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mas que deberían satisfacerse para dar un apoyo apropiado
al proceso de la firma electrónica.
227. Tras un debate, la Comisión decidió mantener sin
cambios el contenido del apartado f) del párrafo 1 del artículo
9.
Párrafo 2
228. Se formuló la propuesta (basada en una propuesta
recogida en el documento A/CN.9/492/Add.2) de que se
enmendara el párrafo 2 del artículo 9 para ajustarlo a los
cambios que ya se habían convenido respecto del párrafo 2
del artículo 8 y de que se añadiera al párrafo 2 del artículo 9
una frase introductoria que reconociera las limitaciones de
responsabilidad enunciadas en los incisos ii) y iv) del apartado
d) del párrafo 1 del artículo 9. Se propuso el siguiente
texto para el párrafo 2: “A reserva de las limitaciones enunciadas
en el apartado d) del párrafo 1, serán de cargo del
prestador de servicios de certificación las consecuencias
jurídicas que entrañe el hecho de no haber cumplido lo dispuesto
en el párrafo 1”.
229. La propuesta de agregar palabras introductorias al párrafo
2 del artículo 9 se basaba en la preocupación que se había
expresado acerca de si, en el marco del texto del proyecto
de artículo, quedaba claro que las limitaciones a que se hacía
referencia en los incisos ii) y iv) del apartado d) del párrafo 1
modificarían la responsabilidad en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 2 del artículo 9.
230. Respecto de la primera cuestión, prevaleció ampliamente
la opinión de que el párrafo 2 del artículo 9 debería
redactarse de forma idéntica a la que se había convenido respecto
del párrafo 2 del artículo 8, es decir, que fueran de cargo
del prestador de servicios de certificación las consecuencias
jurídicas que entrañara el hecho de no haber cumplido
los requisitos enunciados en el párrafo 1. En lo referente a la
propuesta de añadir una frase introductoria al párrafo 2 del
artículo 9, hubo amplio consenso en que el texto propuesto
no era necesario. Se afirmó que, dado que las limitaciones
enunciadas en los incisos ii) y iv) del apartado d) del párrafo
1 se incorporarían a la legislación nacional de todo Estado
que adoptara la ley modelo, esas limitaciones formarían
parte del régimen jurídico que regulara las consecuencias
que entrañara el hecho de que el prestador de servicios de
certificación no hubiera cumplido lo dispuesto en el párrafo
1. Atendiendo a ello, y sobre la base de la formulación
general de la enmienda convenida del párrafo 2 del artículo
9, se opinó que las limitaciones a las que se aludía en el
apartado d) del párrafo 1 se habían tomado suficientemente
en cuenta y que el texto suplementario era por ello innecesario.
Se propuso que, para facilitar la comprensión de esas
disposiciones de la ley modelo, debería especificarse claramente
en la guía para la incorporación al derecho interno que
la intención del párrafo 2 del artículo 8 y del párrafo 2 del
artículo 9 era que el derecho nacional aplicable determinara
las consecuencias jurídicas que entrañara el hecho de no
haber cumplido las obligaciones enunciadas en esos artículos.
La Comisión decidió adoptar la parte de la propuesta
que ajustaría el texto del párrafo 2 del artículo 9 al párrafo
2 del artículo 8 y la remitió al grupo de redacción (sobre
los debates relativos al párrafo 2 del artículo 8, véanse los
párrafos 219 a 221 supra).
Primera parte. Informe de la Comisión sobre su período de sesiones anual 37
Proyecto de artículo 10
231. Se formuló la propuesta (véase el documento A/
CN.9/492/Add.2) de modificar las palabras iniciales del proyecto
de artículo 10 para que dijeran:
“A los efectos del apartado f) del párrafo 1 del artículo
9, para determinar si los sistemas, procedimientos o
recursos humanos utilizados por un prestador de servicios
de certificación son fiables, y en qué medida lo son, podrán
tenerse en cuenta los factores siguientes, si se aplican
en la práctica comercial para el nivel de servicio prestado
y en la medida en que generalmente se aplican, y si las
partes que confían en el certificado confían en ellos.”
La razón aducida para la propuesta era que las normas enunciadas
en el actual proyecto de artículo 10 iban mucho más
allá de las prácticas realmente seguidas en los servicios que
actualmente se prestan.
232. Si bien se expresó cierto apoyo en favor de la propuesta,
la opinión mayoritaria fue que la finalidad del proyecto
de artículo 10 no era imponer una lista taxativa de normas
estrictas a las que debían ajustarse los prestadores de servicios
de certificación en todas las circunstancias, sino simplemente
enunciar una lista de factores indicativos que podían
tenerse en cuenta para evaluar si el prestador de servicios
de certificación había utilizado “sistemas, procedimientos o
recursos humanos fiables al prestar sus servicios”. Se opinó
en general que el carácter indicativo y no imperativo del proyecto
de artículo 10 quedaba suficientemente reflejado en las
palabras “podrán tenerse en cuenta los factores siguientes”.
Tras un debate, la Comisión decidió mantener las palabras
iniciales del proyecto de artículo 10 tal como estaban redactadas
y remitió la cuestión al grupo de redacción.
Apartado f)
233. Se presentó una propuesta (véase A/CN.9/492) de
enmendar el apartado f) del artículo 10 para que dijera lo
siguiente: “La existencia de una declaración del Estado, de
un órgano de acreditación o de una auditoría independiente,
respecto del cumplimiento o la existencia de los factores que
anteceden”.
234. Los autores de la enmienda propuesta la consideraban
apropiada, especialmente cuando se tratase de países en
desarrollo, que tal vez dispusiesen de recursos más limitados
para el establecimiento de órganos de acreditación tales
como prestadores de servicios de certificación y que de este
modo podrían encomendar esa función a una auditoría independiente.
Hubo una fuerte oposición a la propuesta de suprimir
la referencia a situaciones en que el propio prestador
de servicios de certificación hiciese una declaración con respecto
al cumplimiento de los factores enumerados en el proyecto
de artículo 10, por ejemplo una declaración sobre las
prácticas de certificación. Se señaló que en muchos países
esas declaraciones por parte de los propios prestadores de
servicios de certificación eran fundamentales para el desarrollo
de la práctica del comercio electrónico. No hubo reparos
en que se agregara una referencia a situaciones en que las
auditorías independientes hiciesen una declaración en virtud
del apartado f) del proyecto de artículo 10. No obstante, tras
un debate, se estimó en general que tal referencia era innecesaria,
dado que la posible intervención de una auditoría
independiente ya quedaba englobada por la referencia a “un