comunicacionales sobre la trata de personas

horas), no cuentan con teléfonos. Por otro lado, hallamos que tienen sus propios estatutos
para ejercer justicia, por lo que hay que respetarlos porque esa justicia comunal está
reconocida en la Constitución. Hemos optado por capacitar a los operadores de justicia en
esas zonas para que se busquen ayuda del Estado cuando el asunto escapa de sus manos”
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)
Como se puede ver, al hablar de interculturalidad no consiste sólo en afirmar que somos un país
diverso, sino que se requiere de un trabajo coordinado/consciente con las autoridades
regionales para que se dé paso a un aprendizaje y reconocimiento del contexto socio cultural y
lingüístico entre los/las que están en la gestión del tema desde Lima hasta quienes se ubican en
las regiones/localidades ̶más vulnerables a la trata de personas̶.
Es imprescindible que los funcionarios/as del interior del Perú participen en la elaboración de las
iniciativas comunicacionales (que deben estar articuladas en la campaña macro del Estado)
para lograr que se gestionen avances reales respecto a interculturalidad e iniciativas
comunicacionales que calen en las sensibilidad de la población. Ellos/ellas deben interiorizar
que es parte de su deber como autoridades el proponer y no sólo esperar que todo se gestione
desde fuera, ellos tienen la función de velar que las acciones que se tomen en pro del bienestar
de sus comunidades estén adaptadas a su cosmovisión.
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