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Primera parte. Informe de la Comisión sobre su período de sesiones anual 23
“b) Legitimará la adquisición de un derecho sobre tierras
que no esté permitida por la ley del Estado en que se
hallen las tierras.”
140. Esa propuesta contó con amplio apoyo. Se indicó que
el texto propuesto era compatible con la idea fundamental
del párrafo 3 de evitar la exclusión de la cesión de créditos
relacionados con tierras y, al mismo tiempo, amparar ciertos
derechos. En virtud del apartado a), la prelación con respecto
a alquileres o hipotecas se regiría por la ley del Estado
en que el bien raíz estuviera situado, en tanto que en virtud
del apartado b) el proyecto de convención no invalidaría
prohibiciones legales relativas a la adquisición de derechos
sobre bienes raíces. Tras el debate, la Comisión aprobó el
texto propuesto para que sustituyera el enunciado que tenía
el párrafo 3 y lo remitió al grupo de redacción. También se
convino en que los términos “tierras” o “bienes raíces” se
podían utilizar en la inteligencia de que comprendían tanto
las tierras como las edificaciones construidas en ellas, cuestión
que convendría aclarar en el comentario.
Párrafo 4 y proyecto de artículo 41
141. Recordando sus deliberaciones anteriores acerca del
proyecto de artículo 41 (véanse los párrafos 79 a 83 supra),
la Comisión se abocó a examinar las prácticas que pudiera
ser necesario excluir específicamente mediante declaraciones.
Se mencionaron varias prácticas, entre ellas las relativas
a los mercados de capital, los sistemas de liquidación entre
entidades que no fueran instituciones financieras, los créditos
relacionados con tierras y los créditos en forma de instrumentos
electrónicos. Si bien se reiteraron los argumentos
mencionados supra (véanse los párrafos 81 y 82) en favor
y en contra del proyecto de artículo 41 y del párrafo 4 del
proyecto de artículo 4, se consideró que esas disposiciones
podían mantenerse, siempre y cuando previeran exclusiones
concretas y limitadas.
142. Se propuso que el proyecto de artículo 41 se sustituyera
por un texto redactado en los siguientes términos:
“Todo Estado podrá declarar en cualquier momento que
no aplicará la presente Convención a los siguientes tipos
de cesiones:
“a) Cesiones de créditos nacidos a raíz de operaciones
con valores o en mercados de capital, cuando el cedente
esté situado en ese Estado;
“b) Cesiones de créditos originados en sistemas de
pago o compensación y liquidación, cuando los derechos
de los participantes en ese sistema se rijan por la ley de
ese Estado; y
“c) Las cesiones de créditos derivados del uso o la
ocupación de edificios o tierras situados en ese Estado,
cuando las tierras o los edificios estén situados en ese
Estado; y
“d) Las cesiones de créditos respaldados por un escrito
que se transfiere mediante inscripción en cuenta,
control de registros electrónicos, [o entrega], cuando i) el
deudor esté situado en ese Estado, en el caso de un crédito
transferido mediante inscripción en cuenta, ii) la persona
que ejerce el control esté situada en ese Estado, en el caso
de un crédito transferido mediante control de un registro
electrónico, [o iii) el escrito esté situado en ese Estado, en
el caso de un escrito que se transfiera mediante entrega].”
143. Se indicó que, tras la decisión de la Comisión de revisar
el párrafo 3 (véase el párrafo 140), el apartado c) del
texto propuesto ya no sería necesario. La Comisión expresó
su reconocimiento por los esfuerzos realizados para preparar
esa propuesta. No obstante, se expresaron varias inquietudes.
Una de ellas fue que las exclusiones estaban formuladas
en un sentido tan amplio que podían dar lugar, involuntariamente,
a la exclusión de lo fundamental del proyecto de
convención, a saber, la cesión de créditos comerciales. Se
señaló que con ese resultado se corría el riesgo de restar trascendencia
al proyecto de convención, que ya no sería más
que una ley modelo de distinto alcance según los Estados. Se
observó también que el apartado d), en particular, podía tener
el efecto de excluir el facturaje de los créditos comerciales
documentados por registros electrónicos. Se indicó que la referencia
que se hacía en el apartado a) a los “mercados de capital”
podía tener el mismo efecto, ya que la expresión abarcaría
todos los mercados públicos en que se reuniera capital
(incluida la bursatilización de créditos comerciales). Otro
problema planteado era el riesgo de que el texto propuesto
se entendiera como recomendación de exclusión de todas las
prácticas enumeradas, lo cual podía socavar la eficacia del
proyecto de convención. También se expresó inquietud por
el hecho de que el texto propuesto limitaba indebidamente la
capacidad de los Estados para excluir otras prácticas y no era
equilibrado al no permitir a los Estados incluir también otras
prácticas en el ámbito de aplicación del proyecto de convención.
A este argumento se respondió que la opinión predominante
en las deliberaciones era la de establecer exclusiones
concretas y que, si se hacía una propuesta, toda inclusión
debía regirse por la misma norma de especificidad.
144. En vista de las dificultades que se planteaban con respecto
al texto propuesto, se sugirió que se suprimiera el proyecto
de artículo 41 en la inteligencia de que el mecanismo
de revisión bastaba para hacer frente a los problemas que
se plantearan en el futuro. Sin embargo, se indicó que, si se
mantenía, habría que modificar el párrafo 1 para hacer referencia,
en una declaración, a exclusiones “concretas”, “descritas
claramente”, y que se debía añadir un tercer párrafo
con objeto de evitar que las cesiones de créditos comerciales
pudieran ser objeto de una declaración. Esa propuesta fue
apoyada. En cambio, no se apoyó la propuesta de que, antes
de efectuar declaraciones, los Estados debieran celebrar
consultas con todos los Estados signatarios y contratantes,
ya que se consideró que eso limitaría indebidamente la capacidad
de los Estados para hacer declaraciones. No obstante,
se convino en que en el comentario se mencionara la posibilidad
de celebrar consultas con Estados o con la secretaría.
Al mismo tiempo, hubo varias objeciones sobre el nuevo
enunciado propuesto para el proyecto de artículo 41. Una de
ellas fue que en el texto propuesto no se tenía en cuenta que
los Estados que no desearan aplicar el proyecto de convención
a los créditos comerciales se abstendrían de aprobarlo.
Otra objeción fue que en el texto propuesto no se atendía
a las inquietudes expresadas con respecto a ciertas prácticas
relacionadas con los créditos comerciales que pudiera
ser necesario excluir en el futuro (por ejemplo, los créditos
documentados por registros electrónicos). Para resolver esa
cuestión, se propuso que en el proyecto de artículo 41 se
añadiera un nuevo párrafo 4 redactado en los siguientes términos:
“Tras celebrar consultas con todos los Estados signatarios
y contratantes, todo Estado podrá declarar en cual-