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22 Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional — Vol. XXXII: 2001
los documentos que daban fe de contratos financieros). Otro
motivo de inquietud era que la referencia a “en [su] poder”
podía abarcar incluso derechos no derivados del título. A la
luz de esas preocupaciones se hicieron varias sugerencias, en
particular la de hacer referencia a “títulos transferibles por
simple entrega o por entrega y endoso” o a “títulos transferibles
mediante negociación”.
133. Sin embargo, también hubo objeciones sobre esas sugerencias.
En general, se estimaba preferible adoptar el texto
mencionado en el párrafo 126 supra con ligeras modificaciones
para que dijera lo siguiente: “La presente Convención no
afectará a los derechos y obligaciones que tenga una persona
en virtud de la legislación que rige los títulos negociables”.
Se afirmó que “la legislación que rige los títulos negociables”
era un concepto más amplio que “la legislación sobre
los títulos negociables” e incluiría la legislación relativa a la
pignoración de títulos negociables. A reserva de la supresión
del apartado b) del párrafo 1 y de la inclusión, en el proyecto
de artículo 4, de un nuevo párrafo del tenor del texto recién
citado, la Comisión aprobó el párrafo 1 y lo remitió al grupo
de redacción.
Párrafo 2
134. Se afirmó que los apartados a) y b) excluían debidamente,
entre otras cosas, las operaciones con divisas. Sin
embargo, se expresó preocupación por la posibilidad de que
ello no bastase para excluir todas las operaciones con divisas,
dado que dichas operaciones podían realizarse fuera de
un marco cambiario reglamentado o al margen de un acuerdo
de compensación global por saldos netos. A fin de paliar
esa inquietud, se sugirió que las operaciones con divisas se
excluyeran específicamente del ámbito de aplicación del proyecto
de convención. Esa propuesta recibió amplio apoyo.
135. En cuanto al apartado d) se expresaron varias preocupaciones.
Una de ellas consistía en que la referencia a “valores
bursátiles” era demasiado restrictiva, lo que daba lugar a
que las cuestiones de prelación con respecto a ciertos tipos
de valores podrían no estar sujetas al criterio del lugar del
intermediario pertinente (PRIMA), a favor del cual estaba
surgiendo un consenso, como lo indicaba el texto en curso
de preparación por la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado. Se afirmó que tal resultado podría
perturbar los mercados de valores y supondría una duplicación
del texto que estaba preparando la Conferencia de La
Haya. A fin de atender a esa preocupación, los expertos de la
Conferencia de La Haya sugirieron que la exclusión se centrara
en el criterio de tenencia indirecta. En ese mismo sentido,
se sugirió que la exclusión se ampliara haciendo referencia
a “valores u otros activos o instrumentos financieros” en
la medida en que el tenedor de éstos fuese un intermediario.
Esa propuesta recibió un apoyo suficiente entre los miembros
de la Comisión. También mereció apoyo en el seno de
la Comisión la propuesta de complementar la referencia a
“sistemas de liquidación” añadiendo en el apartado d) una
referencia a “sistemas de compensación”.
136. Se acordó asimismo añadir, también en el apartado
f), una referencia a “valores u otros activos o instrumentos
financieros en poder de un intermediario”. Además, se
convino en que en el apartado f) también se excluyeran las
transferencias de derechos respecto de valores. A reserva de
esos cambios, la Comisión aprobó el párrafo 2 y lo remitió al
grupo de redacción (véanse los párrafos 134 a 136).
Párrafo 3
137. Con respecto al apartado a) se expresaron varias inquietudes.
Una de ellas fue que ese apartado no resolvía una
cuestión que planteaba grandes problemas en algunos ordenamientos
jurídicos, a saber, si el pago de alquiler constituía
un bien mueble o un bien inmueble. A este respecto se sugirió
que el apartado a) se modificara en los siguientes términos:
“La presente Convención no será aplicable a la cesión
de un crédito relacionado con tierras situadas en un Estado
en el que un derecho real sobre tierras confiera un derecho a
ese crédito”. Como objeción a esa sugerencia se indicó que,
habida cuenta de que en la mayoría de los ordenamientos
un derecho real sobre un bien raíz confería un derecho a sus
“frutos”, quedarían excluidos todos los créditos relacionados
con tierras, lo que entrañaría cambiar radicalmente el criterio
seguido en el párrafo 3. Se respondió que la sugerencia no
tenía por objeto modificar ese criterio, que consistía en evitar
que los mercados inmobiliarios resultaran perjudicados. No
obstante, se reconoció que ese problema únicamente surgía
en algunos ordenamientos y que éstos podían hacer uso del
mecanismo de declaraciones de exclusión, que se debería
mantener.
138. Otra inquietud fue que la formulación que tenía a la
sazón el párrafo 3 tal vez no era suficientemente clara e incluso
podía plantear problemas de interpretación. Para evitarlo,
se sugirió que se modificara del modo siguiente: “Cuando la
cesión de un crédito confiera un derecho sobre tierras a un
cesionario, nada de lo dispuesto en la presente Convención
impedirá la aplicación a ese derecho de la legislación nacional
del Estado en que estén situadas las tierras”. Esa sugerencia
también fue rechazada. Se argumentó que daba lugar
a la inversión del elemento que desencadenaba la aplicación
del apartado a). Se observó también que no quedaba claro
qué ley regía un conflicto de prelación entre un cesionario y
el titular de un derecho real sobre un bien raíz que abarcara
los créditos derivados de la venta o del arrendamiento del
bien. En lo que respecta a la redacción del texto, se sugirió
que en inglés se sustituyera la expresión “real estate” por
“real property” o “land”, quedando entendido que abarcaría
las tierras y las edificaciones construidas en ellas. Se sugirió
también que en el apartado b) se hablara de eficacia jurídica
y no de legitimación.
139. En un último esfuerzo por aclarar el sentido del párrafo
3, y atender a las inquietudes expresadas con respecto
al nuevo enunciado propuesto, se propuso que el párrafo tuviera
el siguiente tenor:
“Nada de lo dispuesto en la presente Convención:
“a) Afectará a la aplicación de la ley de un Estado en
el que se hallen tierras ni:
“i) Al derecho sobre esas tierras cuando en virtud
de esa ley la cesión de un crédito confiera
tal derecho; o
“ii) A la determinación de la prelación de un derecho
sobre un crédito cuando en virtud de
esa ley un derecho sobre las tierras confiera
el derecho al crédito; o