Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial - Coloquios

Institucionalidad
de Organismos Reguladores,
Fiscalizadores y Supervisores
de la Actividad Empresarial
Santiago Dávila
Hugo Gómez
Fernando Momiy
Eduardo Quintana
Jesús Tamayo
Hebert Tassano
José Távara
Colección CENTRUM Futuro

Institucionalidad de Organismos
Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores
de la Actividad Empresarial
Santiago Dávila
Hugo Gómez
Fernando Momiy
Eduardo Quintana
Jesús Tamayo
Hebert Tassano
José Távara
Colección CENTRUM Futuro

Institucionalidad de Organismos
Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores
de la Actividad Empresarial
Coloquio realizado el 3 de noviembre de 2015

Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad
Empresarial
Una publicación de CENTRUM Católica Graduate Business School - Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Autores:
Santiago Dávila
Hugo Gómez
Fernando Momiy
Eduardo Quintana
Jesús Tamayo
Hebert Tassano
José Távara
CENTRUM Publishing
Carolina Pretell
Gerente Editorial
Aída del Rocío Vega
Editora Ejecutiva
Esta publicación es parte de la iniciativa implementada por CENTRUM Católica a través de la
Dirección de CENTRUM Futuro.
Director:
Luis Del Carpio
Editor de Contenido:
Santiago Dávila
Asistente de Contenido:
Kristell Castillo
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad
Empresarial
Primera edición digital, mayo 2016
© CENTRUM Católica-Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Jr. Daniel Alomía Robles 125-129, Los Álamos de Monterrico
Santiago de Surco, Lima 33, Perú
Teléfono: 0051-1-6267100 anx 7124
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Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso
expreso de los editores.
Publicación electrónica disponible en http://centrum.pucp.edu.pe/
© Derechos reservados
Formato Ebook
ISBN N° 978-612-4139-39-0
Diseño:
Ciento Uno Estudio Gráfico E.I.R.L.
R.U.C. 20537404648
Calle Manuel Candamo 350, of. 401, Lince

Tabla de Contenidos
Presentación 15
Primera Etapa del Conversatorio
Recursos Humanos en los Organismos Reguladores 19
Percy Marquina, Profesor e Investigador de CENTRUM Católica 20
Santiago Dávila, Director del Centro de Competencia y Regulación de CENTRUM Católica 20
José Távara, Profesor Principal y Director Académico de Economía de la PUCP 21
Hebert Tassano, Presidente del Consejo Directivo del Indecopi 24
Hugo Gómez, Presidente del Consejo Directivo del OEFA 26
Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin 29
Eduardo Quintana, Socio del Estudio Bullard 30
Fernando Momiy, Presidente del Consejo Directivo SUNASS 33
Segunda Etapa del Conversatorio
Presupuesto Institucional y la Ley SERVIR 37
Santiago Dávila, Director del Centro de Competencia y Regulación de CENTRUM Católica 38
José Távara, Profesor Principal y Director Académico de Economía de la PUCP 38
Hebert Tassano, Presidente del Consejo Directivo del Indecopi 40
Hugo Gómez, Presidente del Consejo Directivo del OEFA 41
Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin 43
Eduardo Quintana, Socio del Estudio Bullard 44
Fernando Momiy, Presidente del Consejo Directivo SUNASS 45

Fernando D´Alessio
Director General
CENTRUM Católica Graduate Business School
Los organismos reguladores de la actividad privada, en particular de las
empresas prestadoras de servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad,
agua potable) e infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras
y ferrocarriles) se establecieron en la década de los noventa, con el inicio de los
procesos de privatización y el otorgamiento de concesiones. Más recientemente,
en el último decenio, los sucesivos gobiernos han seguido creando nuevos organismos
públicos, que si bien ya no regulan tarifas, actúan igualmente supervisando y fiscalizando
la actividad empresarial en ámbitos como el medioambiente, la salud, las condiciones
laborales, la calidad de productos, la calidad educativa, entre otros.
Estas instituciones públicas, a las que nos referimos de manera general como “organismos
reguladores, supervisores y fiscalizadores de la actividad empresarial”, tienen un rol
determinante en el éxito o fracaso de la actividad empresarial, especialmente privada, a la
que regulan, supervisan y fiscalizan. Sin duda, la autonomía, independencia y transparencia
con la que estos organismos funcionan, tienen un impacto en la atracción de inversiones y
en la competitividad del país.
Bajo esta premisa, en CENTRUM Católica hemos querido abordar este tema de vital
importancia para el sector empresarial, invitando a connotados representantes del
sector público y privado especialistas en la materia, actuales presidentes de organismos
reguladores, especialistas académicos de esta casa de estudios y representantes del
sector privado.
El tema central analizado por los panelistas de este coloquio fue el de la “institucionalidad
regulatoria”, específicamente la autonomía e independencia de estos organismos
públicos frente al poder político y empresarial, así como el análisis de sus fuentes
de financiamiento y la carencia de los recursos humanos para hacer frente al reto de
supervisar la actividad empresarial.
Estamos convencidos que esta publicación, brindará al lector, empresarios, funcionarios
públicos y académicos, en especial en este nuevo periodo de gobierno, ideas e instrumentos
de política pública que permitan mejorar la institucionalidad en la que se desenvuelven
estos organismos reguladores, en beneficio de los consumidores, la comunidad empresarial
y la sociedad en su conjunto.

Luis Del Carpio
Director de CENTRUM Futuro
A
diario nos enteramos por la prensa de la actividad del Estado en su rol
regulador y fiscalizador de la actividad empresarial. Al mismo tiempo, es
común escuchar al empresariado quejarse, muchas veces con razón, de la
forma en que los organismos del Estado vienen ejerciendo sus funciones de
regulación, fiscalización y supervisión de la actividad empresarial.
En CENTRUM Futuro, la unidad de investigación aplicada de CENTRUM Católica,
queremos contribuir con la presente publicación a la discusión y solución de los principales
problemas que aquejan a la actividad empresarial. Sin duda alguna, la regulación,
supervisión y fiscalización de la actividad empresarial por parte de organismos públicos
es uno de los temas más importante de la agenda nacional.
Esta publicación presenta una profunda reflexión sobre la regulación empresarial,
desde el punto de vista de los propios actores involucrados en ella. Se discute aquí si
los organismos públicos encargados de regular la actividad empresarial son autónomos
e independientes del poder ejecutivo de turno y si lo son también de los sectores
empresariales a los que fiscalizan. La conclusión a la que se arriba es que, a pesar de
algunos avances significativos hasta el 2006, en adelante la institucionalidad regulatoria
se ha ido debilitando, con el consecuente riesgo que esto supone para el desarrollo de la
competitividad nacional.
No existe país en donde la actividad empresarial no esté sujeta a algún tipo de
supervisión. Lo que queremos proponer desde aquí, con este y otros coloquios que se
harán sobre la regulación empresarial, es que el Estado en su rol regulador, actúe de
forma independiente y proporcional, protegiendo los intereses de los ciudadanos y
consumidores, sin constituirse en una traba para el desarrollo empresarial.

Coloquio
Institucionalidad de Organismos
Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores
de la Actividad Empresarial
Percy Marquina
Director de CENTRUM Futuro
Santiago Dávila
Director del Centro de Competencia
y Regulación de CENTRUM Católica
José Távara
Profesor Principal y Director
Académico de Economía de la PUCP
Hebert Tassano
Presidente del Consejo Directivo
del Indecopi
Hugo Gómez
Presidente del Consejo Directivo
del OEFA
Jesús Tamayo
Presidente del Consejo Directivo
de Osinergmin
Eduardo Quintana
Socio del Estudio Bullard
Fernando Momiy
Presidente del
Consejo Directivo SUNASS

Institucionalidad de Organismos
Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores
de la Actividad Empresarial
Percy Marquina
Profesor e Investigador de CENTRUM Católica
Santiago Dávila
Director del Centro de Competencia
y Regulación de CENTRUM Católica
José Távara
Profesor Principal y Director Académico
de Economía de la PUCP
Hebert Tassano
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi
Hugo Gómez
Presidente del Consejo Directivo del OEFA
Jesús Tamayo
Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin
Eduardo Quintana
Socio del Estudio Bullard
Fernando Momiy
Presidente del Consejo Directivo SUNASS

Santiago Dávila
Director del Centro de Competencia
y Regulación de CENTRUM Católica
Presentación
Tanto el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF) como el del IMD
de Suiza indicaron que el Perú tiene un serio déficit de inversión y satisfacción en los
sectores de infraestructura y servicios públicos. Según cifras de la Asociación para el
Fomento de la Inversión en Infraestructura, AFIN (2015), la brecha de infraestructura en
el Perú para el periodo 2016-2025 asciende a US$ 159,549 millones de dólares.
El Índice de Competitividad del World Economic Forum mide la calidad de la
infraestructura del transporte (puertos, aeropuertos, entre otros) y de infraestructura de
electricidad y telecomunicaciones. En el indicador compuesto de ambas infraestructuras,
el Perú ocupó el puesto 89 de 140 países. Este indicador del WEF coincide con el Índice de
Competitividad del IMD, que situó al Perú en el último lugar de una muestra de 60 países
en cuanto al Pilar Infraestructura.
¿Qué es lo que ha pasado? Este resultado hay que leerlo en combinación con otros
indicadores de competitividad, como el que mide el nivel de institucionalidad del país,
en donde el Perú también aparece en un puesto muy bajo (116 de 140 países en el Índice
WEF). Y es que la institucionalidad de los organismos reguladores, es decir su autonomía
e independencia respecto al Poder Ejecutivo y a las empresas que regulan, es un factor
imprescindible para atraer inversiones.
Sin embargo, desde el 2006 lo que se observó, es un debilitamiento constante de la
institucionalidad de estos organismos reguladores, fiscalizadores y supervisores de la
actividad empresarial.
Desde esa fecha hasta la actualidad, y tomando como ejemplo solo el caso de los organismos
reguladores de servicios públicos, se observó que operan con consejos directivos
incompletos y que tienen tribunales de resolución de controversias inoperativos desde
hace varios años, sencillamente porque el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de nombrar a
sus miembros.
En otros casos, en donde sí se han efectuado nombramientos, estos se han hecho de
forma tardía y/o privilegiando a personas allegadas al gobierno de turno o a funcionarios
públicos con escaso conocimiento previo en las materias de estos organismos.

¿Qué podemos hacer? Cualquiera sea el próximo gobierno del Perú en el quinquenio 2016-
2021 este deberá emprender una profunda reforma regulatoria y revisar la variopinta
privada que se han creado en la última década, pero que carecen de la autonomía e
independencia necesarias.
El próximo gobierno deberá diseñar un mecanismo que le permita cubrir los puestos de
manera técnica e independiente.
públicos, que hoy se hace a través de tasas, aportes por regulación y multas, con
considerables diferencias entre organismos, así como también al problema que ha generado
la Ley SERVIR, en particular para los organismos que durante las últimas dos décadas y
media operaron bajo el régimen laboral de la actividad privada.
El presente coloquio buscó poner en la agenda pública la problemática institucional
empresarial, con especial énfasis en los organismos reguladores de servicios públicos y en
los organismos técnicos especializados, debido al rol clave que tienen estas instituciones
en las inversiones de infraestructura, servicios públicos y en la actividad empresarial
en general. El Coloquio Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y
Supervisores de la Actividad Empresarial tuvo lugar el día 3 de noviembre de 2015 y contó
con la participación de: 1
- Percy Marquina, Director de CENTRUM Futuro hasta febrero de 2016
- Santiago Dávila, Director del Centro de Competencia y Regulación de
CENTRUM Futuro
- Jose Távara, Profesor Principal y Director Académico de Economía de la PUCP
- Hebert Tassano, Presidente del Consejo Directivo de Indecopi
- Hugo Gómez, Presidente del Consejo Directivo del OEFA
- Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin
- Fernando Momiy, Presidente del Consejo Directivo SUNASS
- Eduardo Quintana, socio del Estudio Bullard
El coloquio tuvo dos partes. El tema central de la primera parte del coloquio fue la
problemática relacionada con el nombramiento y remoción de los principales funcionarios
de los organismos reguladores y el riesgo que la falta de un procedimiento adecuado de
nombramiento y remoción de altos funcionarios genera en la institucionalidad de estos
organismos.
En la segunda parte del coloquio se debatió el tema presupuestario y en el impacto que
tendría la Ley SERVIR sobre la autonomía e independencia de estos organismos.
1 También participaron en el coloquio Gonzalo Ruiz (Presidente del OSIPTEL), quién posteriormente solicitó que sus declaraciones no
fueran reproducidas en este texto y el Ing. Jorge Cárdenas (Vicepresidente de OSITRAN), cuyas declaraciones no fueron incluidas en este
texto por no haber pasado por el proceso de edición y autorización del panelista, al momento de impresión.

