Revista de Derecho - Consejo de Defensa del Estado

por ley -no necesariamente funcionario público ni ministro de fe pública-, al que se otorgó la facultad deatestarlo del modo en que lo hace. Puede tener su origen dentro de la administración central odescentralizada del Estado en la medida en que una ley así lo establezca. Sólo reclama que el Servicio oentidad respectivo, de acuerdo con su ley orgánica, cuente con un ministro de fe o encargado queautentifique determinadas actuaciones preestablecidas y que por consiguiente obre dentro de sucompetencia. Documento simplemente oficial es aquel que nace o se desarrolla dentro de la Administracióndel Estado, entendiéndose por tal la constituida por los órganos a que hace referencia el artículo 1º, inciso2º, de la Ley Nº 18.575. Se caracteriza por carecer de intervención de un ministro de fe y por provenir deempleados cuya función es sólo dar curso progresivo a la ritualidad a que se encuentra sujeto el documento.El documento oficial goza de la presunción de genuinidad de acuerdo con principios y normas jurídicosbásicos de nuestra institucionalidad sin que sea necesario norma legal expresa que así lo señale45.c) Ni el documento público ni el oficial auténtico por naturaleza reclaman perjuicio para su punición a títulofalsario.d) Todo instrumento auténtico, público u oficial, debe ser portador de un contenido de significación jurídica,sustantiva o probatoria, de entidad tal que su alteración ideológica o material origine o pueda originar undaño al introducírsele al tráfico jurídico.e) El documento falsificado, sea material o ideológicamente, mientras no sea incorporado al tráfico jurídico yse dé en su sujeto activo una intención falsaria nociva, no debiera ser punible.EPíLOGOComprendo que las afirmaciones anteriores son discutibles. Por eso advertí en un inicio que este trabajo eraun simple ensayo con ideas personales susceptibles a toda crítica. Y que no es improbable que me encuentreequivocado. Pero el anterior ha sido mi pensamiento y he deseado manifestarlo por si fuere de algunautilidad. Confío en que buenos argumentos, formulados en algún próximo número de esta revista, me hagancambiar de opinión, en todo lo que parezca razonable.* Guillermo Ruiz Pulido. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado.1 Este trabajo responde a un criterio práctico que descansa en nuestra dogmática positiva y que sólo tienepor objeto intentar esclarecer conceptos de aplicación permanente en nuestras actividades profesionales.Estudios doctrinarios y acabados sobre el tema se encuentran en cualquiera biblioteca especializada.2 Citado por Vodanovic, Tomo I, “Teoría de la Prueba”, Curso de Derecho Civil, 2ª edición, EditorialNascimento, Santiago, 1945, pág. 625.3 Ejemplo notorio de este fenómeno es la declaración de inhabilidades y de intereses que determinadosfuncionarios públicos debieron y deben efectuar de acuerdo con la Ley Nº 19.653, cuyo artículo 69 lesatribuye el valor de documentos públicos o auténticos. Asimismo, los documentos a que hace alusión elartículo 5º de la Ley Nº 18.290 (Ley de Tránsito).4 “Delitos de falsedad y fraude”, Antonio José Martínez López, Ediciones Librería del Profesional, 1ª edición,Colombia, 1990, pág. 5.5 Sobre presupuestos filosóficos previos, relativismo del valor “verdad”, conceptos de “no verdad” y falsedaden su perspectiva filosófico-moral, y relatividad cuantitativa y cualitativa, véase la excelente obra sobreesta materia, “La falsedad documental”, de don Antonio Quintano Ripolles.6 Hubert Reeves y otros, “La más bella historia del mundo”, 1ª edición, Editorial Andrés Bello, Santiago,1997.7 Véase la distinción entre intención y ánimo falsario, en Carrara, Programa de Derecho Criminal, ParteEspecial, Volumen VII, Tomo IX, Reimpresión de la 4ª edición, Editorial Temis, Bogotá, 1982, párrafo 3669,pág. 299.8 Carrara, obra citada, pág. 301.9 Antonio Quintano Ripolles, “La falsedad documental”, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1952, pág. 244.10 La cita en cursiva corresponde a la obra “La falsedad documental”, citada precedentemente, pág. 78.11 Ramón Meza Barros, “Manual de Derecho Civil”, “De las obligaciones”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago,1953, pág. 266, párrafo Nº 367 (cita adaptada al caso).12 No para todos, el uso didáctico de las reglas sobre falsificación de monedas y de otras especies, a lasque haremos referencia, conviene a la explicación de las falsificaciones instrumentales.13 Cuello Calón, “Derecho Penal”, Parte Especial, 10ª edición, Bosch, Barcelona, 1957, T. II, pág. 185.14 En sentido contrario, sin embargo, el D. L. Nº 726 de 23 de noviembre de 1925, en su artículo 2º, prohíbe“la circulación, distribución o uso en cualquiera otra forma, de imitaciones de billetes que tengan curso legalen Chile, y la circulación de hojas volantes, tarjetas o cualquiera otra especie de anuncios que contenganimpresiones, grabados o reproducciones que representen esos billetes”. Pareciera que en estos casos serádifícil engañar a terceros con los procedimientos aludidos.15 Joaquín Francisco Pacheco, “El Código Penal Concordado y Comentado”, 6ª edición, Imprenta y Fundiciónde Manuel Tello, Madrid, 1888, Tomo II, pág. 295.16 “Código Penal Reformado de 1870, Concordado y Comentado”, escrita por don Salvador Viada y Vilasecay revisada por don Salvador Viada y Rauret. 5ª edición, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, Madrid,1926, Tomo IV, pág. 57.17 Es de todos sabido la exclusión de este medio probatorio en el proceso civil -en la medida que así puedaconceptuárselo-, desde hace largo tiempo.18 Debe entenderse incluido el Oficial del Registro Civil y el Cónsul, dentro de sus excepcionales funciones detal.