LA REVOLUCIÓN DE LA PLANCHA

CHILE DEBATE
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IDAS Y VENIDAS DEL CANNABIS LEGAL EN CHILE
HECHA LA LEY…
por Daniela Rodríguez
En Chile, la cannabis se instaló en el debate
nacional gracias a la ciudadanía. Los usuarios,
cansados del sistema de salud y los altos
costos de los medicamentos, se atreven a
buscar nuevas alternativas a los tratamientos
prescritos por sus médicos. Surgen así agrupaciones
sin fines de lucro como Fundación
Daya, Cultiva Medicina y Mamá Cultiva que
proporcionan terapias en base a cannabis
para aliviar el dolor y el sufrimiento del cual el
sistema de salud no se ha hecho cargo.
Sin embargo, la situación legal en el país
mantiene diversas contradicciones. La normativa
de drogas, conocida como ley 20.000,
en su artículo cuatro prohíbe el porte de cannabis,
salvo si se logra justificar su uso en
un tratamiento médico o para su consumo
“personal, exclusivo y próximo en el tiempo”.
Ojalá que justificar el uso fuera tan simple
como aparece escrito. Como la ley castiga
el porte, compra, transporte y cultivo, la
criminalización afecta al usuario desde el
momento de su detención. La legislación
ha traído más de un dolor de cabeza a los
usuarios de cannabis, en especial a la hora
de intentar descifrar a qué se refiere con
“próximo en el tiempo” y de dónde se obtiene
entonces la cannabis que la misma ley
permite consumir en privado.
El artículo ocho dice que si se cultiva sin
autorización, se deberá justificar que es para
su consumo “personal, exclusivo y próximo
en el tiempo”. La autorización a la que se
refiere la ley es aprobada por el Servicio
Agrícola Ganadero (SAG). En la actualidad, el
permiso sólo se ha otorgado en tres oportunidades,
dos de ellas durante el 2015 y hasta
el momento a ninguna persona natural ya
que el artículo nueve lo impide.
NUEVOS TIEMPOS TURBULENTOS
El pasado 1 de diciembre el gobierno decretó
que la cannabis bajara de lista I a lista II
de sustancias controladas. Al analizar de
cerca esta medida, parece un paso adelante,
pero es una victoria a medias. Los cambios
afectan a los decretos de estupefacientes
y psicotrópicos, ambos de 1983, por tanto
corresponden sólo al ministerio de Salud.
La cannabis continúa en lista I ante los ojos
del ministerio del Interior y así se mantiene
la criminalización sostenida al usuario y
consumidor recreativo de cannabis.
El decreto, con fuerza de ley, que firmó la
presidenta Michele Bachelet modificó los
decretos 404 —sobre estupefacientes— y
405 —sobre psicotrópicos—, permite la
prescripción de fármacos que contengan
productos derivados de cannabis bajo receta
médica retenida.
Dichos medicamentos deberán estar autorizados
por el Instituto de Salud Publica (ISP),
que tendrá mayor atribución para controlar
los cultivos con fines medicinales y de investigación.
Los productos comercializados serán comprimidos,
soluciones orales, ungüentos y
distintas variedades de presentaciones que
se encontrarán disponibles en farmacias
con receta retenida.
La receta establecerá para qué dolencia y fin
terapéutico se utilizará dicho producto con
derivados de cannabis. De ahora en adelante
en Chile se podrá comprar Sativex, Marinol,
Dronabinol o cualquier medicamento con
el compuesto activo. El aceite de cannabis
también se incluye en esta categoría, pero
sólo el que sea fabricado por un laboratorio
establecido.
Así es cómo se abrió la puerta a la industria
farmacéutica. El decreto 404 especifica que
se permitirá la comercialización de medicamentos
a base de cannabis, pero su quinto
artículo amenaza que se castigará al que
decida producirlos sin autorización del ISP,
es decir a quienes lo realizan en forma artesanal.
Los pacientes que han necesitado del
aceite de cannabis, u otros derivados, han
acudido a redes solidarias de cultivadores
que los ayudan a conseguir en forma gratuita
la materia prima o el aceite que tanto necesitan.
La modificación al decreto 404 criminalizaría
a los altruistas que utilizan cannabis
para aliviar, ya sean cultivadores o terapeutas.
En cuanto a las organizaciones con permiso
vigente para cultivar, Fundación Daya mantiene
un cultivo colectivo en Quinamávida
que beneficiará a 4.000 pacientes de 20
municipios. Junto a Laboratorios Knopp
desarrollará un fitofármaco a base de cannabis
que se estima será el más barato del
mundo. Además, junto al Instituto Nacional
del Cáncer, el Hospital Las Higueras de
Talcahuano y el Hospital San Borja Arriarán,
realizarán análisis clínicos de los efectos del
cannabis en epilepsia refractaria, cáncer y
dolor crónico no oncológico.