Nota del Editor
La versión impresa de este coloquio refleja de cerca las intervenciones de los panelistas,
pero ha sido editada para facilitar su transcripción y comprensión, por lo que puede haber
diferencias entre las presentaciones de los panelistas el día del evento y la transcripción
editada final.
El proceso de edición tuvo dos etapas. En una primera etapa, el editor revisó la transcripción
de las intervenciones y produjo una versión inicial del texto. Esta versión fue luego revisada,
editada y finalmente autorizada por los panelistas.
Santiago Dávila
Director del Centro de Competencia y Regulación
de CENTRUM Católica.

18 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Primera Etapa del Conversatorio
Recursos Humanos
en los Organismos Reguladores
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 19

20 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
Percy Marquina
Profesor e Investigador CENTRUM Católica
Como es de su conocimiento, CENTRUM Católica viene desde hace algunos años
promoviendo la agenda de competitividad, representamos al IMD en el Perú y
hemos tenido la oportunidad de presentar el Índice de Competitividad Regional
de Perú. En ese sentido, dentro de CENTRUM Futuro hemos organizado centros
de investigación que lo que buscan es analizar una serie de factores que a nuestro
juicio contribuyen o dificultan la competitividad del país.
En esta oportunidad lo que queremos es que nos ayuden a entender como la institucionalidad de los
organismos reguladores puede contribuir a mejorar la competitividad y desempeño empresarial.
Ese es el sentido y propósito de la agenda del día de hoy. Reiterándoles mi agradecimiento le doy paso
a Santiago Dávila, Director del Centro de Competencia y Regulación de CENTRUM Católica para la
moderación del coloquio.
Santiago Dávila
Director del Centro de Competencia y Regulación
de CENTRUM Católica
El coloquio tiene como temática general debatir en torno a un tema que
desafortunadamente está fuera de la agenda pública y que solo aparece cuando hay
problemas; sin embargo, es uno de los temas de política pública más importante
desde nuestra perspectiva. Este es el tema de la institucionalidad regulatoria.
Si se observan los índices que miden la competitividad del Perú con relación a otros países, como por
ejemplo, el Índice de Competitividad del World Economic Forum o el que calcula el IMD de Suiza con
CENTRUM Católica, se nota que existe una percepción negativa en cuanto a la inversión y a la calidad
de la infraestructura y los servicios públicos.
Si estos índices se leen en paralelo con los indicadores que miden la fortaleza institucional, en
donde el Perú tampoco sale bien en los ranking, se observa que existe una correlación entre la
debilidad institucional y la baja inversión y satisfacción en infraestructura y servicios públicos,
relación que también ha sido enfatizada en
números estudios académicos.
“La institucionalidad de
los organismos reguladores,
fiscalizadores y supervisores
de la actividad empresarial
se convierte en un tema
fundamental para atraer
inversiones a los sectores de
infraestructura y servicios
públicos y en la economía
en general”.
La institucionalidad de los organismos
reguladores, fiscalizadores y supervisores de
la actividad empresarial se convierte así en un
tema fundamental para atraer inversiones a los
sectores de infraestructura y servicios públicos
y en la economía en general.
Este coloquio lo hemos dividido en dos preguntas
relacionadas con la institucionalidad regulatoria.
El primer tema es acerca de los recursos humanos
de los organismos reguladores, con especial
énfasis en la forma de que se nombran y remueven
a los miembros de los consejos directivos y otros
altos funcionarios de estas instituciones.

¿Por qué hemos planteado este tema? En primer lugar, porque observamos que en la práctica, a
procedimiento de nombramiento y remoción de sus altos funcionarios, el Poder Ejecutivo ha sido
incapaz de nombrarlos a tiempo y esto ha generado que existan organismos reguladores que operan
con consejos directivos incompletos o con tribunales que tienen que resolver controversias millonarias
sin poder hacerlo por estar incompletos.
algunos casos se hace nombrando a funcionarios que están dedicados a la función pública en otros
organismos del Estado, lo que limita su independencia.
Otro elemento que afecta la institucionalidad de los organismos reguladores es el tema salarial, que se
hace más notorio ahora por las diferencias salariales existentes entre los ministros y viceministros y los
altos funcionarios de los organismos reguladores, y entre estos y los empleados del sector privado al
que regulan y supervisan.
Las preguntas que planteamos a la mesa son las siguientes: ¿Qué se puede hacer para mejorar la
¿Qué mecanismos se pueden emplear para que el Poder Ejecutivo pueda completar a tiempo los
Consejos Directivos y los Tribunales de estos organismos reguladores?
José Távara
Profesor Principal y Director Académico
de Economía de la PUCP
La independencia y la autonomía de los organismos reguladores es un tema
esencial que va de la mano con la transparencia y la rendición de cuentas.
No se puede pretender que operen con autonomía si al mismo tiempo no se
asegura el funcionamiento de mecanismos de transparencia y de rendición de
cuentas a la ciudadanía.
Los reguladores nacen en los noventas. A pesar de
que en esa década no contaban con autonomía ni
independencia formalmente establecidas, hay una
experiencia regulatoria muy rica en esa época. Por
ejemplo, el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la
Comisión de Tarifas Eléctricas, realizaban audiencias
públicas para comunicar proyectos normativos y
hasta se promulgaron Códigos de Ética, aun en el
periodo más duro de los noventa.
Luego viene la etapa de fortalecimiento del 2001 al
2006. El Decreto Supremo 032-PCM de marzo del
2001, empezó a construir el blindaje que hoy tienen
los reguladores de industrias de redes con aporte de
las empresas reguladas ya venía desde los noventa,
pero es a partir del 2001 que se adoptan nuevos
mecanismos para asegurar el acceso a la información
a todas las partes y la participación de la ciudadanía
en los procesos de decisión y en la evaluación del
desempeño de estos organismos.
“Con un cambio de gobierno
puede cambiar también
toda la planta gerencial
de los reguladores, lo
cual no ocurría bajo el
esquema adoptado con el
DS-032-PCM. Tenemos
así una vulneración muy
grave de la autonomía y
la independencia de los
reguladores frente al
gobierno de turno”.
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 21

22 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
“Otra amenaza a la
autonomía de los reguladores
es la regulación vía contrato.
Algunos ministerios han
preferido ofrecer contratos
bajo condiciones distintas para
ciertos proyectos de inversión”.
Ese mismo Decreto estableció la renovación gradual
y escalonada de los Consejos Directivos, lo que
constituyó un mecanismo muy importante, pues en
principio disminuyó la incidencia del ciclo político
y el calendario electoral en la renovación de los
Consejos Directivos de los organismos reguladores.
El mecanismo consistió en que cada año se renueva
un solo miembro de estos Consejos. Esta es la mejor
etapa de los reguladores, que transcurre entre el
2001 y el 2006.
Luego viene una etapa de debilitamiento del 2006
al 2011. Apenas asumió el nuevo gobierno, en julio
del 2006, se anunció una reducción sustantiva de
sueldos y se impusieron límites máximos en las
remuneraciones de todo el personal, desde sus
presidentes hacia abajo. También, en algunos casos, se tomaron decisiones con motivación política
para repartir como botín algunos cargos públicos.
“Recuerdo que en ese momento era vicepresidente de Osiptel, y presidente en funciones porque
el anterior presidente había cesado en el cargo al vencerse su mandato de cinco años”. Cuando
se designó al nuevo presidente de Osiptel este llegó acompañado de un séquito de asesores, y
pidió que todos los cargos de confianza se pongan a disposición, que los asesores presenten sus
renuncias. Desde el Consejo Directivo de ese momento le respondimos: “acá no hay ningún cargo
de confianza”. Entonces “¿quién asesora al presidente de Osiptel?”, nos preguntó. Respondimos
que quienes asesoraban al presidente de la institución eran los propios gerentes de línea. En ese
entonces no había nada de “grasa” en el Osiptel, era un organismo muy compacto, con profesionales
de primer nivel.
Luego quiso cambiar al gerente general, pero trajo como candidato a alguien que no conocía de
telecomunicaciones. “No aceptamos a su candidato y le pedimos que proponga a otro con mejores
calificaciones”. No aceptó nuestra negativa, y lo que hizo fue gestionar un cambio en el reglamento de
los reguladores, para que sea el presidente del regulador - ya no el Consejo Directivo- quién designe al
gerente general.
Ese cambio rompió la eficacia el mecanismo de renovación escalonada, porque los presidentes de
los consejos directivos - que en algunos meses reemplazarán a los presidentes de los organismos
reguladores presentes en esta mesa - podrán tomar la decisión individual de cambiar a los gerentes
generales de estas instituciones y con ello, podrán remover luego a todos los gerentes de la institución.
Como sabemos, los mandatos de cinco años de los presidentes de los reguladores – que tienen una
función ejecutiva – vencen y se renuevan pocos meses después de cambiar el gobierno nacional.
Es decir, con un cambio de gobierno puede cambiar también toda la planta gerencial de los reguladores,
lo cual no ocurría bajo el esquema adoptado con el DS-032-PCM. Tenemos así una vulneración muy
grave de la autonomía y la independencia de los reguladores frente al gobierno de turno.
Pero sin duda la más evidente y efectiva vulneración de la autonomía de los organismos reguladores ha
sido el control de sus presupuestos y la reducción de las remuneraciones. Actualmente un viceministro,
un secretario general y hasta un director gana más que el presidente de un regulador. Como si la
estabilidad monetaria, para comparar con los sueldos del Banco Central, no fuera tan importante como
lo es el flujo continuo, confiable y seguro de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones.
El personal que trabaja en los reguladores requiere un alto grado de especialización. He visto con
pena y me he sentido realmente muy mal durante los últimos años al ver como se iban los mejores
cuadros profesionales que teníamos al sector privado, ganando el doble o más, ante la pasividad de
nuestras autoridades.

Los organismos reguladores no pueden hacer nada al respecto porque, como sabemos, a pesar de que
sus recursos provienen de los aportes por regulación de las empresas que regulan, es el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) quien tiene el control de la aprobación de sus presupuestos.
Para mí, este es el principal obstáculo que enfrenta el desarrollo de la infraestructura en nuestro país.
Cuando hablamos de captura de los reguladores, creo que también es en el MEF donde opera la captura.
Me parece inadmisible, inaudito y escandaloso que se tengan congeladas las remuneraciones de los
reguladores desde hace muchos años. “Me parece escandaloso que los funcionarios de los ministerios
estén ganando mucho más que los presidentes y los profesionales especializados de los reguladores,
porque supone un debilitamiento gravísimo de la institucionalidad”.
Felizmente los reguladores hacen todo lo que pueden, tienen sus escuelas de formación anual y
una capacidad de reproducción impresionante de sus cuadros profesionales. Gracias a eso más o
menos logran reemplazar a los funcionarios que pierden, pero todo esto tiene un límite. No es lo
mismo un profesional cuajado, con varios años de experiencia, que un profesional joven, por más
brillante que sea.
Las restricciones presupuestales, en particular la reducción y congelamiento de las remuneraciones del
personal de los reguladores - también las dietas que reciben los miembros de sus Consejos Directivos
- generan un sesgo de selección. Solo pueden integrarse a los consejos directivos – asumiendo que lo
hacen para servir al país - personas que no tienen necesidades económicas, o gente de la academia
que tiene cierta flexibilidad para dedicarse a estas funciones, solo ellos pueden sentirse motivados a
presentarse a los concursos públicos de selección de directores.
Pero esto no está bien. De hecho, los directorios de los reguladores han estado y en varios casos aún están
incompletos. En muy pocos periodos - y esto se puede documentar - los directorios de los organismos
reguladores han funcionado en pleno, con todos sus miembros. Siempre han estado incompletos, de
los seis miembros que deberían integrar el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería (Osinergmin), hemos estado solo tres o cuatro. Hasta hoy creo que funciona con
solo cuatro. Lo mismo ocurrió en Osiptel, cuyo Consejo Directivo estuvo funcionando con solo dos o
tres directores, de los cinco que debería tener. Esto me parece muy grave, y creo que hay que señalar al
Ministerio de Economía y Finanzas como el principal responsable.
Para terminar quisiera destacar un par de amenazas muy graves. Durante los últimos años se han
creado varios organismos públicos con funciones de regulación y supervisión, incluyendo el Organismo
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), la Superintendencia Nacional de
Salud (SUSALUD), la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y otras varias superintendencias que
están adscritas a los ministerios. El problema es que por lo general no cuentan con recursos suficientes,
y sobre todo no cuentan con el mínimo de blindaje institucional y de autonomía requeridos para operar
con efectividad, libres de presiones. Sale el ministro y al día siguiente quien lo remplaza puede remover
a los directivos y funcionarios. O pueden caer en desgracia y los despiden. No tienen mandato de
duración definida ni protección frente a remoción arbitraria.
Otra amenaza a la autonomía de los reguladores es la regulación vía contrato. Algunos ministerios han
preferido ofrecer contratos bajo condiciones distintas para ciertos proyectos de inversión. Se crearon
así “regímenes especiales”, cada uno con sus propias reglas, distintas a las del régimen general. La
regulación se vuelve más compleja y opaca, y se aleja de los principios de competencia en igualdad de
condiciones, eficiencia y trasparencia.
Además, algunos de estos regímenes especiales otorgan tantas garantías a los inversionistas que les
generan un retorno atractivo sin arriesgar casi nada, por ejemplo mediante los mecanismos de “ingresos
garantizados” y las “garantías de red principal”. Estos regímenes especiales rompen el equilibrio y
vulneran el principio de competencia en igualdad de condiciones, también provocan que la regulación
se vuelva más engorrosa, compleja y opaca.
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 23

