Exprésate con otro rollo sin odio

estableciendo la inexistencia de hecho delictivo. En el segundo caso se espera el debate oral y
público.
Otra área en donde la ley no se cumple es en la libertad sindical. En Guatemala, la Constitución
garantiza la organización y la ley la creación de los sindicatos pero lamentablemente la práctica
constante es la de disolución de sindicatos y represión al que se sindicaliza. El actual debate
entorno a los pactos colectivos que busca eliminar el derecho en lugar de abordar la forma de
realizarlos con el sector público es una muestra de la naturaleza antisindical del sistema.
d. Conclusiones
El fenómeno de la criminalización debe detenerse, la política criminal del Ministerio Público en
materia de defensores y defensoras de derechos humanos debería de privilegiar la investigación
profunda de las agresiones que sufren las personas y organizaciones. La investigación de las
hipótesis de la agresión es tan importante, en estos casos, como la determinación de la autoría
material de los hechos. El archivo constante de casos por ‘no poder investigar’ o ‘por estar
agotada los medios de investigación’ generan impunidad no son soluciones fiscales aceptables
cuando se presume un móvil político a la agresión.
Si la Fiscalía de Derechos Humanos va a asumir la investigación de los delitos cometidos por
defensores de derechos humanos, el cumplimiento de las normativas de investigación y de
persecución penal deben ser cumplidos con rigurosidad, como debería ser en cualquier otro caso.
El Ministerio Público debe diligenciar la prueba que la defensa pone de su conocimiento para
evitar la persecución injustificada; asimismo, debe de hacer la investigación de las hipótesis de
porqué el presunto hecho criminal se ha llevado a cabo. Por sobretodo, debe evitar acusar a
personas por su liderazgo en la comunidad, el principio de que la responsabilidad penal es
personalísima debe ser respetado.
El Tribunal A de Mayor Riesgo, luego de resolver el caso de los 7 defensores de derechos
humanos detenido, estableció que los “jueces no deben ser puestos en la situación de criminalizar
a líderes comunitarios”. La jueza Jazmín Barrios exhortó al Ministerio Público a realizar bien su
trabajo. Esperamos que eso sea posible.
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