CONPES

devastadoras para el país, e incluso podría ocasionar la pérdida de gobernabilidad en pocos
minutos.
De esta manera, es indispensable generar una estrategia de protección de la
infraestructura crítica cibernética en el país, culminando el proceso de catalogación de dicha
infraestructura bajo un enfoque de gestión de riesgos de seguridad digital, y vinculando
activamente a las múltiples partes interesadas, especialmente al sector privado.
En cuanto a ciberterrorismo, el informe final presentado en el 2015 por el Grupo de
expertos gubernamentales sobre avances en la información y las telecomunicaciones, en el
contexto de la ciberseguridad internacional de Naciones Unidas, resalta la utilización de las
TIC con fines de terrorismo. Dicha utilización trasciende a las habituales actividades de
reclutamiento, financiación, capacitación e incitación, llegando a la comisión de atentados
terroristas contra las TIC o infraestructuras dependientes de estas tecnologías. Temas que si
no se abordan pueden amenazar la seguridad ciudadana, la paz y la seguridad
internacional.
Es de señalar que el país se ha visto afectado por fenómenos que pueden impactar la
seguridad y los medios de defensa existentes. Estos fenómenos se caracterizan no sólo por
su incremento y lugares de procedencia, sino también por su complejidad y sofisticación
mediante el uso de técnicas cada vez más especializadas, trayendo como consecuencia un
mayor grado de dificultad en la anticipación, detección oportuna y contención.
La situación señalada es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el Gobierno
nacional actualmente no recibe información sobre incidentes por parte de las múltiples partes
interesadas, con el fin de priorizar y emitir lineamientos para garantizar la defensa y
soberanía nacional. Además, existen sectores de la economía que no han creado sus equipos
de respuesta y, por lo tanto, no disponen de una instancia para reaccionar a los incidentes
digitales de modo centralizado y especializado, no tratan las cuestiones jurídicas en la
materia de manera homogénea dentro del sector específico, no adelantan seguimiento de
manera unificada a las principales tipologías de riesgos, entre otros. Por consiguiente, es
necesario promover la creación de nuevos CSIRT sectoriales, que permitan la adecuada
gestión de incidentes digitales en los diversos sectores de la economía.
4.5. Los esfuerzos de cooperación, colaboración y asistencia, nacionales e
internacionales, relacionados con la seguridad digital son insuficientes y
desarticulados
La naturaleza transnacional del delito cibernético y del cibercrímen, en particular la
volatilidad de la evidencia electrónica, implican que la justicia penal no puede ser efectiva
sin una cooperación internacional eficiente.
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