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Es posible advertir que el “modus operandi” de la “regulación vía contrato” contrasta con los
mecanismos de la regulación convencional, los cuales se sujetan a estándares y procedimientos mucho
más transparentes, que incluyen audiencias públicas, obligación de publicar los proyectos normativos
con sus informes técnicos de sustento, de responder a consultas y observaciones, etc. En cambio,
los contratos de inversión se negocian entre cuatro paredes, con una opacidad muy alejada de los
estándares de transparencia con los que operan los reguladores.
Por último destaco el tema de la participación de los jueces en los procesos regulatorios. La revisión
judicial me parece fundamental en los sistemas de regulación, pues ofrece mecanismos de última
instancia para la defensa de derechos constitucionales. Es una garantía para los ciudadanos y para las
empresas, y evita que el Ejecutivo o el organismo regulador actúen arbitrariamente.
Sin embargo, la revisión judicial no puede invadir la función del regulador o interferir en sus funciones.
He sido testigo de casos en los cuales algunos jueces han venido dictando sentencias que ordenan la
aplicación de nuevos criterios y métodos para el cálculo de tarifas. Es inaudito que mediante sentencias
judiciales se establezcan criterios regulatorios distintos a los que aplica el organismo regulador, en base
a las normas del régimen general.
Como los reguladores están obligados a cumplir dichas sentencias judiciales, bajo responsabilidad
penal, al cumplirlas se crean regímenes ad hoc en beneficio de algunas empresas. Esto rompe los
principios de neutralidad y de no discriminación, y además genera incentivos para que las empresas
recurran con mayor frecuencia al poder judicial, con la finalidad de evadir e incumplir decisiones
regulatorias. La regulación se judicializa y se vuelve más opaca, con lo cual los riesgos de corrupción
inevitablemente se elevan.
La judicialización de las resoluciones regulatorias puede traer consigo que los organismos reguladores
se vean obligados a contratar más abogados, en remplazo de ingenieros y economistas. Saber cómo
operar en los pasillos del Poder Judicial será más importante que conocer los principios técnicos y
económicos de una regulación eficaz, orientada al desarrollo y al bienestar. La judicialización debilita
el sustento técnico y la racionabilidad de las decisiones desaparece, porque los jueces emiten sus
sentencias con mayor discrecionalidad, sin estar sujetos a los estándares de transparencia y rendición
de cuentas con los que operan los organismos reguladores.
Hebert Tassano
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi
Respecto al tema del nombramiento de los presidentes de los organismos reguladores
y de otras agencias, considero que por lo menos el último proceso de selección que se
ha realizado a través de una comisión independiente en la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) ha
sido adecuado. Ha sido un
procedimiento que no se
ha llevado mal. El éxito de esa elección han sido los
profesionales que se han elegido. Por lo tanto creo
que no hubo un manejo político en el tema.
Siempre el mecanismo puede mejorar, pero
podemos caer en hacer mecanismos más complejos
que luego hagan más difícil el nombramiento de
los presidentes de estos organismos y llegar a los
extremos que se pasaron para nombrar, por ejemplo,
al Defensor del Pueblo o a los magistrados del
Tribunal Constitucional, que nombra el Congreso
“La reforma de SERVIR es
una de las más importantes
que ha emprendido el Estado
en los últimos años y es
necesaria para modernizarse
y poder avanzar al ritmo de
un país desarrollado”.

de la República. Entonces creo que el mecanismo
para nombrar a presidentes es el adecuado y se
maneja obviamente de una manera profesional,
como ha sido en la última elección.
También considero que se debe generalizar
este proceso de selección y nombramiento de
presidentes para todos los organismos reguladores
y supervisores, como bien lo ha dicho el profesor
José Távara.
“Considero que el mecanismo
para nombrar a presidentes
es el adecuado y se maneja
obviamente de una manera
profesional, como ha sido
en la última elección”.
En el caso de los miembros de tribunales, donde
creo que todos los tribunales de los organismos
reguladores no funcionan porque están incompletos, lo que se debería hacer es que el nombramiento
en los tribunales sea hecho por el propio Consejo Directivo del regulador, obviamente mediante
un concurso totalmente transparente y de esa manera evitar los problemas que hoy en día se
tienen. Inclusive debería aplicarse esto sobre los Tribunales del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Respecto a la falta de nombramiento de los reemplazantes cuando vence un plazo del titular, debería
establecerse como regla que esa persona deba quedarse en el cargo hasta que se nombre al nuevo
integrante, siempre que esta persona no tenga otras obligaciones o no tenga otros compromisos.
Con relación a la reforma del servicio civil, no me cabe la menor duda de que la reforma de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (SERVIR) es una de las más importantes que ha emprendido el Estado en
los últimos años y es necesaria para modernizarse y poder avanzar al ritmo de un país desarrollado.
Sin embargo, también es importante reconocer que hoy en día SERVIR nos ha traído algunas
complicaciones y yo pongo un ejemplo claro. El año pasado Indecopi obtuvo el puesto número 16 en
el Perú en el ranking Great Place to Work. Esto para el Estado no es fácil, nosotros nos sentimos muy
orgullosos de haberlo logrado y se logró a partir de la inversión que hicimos en capacitar a nuestro
personal: pagar maestrías, apoyar estudios en el extranjero, mandar a nuestro personal a todos los
eventos que podíamos, además de las actividades con nuestra escuela que hoy en día tiene un local con
infraestructura propia.
Hoy en día con SERVIR solo podemos pagar capacitaciones que no superen una Unidad Impositiva
Tributaria (UIT), por lo cual la mayoría de diplomados y maestrías están fuera del alcance. Eso
obviamente nos ha afectado mucho porque no podemos competir con el salario del sector privado.
Hace poco, un abogado de una Sala del Tribunal de Indecopi que ganaba 11,000 soles se fue a un
estudio de abogados que le ofreció 18,000 soles. ¿Qué podemos hacer?, solo desearle que le vaya muy
bien. No puedes discutir frente a esa propuesta, pero la gran herramienta que nosotros teníamos era la
capacitación y poder mandar a los funcionarios a actividades en el extranjero.
Hoy en día mandar a nuestro personal a eventos internacionales a adquirir mayor conocimiento y
capacitarse lo tenemos limitado. La labor que realiza el personal de organismos reguladores, el Indecopi
o las agencias como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta (OEFA) son labores muy
especializadas, que en la mayoría de casos no tiene una especialización en la universidad donde se han
formado los trabajadores y se necesita darles herramientas para que estén a ese nivel de las empresas
que han de supervisar.
Respecto a las dietas de consejos directivos de los reguladores, estos fijan tarifas y eso implica
decisiones de millones de soles y ya hemos tenido un caso de conflicto de interés en un organismo
regulador. Hoy día un miembro de un consejo directivo de un regulador gana mensualmente neto
2,700 soles frente a los millones de soles que se discuten en una decisión regulatoria que tiene un
impacto en todas las personas del país.
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26 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
Entonces son temas que hay que mejorarlos para generar los incentivos para que mejores profesionales
se presenten a los consejos directivos, así como el tema de las capacitaciones y por qué no pensar también,
para los presidentes de estos organismos, en alguna alternativa como lo tiene el Comité de Operación
Económica del Sistema Eléctrico (COES), que establece que luego de un año que el presidente de dicha
institución ha terminado su mandato, tenga un reconocimiento remunerativo por incompatibilidad.
La mayoría de personas que están hoy en día en los reguladores como presidentes, su especialidad es en
telecomunicaciones, en medioambiente o en energía. Luego de que terminen su mandato no van a poder
dedicarse a lo que se han hecho especialistas por un año. Luego tienen una total incompatibilidad. Entonces
solamente les queda enseñar, pero eso lamentablemente en el Perú no ayuda para vivir totalmente.
Hugo Gómez
Presidente del Consejo Directivo del OEFA
Todos coincidimos en que para que exista una adecuada institucionalidad debe haber
trasparencia, imparcialidad, neutralidad y rendición de cuentas. Y con respecto al
tema de la autonomía del organismo regulador, se debe evitar su captura, que puede
ser económica o política. Voy a centrarme en la captura política del regulador.
Lo que siempre se busca, en general, tanto desde adentro como desde afuera del
Poder Ejecutivo, es que los organismos reguladores y los otros organismos técnicos especializados muy
similares, no estén capturados políticamente. De ahí la exigencia de tecnicismo, apego a la ley, absoluta
imparcialidad y neutralidad y, sobre todo, el esfuerzo por querer darle el mayor blindaje posible para
que no respondan al contexto político o a alguna presión política.
Años atrás existieron propuestas para buscar ese blindaje, para que Indecopi y los organismos
reguladores tengan autonomía constitucional, porque se había pensado que esa autonomía que tiene
el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), debía replicarse también en los organismos
reguladores e Indecopi.
Incluso recuerdo que con Gonzalo Ruiz propusimos un proyecto de ley para que Indecopi tuviera
rango constitucional, en la medida que ahí sí tendría autonomía plena. Esa autonomía plena se puede
ver en los organismos constitucionalmente autónomos que no responden al Poder Ejecutivo.
Siempre se ha pensado esto para los organismos reguladores. Inclusive cuando hace algunos años
se cambió el estatus de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) y se
convirtió en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la primera propuesta del proyecto
de ley fue que la SMV tuviera una conformación
multisectorial de rango constitucional. Dicho
“Debe haber un tratamiento
uniforme para todos
los organismos técnicos
especializados en la medida
que lo que se busca en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo
es la independencia
funcional de estos”.
proyecto no prosperó, porque se requería una ley
de reforma constitucional.
Lo que tenemos finalmente es que la SMV es un
organismo técnico especializado, lo mismo que
Indecopi y lo mismo que OEFA. Eso me lleva al
tema del Poder Ejecutivo, que es donde se crea
está división entre organismos públicos ejecutores,
técnicos especializados y organismos reguladores.
Se advierte claramente que por el diseño normativo
de estos organismos, el menos autónomo es
el organismo público ejecutor, porque la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo señala que sus
presidentes son cargos de confianza y además, de
acuerdo al Informe Nº 087-2014- SERVIR/GPGSC
del 19 de febrero de 2014 de la Autoridad Nacional
del Servicio Civil, todos ellos son funcionarios de
libre designación y remoción. En consecuencia,
en el caso de todos los organismos ejecutores, el
ministro del sector puede cambiarlos a sola firma
en el momento que pierden su confianza. Este es el
caso del Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)
y de la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (Proinvesión).
“Es posible pensar en un
tratamiento más uniforme
entre los organismos
reguladores y los organismos
técnicos especializados,
sobre todo de aquellos que
deciden sobre derechos de
los ciudadanos, fiscalizan e
imponen sanciones”.
Luego tenemos a los organismos técnicos
especializados y a los organismos reguladores.
Los organismos reguladores son los que tienen
el mayor blindaje en el Poder Ejecutivo. Para
los organismos técnicos especializados no hay un tratamiento uniforme. En el informe de SERVIR al
que hice referencia anteriormente, se reconoce que los presidentes de algunos organismos técnicos
especializados son funcionarios de designación regular; por lo tanto, no son de libre designación y
remoción, es el caso de los Presidentes de los Consejos Directivos de Indecopi y OEFA.
No es así para los demás organismos técnicos especializados. Por ejemplo, el caso de Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). ¿Por qué el OSCE no tiene un régimen similar
Indecopi o el OEFA? ¿Qué pasa con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
que también es un organismo técnico especializado? SUNAFIL es un organismo público disminuido en
términos de blindaje institucional si lo comparamos con el Indecopi o el OEFA.
En el caso del Indecopi, por ejemplo, cuando en el año 2008 estuvimos elaborando el anteproyecto
de su actual Ley de Organización y Funciones, el Decreto Legislativo N° 1033, queríamos que tuviera
algo similar a los organismos reguladores y se quedó en medio camino. De ahí que, por ejemplo,
para remover a un miembro del Consejo Directivo del Indecopi se requiere imputar falta grave y
siempre tienen la oportunidad de presentar sus descargos. Claro, no van a la Comisión Permanente
del Congreso a brindar explicación, como sí ocurre con los organismos reguladores, pero al menos
tienen esa situación intermedia.
En el caso del OEFA existe una situación particular; dos de los cinco miembros de su Consejo
Directivo son designados de la misma forma ocurre en el Indecopi o la SUNAFIL; es decir,
de manera directa (sin concurso) por el Presidente de la República y el ministro del sector
correspondiente, mientras que los otros tres son elegidos por concurso público, como ocurre en
los organismos reguladores.
Como puede apreciarse, se tiene un tratamiento muy diferenciado, cuando podría ser similar.
Considero que es posible pensar en un tratamiento más uniforme entre los organismos reguladores
y los organismos técnicos especializados, sobre todo de aquellos que deciden sobre derechos de los
ciudadanos, fiscalizan e imponen sanciones. Aquí es donde se reclama esa autonomía e independencia,
porque evidentemente lo que se espera es que actúen con apego a la ley.
Cuando tuvimos una conversación previa con Santiago Dávila sobre el mencionado informe de SERVIR,
que la prueba de fuego de este informe va a ser precisamente el 29 de julio de 2016, cuando los nuevos
ministros del Gobierno entrante tengan que decidir si respetan o no lo que dice el informe no solo para
los cuatro organismos reguladores, sino respecto de los ocho organismos técnicos especializados que
están mencionados en dicho informe, y específicamente para aquellos en los que se indica que el titular
ha sido designado por un plazo de cinco años.
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Si el nuevo gobierno los quiere remover tendría que ser por falta grave, que es lo que corresponde.
Solo si alguno ha cometido falta grave puede ser removido. Vamos a ver si eso ocurre el próximo año.
Entonces, respecto de la captura política, tenemos este informe de SERVIR, que se hizo a propósito
de Recursos Humanos, ¿qué autoridades son de libre designación y remoción? y ¿cuáles tienen que
cumplir el plazo de designación?
Yo creo que debe haber un tratamiento uniforme para todos los organismos técnicos especializados en
la medida que lo que se busca en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es la independencia funcional
de estos. Es decir, si yo busco independencia funcional evidentemente tengo que empezar por la
autonomía de la designación y el respeto a esa designación realizada.
Quería terminar retomando lo que el profesor José Távara dijo sobre la revisión judicial. Sí es una
preocupación cuando el Poder Judicial se inmiscuye en temas de especialidad técnica de los organismos
reguladores, que tienen un gran componente discrecional.
domiciliarios, utilizando para tal efecto una determinada metodología para la determinación del
ser discrecional escoger la metodología más apropiada para ello, salvo que dicha metodología esté
Asumamos que está en manos de la potestad discrecional del organismo regulador escoger la
metodología más apropiada. En este contexto, ¿qué le toca al Poder Judicial? Lo que le debería hacer
el Poder Judicial, al momento de controlar la actividad discrecional de la autoridad administrativa, es
corregir la arbitrariedad; es decir, el juez no debería arrogarse la competencia del organismo regulador
El juez puede declarar la nulidad solo cuando ha habido arbitrariedad de parte del regulador, no cuando
se trata de la discrecionalidad técnica del organismo regulador para optar entre varias respuestas
razonables. El juez tiene que respetar eso, sino se convierte en un organismo regulador.
Parte de la discusión que tenemos hoy es que existan pesos y contrapesos, que haya control
jurisdiccional de la función administrativa, pero sin perder de vista que el juez no puede sustituir a
la autoridad administrativa.
Para evitar esto, sí debería quedar claro que cuando se trata de la discrecionalidad técnica, especialmente
en los temas de tarifas, el juez tiene que respetar esa discrecionalidad del organismo regulador y solo
anularla si considera que ha habido arbitrariedad. Esto implica que, si considera eso, debe anular la
tarifa, es muy importante tener claro esto.
Lo expuesto me lleva a otro tema vinculado a los procesos contencioso administrativos. Siempre ha
habido una discusión respecto de si la revisión judicial de ciertos pronunciamientos administrativos
debe empezar a nivel de juez especializado (autoridad unipersonal) o de la corte superior (autoridad
colegiada), y cuando uno observa el historial de las leyes que regulan el proceso contencioso
especializado y otras en la corte superior.
En este momento, las revisiones contencioso administrativas están a nivel de juez especializado y
después, vía apelación, pasan a la corte superior, con lo cual la demanda contencioso administrativa
puede llegar a cualquier juez especializado y pueden haber pronunciamientos dispares. La idea es
trabajar en la especialización de los jueces del contencioso administrativo. Así, jueces especializados
en temas tributarios, otros en temas de competencia y propiedad intelectual, otros en regulación
económica, otros en temas ambientales, etc.

