CAF Málaga Dospunto Cero nº9

La Ley de Arrendamiento Urbanos desde la reforma del 4 junio de 2015
(Ley 4/2013)
Resumen de la ponencia del mismo nombre ofrecida en el XXIV Curso de Perfeccionamiento
de la Profesión. Francisco Liñán.
Hipólito Hernández.
Presidente de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga.
La Ley 4/2013 denominada ley de medidas
de flexibilización y fomento del mercado
del alquiler de la vivienda ha producido
una serie de cambios sustanciales en la
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Duración del contrato
Una cuestión sobre la que esta nueva Ley
incide y reforma respecto a su precedente
es la duración mínima del contrato. Con
anterioridad esta duración estaba fijada
en cinco años, mientras que en la actualidad
pasa a tres años. La prórroga tiene
que estar consensuada por ambas partes,
es decir, tanto por el arrendador como por
el arrendatario.
En este mismo sentido, el propietario -el
arrendador normalmente- puede recuperar
la vivienda para uso propio y de sus
familiares transcurridos un año y con un
simple preaviso de dos meses. Éste es
otro de los cambios introducidos por la
nueva norma. La ley anterior no establecía
ningún preaviso, sólo se podía ejercer ese
derecho si se había previsto en el contrato.
Ahora, sin que se haya previsto, se puede
ejercer esa acción.
También al arrendatario se le permite,
en cualquier momento y sin penalización,
desistir el contrato con un simple
aviso al arrendador de 30 días. Asimismo
es muy importante que los contratos de
arrendamiento, aunque sigue siendo no
obligatorio, se inscriban en el Registro
de la Propiedad. La Ley del 2013 incide
en que la inscripción en el Registro
implicará una serie de derechos muy
importantes a efectos del arrendador y
de los arrendatarios frente a terceras
personas. Esto supone que, a nivel de
las partes en el contrato, éste es válido
como ley entre ellas y también frente a
terceros.
Otra de las novedades que ofrece la LAU
es la posibilidad que tiene el arrendatario
de renunciar al derecho de adquisición
preferente e incluso de poder pactar
con una revisión de la renta en los
arrendamientos urbanos. Los desahucios
también se agilizan y, al fijar un plazo
de diez días para el desalojo, después
es señalado de oficio por el secretario la
fecha de lanzamiento para establecer un
plazo en el que el inquilino sea desalojado
de la vivienda o pague la renta.
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