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El Anexo C presenta una descripción del marco normativo nacional.<br />

2.3.2. Normativa internacional<br />

Entre los instrumentos internacionales que tienen relación con la seguridad digital se<br />

encuentran el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (conocido como el<br />

convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest) mediante el cual se adopta una legislación<br />

que facilita la prevención de las conductas delictivas y contribuye con herramientas eficientes<br />

en materia penal que permitan detectar, investigar y sancionar las conductas antijurídicas.<br />

También destaca la Resolución AG /RES 2004 (XXXIV-O/04) de la Asamblea General de la<br />

OEA, mediante la cual se establece una estrategia integral para combatir las amenazas a la<br />

seguridad cibernética con un enfoque multidimensional y multidisciplinario, para la creación<br />

de una cultura de la seguridad cibernética, y la Decisión 587 de la Comunidad Andina por<br />

la cual se establecen los lineamientos de la Política de seguridad externa común andina.<br />

Desde el punto de vista de ciberdefensa, se destaca la Declaración de la Cumbre de<br />

Gales de la OTAN en 2014, en donde se resaltan acuerdos para abordar la ciberseguridad<br />

en los países de dicha alianza.<br />

Finalmente, se destaca la Declaración sobre la protección de infraestructura crítica ante<br />

las amenazas emergentes (aprobado durante la quinta sesión plenaria, celebrada el 20 de<br />

marzo de 2015). En esta, entre otros, la Secretaría Ejecutiva del CICTE de la OEA desarrolla<br />

un proyecto de asistencia técnica que permite a los Estados americanos miembros la<br />

elaboración de un listado de su infraestructura crítica y su clasificación, basados en sus<br />

respectivos activos, sistemas, redes y funciones esenciales, para hacer posible la mejor<br />

evaluación de vulnerabilidades, brechas, amenazas, riesgos e interdependencia.<br />

El Anexo D presenta el marco normativo internacional.<br />

Los antecedentes nacionales e internacionales expuestos en esta sección, han mostrado<br />

que la política de ciberseguridad y ciberdefensa adoptada por Colombia en el 2011, debe<br />

ser complementada para responder adecuadamente a los nuevos tipos de incertidumbres e<br />

incidentes digitales, los cuales son el resultado de un entorno digital creciente y dinámico.<br />

Incidentes que pueden afectar a cualquier sector de la economía o ciudadano, y no solo al<br />

Estado; y que, según diversos estudios, deben ser abordados desde un enfoque de riesgos<br />

en el que se involucren a todas las partes interesadas, distinguiendo así los objetivos de<br />

prosperidad económica y social (fortalecer la economía digital), de los objetivos de<br />

ciberseguridad y ciberdefensa.<br />

Esta sección también permitió evidenciar que Colombia dispone de un marco normativo<br />

nacional disperso en torno a la seguridad digital que comprende leyes, decretos y otros actos<br />

expedidos bajo condiciones diferentes a las actuales. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se<br />

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