Para concluir con el tema de las remuneraciones, felicito a Indecopi por salir en el ranking de Great
Place to Work. No obstante, existe un problema con las remuneraciones que no se condicen con lo
que se perciben en otros organismos, como la SBS o el BCR, que tienen remuneraciones más altas si
las comparamos con las de los organismos reguladores y los organismos técnicos especializados. Esta
diferencia no tiene justificación.
El congelamiento de remuneraciones en el sector público tampoco tiene razón de ser. Como el sector
privado tiene la posibilidad de ofrecer mejores remuneraciones, también tiene la posibilidad de llevarse
a los mejores funcionarios de los organismos reguladores y de los organismos técnicos especializados.
Así, estos organismos se convierten en escuelas de los futuros empleados del sector privado.
Jesús Tamayo
Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin
Yo coincido con los temas que se han mencionado aquí respecto a lo que sucede
con los reguladores. Lo que podemos ver es que hay muchos elementos que no
están aportando a la institucionalidad del regulador. El ente regulador tiene que
ser un organismo con características que no sean discutibles por ningún lado,
que ninguna de las partes tenga elementos que permitan debilitar al regulador.
Hay una serie de temas que vienen debilitando a los organismos reguladores a lo largo de los
años. En el año 2006 se redujeron las remuneraciones para el Presidente pero también para el
personal y los funcionarios de alto nivel, lo que contribuyó a que los consejos directivos no se
completen oportunamente.
Cuando fui nombrado Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, éramos solamente yo y otro
Director en el Consejo Directivo. Felizmente el Poder Ejecutivo promulgó un Decreto Supremo que
permitió que con dos miembros se pudiera regular tarifas, mientras se hacían los concursos públicos
para seleccionar al resto de miembros del Consejo, lo cual no está bien ya que las decisiones regulatorias
dejan de ser colegiadas para ser prácticamente de una sola o pocas personas.
En el tema del presupuesto también se introdujeron normas a partir del año 2009 para el
registro de operaciones y gastos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
y se prohibieron los incrementos salariales, todo lo cual ha ido mermando de alguna manera la
institucionalidad regulatoria.
Y finalmente esta la ley SERVIR, que creo que
es una reforma muy interesante y beneficiosa
para el desarrollo del empleo público en el país
pero, en lugar de nivelar las remuneraciones
de los trabajadores de los reguladores con
las entidades públicas que mejor pagan en el
país, las ha nivelado con remuneraciones de la
administración pública.
Entonces, los que estaban en mejor posición, ahora
se encuentran frente a menores remuneraciones.
En nuestro caso, cuando hemos recibido la
propuesta de remuneraciones resulta que estas en
casi la totalidad de los casos son inferiores a las
que perciben actualmente nuestros colaboradores,
por lo que será muy difícil la transferencia a dicho
régimen laboral de empleo público.
“Hoy estamos con personal
que está de tránsito,
que está un tiempo en
el organismo regulador
y luego se recolocan en
alguna contraparte del
sector privado. Esto
ha venido mermando
la institucionalidad
regulatoria”.
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30 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
Se ha citado el tema de la capacitación. La capacitación evidentemente es uno de los beneficios que las
reguladores hemos podido ofrecer a nuestro personal, en primer lugar para que estén debidamente
capacitados y puedan discutir al mismo nivel técnico con las contrapartes, pero también la capacitación
ha sido un incentivo para permanecer en la organización.
Lo que pasa hoy es que estamos con personal que está de tránsito, que están un tiempo en el organismo
regulador y luego se recolocan en alguna contraparte del sector privado. Esto ha venido mermando la
institucionalidad regulatoria.
Desde que empecé en el Consejo Directivo de Osinergmin encontré que había unos proyectos de ley
de 2011 para el fortalecimiento de los organismos reguladores, pero en el Congreso estos han ido
cambiando en el tiempo. Con los otros organismos reguladores hemos ido a varias sesiones en la
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso de la República y
nos hemos reunido con asesores de los congresistas. En el tiempo se han ido desmontando diversas
propuestas hasta que finalmente lo que hay hoy en día son unos proyectos de normas que ya no
tienen vigencia.
Hay detalles tan sencillos, como la aprobación de los viajes al extranjero, que nos tienen atados de manos
para poder ejercer mejor nuestras funciones. Hoy para hacer un viaje es bastante difícil convencer a
quienes te dan la autorización de por qué se es importante el viaje. Se piensa que es algo poco necesario,
cuando el viaje es para conocer que está pasando en aspectos regulatorios en el sector energía, qué pasa
en Latinoamérica, en Europa y a nivel mundial.
Respecto al tema del nombramiento de los altos funcionarios de los organismos reguladores,
efectivamente en los últimos nombramientos ha habido una Comisión de Selección que ha sido
bastante competente para llevar a cabo los concursos. Lo que pasa es que no hay candidatos por
limitaciones económicas y para salir al extranjero. Quién mejor para trabajar en el regulador que
alguien que es un experto en la materia, pero no puede trabajar porque siempre estará ligado a
alguna de las empresas reguladas, salvo los que provengan de la misma administración pública o de
alguno de los ministerios.
Entonces, pienso que la Comisión de Selección debe ser permanente y tener la responsabilidad de
dar inicio a los concursos en forma oportuna de tal manera que los consejos directivos estén siempre
completos. Para que la Comisión de Selección tenga más credibilidad e independencia se ha propuesto
que pueda ser integrada entre otros, por el Defensor del Pueblo y por la Presidencia del Consejo de
Ministros. Lo que se busca es que esta comisión de selección tenga permanencia y la obligación de
mantener los Consejos Directivos completos.
Eduardo Quintana
socio del Estudio Bullard
Lo que yo quería resaltar es un tema que se menciona poco, pero creo que es igual
o eventualmente más importante que la autonomía del organismo regulador y
es el de la legitimidad de los organismos reguladores.
La autonomía genera incentivos a la inversión, pero la legitimidad es
lo que realmente le da institucionalidad a los organismos reguladores y
supervisores y en gran parte la legitimidad reposa en la designación, que esta sea trasparente y
objetiva. Sobre todo cuando los organismos reguladores concentran muchas funciones, que es lo
usual en este caso.
Los reguladores de servicios públicos son como pequeños Estados, que tienen las mismas
funciones: función legislativa, porque generan reglas de carácter general; función ejecutiva,

