Revista de Derecho - Consejo de Defensa del Estado

Estado, debe igualmente ser amparado en su certeza, veracidad e incorruptibilidad, tanto como los primeros.No olvidemos que la interpretación progresiva de la ley penal y su acomodación justa y equilibrada con lostiempos no puede ser contradicha por la recta razón.IV. Documento oficialAlgo decididamente similar, a propósito de falsedades, ocurre con la expresión “documento oficial”, ajeno a lapreceptiva del Código Civil; pero que utiliza en su número 8º el artículo 193 de nuestro Código Penal. Sirazonamos acerca del origen de nuestro artículo 193 observaremos que es idéntico al artículo 226 del CódigoPenal español tenido a la vista por don Joaquín Francisco Pacheco al efectuar sus comentarios y que hansido de tan enorme importancia e influencia en la redacción del nuestro. Cuando este ilustre “fiscal que fuédel Tribunal Supremo de Justicia”24 (sic) se refirió a dicha materia en su Capítulo Cuarto, Sección Primera,“De la falsificación de documentos públicos ú oficiales y de comercio”25, dijo: “1. El Código Penal, queemplea, como estamos viendo, estas palabras, no se cree en la obligación de definirlas. Verdaderamente suexplicación corresponde al civil o al de comercio, que es donde se deben señalar los requisitos que han deproducir tales calificaciones. 2. Las definiremos, sin embargo, para que no quede duda en este particular.Documentos públicos son los otorgados legalmente, los redactados en cualquier forma de derecho, por antepersona que goza de la fé pública: una escritura, un testamento, una actuación judicial, una fé de bautismoó de matrimonio. 3. Documentos oficiales son los autorizados por el Gobierno, por sus agentes, por losempleados que tienen el poder de hacerlo, por las oficinas de toda clase, que con arreglo a su institución losexpiden26. 5. La alteración, el mudamiento de verdad, como decía la ley de Partida, la fabricación oadulteración de documentos de esta clase, es lo que la ley se ha propuesto penar en la sección que nosocupa”.Por su parte, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, se ha señalado que los“documentos oficiales son aquellos que para satisfacer necesidades o conveniencias del servicio público sefirman o expiden por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos”27, concepto que estimamosadecuado, aun cuando, como veremos mas adelante, el documento oficial puede también tener su origen enun particular. Del mismo modo se ha dicho que el documento oficial ha de tener la aptitud de generarconsecuencias jurídicas, y que si ello no ocurre, siquiera potencialmente, su falsificación a tal título esimprocedente28.El mismo Tribunal Supremo se ha encargado de ejemplificar, jurisprudencialmente, por supuesto, documentosque deben ser considerados oficiales, de los cuales hemos seleccionado los más próximos a nuestro sistemapara su mejor identificación. Ellos son: Las actuaciones judiciales de toda especie, los escritos de losletrados desde que son incorporados al proceso; toda clase de información dada ante jueces y tribunales;los expedientes que se instruyen en las oficinas públicas y en que intervienen los funcionarios públicos enrazón de su cargo; los recibos talonarios de contribución de bienes raíces y de impuestos en general; planos,proyectos y certificaciones incorporados a expedientes en oficinas públicas; y numerosos otros29, 30.Para nosotros, documento oficial desde el punto de vista de su génesis, por regla general, y de su función,particularmente, es aquel que sirve a los propósitos del Estado en el cumplimiento de la satisfacción de lasnecesidades sociales y que se emplea y desarrolla dentro de su Administración, entendiéndose por tal -comolo señala el inciso 2º de la Ley Nº 18.575-, “los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y losórganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos laContraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden ySeguridad Públicas, la Municipalidades y las Empresas Públicas creadas por ley”.Aprovechando esta anticipación de ideas, podemos decir que -a nuestro juicio- el género es el documentoauténtico que se puede dividir en instrumento público y en documento oficial. Este último puede serauténtico por naturaleza o simplemente oficial. (El simplemente oficial debe suponérselo genuino pornecesidad de la Administración, genuinidad que puede hacérsela descansar en una presunción, segúnveremos más adelante.)Ejemplos de instrumentos públicos son los clásicos conocidos: la escritura pública, los certificados o copiasde inscripciones o subinscripciones que expidan el Conservador o los Oficiales del Registro Civil, los atestadosde los relatores, de los receptores; las certificaciones y copias que otorguen los secretarios de lostribunales; igualmente aquellas que provengan de los conservadores y de los archiveros.Documento oficial auténtico por naturaleza es aquel propio de la Administración del Estado que ha sidolegitimado por un ministro de fe o encargado, que testimonia la ocurrencia de un hecho dentro de sucompetencia, facultado por expresa disposición de ley. Así puede ejemplificarse mencionándose a losSecretarios de las Municipalidades, a su Tesorero, a los demás Secretarios de cada una de las Institucioneso Servicios Descentralizados Territorial o Funcionalmente, o Secretarios de entidades de Derecho Privado enque el Estado o sus Instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, y en que la leypone de cargo de dicho empleado el servir de ministro de fe, respecto de materias específicas. Recuérdeselos acuerdos de Directorio en entidades tales como Empresa Nacional de Minería, Empresa Nacional delPetróleo, Corporación Nacional del Cobre de Chile, Servicio Nacional de Geología y Minería, Empresa de losFerrocarriles del Estado, Empresas Portuarias, etc.Documento simplemente oficial será todo otro que circule al interior de la Administración del Estado o salga al