Por otro lado, la empresa Agrofuturo trabaja
en colaboración con el laboratorio estadounidense
Natural Solutions, en el primer
cultivo de cáñamo industrial para la obtención
de CBD en Chile. Es así como se dará
vida a nuevas alternativas, estudios y la
recopilación de importante información que
irá en beneficio de los mismos pacientes.
CONFUSIÓN
A pesar de los avances, el gobierno envía
señales un tanto confusas. Por una parte,
el organismo de prevención del uso de drogas
SENDA, apoya la publicación del libro
“Marihuana consensos y evidencias sobre
su impacto en la salud” de la Sociedad de
Psiquiatría y Neurología de la Infancia y
Adolescencia SOPNIA, de claro corte prohibicionista.
Por otra parte, el pasado 2 de diciembre, el
mismo Ministerio de Salud mostró su apoyo
en el Primer Seminario Internacional de
Cannabis Medicinal de Santiago. La ocasión
contó con la presencia de Marcos Núñez,
presidente de la Cámara de Diputados y
Karol Cariola, diputada de la Comisión de
Salud.
Paralelamente, a pesar de los avances en
el ámbito medicinal, el gobierno se rehúsa
a permitir las seis plantas que proponía la
comisión de Salud de Diputados en la “ley
autocultivo”.
Ahora propone permitir una planta, además
de bajar los gramos de porte de 10 a dos.
El repudio por parte de las agrupaciones
activistas pro cannabis no se hizo esperar.
Evidentemente una planta no es suficiente
para un usuario medicinal y tampoco para el
usuario recreacional.
La última palabra en cuanto a la ley la tendrá
la Comisión de Salud que decidirá si acoge
o no la propuesta del gobierno. La importancia
de la nueva “ley autocultivo” radicaba
en incluir cantidades para detener en el
espiral antojadizo y subjetivo de los jueces
en cuanto a la aplicación de la ley 20.000.
En la actualidad, las nuevas propuestas del
gobierno sólo logran que uno se cuestione
si es efectivamente mejor la “prohibitiva” ley
de autocultivo que proponen o si es mejor
mantener la actual ley de drogas.
De alguna manera la resolución la tomó
la Corte Suprema, que se ha adelantado a
las propuestas del gobierno, y le ha dado
la razón a los cultivadores. La ley 20.000
establece que quienes cultiven sin la autorización
competente incurren en una pena
de presidio menor en su grado máximo, a
menos que logren justificar su uso personal.
El cultivo no se puede penalizar si la cannabis
es para el autoconsumo.
El pasado 4 de junio, el fallo a Paulina
González de Triagrama, demostró que es
hora de que los jueces realicen una correcta
interpretación de la ley 20.000, y que
el cultivo personal no constituye delito. El
porte de cannabis no convierte a la gente en
traficante. Las cantidades no son sinónimo
de tráfico, sino el ánimo y la venta es lo que
configura el traficar. En este mismo punto
también se encuentra la debilidad de la “ley
de autocultivo”, que junto a las recomendaciones
del gobierno, establece cantidades
poco realistas que no solucionan el problema
de fondo y podrían sólo empeorarlo.
El futuro se ve prometedor pero al mismo
tiempo hay que tener cautela con los cambios.
El negocio de la industria farmacéutica
es un tema que en Chile genera discordia
y malestar entre el movimiento cannábico.
Con un sistema de salud deficiente, hospitales
sin cirujanos, pacientes que se automedican,
farmacias coludidas y otros problemas
que los chilenos conocen de cerca, la
cannabis se vislumbra como una alternativa
natural, saludable y de bajo costo.
La idea del cannabis como un producto más
en el mercado logra desmotivar a los más
optimistas. La planta se utiliza completa, no
basta con que los laboratorios aíslen el THC
o el CBD, y eso es lo que a las autoridades
les falta entender. Más allá de eso, el gobierno
no se puede entrometer en la libertad
de decidir de sus ciudadanos, ni tampoco
coartar el derecho a cultivar si es para su
consumo personal.
Sólo podemos esperar que las medidas
tomadas no agraven aún más el limbo de
incertidumbre generado por la ley 20.000.
En estos momentos urge la modificación a la
ley 20.000 para que el Ministerio del Interior
baje la cannabis a lista II y termine con el
abuso a los usuarios de cannabis.
Por una parte, las modificaciones al decreto
404 y 405 abren el camino a los usuarios
medicinales y las farmacéuticas. Por otro, se
aplican más restricciones a altruistas y consumidores
recreativos. Sólo queda recordar
que la lucha no ha acabado mientras se
siga vulnerando a los usuarios porque “una
injusticia hecha al individuo es una amenaza
hecha a la sociedad”.