porque emiten informes de regulación y sancionan si hay incumplimientos y evidentemente
también tienen funciones similares al Poder Judicial, puesto que resuelven conflictos entre
operadores y usuarios.
Claramente estos son entes que concentran
muchas funciones, pero a la vez no son elegidos
por mecanismos democráticos, entonces ahí
es donde se genera este vacío de legitimidad,
que es necesario completar de alguna manera.
Por eso, la forma de designación de sus
altos funcionarios es vital para generar esta
legitimidad necesaria en el largo plazo de la
vida del organismo regulador.
Cuando CENTRUM Católica decidió unir
el análisis de reguladores con organismos
supervisores debo confesar que inicialmente me
pareció un poco extraño, pero evaluándolo detenidamente cada vez se ha ido viendo que hay muchas
similitudes entre estos organismos. Los organismos supervisores al final de cuentas no solo se dedican a
resolver o a sancionar infracciones.
Por ejemplo, Indecopi crea normas de carácter general. Poco a poco y cada vez más ha ido ejerciendo esta
función. Desde un inicio sus órganos funcionales; el tribunal y sus comisiones tienen la facultad de establecer
los denominados precedentes de observancia obligatoria, que son de aplicación general para todos.
Igualmente el tribunal puede establecer directivas procesales y lo ha hecho muchas veces. Las comisiones
también elaboran lineamientos de carácter general. Por ejemplo la Comisión de Libre Competencia
tiene lineamientos de tratamiento de información confidencial y hace poco una modificación legislativa
le dio facultades para establecer lineamientos en temas tan importantes como la aplicación de medidas
correctivas reparadoras.
Indecopi incluso tiene experiencia en producir propuestas legislativas con exposiciones de motivos
que usualmente se convierten en leyes. En mi opinión este conjunto de funciones termina siendo
equivalente a la función normativa de los organismos reguladores.
La situación de la OEFA es similar, tampoco se dedica solamente a sancionar incumplimientos. Como
ente rector del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental tiene facultades para crear
normas de carácter general y además está incluida
la posibilidad de tipificar infracciones y establecer
una escala de sanciones. Evidentemente esas son
normas de carácter general.
“La legitimidad es lo que
realmente le da institucionalidad
a los organismos reguladores
y supervisores y en gran parte
reposa en la designación, que
sea trasparente y objetiva. Sobre
todo cuando los organismos
reguladores concentran muchas
funciones”.
“La forma de designación
de altos funcionarios es vital
para generar esta legitimidad
necesaria en el largo plazo
de la vida del organismo
regulador”.
Otra función que también tiene la OEFA es que
puede fiscalizar y sancionar incluso a entidades
de la administración pública que deben hacer
la fiscalización ambiental en los tres niveles de
gobierno. Entonces claramente tiene funciones
muy importantes y que incluso están por encima
de otras autoridades del Ejecutivo. Lo mismo tiene
Indecopi, con la Comisión para la Eliminación
de Barreras Burocráticas, que puede incluso
sancionar a funcionarios públicos.
Entonces toda esa concentración de funciones
requiere sin duda algún tipo de mecanismo
que incremente su legitimidad. La forma de
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designación es uno de los mecanismos más obvios para ganar legitimidad. Sin embargo cuando se hace
una revisión, se identifica que hay diferencias abismales en cuanto a la forma de nombramiento de los
altos funcionarios de estos organismos.
Por ejemplo, en el caso de Indecopi no puede ser que la designación de sus más altas instancias de
decisión no pase por un sistema similar al de los organismos reguladores. Su Consejo Directivo sin
duda también tendría que designarse por concurso público. No hay lógica para que este proceso de
nombramiento de altos funcionarios no esté reglamentado, más aun si la OEFA tiene un sistema similar
al de los reguladores y en cuanto a organización es muy equivalente a la de Indecopi.
Otro tema que también identifico como un problema en la designación es que hay otras instancias de
decisión dentro de estos organismos, que no son designadas a través o mediante un concurso, sino que
se trata de una designación directa.
Me refiero por ejemplo a los miembros de los tribunales especiales en el caso de Osinergmin y a los
gerentes generales de los reguladores que al final de cuentas no solo toman decisiones administrativas y
de gestión, sino también decisiones funcionales. En efecto, los gerentes generales son primera instancia
en procedimientos sancionadores, por lo que deberían ser elegidos mediante un concurso público
de similares características que los consejos directivos de los organismos reguladores, incluyendo
convocatoria pública, evaluación curricular, evaluación personal y ternas de candidatos finales.
Igualmente los miembros de las comisiones de Indecopi, también deberían ser designados por
concurso público. Evidentemente manteniendo la designación por el Consejo Directivo, pero mediante
un concurso. Todo esto, con el objetivo de brindar autonomía al organismo, pero a la vez, para darle la
legitimidad a todas las decisiones que adopten estas instancias.
Los secretarios técnicos de ciertas comisiones de Indecopi también deberían ser elegidos por concurso
público. Por ejemplo, el Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia es el que
decide si se inicia un procedimiento sancionador o no. No lo decide la comisión, lo decide el Secretario
Técnico. La decisión del Secretario Técnico no es apelable ante la comisión, sino ante el tribunal. Este
secretario técnico también negocia, dentro del marco de la Ley, los términos de compromisos de cese
de conductas infractoras, negocia los acuerdos con las empresas que deciden someterse a procesos de
colaboración eficaz, etc. Por ello, también deberían ser elegidas mediante concurso.
Igualmente en la OEFA. La Dirección de
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos
y el Tribunal de Fiscalización Ambiental también
deberían ser elegidos mediante un concurso
público, obviamente con la designación por la
autoridad que es el Presidente de la OEFA.
Todas estas instancias deberían ser nombradas
a través de un concurso público con las mismas
características con las que se selecciona a
los miembros de los Consejo Directivo de
los organismos reguladores actualmente. Su
remoción tendría que ser también con las
mismas reglas.
Tampoco parece correcto que la remoción
de funcionarios de instancias funcionales
en Indecopi pueda ser por faltas que no son
graves. En otras entidades como la OEFA y los
organismos reguladores la remoción es solo
por falta grave y mediante procedimientos
específicos, pero este no es el caso en Indecopi.
“Cada cierto tiempo se
plantean propuestas para
la fusión de los organismos
reguladores, que es también
una amenaza permanente
que implicaría que se va
a tener personas en un
consejo directivo que tiene
que saber de agua, energía,
telecomunicaciones, gas,
electricidad, infraestructura,
transporte. Esto no es así”.

Finalmente, otro problema que se ha mencionado es la incapacidad del Ejecutivo para la designación
de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y de los tribunales de solución de controversia
de los organismos reguladores. Al respecto se debe generar algún mecanismo que sustituya la
decisión del Presidente de la República cuando esta no ocurre y demora el proceso de nombramiento
de las autoridades.
Una alternativa puede ser que una vez que la comisión de selección ha establecido la lista de candidatos
aptos, la PCM presente la terna en un plazo determinado al Presidente de la República y este tenga
también un plazo máximo para seleccionar al candidato. Vencido este plazo sin nombramiento, la
Comisión de selección puede retomar funciones y designar al funcionario mediante un mecanismo
simple y transparente, como por ejemplo un sorteo ante notario público, o algún procedimiento similar,
con la finalidad que se designe al funcionario en el plazo establecido.
Alguien puede decir que esta propuesta le resta poder de decisión al Presidente de la República, pero
en realidad no es así, puesto que el Presidente ha tenido la oportunidad de decidir y ha optado por no
hacerlo. Debería generarse un mecanismo de desfogue para estas situaciones de falta de nombramiento
que, debe ser trasparente y objetivo. Estas ideas pueden plantearse como opciones para mejorar la
institucionalidad del sistema regulatorio.
Fernando Momiy
Presidente del Consejo Directivo SUNASS
Es bueno que una escuela de negocios se preocupe por la regulación porque
también es una forma de ir consolidando el sistema regulatorio. En algún momento
todos los egresados de CENTRUM Católica y de la PUCP van a tener contacto
con un organismo regulador, por lo que es bueno discutir la institucionalidad
que ocupa los organismos reguladores en el esquema institucional.
La institución regulatoria es incomprendida, como dijo el profesor José Távara, la regulación en el Perú
es de los noventa, es decir, máximo tiene 22 o 23 años y no se entiende su función. Se escriben muchos
artículos y opiniones al respecto, pero se ve que la función del organismo regulador es incomprendida.
Los reguladores deben estar en el mercado porque si no alguien que interactúa en él puede abusar de
su posición de dominio, sea el propio Estado, o los usuarios, o las empresas privadas o públicas que
prestan el servicio en condiciones monopólicas.
Se cuestiona al regulador porque tiene función normativa y a la vez hace cumplir él mismo las normas,
fiscaliza y sanciona. Impone multas y las cobra y las podría hacer suyas. Fija tarifas y resuelve las
apelaciones de los usuarios.
Hay una figura que grafica lo que es un organismo regulador dentro de la institucionalidad del Estado,
por tener características de varias instituciones. Un expositor de un regulador brasileño decía que los
reguladores son como los ornitorrincos. No se entiende su institucionalidad porque es una combinación
de varias instituciones; como los ornitorrincos que tienen un poco de diferentes animales: tienen pico
de pato, la cola de castor, el cuerpo de una nutria, ponen huevos y son mamíferos. Un ornitorrinco es
un animal raro pero eso no implica que no deba existir.
Entonces tienen una institucionalidad nueva, que tiene que ser trasmitida y comprendida. Veinte años
para una institución es muy poco. Nuestra democracia tiene 200 años, la democracia en Suiza tiene 900
años. Quizá por eso es que todavía no funcionamos como Suiza.
Hay mucho camino para recorrer, sin embargo, los reguladores nos sentimos permanentemente
atacados en los diarios y sus editoriales. Un sábado sí y otro sábado no, sale un artículo en contra de
los reguladores y el último ha sido muy ofensivo porque nos llaman “metetes parcializados”. Esto
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en realidad nos da a entender que no se entiende que es un regulador. No es que seamos un metete
o estemos parcializados. Todo lo contrario, justamente la institucionalidad regulatoria hace que el
regulador este ahí cautelando intereses del Estado, del privado y del usuario. Lo que sucede es que
el usuario nunca está representado en esta institucionalidad, siempre están el Poder Ejecutivo y la
empresa privada, pero el usuario está completamente desprotegido.
El regulador no está para defender al usuario, no somos unos defensores, pero sí estamos para
cautelar los intereses del usuario. Son dos cosas diferentes. El organismo regulador es incómodo
al poder político y al poder empresarial, justamente porque participa en equilibrar intereses. Sin el
regulador un contrato de concesión puede ser modificado subiendo las tarifas o bajando la calidad
del servicio o ampliando los plazos de entrega de obras sin que se analice el equilibrio general del
contrato de concesión o los riesgos asumidos en el mismo, perjudicando a una parte no representada
que son los usuarios.
Entonces tenemos que seguir trabajando en este tipo de discusiones para que se entienda el rol del
regulador. Algunos lo hacen obviamente con intereses, más allá de la propia opinión académica,
digamos en realidad lo que se busca es la captura y el debilitamiento de los reguladores, que es lo que
ha venido sucediendo, como también lo ha señalado el profesor José Távara desde el año 2006, primero
con tema de los salarios, después con lo del control presupuestal y así sucesivamente.
Incluso cada cierto tiempo se plantean propuestas para la fusión de los organismos reguladores,
que es también una amenaza permanente que implicaría que vamos a tener personas en un
consejo directivo que tiene que saber de agua, energía, telecomunicaciones, gas, electricidad,
infraestructura, transporte.
Pero esto no es así. Salió una noticia en El Comercio, que nos llena de alegría a los reguladores, que
señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha declarado
que la institucionalidad regulatoria del Perú - y se refiere a los cuatro reguladores de servicios
públicos - es una de las más avanzadas del mundo, comparada con la de Alemania. La verdad es
que el modelo regulatorio peruano no lo tienen otros países. Es envidiada porque las funciones
que desempeña y la forma como actúa el regulador y la fortaleza que tiene, no la tienen ellos y es
un modelo a copiar.
En cuanto a lo que tenemos que hacer para seguir construyendo la institucionalidad regulatoria, es
continuar con los concursos públicos para elegir a los presidentes de los organismos reguladores.
Este concurso público es algo pesado, hay que hacer hojas de vida, hay que pasar entrevistas, hay que
dar exámenes, hay un examen psicológico y efectivamente así debe continuar.
Yo creo que una de las garantías que nosotros teníamos en el concurso público fue que uno de los
miembros de la comisión de selección, el presidente del comité de selección, fuera un Director del
Banco Central de Reserva del Perú. De acuerdo a mi experiencia en el Estado, la institución técnica más
independiente que existe en el Perú es el BCR. Es la más autónoma que hay.
Si hubiera que hacer una propuesta yo diría que los presidentes de los cuatro organismos reguladores,
por su relevancia en el mercado deben de ser elegidos por un jurado en el cual, el Presidente debe ser
elegido por el Presidente del BCR, porque es alguien que no va a arriesgar su prestigio eligiendo a
funcionarios que no estén capacitado para el cargo y no estará sujeto a una decisión política.
Otras de las cosas que cabe señalar es que este concurso, a pesar de ser tan exigente en cuanto a sus
requisitos, efectivamente no tiene los incentivos adecuados para que alguien se presente como son los
bajos sueldos, pero aun así hay vocación de servicio público y esto es algo que también se tiene que
valorar, porque nosotros sabíamos que efectivamente existía un tope y que ese tope era el sueldo al cual
íbamos a acceder y no esperábamos otra cosa. Sin embargo, resulta injusto que posteriormente se hayan
ajustado sueldos a ministros, viceministros, secretarios generales de ministerios y se haya postergado
a los presidentes y altos cargos de los organismos reguladores.

