Revista de Derecho - Consejo de Defensa del Estado

lo son. El Estado, dijimos más atrás, se hace responsable de la autenticidad del instrumento público, porcuanto por medio de su manifestación superior -la ley- atribuye la administración de la fe pública adeterminados funcionarios sujetos a su control permanente, los ministros de fe pública. Y el documentooficial dentro de la Administración del Estado cuenta también con la garantía y presunción de genuinidad,pues la velocidad o tranco de la marcha que lleva a cabo la administración también la exige; siendo, además,el documento oficial un instrumento permanentemente vinculado a un funcionario o encargado de susubstanciación, instrumento que se desplaza en cascada de superior a inferior jerárquico y que, por lomismo, goza de un sucesivo y permanente control de integridad de forma y fondo o de legalidad, como aquelcontrol al que se encuentran sujetos y afectos, también, unos y otros, funcionarios o empleados. De allí queel servicio de recaudación que prestan entidades privadas, motivadas generalmente por el interés y el lucro,y sus empleados, sujetos al Código del Trabajo y que escapan de todo control del Estado, jamás podránoriginar un documento oficial y mucho menos un documento público. Así me parece a mí, al menos.Se presenta, sin embargo, un tema de gran interés a propósito del documento oficial: si éste nació en laadministración por su propia iniciativa, pero su destino es producir efectos jurídicos fuera de ella, sin lugar adudas sigue siendo un documento oficial. Pero: ¿qué ocurre con el instrumento o documento privado quedesde fuera ingresa a la Administración del Estado, solicitando el reconocimiento de un derecho, porejemplo? ¿Pierde su naturaleza original? Su tráfico y eventuales efectos jurídicos dentro de la administración:¿le otorgan el carácter de documento oficial, perdiendo su primitiva naturaleza de instrumento privado?Recurramos al mismo ejemplo del Formulario 29 al que hacíamos mención recién. La falsedad ocurrida dentrodel exclusivo ámbito bancario, sin desplazamiento aun del instrumento hacia la administración, importa, a mijuicio, falsificación de instrumento privado en perjuicio de tercero, si éste se produce. Pero supongamos queen el banco comercial autorizado para recibir el impuesto la gestión fue llevada a cabo regularmente, sinalteración de la verdad. Y sólo una vez recibida la documentación por Tesorería, ingresada al serviciopúblico, ésta es falsificada materialmente, sea en cuanto a cantidad, fecha, contribuyente u otro extremode interés para la administración: ¿Se ha falsificado un instrumento privado que pudiera perjudicar al Fisco,delito que a lo menos reclama aptitud o potencialidad de perjuicio material, patrimonial, para superfeccionamiento? ¿O se ha incurrido en falsedad en documento oficial, que no reclama dicho perjuicio? Larespuesta que quiero dar a tal situación es obviamente muy personal. Me parece que habría que distinguirdos situaciones diferentes: Si el documento aún no ha sido procesado por la administración, ni incorporado ala regularidad y ritualidad oficial de su propia substanciación, destino o función, creo que continuamos enpresencia de un instrumento privado; pero si ya ha sido procesado, introducido al sistema o régimenadministrativo, con participación de los encargados de su resolución, originándose su tráfico jurídico internoy sus eventuales consecuencias vinculantes propias -obligaciones y derechos recíprocos entre ciudadano yEstado- el instrumento dejó de ser privado y mudó en documento oficial auténtico y su falsificación debieraser castigada a título de tal32.Recordemos que estamos razonando sobre la base de alguna modalidad de falsificación de documento oficialde aquellas contempladas en el artículo 193 del Código Penal, con excepción de su número octavo, últimaésta, que dice relación exclusiva con su “ocultamiento”, y no con eventuales falsedades materiales oideológicas, según el caso, ocurridas en el respectivo instrumento.En otras palabras, el documento oficial no sólo puede ser objeto de ocultación en perjuicio del Estado o deun particular, sino también objeto de las demás modalidades de falsificación contempladas para el“documento público” en el artículo 193, en la medida de que se trate de un documento oficial auténtico,como señaláramos más atrás. Tampoco queremos insistir en “falsedades ideológicas”. Siempre se ha dichoque la falsedad ideológica de un instrumento sólo se castiga en la medida en que el sujeto activo tiene porley el deber de veracidad, lo que normalmente no ocurre tratándose de particulares. Sin embargo, lanecesidad de la vida en sociedad y su compleja red de intercambios de toda índole ha obligado al legislador -en ciertos casos- a poner de cargo del particular el aludido deber. Y la falsedad en que incurra desde dichopunto de vista es sancionada penalmente por el Estado en la imposibilidad de velar policialmente en todaclase de situaciones o circunstancias para impedirlo. Así ha ocurrido, por ejemplo, tratándose de leyestributarias33; o tratándose de reintegros simplificados de exportaciones no tradicionales34; o condeterminada documentación aportada a Aduanas35; o con el suministro malicioso de datos falsos sobre unestado civil36.Años atrás, a nuestra Corte de Apelaciones de Santiago correspondió resolver acerca de la naturalezajurídica de “dos certificados de término de giro de la explotación comercial de sendos automóviles para losefectos de su venta”, y de “un comprobante de declaración y pago simultáneo de impuesto a lacompraventa de una camioneta”. Consideró que “los tres son formularios oficiales en que se ha forjado uncontenido mendaz y, además, en los primeros tanto las firmas como el timbre de la oficina de ImpuestosInternos son falsos y el último fue hecho en un formulario ya timbrado de la Tesorería Municipal de LasCondes”. Agregó, “que no cabe duda que los tres señalados son documentos escritos en que se supone laintervención de funcionarios públicos que dan fe de hechos en que deben concurrir obrando en su carácterde tales y en cumplimiento de sus funciones legales”. “Son, en sentido de la ley penal, públicos”. Laargumentación más interesante del fallo es aquella en que señala que “los preceptos del Código Civil que serefieren a instrumentos públicos, por encontrarse en el título “De la prueba de las obligaciones”, estánreferidos sólo a la regulación de su efecto probatorio en materia de derechos privados, concepto limitadoque no se aviene con la extensión que en materia penal corresponde asignar al término documento y que