Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial - Coloquios

Santiago Dávila
Director del Centro de Competencia
y Regulación de CENTRUM Católica
Presentación
Tanto el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF) como el del IMD
de Suiza indicaron que el Perú tiene un serio déficit de inversión y satisfacción en los
sectores de infraestructura y servicios públicos. Según cifras de la Asociación para el
Fomento de la Inversión en Infraestructura, AFIN (2015), la brecha de infraestructura en
el Perú para el periodo 2016-2025 asciende a US$ 159,549 millones de dólares.
El Índice de Competitividad del World Economic Forum mide la calidad de la
infraestructura del transporte (puertos, aeropuertos, entre otros) y de infraestructura de
electricidad y telecomunicaciones. En el indicador compuesto de ambas infraestructuras,
el Perú ocupó el puesto 89 de 140 países. Este indicador del WEF coincide con el Índice de
Competitividad del IMD, que situó al Perú en el último lugar de una muestra de 60 países
en cuanto al Pilar Infraestructura.
¿Qué es lo que ha pasado? Este resultado hay que leerlo en combinación con otros
indicadores de competitividad, como el que mide el nivel de institucionalidad del país,
en donde el Perú también aparece en un puesto muy bajo (116 de 140 países en el Índice
WEF). Y es que la institucionalidad de los organismos reguladores, es decir su autonomía
e independencia respecto al Poder Ejecutivo y a las empresas que regulan, es un factor
imprescindible para atraer inversiones.
Sin embargo, desde el 2006 lo que se observó, es un debilitamiento constante de la
institucionalidad de estos organismos reguladores, fiscalizadores y supervisores de la
actividad empresarial.
Desde esa fecha hasta la actualidad, y tomando como ejemplo solo el caso de los organismos
reguladores de servicios públicos, se observó que operan con consejos directivos
incompletos y que tienen tribunales de resolución de controversias inoperativos desde
hace varios años, sencillamente porque el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de nombrar a
sus miembros.
En otros casos, en donde sí se han efectuado nombramientos, estos se han hecho de
forma tardía y/o privilegiando a personas allegadas al gobierno de turno o a funcionarios
públicos con escaso conocimiento previo en las materias de estos organismos.