Por otro lado, para la legitimidad del resto de organismos supervisores que se están creando, estoy de
acuerdo con Eduardo Quintana, que la elección por concurso público es fundamental. Claro, lo que
sucede es que el presidente del BCRP no va a participar en la elección de los altos funcionarios de tantos
organismos reguladores y supervisores que hay ahora. Habría que ver cuáles son los organismos, que
por su importancia en el mercado, puedan seguir ese tipo de procesos de selección: para empezar los
cuatro organismos reguladores y el Indecopi deberían de todas maneras ser seleccionados con una
participación del Presidente del BCRP.
Ya sabemos que una elección a través del Congreso de la República puede tomar mucho tiempo, como
en el caso de la elección del Defensor del Pueblo.
Por otro lado, efectivamente las amenazas de captura son frecuentes porque, como decía antes, el
organismo regulador es incómodo al privado e incómodo al Estado. Imagínense las modificaciones
a un contrato de concesión que tienen que pasar por el organismo regulador. Por ello se le quiere
capturar, ponerle directores, hacerle bajar la cabeza.
Igualmente con la regulación tarifaria, la tarifa a veces hay que incrementarla, como en el caso del
agua. En SUNASS, a pesar de la oposición política que tenemos en los municipios y en los gobiernos
regionales, incrementamos las tarifas porque eso garantiza la sostenibilidad de las empresas de agua.
Eso no les gusta a los alcaldes, no les gusta a los presidentes regionales y tampoco a la población; sin
embargo hay que hacerlo (el incremento de tarifas), porque si no los servicios se siguen deteriorando
hasta finalmente colapsar. Esto no lo haría el Poder Ejecutivo. Obviamente estamos protegiendo al
usuario mismo, que no quiere el incremento tarifario y a las empresas, que algunas veces tampoco
quieren el incremento tarifario. Esto es algo paradójico en el sector de saneamiento, pero hay que hacer
ese trabajo porque entendemos que esto es para equilibrar los intereses y no para proteger un interés
respecto de otro.
Finalmente, está el caso de SERVIR. Una de las primeras objeciones que yo le hacía al Presidente de
SERVIR era que por qué estaban creando un nuevo sistema laboral. Ahora tenemos un régimen laboral
adicional con SERVIR. Yo le decía que lo más fácil era que todos los trabajadores sean del régimen
de la actividad privada 728, porque la experiencia del régimen laboral del sector privado había sido
excelente en los organismos reguladores. ¿Por qué estamos creando otro régimen?, ¿cuánto irá a durar
esto de los traslados de SERVIR?
Se ha querido dar incentivos salariales con la esperanza de que si el organismo regulador se pasa
al régimen de SERVIR se va a obtener un incremento de sueldo o se van a obtener capacitaciones, o
algún otro beneficio. No le puede decir a alguien que si entras al régimen de SERVIR vas a obtener
beneficios, pero si no entras no vas tener beneficios laborales. No está bien. Yo creo que mantener
el régimen del Decreto Legislativo 728 hubiera sido prioridad y tratar de incorporar a los nuevos
organismos a este régimen ya existente era el camino correcto. Los organismos reguladores ya
contaban con instrumentos de gestión como el reglamento de organización y funciones, el manual
de organización de funciones, el manual descriptivo de puestos. Ahora hay que hacer toda una
adecuación a instrumentos similares con otros nombres.
Por otro lado, es obvio que hay excepciones al régimen de SERVIR que podrían hacerse. El caso del
BCR podría ser una de ellas, pero no entiendo porque la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT) por ejemplo, está excluida del régimen SERVIR. Con
este mismo criterio los organismos reguladores tendrían que estar excluidos del régimen general
SERVIR también.
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 35

36 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial

Segunda Etapa del Conversatorio
Presupuesto Institucional
y la Ley SERVIR
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 37

38 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
Santiago Dávila
Director del Centro de Competencia y Regulación
Comencemos el segundo tema de este coloquio. No existe autonomía si es que no
sean independientes y autónomos.
organismos reguladores
se da en el Perú principalmente a través de
recursos directamente recaudados, provenientes
del cobro de tasas, la imposición de multas y los
aportes por regulación. Con algunas excepciones,
organismos reguladores de recursos ordinarios
del presupuesto público.
La composición de los ingresos entre organismos
fuente principal de recaudación los aportes por
regulación. Otros tienen su principal fuente
de ingreso en el cobro de multas y tasas que se
cobran por procedimientos administrativos.
“La composición de los
ingresos entre organismos
Algunos tienen como fuente
principal de recaudación los
aportes por regulación, otros
su principal fuente son el
cobro de multas y tasas que
se cobran por procedimientos
administrativos”.
Recientemente ha habido una importante y constante crítica por parte del sector privado respecto a
en el pasado ha habido episodios en los que el saldo de balance de los organismos reguladores ha
sido trasladado al tesoro público y nunca retornaron al presupuesto de los reguladores. También en el
Civil (RENIEC) para el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los niños, según indicó la resolución
correspondiente. Con justa razón entonces, el sector privado podría reclamar que está pagando un
Evidentemente hay problema acá y hay que encontrarle una solución pronto. Las preguntas que queremos
ordinario proveniente del tesoro público? ¿Cómo deberían determinarse las multas y los aportes de
regulación para que el sector privado sienta que no está pagando un impuesto encubierto? ¿Cómo se puede
distintos a lo que están destinados?
José Távara
Profesor Principal y Director Académico
de Economía de la PUCP
reguladores. La pregunta clave es la que planteó Gonzalo Ruiz respecto a cómo
ser reconocido como un organismo al servicio de la sociedad, que protege
principalmente al ciudadano, al usuario y que administra justicia en el sentido
de colocar en el centro de su función a los derechos de los usuarios, presentes y
futuros. Justamente pensando en los usuarios futuros es que hay que promover las inversiones. Coincido

También quería destacar que vivimos en un contexto muy interesante, que es un contexto de
resurgimiento de la regulación a escala mundial. Hay un resurgimiento de la regulación en todo el
mundo, no solamente en infraestructuras y servicios públicos, sino también de la regulación en salud,
seguridad, educación, alimentos, medicamentos, entre otros. Hay regulación de diferentes tipos tanto
desde el Estado, a través de entes reguladores, como también desde la sociedad civil. Eso se ve, por
ejemplo, a lo largo de toda la cadena de la industria alimentaria mundial.
Entonces, lo que hay ahora es más bien una nueva división del trabajo, en la que los objetivos de las
políticas públicas los definen los políticos pero, el cómo lograr esos objetivos, definen los reguladores.
Los reguladores siempre retroalimentan a los políticos en la formulación de políticas públicas.
Hay una relación estrecha entre formular los objetivos de políticas y hacer todo lo posible para
conseguir esos objetivos. Hay un espacio legítimo que se han ganado un conjunto de profesionales
al servicio de su sociedad, que operan con bastante autonomía y que además forman parte de redes
internacionales de expertos.
Esto lo digo en reacción a lo que comentó Eduardo Quintana acerca de que los reguladores son
como “pequeños Estados” que tienen varias funciones: normativas, de resolución de conflictos, entre
otras y que no han sido elegidos por mecanismos democráticos y por lo tanto, su legitimidad estaría
cuestionada. Yo no estoy tan de acuerdo con este argumento.
Para empezar, el diagnóstico debería incluir también al poder corporativo y el rol que actualmente
juega, vía estudios de abogados, vía lobbys en el Congreso de la República, vía al propio Poder Ejecutivo
y el Poder Judicial, en la formulación de políticas públicas. Creo que no podemos entender lo que
viene ocurriendo, sin examinar cabalmente la incidencia que tiene el poder corporativo y el contrapeso
que requerimos a este poder corporativo, mediante un Estado fuerte, autónomo, moderno, eficiente y
honesto al servicio de su sociedad.
En relación al financiamiento, coincido plenamente con Eduardo Quintana. Me pareció muy importante
su reflexión sobre los mecanismos de selección de funcionarios. No solamente los cargos de dirección,
sino también los de otros funcionarios con funciones claves deben ser nombrados por concurso público.
Nadie debería entrar a trabajar al Estado y buscar una plaza pública sino es a través de un mecanismo
de selección muy rigurosa, con exámenes y en base a méritos.
Por el lado del financiamiento, ya mencionó Santiago
Dávila las principales fuentes: financiamiento por
el tesoro público y los aportes por regulación. De
acuerdo con la teoría de finanzas públicas, cuando
los beneficiarios de la actividad pública son todos
los ciudadanos, lo puedo financiar con los recursos
del tesoro, pero cuando hay un grupo de usuarios
específicos, los aportes de la regulación son el
mecanismo más eficiente para evitar distorsiones
en el sistema de precios generados por estas tasas
y aportes por regulación.
“Los reguladores siempre
retroalimentan a los políticos
en la formulación de políticas
públicas. Hay una relación
estrecha entre formular los
objetivos de políticas
y hacer todo lo posible para
conseguir esos objetivos”.
Creo que es efectivamente cuando, como señaló
Santiago Dávila, se ha roto con el principio al cual
me acabo de referir, que una parte de los aportes
se convierte en un impuesto. Ahí es cuando las empresas, con toda legitimidad, van a decir “¡Oiga!
Yo pago 0.5% de mis ingresos para que vayan al regulador y Ud. Estado destina una parte de estos
ingresos para otros fines, por lo cual es un impuesto”.
Y aquí el principal responsable es el MEF y está poniendo en riesgo el financiamiento y la sostenibilidad
del funcionamiento de los reguladores al apropiarse del recurso que corresponde al regulador.
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 39

40 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
Esto viene directamente de la mano con algunas ideas que debemos adoptar. Eficiencia del gasto. Yo
cuando estaba en el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería (TASTEM)
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, veíamos una duplicación
y hasta triplicación de funciones impresionante. Iban los equipos de supervisión de Osinergmin a
minas bien alejadas en zonas rurales, lo cual cuesta bastante al regulador y luego también iban equipos
de supervisión del tema laboral (SUNAFIL) y luego de temas de la OEFA. Ahí solamente ya se partió
en tres la supervisión de las minas: unos que veían asuntos laborales, otros que veían temas técnicos
y otros vinculados a temas ambientales. Esto es absurdo, el Estado enviando a tres equipos que no
pueden hacer supervisiones cruzadas porque se les ha privado de las competencias en esos ámbitos,
constituye una ineficiencia de gastos inaudita.
Por otro lado, coincido en que hay que romper con el incentivo perverso de que las multas que se
imponen a las empresas vayan al presupuesto para financiar sus actividades, porque obviamente hay
un conflicto de intereses. Y obviamente hay que financiar con mayores recursos a los reguladores y al
Estado en general. Yo creo que una buena reforma tributaria es una medida fundamental, se cae de
madura, sin embargo no se discute.
Por último, en relación a la autonomía, creo que hay que defenderla. Recuerdo a Jorge Kunigami
cuando, en la década de los noventa, decía que la autonomía es algo que se pelea y se gana día a día. No
es que uno anuncie que es autónomo y tiene recursos; uno día a día se juega la autonomía dependiendo
de la calidad de su trabajo. Uno nunca termina de quemar todas sus naves, siempre es importante
estar atento, apoyarse mutuamente, y hay que rendir cuentas a la sociedad para que la regulación se
fortalezca y nuestro país progrese.
Hebert Tassano
Presidente del Indecopi
Voy a hacer algunos comentarios sobre lo que se dijo en la primera parte.
Coincido con lo planteado por Eduardo Quinatana en la necesidad de que los
comisionados y vocales sean seleccionados a través de un proceso público.
Nosotros queremos poder plantear esto como una modificación antes del
término de mi mandato.
En lo que no coincido es en el nombramiento, bajo este mecanismo, de los secretarios técnicos y del
Gerente General. Ahí yo creo que sí debe de haber autonomía por parte de la institución para poder
fijar estos puestos.
“Los reguladores siempre
retroalimentan a los políticos
en la formulación de políticas
públicas. Hay una relación
estrecha entre formular los
objetivos de políticas
y hacer todo lo posible para
conseguir esos objetivos”.
Pero aun así, en el caso del Indecopi, estos cargos
ya se nombran a través de concursos públicos,
en donde muchas veces se publican los avisos en
el periódico y participan candidatos externos,
cuando no se ha privilegiado a funcionarios
de carrera de la institución. Por ejemplo, hoy
día los cuatro secretarios técnicos de las cuatro
salas del Tribunal de Indecopi son funcionarios
de carrera del Indecopi. Y eso juega un papel
importante, porque los trabajadores de Indecopi
saben que hay una línea de carrera.
Sobre lo que comentaba Fernando Momiy
respecto al tema de fusiones entre organismos
reguladores, solo para mencionar que en España
hace dos años se optó por la opción de fusionar

