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al de la Organización de los Estados Americanos de 1999, fue
adherida por Bolivia el 27 de febrero de 2003; por Chile el 4
de diciembre de 2001; en Colombia el 4 de diciembre de 2003;
en Ecuador el 1 de marzo de 2004 y en Perú el 10 de julio de
2001 (OAS, s.f, en línea). Estas normas están basadas en que
toda persona tiene el derecho a la igualdad ante la ley, a no
ser discriminado, a la igualdad de oportunidades, a una vida
independiente, a la integración total, y a la seguridad, conjunto
de preceptos fundamentales que las normas internas de cada
país pretenden desarrollar.
Que, a nivel regional los Países Andinos han aprobado diferentes
normas para el goce y ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad. Bolivia cuenta con la Ley No. 223 de 2012
“Ley General para Personas con Discapacidad”; Chile promulgó
la Ley No. 20422 de 2010, que “Establece Normas sobre Igualdad
de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con
Discapacidad”; Colombia expidió la Ley Estatutaria No. 1618 de
2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad”; Ecuador en el 2012 aprobó la Ley Orgánica de
Discapacidades; y Perú promulgó la Ley No. 29973 de 2012 “Ley
General de la persona con Discapacidad”;
Que, a pesar de esta multiplicidad de normas, los ciudadanos
con discapacidad de la Comunidad Andina todavía son sujeto
de discriminación, por lo tanto, se hace necesario expedir un
marco normativo que unifique el trato inclusivo para este grupo
de personas en los países de la región, encaminándolos a la
aplicación general de los preceptos mundiales establecidos por
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
de las Naciones Unidas, la cual es la base de la política
mundial de discapacidad.
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