Revista de Derecho - Consejo de Defensa del Estado

Moneda de Chile es un servicio Fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda, que tendrá las funciones queseñala la presente Ley Orgánica”. Le corresponderá: “c) La impresión de todas las especies valoradas queemitan las Instituciones Fiscales y Semifiscales, las Municipalidades, las Instituciones y Empresas Autónomasdel Estado y, en general, todas las personas jurídicas en las cuales el Estado tenga aporte de capital”.La función de estos instrumentos es de manifiesto interés público al permitir o pretender la circulación segurade los vehículos motorizados en nuestro país y al mismo tiempo la protección de la salud de sus habitantesmediante el adecuado control de emisiones de sus elementos propulsores. Y el tráfico jurídico de estosinstrumentos proviene del ejercicio de la autoridad pública que los impone como medio fehaciente -(que hacefe)- de haber sido cumplidas las normas por ella dictadas con los propósitos anteriormente dichos.Los indicados elementos o circunstancias de expedición de los aludidos instrumentos los hacen, a nuestrojuicio, documentos oficiales. Y la circunstancia de que sean expendidos por la Casa de Moneda aparticulares, siguiéndose instrucciones reguladas administrativamente, no muda su naturaleza a la deinstrumentos privados; por el contrario, esto último, lo confirma. El hecho de que el destinatario inmediato delos documentos mencionados sea un número reducido o limitado de personas -particulares o privados que losadquieren para introducirlos a un tráfico jurídico mayor- no altera su génesis u origen, su función y elejercicio de la autoridad del Estado que los ha impuesto. De este modo, su falsificación, a nuestro juicio,debe quedar comprendida en los artículos 193 y 194 del Código Penal, según corresponda.Pero tal como señala el artículo 1º antes citado, en su letra c), lo dicho respecto de los instrumentos o“certificados de revisión técnica o de homologación”, ordenados por el Ministerio de Transportes yTelecomunicaciones41, es válido respecto de “todas las especies valoradas que emitan las InstitucionesFiscales y Semifiscales, las Municipalidades, las Instituciones y Empresas Autónomas del Estado y, engeneral, todas las personas jurídicas en las cuales el Estado tenga aporte de capital”. De manera tal queestos documentos constituirán documentos oficiales auténticos y harán excepción de aquellos otros propiosde la gestión de Instituciones Semifiscales, de las Municipalidades, de Instituciones y Empresas Autónomasdel Estado y de las personas jurídicas en las cuales el Estado tenga aporte de capital, que por regla generalimportan documentos oficiales cuya genuinidad sólo podrá presumirse. (Salvo, a su vez, de aquellosinstrumentos oficiales que a sus respectos puedan considerarse auténticos en razón de determinadosatestados, a que nos referiremos más adelante.)Documentos municipalesDada la particularísima alusión a “sujetos activos” del artículo 260 del Código Penal, en relación condeterminados delitos42, conviene utilizar a la “Municipalidad” para examinar las falsedades instrumentales ysus agentes delictuales, materia que hacemos extensiva al resto de los sujetos que no son empleadospúblicos y que aparecen como idóneos para incurrir en las figuras penales que allí se señalan de modoindirecto.La situación del documento que se suscita al interior o con ocasión de esta “corporación de derecho público,con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargada de la administración de cada comuna o agrupaciónde comunas”, es bastante particular. Desde luego, el artículo 12 del D.F.L. Nº2/19.602, que fijó el textorefundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala las diferentesdenominaciones de las resoluciones que éstas adopten: ordenanzas, reglamentos municipales, decretosalcaldicios e instrucciones. Pero además de estos instrumentos existen innúmeros otros que se desplazan ensu interior como ocurre con solicitudes de particulares, oficios que se reciben y se responden, aquellos queemanan de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, Tesorería, memorándums, todos aquellosque suponen y dan cuenta del cumplimiento de las funciones que a la Corporación encomienda el artículo 5ºde la misma ley; o que emanan de sus diferentes reparticiones o unidades, tales como aquella encargada deldesarrollo comunitario, de obras municipales, etc. Es decir, un universo documental que refleja la marcha yfuncionamiento regular y ordinario de la Municipalidad en la satisfacción de las necesidades vecinales que leha encomendado la ley.Dentro de aquellos documentos hay algunos que por su naturaleza intrínseca son instrumentos públicos,como ocurre, por ejemplo, con los que dicen relación con la adquisición y enajenación de inmuebles, actos ocontratos jurídicos solemnes de ineludible perfeccionamiento por la vía señalada43. Asimismo, todamanifestación de voluntad del órgano que por algún determinado motivo se haga constar en instrumentopúblico, siempre tendrá tal significación. Pero también se dan todos aquellos otros documentos a que hicimosreferencia en el número anterior. Y la pregunta que debemos formularnos es si su falsificación por unfuncionario municipal o por un particular importa falsificación de instrumento público, oficial auténtico oprivado, y quién ha de ser su sujeto activo.Para respondernos tales interrogantes debemos considerar algunos principios normativos básicos para talpropósito:a) El funcionario municipal, atendida su naturaleza, no es funcionario público. Aunque parezca de suyo obvio,es funcionario municipal. Luego, no puede emitir un documento o instrumento público.b) Sí podrá expedir un documento oficial auténtico de origen municipal si el documento deja constancia de“actuaciones municipales” autenticadas por el secretario municipal, cuando obra como “ministro de fe”. O silo anterior ocurre en otros documentos oficiales suscritos por quien debe jurídicamente otorgar una