eguladores de defensa de la competencia y hoy en día la mayoría de artículos señalan que es un
total fracaso; así que ahí tenemos una idea de lo que no debería ser.
Respeto al tema del financiamiento de los reguladores y del Indecopi, creo que el sistema de financiamiento
actual, con una recaudación directa de los recursos que genera la entidad, es la más adecuada. Indecopi
desde la década de los noventa ha tenido por su función, la facultad de financiarse con el 100% con los
ingresos que genera, no solamente a través de multas (las multas son un porcentaje reducido de lo que
implica los ingresos de Indecopi) sino también por las tasas que se cobran por todas las actividades y
servicios que brinda, por ejemplo, por los registros de marca.
En el caso de las multas, considero que está bien que sean parte de los recursos del organismo o agencia, pero
también es importante que las multas no se fijen en forma aleatoria, si no que haya un proceso transparente.
En los últimos años hemos visto que los reguladores, Indecopi y la OEFA, todos hemos trabajado para que
las multas se fijen de una manera transparente. Mientras esto sea así, creo que no hay ningún problema
en que las multas sean parte de los recursos de las entidades. De esa manera se elimina el incentivo a que
puedan ser utilizados o se busque multar más, como en un momento se insinuó, con la finalidad de tener
recursos. Creo que eso no pasa cuando hay transparencia en la forma en que establecen las multas.
Muy importante en el tema de autonomía presupuestal es también el tema de los saldos de balance.
Deberíamos estar autorizados para utilizar en forma automática nuestros saldos de balance y no esperar
una aprobación; muchas veces la aprobación demora tres o cuatro meses, con lo cual al final queda solo
el 75% del año para poder ejecutar, lo cual se hace más complicado y al final terminas corriendo entre
noviembre y diciembre.
En términos generales creo que la ventaja de la situación actual es la garantía de una mayor autonomía.
Las desventajas son obviamente que algunos reguladores no cuentan con recursos suficientes para
poder mantener todas sus actividades o todas las que quisieran realizar.
En el ámbito internacional uno de los grandes temas que se discute es justamente el financiamiento, lo
que va ligado directamente a la autonomía. La autonomía de un regulador o una agencia depende de
su financiamiento. Si depende del tesoro público definitivamente estará limitado en cuanto a las cosas
se pueda realizar.
Tenemos varios ejemplos internacionales. En Portugal por ejemplo, la agencia de competencia se
financia con ingresos que reciben de los reguladores de servicios públicos. Entonces, creo que el
sistema peruano actual es bueno y habría que ver cómo se puede trazar un mecanismo para aquellos
reguladores que por el sector que regulan no cuentan con recursos financieros.
Finalmente, en relación al tema de los nombramientos, también hay varios ejemplos internacionales.
En República Dominicana, lo que vendría ser el secretario técnico de una comisión de Indecopi, según
su norma debe ser nombrado por un concurso y al final por una resolución del Congreso de dicho país.
La consecuencia es que luego de cinco años, en República Dominicana no tienen un Secretario Técnico
y está paralizado el funcionamiento de la entidad. Entonces, hay que tener cuidado a veces con los
procesos de selección muy complejos o muy transparentes porque nos pueden llevar a la inacción.
Hugo Gómez
Presidente del OEFA
Coincido plenamente con lo que ha dicho Hebert Tassano y seguro que varios
también lo harán, en el sentido de que tanto para Indecopi, el OEFA y los reguladores,
el financiamiento no debe venir del tesoro público, sino a través de recursos
directamente recaudados. El aporte por regulación, las multas y todo derecho de
trámite, también deben ser recursos directamente recaudados por las entidades.
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 41

42 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
“Estoy convencido de que
si las multas se establecen
con criterios técnicos, no
hay ningún problema en que
formen parte del presupuesto
de la entidad”.
El problema con el tesoro público son las
decisiones del Ministerio de Economía y
Finanzas, que algunas veces no son expresas,
sino implícitas. Por ejemplo, no sé si las
otras entidades públicas tienen el mismo
problema, pero al OEFA, la Dirección Nacional
de Presupuesto Público le ha limitado la
contratación del personal a través de la
Contratación Administrativa de Servicios
(CAS). Esta limitación no estaba en ninguna
norma, no hay nada publicado en el Diario El
Peruano al respecto. Simplemente es un “no te
lo voy a autorizar”, a pesar de que habían aproximadamente cien plazas presupuestadas desde el
mes de marzo del 2015. Simplemente no lo quieren autorizar. Esta es la respuesta del Ministerio de
Economía y Finanzas: altamente discrecional. Hay una suerte de “captura” por parte del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Con respecto al tema de las multas, creo que la discusión está en si sabes aplicar bien las multas o
no. Y en efecto, todos los que estamos sentados aquí, organismos reguladores, el Indecopi y el OEFA
tenemos un tratamiento en el cual las multas no se determinan subjetiva o aleatoriamente, sino que
existe una metodología debidamente establecida y aprobada. Cada uno con sus particularidades, pero
lo que busca es que la multa cumpla su fin disuasivo y en ningún caso, por lo que he sido testigo, ni en
Indecopi ni en los reguladores ni en la OEFA, se ha buscado que las multas financien el presupuesto
de la entidad. Yo no lo he visto. Por eso me extraño muchísimo la posición que tuvo el Ministerio de
Economía y Finanzas cuando proyectó el Artículo 12° de la Ley 30230, ley cuya exposición de motivos
señaló que había entidades públicas que multaban para financiar su presupuesto. Eso no ocurre, al
menos en las entidades públicas que he conocido.
Estoy convencido de que si las multas se establecen con criterios técnicos, no hay ningún problema
en que formen parte del presupuesto de la entidad. De hecho, la literatura económica, y ustedes los
economistas lo saben muy bien, cuando se calcula el valor de la multa se tiene en consideración la
capacidad de enforcement que tiene la autoridad para detectar las infracciones.
En el caso particular del OEFA hemos tenido una discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas
porque las multas no las podemos usar para financiar el ejercicio de la potestad sancionadora. En efecto,
de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 12° de la Ley 30230, no podemos usar lo recaudado por las
multas impuestas para financiar actividades de supervisión y fiscalización, pero sí para todo lo demás.
Entonces, como el OEFA realiza también actividades que no tienen que ver con la potestad sancionadora,
como por ejemplo supervisar entidades públicas, monitorear la calidad ambiental, régimen de
incentivos, entre otras; estas actividades sí se pueden financiar con lo recaudado por las multas. Hemos
encontrado esta solución para seguir utilizando estos recursos y, además, poder transferirlos a los
organismos públicos adscritos al Ministerio del Ambiente para financiar temas de gestión ambiental.
Con relación al otro punto, al del aporte por regulación, este es un elemento clave para el financiamiento
de los organismos reguladores y también para el OEFA, porque para esta entidad representa el 80%
de sus ingresos.
Esto me recuerda un proyecto de ley que proponía establecer una bolsa común entre los organismos reguladores
y el Indecopi. Por ejemplo, el caso de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
¿Qué pasa si el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) no paga el aporte de regulación?,
¿Cómo se van a financiar las operaciones de SUNASS? Hace algunos años atrás, Sedapal no quería pagar el
aporte por regulación. SUNASS no puede quedarse sin recursos. Esto no puede volver a ocurrir.
Por ello considero que sí podría pensarse en una fórmula en la cual todo el aporte por regulación
vaya a una bolsa común y de esa bolsa se distribuya a todos los organismos reguladores, de modo

que no se diga “yo soy Osinergmin, a mí me financian las eléctricas” o “yo soy OSIPTEL, a me
financia Telefónica”.
En esta bolsa común, Indecopi muy bien podría participar para financiar aquellas competencias que
inciden en los sectores regulados, como es el control de las barreras burocráticas, la fiscalización de los
actos de competencia desleal o la investigación de conductas anticompetitivas.
Finalmente, coincido con ustedes en que si hubiera saldos del balance, estos deberían retornar al
organismo regulador y de ninguna manera deben ser tomados por el tesoro público. Esto precisamente
para evitar que luego las empresas reguladas se quejen de que sus aportes están siendo destinados a un
fin distinto a lo establecido por la ley.
Jesús Tamayo
Presidente del Osinergmin
Yo creo que el tema del financiamiento es algo fundamental para el funcionamiento
de nuestras organizaciones, tanto del procedimiento regulatorio como del
procedimiento sancionador. Sin embargo, creo que no todas las entidades aquí
presentes regulamos sectores que sean similares o fiscalizamos actividades que
puedan compararse, en particular, con relación al tema del aporte por regulación.
En nuestro caso por ejemplo, supervisamos y regulamos cuatro subsectores. El primero es el subsector
de energía eléctrica, en donde el 100% de las multas se van al Ministerio de Energía y Minas.
En el subsector de los hidrocarburos líquidos el 100% de las multas corresponden a Osinergmin. En el
subsector de gas natural también el 100% de las multas corresponden a Osinergmin. Finalmente, en el
subsector de minería, el 30% de las multas van a los gobiernos regionales para financiar las direcciones
de energía y minería. Sin embargo, las multas en nuestro organismo no representan un alto porcentaje
de los ingresos. Creo que en ese sentido somos
bastante independientes presupuestariamente
del ingreso de las multas, por lo que este tema
del supuesto “incentivo perverso” no debería
tomarse en consideración.
Pero sí considero que existen algunos peligros con
relación al aporte por regulación. Los primeros
aportes por regulación fueron fijados en Decretos
Supremos de hace 12 o 13 años. Sin embargo,
a raíz de la separación de funciones en materia
ambiental, entre el Osinergmin y el OEFA, el
anteaño pasado se destinó una parte de los aportes
“Los organismos reguladores,
y en eso coincidimos todos,
deben tener recursos propios,
que no dependan del tesoro
público, para así garantizar
su independencia”.
por regulación para financiar las operaciones del OEFA. En ese momento no solamente se retiró una
porción del aporte de regulación que iba a Osinergmin, sino que además se fijaron los aportes solo por
tres años – hasta diciembre de 2016- y no en forma indefinida , como era anteriormente.
En el 2016 entrará un nuevo gobierno y veremos cómo se establecen los aportes por regulación: si se
ratifican los porcentajes de aportes por regulación o veremos si cambian. O podría pasar también que
se quedan sin definir. Creo que estas indefiniciones respecto al aporte por regulación si son amenazas
a la institucionalidad regulatoria.
Para terminar, ya de forma general y no solo de manera particular al sector energía y minas, creo que
es importante mencionar que los organismos reguladores, y en eso coincidimos todos, deben tener
recursos propios, que no dependan del tesoro público, para así garantizar su independencia.
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 43

