirá con alineación a la derecha.Como último subtítulo, al final, se incluirán las Referencias bibliográficas, siendo éstas obligatorias.Se consignarán solamente las citas bibliográficas que hayan sido mencionadas en el texto del artículo.10.- Se adopta como sistema de citación el del Manual de Estilo de publicaciones de la AmericanPsychological Association (APA), en su sexta edición (www.apastyle.org).11.- En cada artículo que se publique se incluirá la fecha de su recepción y aceptación.12.- Los artículos publicados pueden ser reproducidos, siempre que se cite claramente la fuente deprocedencia.13.- La Revista no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores de los artículos publicados,quienes serán los responsables legales de su contenido, autenticidad y carácter inédito.14.- En caso de comprobarse que el/los autores que presente/n un artículo para su publicaciónhayan cometido plagio, éste se rechazará automáticamente y en adelante no se admitirán presentacionesde este/os autores.RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS Y COMUNICACION CON EL/LOS AUTORESLos artículos se enviarán a la Dirección de la Revista Actualidad y Prospectiva, en soporte electrónico,a: revista.fce.unne@gmail.com, acompañados del formulario de autorización de publicación, quedeberá solicitarlo a: revista.fce.unne@gmail.com, escaneado, con la/s correspondiente/s firma/s.El Equipo de Dirección acusará recibo de su recepción al/los autor/es; constatará el cumplimientode los requisitos formales y, superada esta instancia, lo enviará a dos evaluadores, en forma anónima(sistema doble ciego) 1 quienes dispondrán del plazo de treinta días corridos para emitir su dictamen.El resultado de dicha evaluación será comunicado al/los autor/es. En caso de ser positiva, el trabajose integrará a la lista de espera para publicación, en la cual se respetará el orden de recepción, salvoque el Equipo de Dirección considere conveniente incluirlo en otro número, con causa fundada.1Se ha optado por el sistema de evaluación conocido como “doble ciego”, con la intención de seleccionar los artículos enviadosy, en su caso, realizar sugerencias de mejoramiento, a efectos de garantizar, de este modo, la calidad de la Revista, en beneficiode los mismos autores que publiquen en ella, de la Institución responsable de su edición, de sus usuarios y de la comunidadcientífica. Cabe destacar que los juicios de expertos resultarán opiniones valiosas y carecerán de ánimo sancionatorio; por elcontrario, se realizarán con carácter constructivo y espíritu de mejoramiento del trabajo del/los autor/es. Igualmente, para todosquienes envíen sus colaboraciones, lo más importante será la opinión y crítica de los lectores.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365

Para el supuesto que la evaluación rechace el trabajo, esto supondrá la imposibilidad de publicarloen este medio 2 .En el caso de disidencia en los dictámenes, se enviará a un nuevo evaluador, quien con su opinióndefinirá el criterio a seguir.Si el juicio de expertos recomendase aceptar el artículo, previa realización de algunas modificaciones,ésta circunstancia será comunicada al/los autor/es, a efectos que las realicen, si lo consideranconveniente, en el plazo máximo de treinta días corridos, y lo reenvíen.En este caso, el/los autor/es deberán mandar su artículo corregido junto con un correo electrónicoen el que expliquen qué han modificado y que no, teniendo en cuenta las opiniones de los evaluadores. ElEquipo de Dirección de la Revista, considerando los informes de los evaluadores, el artículo corregido ylas explicaciones, decidirá su publicación, o su reevaluación por parte de los mismos expertos preopinantes,en especial cuando éstos lo hayan solicitado. En caso de decidirse su publicación, el artículo seguiráel mismo proceso establecido supra.El/los autor/es, en cualquiera de los casos, recibirán copia íntegra de los informes de los evaluadores,en forma anónima (sistema doble ciego).Cada una de estas decisiones serán comunicadas al/los remitente/s de trabajos, por vía electrónica,lo que constituirá suficiente certificado de cada etapa. El mensaje de recepción explícita del artículo,comunicando