Autoridades

El Consejo rinde cuentas
164 Informe de gestión 2016
El Comité recomienda difundir CEDAW entre las partes interesadas para generar conciencia
de los derechos humanos de las mujeres, alentar a que los jueces, abogados
y funcionarios apliquen e invoquen a la CEDAW, y concientizar a las mujeres sobre
sus derechos dirigiéndose a grupos de mujeres que sufren múltiples discriminaciones,
como las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres que viven en zonas rurales
y remotas, las mujeres con discapacidad y las mujeres adultas mayores.
Marco legislativo
El Comité nota que el Estado ha aprobado una legislación clave para la promoción
de la igualdad sustantiva de mujeres y varones. Su preocupación recae en la falta
disposiciones legislativas en lo referente a la discriminación contra la mujer en áreas
como la participación en la vida política y pública, educación, empleo, salud, vivienda
y acceso a la tierra y en los desafíos a los que se enfrenta el Estado en la aplicar la
CEDAW en materias que están bajo la jurisdicción de las provincias, como la educación
y la salud.
El Comité recomienda identificar áreas donde la legislación a nivel provincial discrepan
con las obligaciones del Estado con la priorizando la igualdad de acceso de la
mujer a la educación ya los servicios de salud. Sugiere establecer mecanismo de rendición
de cuentas para supervisar la legislación y asignar recursos para esta tarea y
concientizar a las autoridades públicas provinciales sobre los derechos que consagra
la CEDAW y fortalecer la asignación de recursos para programas nacionales de igualdad
entre mujeres y varones.
Acceso a la justicia y mecanismos de reclamación legal
El Comité celebra la creación del Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de
Violencia de Género del Ministerio de Justicia, la creación de los Centros de Acceso
a la Justicia (CAJ) y la creación de unidades especializadas (ATAJOS) en el Servicio
Público de Asistencia Jurídica. No obstante, el Comité expresa su preocupación por
las barreras institucionales, procesales y prácticas a las que se enfrentan las mujeres
para acceder a la justicia, como los estereotipos discriminatorios, los prejuicios judiciales
y los limitados conocimientos sobre los derechos de las mujeres entre la
judicatura y la policía, el uso de la mediación en casos de violencia de género contra
la mujer, el acceso limitado a la asistencia letrada y a los intérpretes de lenguas indígenas,
y la largas distancias a los tribunales de las zonas rurales y remotas. También
le preocupa el poco acceso de la mujer a la información sobre sus derechos, sobre los
recursos jurídicos disponibles para las mujeres víctimas de violencia de género.
Sobre el acceso de las mujeres a la justicia, recomienda realizar capacitaciones sistémicas
y obligatorias sobre los derechos de las mujeres y la Ley 26.485 a distintos
profesionales de la justicia, fortalecer a la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema en
su papel de vigilar el respeto de la igualdad de género en la labor del poder judicial,
velar porque no se apliquen los procedimientos de mediación y garantizar que las
víctimas tengan acceso a recursos eficaces, asegurar que las víctimas tengan acceso
a información sobre recursos jurídicos incluso en las lenguas indígenas y en los formatos
accesibles para las mujeres con discapacidad, introducir un sistema de tribunales
móviles para mujeres rurales, velar por que los ATAJOS proporcionen asistencia