Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial - Coloquios

24 | Institucionalidad de Organismos Reguladores, Fiscalizadores y Supervisores de la Actividad Empresarial
Es posible advertir que el “modus operandi” de la “regulación vía contrato” contrasta con los
mecanismos de la regulación convencional, los cuales se sujetan a estándares y procedimientos mucho
más transparentes, que incluyen audiencias públicas, obligación de publicar los proyectos normativos
con sus informes técnicos de sustento, de responder a consultas y observaciones, etc. En cambio,
los contratos de inversión se negocian entre cuatro paredes, con una opacidad muy alejada de los
estándares de transparencia con los que operan los reguladores.
Por último destaco el tema de la participación de los jueces en los procesos regulatorios. La revisión
judicial me parece fundamental en los sistemas de regulación, pues ofrece mecanismos de última
instancia para la defensa de derechos constitucionales. Es una garantía para los ciudadanos y para las
empresas, y evita que el Ejecutivo o el organismo regulador actúen arbitrariamente.
Sin embargo, la revisión judicial no puede invadir la función del regulador o interferir en sus funciones.
He sido testigo de casos en los cuales algunos jueces han venido dictando sentencias que ordenan la
aplicación de nuevos criterios y métodos para el cálculo de tarifas. Es inaudito que mediante sentencias
judiciales se establezcan criterios regulatorios distintos a los que aplica el organismo regulador, en base
a las normas del régimen general.
Como los reguladores están obligados a cumplir dichas sentencias judiciales, bajo responsabilidad
penal, al cumplirlas se crean regímenes ad hoc en beneficio de algunas empresas. Esto rompe los
principios de neutralidad y de no discriminación, y además genera incentivos para que las empresas
recurran con mayor frecuencia al poder judicial, con la finalidad de evadir e incumplir decisiones
regulatorias. La regulación se judicializa y se vuelve más opaca, con lo cual los riesgos de corrupción
inevitablemente se elevan.
La judicialización de las resoluciones regulatorias puede traer consigo que los organismos reguladores
se vean obligados a contratar más abogados, en remplazo de ingenieros y economistas. Saber cómo
operar en los pasillos del Poder Judicial será más importante que conocer los principios técnicos y
económicos de una regulación eficaz, orientada al desarrollo y al bienestar. La judicialización debilita
el sustento técnico y la racionabilidad de las decisiones desaparece, porque los jueces emiten sus
sentencias con mayor discrecionalidad, sin estar sujetos a los estándares de transparencia y rendición
de cuentas con los que operan los organismos reguladores.
Hebert Tassano
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi
Respecto al tema del nombramiento de los presidentes de los organismos reguladores
y de otras agencias, considero que por lo menos el último proceso de selección que se
ha realizado a través de una comisión independiente en la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) ha
sido adecuado. Ha sido un
procedimiento que no se
ha llevado mal. El éxito de esa elección han sido los
profesionales que se han elegido. Por lo tanto creo
que no hubo un manejo político en el tema.
Siempre el mecanismo puede mejorar, pero
podemos caer en hacer mecanismos más complejos
que luego hagan más difícil el nombramiento de
los presidentes de estos organismos y llegar a los
extremos que se pasaron para nombrar, por ejemplo,
al Defensor del Pueblo o a los magistrados del
Tribunal Constitucional, que nombra el Congreso
“La reforma de SERVIR es
una de las más importantes
que ha emprendido el Estado
en los últimos años y es
necesaria para modernizarse
y poder avanzar al ritmo de
un país desarrollado”.