Situación de derechos humanos en Honduras

196 | Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras
493. La Comisión Interamericana hace un reconocimiento especial a IAIP por adoptar
decisiones garantistas del derecho de acceso a la información en materia de
seguridad nacional, al tiempo que hace un llamado al Estado a revisar la Ley para
la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa
Nacional y la reglamentación adoptada posteriormente, para garantizar su
compatibilidad con los principios desarrollados por el derecho internacional de los
derechos humanos. Así, por ejemplo, en la Declaración Conjunta sobre Acceso a la
Información y sobre la Legislación que Regula el Secreto, los Relatores Especiales
para la libertad de expresión recordaron que “[c]ierta información puede ser
legítimamente secreta por motivos de seguridad nacional o protección de otros
intereses preponderantes. Sin embargo, las leyes que regulan el secreto deberán
definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente
los criterios que deberán utilizarse para determinar si cierta información puede o
no declararse secreta, a fin de prevenir que se abuse de la clasificación ‘secreta’
para evitar la divulgación de información que es de interés público. Las leyes que
regulan el secreto deberán especificar con claridad qué funcionarios están
autorizados para clasificar documentos como secretos y también deberán
establecer límites generales con respecto al período de tiempo durante el cual los
documentos pueden mantenerse secretos. Dichas leyes deberán estar sujetas al
debate público” 646 . A este respecto, esta Relatoría ha enfatizado que una
restricción al acceso a la información pública que pretenda justificarse en la
defensa de la seguridad nacional no debe fundarse en una idea de seguridad
nacional incompatible con una sociedad democrática 647 .
494. En igual sentido, la CIDH recomienda no establecer sanciones ulteriores para
aquellos funcionarios que difunden información reservada cuando se trata de
casos graves de corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros temas de
evidente interés general. Como lo expresó la Relatoría Especial en la Declaración
Conjunta sobre Wikileaks del año 2010 y en la Declaración Conjunta sobre
Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión del año 2013,
que “[e]s responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas, y sus funcionarios
mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se
encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de
medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y
difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser
sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen
cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”)
que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones
del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una
amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente o violaciones de
derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar
protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan
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Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, Representante de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación
(OSCE) y Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión. 6 de diciembre de 2004. Declaración
Conjunta sobre Acceso a la Información y sobre la Legislación que Regula el Secreto.
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV
(Libertad de Expresión e Internet). OEA /Ser. L/V/II.149. Doc. 50. 31 diciembre 2013, párr. 60.
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