que pasa a evaluación, es el resguardo de recepción del artículo a todos los efectos, al igualque aquel que notifique su aceptación, previo proceso de referato. Obviamente, la publicación del artículoconstituye un certificado en sí mismo.COMITÉ DE REFERATOLos integrantes del Comité de Referato han sido seleccionados por sus destacados méritos académicos,científicos y éticos y su autoridad en cada una de las disciplinas que integrarán el material a editar,a efectos de permitir un proceso de evaluación que garantice la calidad de la publicación.Estos profesionales han tenido la deferencia de aceptar desempeñar dicha función para esta Revista,declarando que no tienen interés financiero, intelectual, ni personal en relación con el/los artículo/sque serán sometidos a su juicio de expertos, asumiendo un compromiso de confidencialidad respecto a lainformación obtenida a través de la revisión de dicho material, previamente a su publicación.Los evaluadores podrán inhibirse de actuar con respecto de un trabajo, en caso que estimen laexistencia de cualquier circunstancia técnica o ética que les impida hacerlo.El análisis a llevar a cabo deberá ser realizado desde el punto de vista científico técnico y no ideológico.El evaluador podrá expresar libremente sus observaciones, toda vez que no revistan el carácterantes anotado, o inhibirse de entender en tal caso.Los informes de nuestros evaluadores deberán ser remitidos en el plazo máximo de treinta díascorridos, redactados en forma objetiva, anónima, respetuosa, con rigor científico, en forma clara y cordialy con espíritu constructivo y serán enviados directamente (de forma anónima) a los autores.Para cualquier consulta, dirigirse a: revista.fce.unne@gmail.coma la Directora: Dra. María Laura Estigarribia Bieber: mlestigarribia@eco.unne.edu.aro a la Secretaria: Abog. Silvina Andrea Cáncer: silvinacancer@gmail.comFormulario de autorización de publicación(Apellidos y nombres)...................................,con Documento Nacional de Identidad nº…….................,con domicilio en .................. y dirección de correo electrónico ................................(En este lugar, datos de quien se constituye como responsable y nexo con la revista)……………………………………………………………………………………(A continuación, datos de todos los autores)………………………………………Apellidos y nombres)............................., con Documento Nacional de Identidad nº……….., condomicilio en .............y dirección de correo electrónico ..................Solicita(n) a la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacionaldel Nordeste, con ISSN 1668-6365 (formato digital) – ISSN 1668-6357 (formato impreso),considere la publicación del trabajo titulado…........................., cuyo original remite/n, en laforma y condiciones que su editor considere oportunas, declarando bajo juramento su autoríasobre dicha obra, su originalidad y que es inédita, no habiendo sido sometida a consideraciónen ninguna otra revista científica y cuyos datos han sido recogidos por su/s autor/es (o le/shan sido facilitados por …….. [entidad o persona] y dado el correspondiente permiso para suutilización) [poner lo que proceda].Declaro/amos que he/mos respetado todos los principios éticos exigidos por su revista, asícomo pedidos todos los permisos oportunos………………………….El/los autor/es está/mos de acuerdo en remitir este manuscrito a su consideración y asumopersonalmente la responsabilidad de la recepción de los comentarios y revisiones que pudieranderivarse, sirviendo de nexo entre la revista y el/los autor/es.-------------------------------------------------------------------------------------------Lugar y fechaFirmaAclaración2El rechazo de un artículo, debido al dictamen negativo de los evaluadores, no significa que este tema carezca de interés; simplemente,pone de manifiesto que, de la manera en que fue presentado y en esta instancia, no puede publicarse por este medio, respetandosu línea editorial. Igualmente, invitamos a su/s autor/es a reformular éste o enviar otros trabajos, que serán considerados.Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365Revista de la Facultad de Ciencias Económicas - UNNE, Número 9, Septiembre 2012, ISSN 1668-6365