Informe Raxen

I. Acción Internacional contra el Racismo,
la Xenofobia y la Intolerancia
1. Recaben, mantengan y hagan públicos datos fidedignos y
estadísticos lo suficientemente detallados acerca de delitos
de odio y manifestaciones violentas de intolerancia, incluido
el número de casos notificados a los organismos encargados
de la aplicación coercitiva de la ley, el número de juicios
incoados y las sentencias dictadas. En los casos en que las
leyes de protección de datos limiten la posibilidad de recoger
datos de las víctimas, los Estados han de estudiar la posibilidad
de emplear métodos de recogida de datos conforme a
tales leyes;
2. Si procede, promulguen leyes específicas y bien definidas
para luchar contra los delitos de odio, que contemplen medidas
punitivas efectivas que tengan en cuenta la gravedad de
tales delitos;
3. Tomen las medidas adecuadas para alentar a las víctimas
a que denuncien cualquier delito motivado por el odio, reconociendo
que al no denunciarse todos los delitos de odio
los Estados no pueden formular políticas eficientes. A ese
respecto, han de estudiar, como medidas complementarias,
métodos para facilitar una contribución de la sociedad civil a
la lucha contra los delitos de odio;
4. Introduzcan o sigan ampliando actividades de capacitación
profesional y fomento de las capacidades para funcionarios
policiales, fiscales y judiciales que se ocupen de los
delitos de odio;
5. Estudien, en cooperación con los entes pertinentes, modos
y maneras de proporcionar a las víctimas de delitos de odio
acceso al asesoramiento y la asistencia tanto jurídica como
consular, así como un acceso efectivo a la justicia;
6. Investiguen en seguida los delitos de odio y velen por que
las autoridades pertinentes y los dirigentes políticos reconozcan
y expresen su rechazo público de los motivos de las personas
condenadas por delitos de odio;
7. Velen por la cooperación, si corresponde, entre los niveles
nacional e internacional que incluya a los órganos internacionales
correspondientes, así como entre las fuerzas policiales
en la lucha contra las organizaciones violentas de delitos
de odio;
8. Lleven a cabo iniciativas de sensibilización y educación,
especialmente de las autoridades encargadas de hacer cumplir
la ley, orientadas a las comunidades y a los colectivos
de la sociedad civil que prestan asistencia a víctimas de los
delitos de odio;
9. Designen un enlace nacional para delitos de odio, si aún no
lo han hecho, para que informe periódicamente a la OIDDH
con estadísticas y datos fidedignos acerca de tales delitos;
10. Estudien la posibilidad de aprovechar los recursos desarrollados
por la OIDDH en el ámbito de la educación, la
capacitación y la sensibilización para asegurar un enfoque
amplio a la hora de afrontar los delitos de odio;
11. Pide a los Estados participantes que estudien oportunidades
de cooperar y abordar el recurso creciente a Internet para
hacer apología de posturas que incitan a la violencia motivada
por intolerancia, incluidos delitos de odio, y al mismo
tiempo velen por que toda medida oportuna que se tome esté
en consonancia con los compromisos de la OSCE, especialmente
los relacionados con la libertad de expresión;
12. Encarga a la OIDDH que estudie, en consulta con los
Estados participantes y en cooperación con las organizaciones
internacionales y los socios pertinentes de la sociedad
civil, el posible vínculo entre la utilización de Internet y la
violencia motivada por la intolerancia y los perjuicios que
ello ocasiona, así como posibles medidas prácticas que se
podrían tomar al respecto;
13. Invita al Director de la OIDDH a que mantenga informados
a los Estados participantes acerca de la labor de asistencia
de la OIDDH a dichos Estados en la lucha contra los delitos
de odio en sus informes periódicos al Consejo Permanente.
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