Situación de derechos humanos en Honduras

170 | Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras
relacionadas a la raza contribuyen a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. En
ocasiones estas actitudes motivan actos de violencia, tanto al contribuir con las
percepciones estereotipadas y discriminatorias contra los pueblos indígenas y
afrodescendientes. En otras ocasiones, estas actitudes se manifiestan a través de
las respuestas desdeñosas de las autoridades estatales y en la sociedad en general,
y en las omisiones al momento de prestar ayuda cuando es requerida, lo que hace
que los pueblos indígenas sean más vulnerables y por tanto, más susceptibles a
convertirse en potenciales víctimas.
421. Asimismo, la CIDH recibió información preocupante sobre el impacto de algunas
situaciones en la profundización de la situación de pobreza de estas comunidades.
Por ejemplo, la Comunidad Garífuna de Santa Rosa indicó que debido al trabajo de
empresarios que cultivan la palma africana en el Departamento de Colón, se
cambió el curso del río Aguán, lo cual habría tenido consecuencias devastadoras en
su medio ambiente, y en su acceso al agua, dada la alta salinización de la misma, en
colusión con las autoridades locales 580 . Asimismo, miembros de la Comunidad de
Nueva Armenia manifestaron haber sido víctimas de extorsión, y que les habrían
quemado varias de sus casas. Miembros de la comunidad de Cristals indicaron la
destrucción de su servicio de agua que ancestralmente tenía la comunidad
presuntamente por parte de la autoridad local. La CIDH exhorta al Estado a
investigar estas denuncias y determinar, en su caso, las responsabilidades
correspondientes.
422. Durante la visita, la Comisión ingresó a la comunidad indígena de San Juan y
comprobó el estado calamitoso de las calles de acceso. “En verano viene una
aplanadora porque vienen turistas y le arreglan la calle a ellos, pero luego se
vuelve a dañar”, comentó un joven garífuna a la delegación.
423. La Comisión visitó el centro de salud de dicha comunidad, que no tiene médico
sino un residente local con conocimientos de enfermería. Interrogada al respecto,
una mujer garífuna explicó a la CIDH: “aquí no hay médico ni hay medicinas. Si una
se enferma grave, hay que ir hasta Tela en taxi, y cuesta unas 100 lempiras o más”.
De otro lado, vecinos de la Colonia D’Antoni manifestaron su preocupación por la
presunta contaminación continua de residuos hospitalarios por parte del Hospital
Regional Atlántida, que afecta a la población.
424. Las organizaciones de la sociedad civil indicaron que no existe legislación o
reglamentación que hagan efectivos los derechos reconocidos en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado desde 1994.
Denunciaron que la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), “ha
colocado al pueblo Garífuna en un peligro inminente de ser expulsado de la costa
norte de Honduras” 581 . Así, alegan que esta ley contempla la creación de “ciudades
modelo”, y que cinco de ellas abarcan comunidades Garífuna, las cuales no habrían
sido consultadas al respecto. El Estado, por su parte, informó a la CIDH durante la
visita que “reconoce el derecho de los grupos étnicos a la protección y tenencia de
580
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Reunión con organizaciones de la sociedad civil, La Ceiba, 2 de diciembre de 2014.
Ver Decretos Nro. 236-2012 ratificado por el Decreto 9-2013, mediante los cuales se reformó la Constitución
de la República y se crearon las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE).
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