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14 Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional — Vol. XXXII: 2001
de convención y el proyecto de convenio del Unidroit (véanse
los párrafos 190 a 194).
72. Se expresó también la inquietud de que la segunda oración
del párrafo 2 tal vez no lograra su propósito de garantizar
que, si el proyecto de convención no se aplicaba a los
derechos y obligaciones de un deudor, ello no obstaría para
que el Convenio de Ottawa se aplicara en lo referente a los
derechos y obligaciones de ese deudor. A fin de evitar ese
problema, se sugirió sustituir esa oración por la siguiente:
“Si la presente Convención no es aplicable a los derechos
y obligaciones de un deudor, no impedirá que se aplique
el Convenio de Ottawa en lo referente a los derechos y
obligaciones de ese deudor.”
Esa sugerencia recibió el apoyo suficiente.
73. En el debate se sugirió que en el comentario se indicara
que diversos reglamentos y directrices de organizaciones regionales
debían considerarse acuerdos internacionales a los
efectos del proyecto de artículo 38. Esta sugerencia fue objeto
de críticas. Concretamente se dijo que con ello se corría
el riesgo de socavar la eficacia del proceso legislativo internacional
en general y del proyecto de convención en particular.
Se observó también que, por esa razón, las obligaciones
entre miembros de diversas organizaciones regionales no
deberían obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de textos legislativos multilaterales. Además, se
señaló que el propósito del comentario no era abordar una
cuestión que, en todo caso, debía quedar en manos de los
tribunales. Asimismo, se dijo que en vista del gran número
de reglamentos o directrices regionales, sería imposible examinar
todos esos textos.
74. A reserva de los cambios mencionados supra (véanse
los párrafos 71 y 72) y de sus posteriores deliberaciones sobre
la relación entre el proyecto de convención y el proyecto
de convenio del Unidroit, la Comisión aprobó el contenido
del proyecto de artículo 38 y lo remitió al grupo de redacción
(véanse los párrafos 190 a 194).
Artículo 39. Declaración sobre la aplicación
del capítulo V
75. El texto del proyecto de artículo 39 examinado por la
Comisión era el siguiente:
“Todo Estado podrá declarar en cualquier momento que
no estará vinculado por el capítulo V.”
76. La Comisión aprobó sin cambios el contenido del proyecto
de artículo 39 y lo remitió al grupo de redacción.
Artículo 40. Limitaciones relativas al Estado
y a otras personas o entidades públicas
77. El texto del proyecto de artículo 40 examinado por la
Comisión era el siguiente:
“Todo Estado Parte podrá declarar en cualquier momento
que no quedará vinculado o en qué condiciones
no quedará vinculado por lo dispuesto en los artículos 11
y 12 en caso de que el deudor o toda persona que otorgue
una garantía personal o real del pago del crédito cedido
estén situados en el territorio de ese Estado en el momento
de celebrarse el contrato originario, y el deudor o esa
persona sean una entidad pública, ya sea de la administra-
ción central o local, o cualquier subdivisión de la misma,
o una entidad constituida con fines públicos. De efectuar
un Estado esa declaración, lo dispuesto en los artículos 11
y 12 de la presente Convención no será aplicable a los
derechos y obligaciones de ese deudor o de esa persona.
Todo Estado podrá enumerar en una declaración los tipos
de entidades que sean objeto de la declaración.”
78. La Comisión aprobó sin cambios el contenido del proyecto
de artículo 40 y lo remitió al grupo de redacción.
Artículo 41. Otras exclusiones
79. El texto del proyecto de artículo 41 examinado por la
Comisión era el siguiente:
“[1. Todo Estado podrá declarar en cualquier momento
que no aplicará la presente Convención a los tipos de cesión
o a la cesión de categorías de créditos que se enumeren
en una declaración. De ser ése el caso, la Convención
no será aplicable a esos tipos de cesión o a la cesión de
esas categorías de créditos si, en el momento de celebración
del contrato de cesión, el cedente está situado en ese
Estado o si, con respecto a las disposiciones de la presente
Convención que regulen los derechos y obligaciones del
deudor, el deudor está situado en ese Estado en el momento
de celebración del contrato originario o la ley que rige
el contrato originario es la ley de ese Estado.
“2. Una vez que surta efecto una declaración hecha en
virtud del párrafo 1 del presente artículo:
“a) La Convención no será aplicable a esos tipos de
cesión o a la cesión de esas categorías de créditos si, en
el momento de la celebración del contrato de cesión, el
cedente está situado en ese Estado; y
“b) Las disposiciones de la Convención que afecten a
los derechos y obligaciones del deudor no serán aplicables
si, en el momento de celebración del contrato originario,
el deudor está situado en ese Estado o la ley que rige el
crédito es la ley de ese Estado.]”
80. Se observó que tanto el proyecto de artículo 41, en el
que se establecía el efecto de una declaración, como el párrafo
4 del proyecto de artículo 4, que permitía que un Estado
hiciera esa declaración, figuraban entre corchetes, dado que
el Grupo de Trabajo no había podido llegar a un acuerdo
sobre esas disposiciones.
81. Se reiteraron las opiniones que se habían expresado
en el último período de sesiones del Grupo de Trabajo tanto
a favor como en contra del mantenimiento del proyecto
de artículo 41 (véase el documento A/CN.9/486, párrs. 115
a 118). Por un lado, se subrayó la conveniencia de mantener
el proyecto de artículo 41 en el texto a fin de darle la flexibilidad
necesaria para que los Estados ajustaran el ámbito
de aplicación del proyecto de convención a sus necesidades,
excluyendo prácticas actuales distintas de las excluidas en
el proyecto de artículo 4, y prácticas futuras para las cuales
el proyecto de convención tal vez no resultara adecuado y
que no podían preverse en el momento actual. Se subrayó en
particular que, incluso si el proyecto de artículo 4 abarcara
todas las prácticas actuales que debían excluirse, el proyecto
de artículo 41 seguiría siendo necesario para garantizar flexibilidad
ante las prácticas que pudieran surgir en el futuro. Se
mencionó el ejemplo de las garantías sobre bienes inmateriales
para hacer hincapié en la necesidad de adoptar criterios