Situación de derechos humanos en Honduras

116 | Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras
C. Acceso a la justicia e independencia judicial
275. En el ámbito del sistema interamericano, el derecho de acceso a la justicia deriva
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los cuales se desprenden
una serie de obligaciones estatales que se deben garantizar a las personas
afectadas en sus derechos para la búsqueda de justicia en sus respectivos casos.
Adicionalmente, de dichas obligaciones estatales se desprenden determinadas
garantías que los Estados deben brindar a las y los operadores de justicia a efecto
de garantizar su ejercicio independiente y posibilitar así que el Estado cumpla con
su obligación de brindar acceso a la justicia a las personas. La Corte
Interamericana ha precisado que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios
públicos, cuentan con determinadas garantías debido a la independencia necesaria
del Poder judicial para los justiciables, lo cual la Corte ha entendido como “esencial
para el ejercicio de la función judicial” 379 . Dichas garantías son un corolario del
derecho de acceso a la justicia que asiste a todas las personas y se traducen por
ejemplo, en el caso de las juezas y jueces, en “garantías reforzadas” de estabilidad a
fin de garantizar la independencia necesaria del Poder judicial 380 .
276. La CIDH destaca que es asimismo importante tener un sistema que cuente con
mecanismos para asegurar la responsabilidad profesional de las y los jueces y
fiscales, así como el cumplimiento con sus funciones. Estos mecanismos, conforme
ha sostenido la Corte Interamericana “conlleva a que los procesos disciplinarios y
sancionatorios de jueces deben necesariamente respetar las garantías del debido
proceso y debe ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo” 381 .
277. La Comisión ha dado un seguimiento cercano a la reconstrucción del orden
democrático en Honduras tras el golpe de Estado y ha observado que a lo largo de
los años se han presentado diversos desafíos para que las y los operadores de
justicia, puedan administrar justicia de manera independiente, lo a que se vez ha
afectado la confianza de la población hondureña en las instituciones de justicia.
278. A pesar que en diversas reuniones con el Estado, la Comisión recibió información
sobre medidas adoptadas con el propósito de recobrar la confianza de la sociedad
en las instituciones encargadas de la impartición de justicia 382 , la Comisión
379
380
381
382
CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso
a la justicia y el estado de derecho en las Américas, párr. 24.
CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso
a la justicia y el estado de derecho en las América,s párr. 24.
Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182,
párr. 147.
El Estado indicó algunas medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial: el Departamento de Derechos
Humanos del Poder Judicial, en el seguimiento cualitativo de procesos judiciales de impacto social relativo a
vulneraciones de derechos humanos, ha identificado 45 casos de posibles vulneraciones de los derechos
humanos. Asimismo, con el fin de facilitar el acceso a la justicia, se ha apoyado al Servicio Nacional de
Facilitadores Judiciales, que actualmente cuenta con un personal de 864 personas. La Inspectoría General
del Tribunal recibió en el 2013, 821 denuncias, de las cuales 307 fueron declaradas con mérito, iniciándose el
proceso disciplinario correspondiente, 394 fueron declaradas sin mérito y 120 se encuentran en proceso de
investigación. De las denuncias investigadas, 24 fueron remitidas al Ministerio Público por considerar que las
mismas tienen la apariencia de tratarse de actos constitutivos de delito. Por otro lado, con el propósito de
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