44 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
Eduardo Quintana
Socio del Estudio Bullard
Algunos comentarios puntuales respecto al financiamiento de los organismos
reguladores. Sobre el tema de aporte por regulación, en realidad yo coincido con
los comentarios que se han hecho. Me parece que el mecanismo de financiamiento
a través de un aporte general de los operadores es lo correcto. Está bien que el
financiamiento no venga del presupuesto público.
Lo que habría que discutir, creo, en este caso
desde el punto de vista de la empresa privada,
es más bien cómo se fijan los porcentajes de los
aportes por regulación. Las normas dicen que
los aportes por regulación son hasta el 1% de la
facturación anual. Pero después se promulga
un Decreto Supremo que es el que determina el
porcentaje de manera permanente o por tres años,
como se ha hecho ahora último con OEFA.
“Parte del perfil alto para los
reguladores es precisamente
legitimarse, no solo como
autoridad drástica sino como
autoridad equitativa y que
busque alternativas a
la sanción”.
Ahí la pregunta es ¿cómo se llega a determinar
que ese es el porcentaje que necesita el regulador?
¿Cómo se genera el proceso de determinar el
porcentaje que necesita el regulador para cubrir el financiamiento de sus actividades? Un operador
de cualquier sector podría tener la siguiente interrogante ¿Por qué se tiene que gastar la suma que se
gasta en campañas de posicionamiento del regulador o en campañas publicitarias sobre los derechos
de los usuarios de servicios públicos? Ojo que no estoy cuestionando estas campañas, no digo que sean
inválidas o inadecuadas. El tema es cómo se determina cuál es el gasto adecuado que el regulador debe
asignar a esta actividad.
Otra pregunta es si ¿existen metodologías precisas que determinen cómo se van a asignar valores a
cada una de estas actividades de los reguladores? Entiendo que no. Que esto se determina de manera
general. Obviamente con base a presupuestos previos de la entidad, pero las preguntas siguientes son
¿cómo se hicieron esos presupuestos y cómo se determinaron las necesidades específicas de este tipo de
gasto? Todas estas preguntas no tienen una respuesta explícita y seguramente tampoco sería uniforme
por parte de los organismos reguladores y supervisores.
Una vez definido el monto del aporte por regulación, el otro en discusión es el que mencionaba José
Távara referido a la duplicación y hasta triplicación de funciones entre organismos. Él mencionaba que
cuando estaba en el TASTEM de Osinergmin encontraba duplicidad en el accionar de las autoridades
regulatorias sobre una misma industria. Evidentemente esto nos está indicando que hay ineficiencia en
el gasto de las instituciones.
Lo cuestionable no es de donde proviene el financiamiento, sino cómo se determinan los gastos que
hacen los reguladores y cómo se asignan los valores que corresponden a cada actividad.
Con relación a las multas, por ejemplo en el caso de Osiptel, las multas van para Fitel. Y uno ve que
casi semanalmente se imponen multas. Esto muestra que no necesariamente hay un incentivo a percibir
los recursos de las multas para los organismos reguladores, sino que puede haber otras muchas
motivaciones que puedan determinar que se multe o no.
Sin embargo, considero que en la medida en que las metodologías sean adecuadas, objetivas,
predefinidas y claras para los agentes, no debería haber un cuestionamiento a la posibilidad que los
organismos se financien a través de multas.
El tema que debe tratarse con relación a las multas es uniformizar lo más posible los criterios de
imposición. Típicamente dentro de las metodologías de imposición de multas se señala que deben

de considerarse, entre otros factores, la probabilidad de detección y el beneficio ilícito esperado. Pero
¿cómo determinan estos criterios las entidades reguladoras? ¿Cuál es el valor que se aplica, por ejemplo,
a la probabilidad de detección en determinadas infracciones? Ahí se debería buscar cierta uniformidad
de metodologías de detalle, que entiendo no necesariamente ocurre.
Finalmente, en cuanto a lo que planteó José Távara, respecto a que no está de acuerdo conmigo en que
hay riesgos derivados de que los organismos reguladores concentren muchas funciones, ni que esto
afecte su legitimidad; en realidad, solo estoy recogiendo lo que dice la teoría regulatoria en este sentido.
El último tema que quisiera mencionar es algo que comentó Gonzalo Ruiz y que también retomó el
profesor Távara, referido a la necesidad de que los reguladores tengan un “perfil alto” para defender
el sistema regulatorio.
Si bien coincido que los reguladores necesariamente deben tener toda la capacitación necesaria y los
mejores funcionarios para plantear sus puntos de vista y defenderlos con fundamentos sólidos, veraces
y técnicos, puede preocupar cómo se asume ese “perfil alto”. Por ejemplo, si ello implica pensar que el
regulador debe mostrarse siempre severo y sancionar todo lo posible para mostrarse como un ente que
imparte justicia de la manera más rigurosa.
Nuevamente repito lo que dice la teoría regulatoria en este sentido. Se plantea que en muchos casos
es mejor buscar medidas de acercamiento con los regulados, por ejemplo implementar medidas de
pedagogía y otras opciones distintas a la sanción, opciones que no impliquen siempre un castigo, estos
son los mecanismos que se conocen como de complaince en la teoría regulatoria.
Creo que parte del perfil alto para los reguladores es precisamente legitimarse, no solo como autoridad
drástica sino como autoridad equitativa y que busque alternativas a la sanción. Para mi ese sería el
concepto más apropiado de lo que implica la legitimidad de los organismos reguladores.
Fernando Momiy
Presidente de SUNASS
La SUNASS es un organismo regulador que tiene 25 millones de soles en
presupuesto al año. Para tener un orden de magnitud, Osiptel y el Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
(Ositran) tiene más de tres veces nuestro presupuesto; Osinergmin, tiene 14 veces
nuestro presupuesto, y otros que son solo supervisores como la Superintendencia
Nacional de Salud (SUSALUD), casi el doble; Sunafil, 81 millones; el Centro
de Formación en Turismo (Cenfotur), 21 millones. Eso es un problema. Es fácil hablar de autonomía
cuando hay recursos, pero no cuando en verdad no tienes mucho de donde escoger. El pobre no puede
escoger, el pobre solo toma té todos los días, no toma leche, no toma Coca Cola. Nada de eso.
Un organismo regulador en estas condiciones
está limitado en el desempeño de sus funciones,
lo cual es un tema de fondo. Con el mismo
presupuesto todos los años, el número de acciones
de supervisión, de oficinas de atención a los
usuarios, de proyectos tarifarios estaría limitado.
Sin embargo, no hay forma de que, a pesar de
todos los pedidos que hemos hecho, nos trasladen
recursos ordinarios del tesoro público.
Eso genera problemas en la autonomía, en
el ejercicio de las funciones y también en la
“Tenemos que pasar por
institucionalizar a los
reguladores y de ahí vamos
a poder decidir, con la
cabeza fría, qué es lo que
debemos hacer”.
Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial | 45

46 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
posibilidad de realizar incrementos salariales a los gerentes de SUNASS. Si es que el Estado en algún
momento liberara el tope máximo salarial aplicable a los servidores públicos y se pudiera pagar hasta
25 mil soles mensuales, SUNASS estaría en total desventaja frente a otros organismos reguladores, pues
estos podrían incrementar su escala y atraer a los mejores profesionales del mercado y de la propia
SUNASS, incluso en puestos de menor jerarquía y con menos responsabilidades. Los cuadros se irían
de un organismo regulador a otro. Nosotros estamos compitiendo permanentemente por personal.
Y fíjense lo que ocurriría, si es que otros reguladores sí pueden incrementar salarios porque tienen
mayor capacidad presupuestaria. Se daría una fuga de talentos masiva en la SUNASS. A pesar de esto
sin embargo, yo siempre he acompañado a los colegas presidentes de otros organismos reguladores
en sus pedidos para levantar estos límites salariales. Entonces, autonomía sin dinero o libertad sin
posibilidad de elegir no es libertad.
Escuchando a Hebert Tassano se me ha despertado interés por el caso del financiamiento de la
autoridad de competencia en Portugal, o del proyecto para crear un fondo común de ingresos
para los reguladores, que alguna vez planteó Gonzalo Ruiz cuando estaba en otra institución.
Desafortunadamente, en un esquema de financiamiento común, nuevamente el fantasma de la
fusión de reguladores sale a relucir, porque se piensa que si se empiezan a juntar los aportes por
regulación, lo siguiente es la fusión de los organismos reguladores. Esa es una amenaza que debe
desaparecer con el fin de conseguir una equidad presupuestaria.
Tenemos que pasar por institucionalizar a los reguladores y de ahí vamos a poder decidir, con la cabeza
fría, qué es lo que debemos hacer. Aunque de hecho no puede ser que el organismo regulador más
importante que es el de agua (ya que directamente el 70% del PBI depende del agua y, en el caso de
Lima, si es que se quedara sin agua, colapsaría) no tenga recursos financieros suficientes.
Entonces, sí es importante que SUNASS tenga un financiamiento adecuado. No digo proveniente de
los otros reguladores, porque también he estado en otros reguladores y entiendo que el aporte por
regulación se defiende en cada regulador, sino del propio tesoro público.
En el caso de las multas, me preguntó por qué tendrían que ir al tesoro público. Si bien el MEF dice que
las multas generan un incentivo perverso y las empresas también dicen lo mismo, hemos visto acá que
en ningún caso la multa es importante para el presupuesto del organismo regulador, por ello, menos
genera un incentivo perverso. Entonces, considero que al contrario, lo que debería suceder es que las
multas queden para el sector regulado.
Finalmente, con relación a los saldos de balance, en SUNASS nos hemos visto forzados a tener saldos de
balance en previsión de que el presupuesto del siguiente año nos quede desfinanciado. Muchas de las
acciones importantes de los últimos años se han logrado hacer gracias a la cooperación internacional,
de ONGs interesadas en los pagos por servicios ambientales y de organismos multilaterales como el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y en Banco
Mundial (BM).
Como decía anteriormente, parte de la institucionalidad es darles recursos a los organismos reguladores.
Yo creo que en el caso específico de las multas, más razonabilidad tiene que se empleen en difusión
de información para los usuarios, en los consejos de usuarios propiamente dichos y en la solución de
reclamos y apelaciones. Esto hace más lógico que el ingreso por multas termine en el tesoro público.

Coloquios CENTRUM Futuro
El presente proyecto de la Colección CENTRUM Futuro presenta este
segundo tomo sobre la Institucionalidad de Organismos Reguladores,
Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial. Este trabajo
desarrollado por CENTRUM Futuro está alineado a la visión a 2024 de
CENTRUM Católica Graduate Business School de ser una organización
modelo por su excelencia en investigación, por los valores inculcados en
nuestros estudiantes, y por nuestra contribución al desarrollo de
prácticas gerenciales éticas en la sociedad.
Un coloquio es una oportunidad de poner a discusión un tema
estructural para el desarrollo de la competitividad del país, con un panel
técnico y experto en el tema abordado. El tópico de cada producto
editorial de CENTRUM Coloquios es un tema de interés nacional. Los
coloquios buscan tener un impacto en la opinión pública, y que estos
productos editoriales sean insumo en el proceso de toma de decisiones
de nuestros líderes nacionales.
Pretendemos con estos coloquios difundir el conocimiento y propiciar el
intercambio de puntos de vista entre la academia de CENTRUM Católica,
la academia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y
expertos profesionales en las áreas propuestas. Este insumo generará un
impacto en el público objetivo nacional por cada uno de los temas de
agenda, siguiendo los pilares del Índice de Competitividad Regional del
Perú desarrollado por nuestra escuela de negocios.

En este volumen están las exposiciones que hiciera un grupo de
especialistas en regulación económica, entre presidentes de organismos
reguladores, destacados académicos y representantes del sector privado a
propósito de las siguientes interrogantes: ¿Qué se puede hacer para
mejorar la institucionalidad regulatoria y en particular, en lo que se refiere
al nombramiento de altos funcionarios de los organismos reguladores?
¿Qué mecanismos se pueden emplear para que el Poder Ejecutivo pueda
completar a tiempo los Consejos Directivos y los Tribunales de estos
organismos reguladores? ¿Cómo deberían financiarse los organismos
reguladores? ¿Cuáles son los pros y contras de que se financien con
presupuesto ordinario proveniente del tesoro público? ¿Cómo deberían
determinarse las multas y los aportes de regulación para que el sector
privado sienta que no está pagando un impuesto encubierto? ¿Cómo se
puede garantizar que estos recursos financieros no se empleen en usos
distintos a lo que están destinados?
Participaron en este coloquio Santiago Dávila, Director del Centro de
Competencia y Regulación de CENTRUM Católica, quien fue el moderador
y como expositores José Távara, Profesor Principal y Director Académico de
Economía de la PUCP; Hebert Tassano, Presidente del Consejo Directivo
del Indecopi; Hugo Gómez, Presidente del Consejo Directivo del OEFA;
Jesús Tamayo, Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin; Fernando
Momiy, Presidente del Consejo Directivo SUNASS y Eduardo Quintana,
Socio del Estudio Bullard.
A poco tiempo de concluirse un periodo de gobierno caracterizado
por la creación de nuevos organismos supervisores y fiscalizadores de
la actividad empresarial y de la promulgación de una considerable
cantidad de nuevas regulaciones, esta publicación contribuirá al
debate de propuestas económicas para el nuevo gobierno respecto a
cómo mejorar la institucionalidad regulatoria y el desempeño de los
negocios regulados.