El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela

«Estos Consejos tienen,de acuerdo a esta ley,una gama de competenciasextraordinariamente ampliasen el ámbito local»sobre los Consejos de Planificación y Coordinación dePolíticas Públicas, en mayo de 2002 la Asamblea Nacionalaprobó la Ley de los Consejos Locales de PlanificaciónPública (Nº 37463, 12 de junio de 2002). De acuerdo aesta norma legal, las instancias de planificación local estaríanconstituidas por el Alcalde o Alcaldesa, los Concejalesy Concejalas del municipio, los Presidentes o Presidentasde las Juntas Parroquiales y “el o los representantesde organizaciones vecinales de las parroquias, el o losrepresentantes, por sectores, de lasorganizaciones de la sociedad organizaday el o los representantes de lascomunidades o pueblos indígenas”(Artículo 3). Estos Consejos tienen,de acuerdo a esta ley, una gamade competencias extraordinariamenteamplias en el ámbito local. Entre lasmás significativas, destacan las siguientes: recopilar, procesary priorizar las propuestas de las comunidades organizadas;impulsar, coadyuvar, orientar y presentar dentrodel Plan Municipal de Desarrollo las políticas de inversióndel presupuesto municipal; presentar propuestas yorientar el Plan Municipal de Desarrollo hacia la atenciónde las necesidades y capacidades de la población, deldesarrollo equilibrado del territorio y del patrimonio municipal;controlar y vigilar la ejecución del Plan Municipalde Desarrollo; impulsar y planificar las transferencias decompetencias y recursos que el municipio realice haciala comunidad organizada; impulsar la organización de lascomunidades organizadas integrándolas al Consejo Localde Planificación Pública; elaborar el mapa de necesidadesdel municipio; evaluar la ejecución de los planes yproyectos e instar a las redes parroquiales y comunales aejercer el control social sobre los mismos (Artículo 5).La Ley de los Consejos Locales dePlanificación estableció en forma taxativa la obligacióndel establecimiento de dichos Consejos en un plazomáximo de 120 días a partir de la entrada en vigenciade la ley, estableciendo cuantiosas multas para elAlcalde o Alcaldesa del municipio donde esto no ocurriese(Artículo 25).OSAL75 [Año VIII Nº 22 - Septiembre de 2007]