Situación de derechos humanos en Honduras

Capítulo 3 Respuesta Estatal | 123
del polígrafo, no se les entregan los resultados, convirtiéndose dicha prueba en un
elemento de inseguridad para los jueces y juezas en el caso que “no se porten
bien”.
299. Según organizaciones de la sociedad civil, frente al reglamento se habría
presentado un recurso cuestionando que se apliquen sanciones disciplinarias con
fundamento en un reglamento y no en la ley en contravención con el artículo 317
de la Constitución, que establece que los jueces y magistrados no podrán ser
separados, suspendidos, trasladados, descendidos ni jubilados, sino por causas y
con las garantías previstas en la Ley 416 . A la fecha de aprobación de este informe,
dicho recurso estaría en trámite.
300. Por otro lado, la Comisión recibió información sobre otros medios posibles de
presión a las labores de las y los operadores de justicia. Durante la visita varios
operadores de justicia denunciaron el uso del delito de “prevaricato” por parte de
fiscales con el objetivo de amedrentar a jueces por emitir decisiones contrarias a
sus intereses. Efectivamente, mediante Decreto 56-2013 417 , se reformó el Código
Procesal Penal en el sentido de establecer la prisión preventiva obligatoria como
medida de aseguramiento para un catálogo de 21 delitos, entre los que se
encuentra el delito de prevaricato. Con lo cual, la privación de libertad de una
persona señalada de cometer alguno de estos delitos dependerá solamente de la
calificación del tipo que haga la fiscalía. La Comisión nota con preocupación que
varios jueces expresaron su temor a ser objeto de este tipo de persecución
penal 418 .
301. En la visita también se expresó preocupación por las amenazas de implementación
de montajes de procesos disciplinarios que se realizarían contra jueces y juezas
con el objetivo de atemorizarles y manipular sus decisiones. Al respecto, un
abogado litigante en San Pedro Sula ejemplificó que al comentar a un juez que
presentaría un peritaje de psiquiatría forense para modificar el régimen de prisión
preventiva solicitado por la Fiscalía, el propio juez le respondió: “te voy a hablar
claro, yo como juez penal si te doy un sobreseimiento a esa muchacha, al día
siguiente estoy despedido”.
302. A la luz de los anteriores hallazgos, la Comisión observa con preocupación que
operadoras y operadores de justicia continuarían siendo separados de sus cargos
sin la observancia de las garantías del debido proceso que los Estados están
llamados a observar en los procedimientos de carácter sancionatorio. Inclusive, la
Comisión advierte que a través del proceso de depuración, las y los operadores de
justicia se encontrarían siendo objeto de represalias o amedrentamiento como
consecuencia de la decisiones que adoptan en los casos que son de su
conocimiento.
416
417
418
Artículo 317 de la Constitución de Honduras.
Dicho Decreto de fecha 25 de abril de 2013 entró en vigor el 17 de mayo de 2013.
La CIDH fue informada que el decreto 56-2013 habría sido materia de impugnación a través de un recurso de
inconstitucionalidad presentado por la Asociación de Jueces por la Democracia el 27 de mayo de 2014. A la
fecha de aprobación del presente informe, dicho recurso no habría sido resuelto.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH