Exprésate con otro rollo sin odio

A lo largo de los últimos 10 años, UDEFEGUA ha podido establecer los diversos daños que genera
la utilización del sistema de justicia como medio de agresión a defensores y defensoras de
derechos humanos y la ausencia de respuesta a las agresiones en contra de quien defiende
derechos. A continuación una valoración de los impactos por tipo de situación.
La amenaza de procesamiento penal luego de detenciones arbitrarias o ilegales:
Hemos encontrado que luego de los hechos de detenciones masivas en contexto de
manifestaciones, protestas o desalojos, los defensores y defensoras de derechos humanos con la
incertidumbre si se abrió proceso de investigación en su contra. La ausencia de asistencia legal y
la negativa de la autoridad a brindar información –aún con abogado asistiendo- imposibilita
resolver la situación; por ende, algunos defensores y defensoras de derechos humanos se
repliegan de accionar más allá de su localidad. El caso de Rigoberto Juárez que fue detenido
luego de colocar denuncias de hechos de violencia ocurridos en Santa Eulalia, Huehuetenango en
la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos
reafirmó la percepción de que el sistema los persigue y no los atiende.
Los impactos de las medidas sustitutivas y el trabajo del defensor de derechos humanos:
La mayor parte de medidas sustitutivas implican prohibiciones de moverse del departamento de
domicilio del defensor de derechos humanos; así como la firma del libro de medidas sustitutivas
en la judicatura en la que ventila el proceso. Ya estar ligado a proceso le implica a la persona
tener un abogado o trabajar con el abogado de la Defensa Pública Penal, lo que implica un gasto y
una dificultad agregada al trabajo. Hay que señalar que en la mayoría de los procesos
observados, el abogado defensor (sea privado o público) no le explica al defensor su situación ni
establece con él una estrategia de defensa. Esto genera mucha incertidumbre y miedo en la
persona y su familia que está pendiente de una audiencia. La inmovilización del defensor
imposibilita que la situación de la persona bajo proceso sea conocida por la comunidad
internacional y nacional; asimismo, limita el trabajo cuando son líderes de impacto nacional y/o
regional. Usualmente, la firma del libro se hace en las cabeceras departamentales, lo que implica
un gasto para el defensor que se suele hacer de forma mensual. En algunos casos, la existencia de
estos procesos limita la posibilidad de conseguir trabajo por parte del defensor de derechos
humanos ya que existe una cultura de que la persona es culpable hasta que se pruebe su
inocencia.
Los efectos de la prisión preventiva y la dilación de los procesos
Es en estos casos en donde hemos observado los impactos más profundos. En el caso del
defensor o defensora presa, la situación de prisión genera un trauma grande. En la mayor parte
de los casos han encontrado un ambiente positivo en los centros de detención ya que se ha
conseguido que se les coloque en áreas de detenidos de bajo impacto. Sin embargo, la violencia
en las cárceles va deteriorando a la persona, junto con las condiciones de hacinamiento, falta de
movilidad y restricción de la libertad. En todos los casos en donde los defensores y defensoras
han guardado prisión preventiva esta era innecesaria.
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